Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008. sobre las propuestas de Decisión de la Comisión por las que se establecen programas de acción anuales para Brasil para 2008 y para Argentina para 2008

P6_TA(2008)0338 B6-0336/2008

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo(1),

–  Vistas las propuestas de decisión de la Comisión por las que se establecen programas de acción anuales para Brasil y Argentina para 2008 (CMTD 2008-0263) – D000422-01, CMTD-2008-0263 – D000421-01),

–  Visto el dictamen emitido el 10 de junio de 2008 por el comité contemplado en el artículo 35, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1905/2006 ("Comité de Gestión del Instrumento de la Cooperación al Desarrollo (ICD)"),

–  Visto el artículo 8 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(2),

–  Visto el Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión, de 3 de junio de 2008, sobre las modalidades de aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, modificada por la Decisión 2006/512/CE(3),

–  Visto el artículo 81 de su Reglamento,

A.  Considerando que, el 10 de junio de 2008, el Comité de Gestión del ICD votó a favor de las propuestas de programas de acción anuales (PAA) para Brasil y Argentina para 2008 (CMTD 2008-0263) – D000422-01, CMTD-2008-0263 – D000421-01),

B.  Considerando que, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE y del artículo 1 del citado Acuerdo de 3 de junio de 2008, el Parlamento Europeo ha recibido las propuestas de medidas de aplicación presentadas al Comité de Gestión del ICD y el resultado de la votación,

C.  Considerando que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1905/2006 estipula que "el objetivo primordial y general de dicha cooperación con arreglo al presente Reglamento será la erradicación de la pobreza en los países y regiones socios en el contexto del desarrollo sostenible",

D.  Considerando que el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1905/2006 estipula que "las medidas a que se refiere el artículo 1, apartado 1(4), se concebirán de forma que cumplan los criterios de la asistencia oficial al desarrollo (AOD) definidos por el CAD-OCDE,"

E.  Considerando que en sus "Directivas para el establecimiento del sistema de notificación de los países acreedores" (DCD/CAD) (2002)21), el CAD/OCDE define la AOD como flujos financieros hacia países que figuran en la lista CAD de beneficiarios de la AOD y para los cuales, entre otras cosas, "cada transacción se administra teniendo como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo",

Brasil

1.  Observa que el proyecto de PAA para Brasil para 2008 contiene como única acción el Programa de movilidad académica para Brasil 2008-2010 (que es la Ventana de Cooperación Exterior Erasmus Mundus para Brasil), que esta acción entra en el ámbito del sector prioritario I del Documento de Estrategia por País titulado "Refuerzo de las relaciones bilaterales, acción 2: Programa de enseñanza superior para Brasil'y que la financiación de la movilidad de los estudiantes y del personal académico de los Estados miembros de la UE (hasta el 30 % de la financiación de la movilidad individual de los estudiantes y del personal) está previsto como un elemento importante del PAA para Brasil para 2008;

Argentina

2.  Observa que el proyecto de PAA para Argentina para 2008 contiene como única acción la Ventana de Cooperación Exterior Erasmus Mundus para Argentina, que esta acción entra en el ámbito del sector esencial del Documento de Estrategia por País titulado "Refuerzo de las relaciones bilaterales y la comprensión mutua entre la CE y Argentina" y que la financiación de la movilidad de los estudiantes y del personal académico de los Estados miembros de la UE (hasta el 30 % de la financiación de la movilidad individual de los estudiantes y del personal) está prevista como un elemento importante del PAA para Argentina para 2008;

o
o   o

3.  Opina que la Comisión, de este modo, en los PAA para Brasil y Argentina para 2008, excede las competencias de ejecución establecidas en el acto de base, dado que los elementos arriba mencionados no son conformes con el artículo 2, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) nº 1905/2006, pues el objetivo principal de estos elementos no es la erradicación de la pobreza, y que estos elementos no cumplen los criterios de la AOD establecidos por el CAD/OCDE(5);

4.  Pide a la Comisión que retire sus propuestas de decisión por las que se establecen PAA para Brasil y Argentina para 2008, y que presente al Comité de Gestión del ICD nuevas propuestas de decisión que respeten totalmente las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1905/2006;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 378 de 27.12.2006, p. 41. (2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. (3) DO C 143 de 10.6.2008, p. 1. (4) Apartado 1 del artículo 1: "La Comunidad financiará medidas de apoyo a la cooperación con los países, territorios y regiones en desarrollo (...).". (5) En especial, que "cada transacción se administra teniendo como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo" (Ficha OCDE/CAD de octubre 2006, "Es esto APD", p. 1.

Recomendación del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, destinada al Consejo sobre las prioridades de la UE para el 63° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2008/2111(INI))

P6_TA(2008)0339 A6-0265/2008

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de recomendación destinada al Consejo presentada por Alexander Lambsdorff y Annemie Neyts-Uyttebroeck, en nombre del Grupo ALDE, sobre la 63ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (B6-0176/2008),

–  Vistos el informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 2005 titulado "Un concepto más amplio de libertad", la Resolución 60/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Cumbre Mundial de 2005 y el informe del Secretario General de 7 de marzo de 2006 titulado "Invertir en las Naciones Unidas: por una organización más fuerte a escala mundial",

–  Vistas las prioridades de la UE para el 63° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vistas sus Resoluciones de 29 de enero de 2004, sobre las relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas(1), de 9 de junio de 2005, sobre la reforma de las Naciones Unidas(2) y de 29 de septiembre del 2005, sobre el resultado de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas (14-16 de septiembre del 2005)(3),

–  Vista la lista provisional de asuntos que se han de incluir en el orden del día provisional del 63° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 11 de febrero de 2008, y en particular los temas relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de África, la promoción de los derechos humanos y la reforma de la administración,

–  Vistos los resultados de la Novena Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre diversidad biológica (COP 9) celebrada en Bonn del 19 al 30 de mayo de 2008,

–  Vista la Conferencia de revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del año 2009,

–  Vistos el artículo 114, apartado 3, y el artículo 90 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0265/2008),

A.  Considerando que la política exterior de la UE se basa en el respaldo decidido e inequívoco del multilateralismo efectivo que representa la Carta de las Naciones Unidas,

B.  Considerando que la UE es un socio político y financiero clave de las Naciones Unidas en la lucha contra la pobreza, el fomento del desarrollo económico y social, la garantía de la seguridad colectiva ‐incluida la protección de los sistemas de vida de las poblaciones amenazadas‐ y la protección de los derechos humanos en todo el mundo,

C.  Considerando que el programa de reforma de las Naciones Unidas ‐que incluye la creación de nuevos organismos, la reforma radical de otros, la remodelación de la gestión de sus operaciones sobre el terreno, la reorganización de los sistemas de prestación de ayuda y la reforma en profundidad de su Secretaría‐ es extremadamente ambicioso y requiere un apoyo político continuo, especialmente en el momento en que, tras definir un nuevo marco para sus políticas, se ha iniciado la fase de aplicación,

D.  Considerando que sus dos organismos fundamentales, esto es, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de Consolidación de la Paz, han entrado en una fase crucial en la que tendrán probar su capacidad para alcanzar los objetivos que les han encomendado los Estados miembros de las Naciones Unidas,

E.  Considerando que todavía no se ha llevado a cabo la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, prevista desde hace tiempo, y habida cuenta del carácter altamente sensible de la cuestión y de las tensiones que suponen, por una parte, una exigencia mayor de rendir cuentas y un mejor equilibrio geopolítico y, por otra, la necesidad de asegurar la eficiencia y la eficacia de este organismo,

F.  Considerando que 2008 es un año crucial para los esfuerzos dirigidos a erradicar la pobreza y alcanzar en todo el mundo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2015, y que los Estados miembros de la UE deberían asumir una posición de liderazgo con miras a las reuniones más relevantes previstas para el segundo semestre de este año,

G.  Considerando que, con miras a alcanzar los ODM, los esfuerzos de la UE son un catalizador importante y un ejemplo para otros donantes, si bien la ayuda resultante de dichos esfuerzos será en el año 2010 inferior a los compromisos oficiales de la UE en el ámbito de la ayuda al desarrollo por valor de 75 mil millones de euros,

H.  Considerando que, en el África subsahariana, muchos países no están en vías de alcanzar ninguno de los ODM, y que en muchos países con una renta media hay también regiones y grupos étnicos constituidos por varios millones de personas cuyos progresos para alcanzar los ODM son insatisfactorios,

I.  Considerando que el aumento de los precios de los productos alimenticios y la ralentización del crecimiento mundial amenazan con retrasar siete años el progreso hacia los ODM, a menos que se realicen mayores inversiones en el sector de la agricultura y en la industria agroalimentaria de los países en desarrollo,

J.  Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar, los días 4 y 5 de octubre de 2007, el Diálogo de alto nivel sobre cooperación interreligiosa e intercultural, con miras a promover la tolerancia, el entendimiento y el respeto universal en el ámbito de la libertad de credo y religión y de la diversidad cultural, de forma coordinada con otras iniciativas similares,

K.  Considerando que 2008 es el Año Europeo del Diálogo Intercultural,

L.  Considerando que el programa de la Asamblea General de las Naciones Unidas no está todavía suficientemente centrado y focalizado, lo que constituye una necesidad ineludible para que la actividad de este organismo sea más coherente y con el fin de facilitar el seguimiento de sus resoluciones,

M.  Considerando que el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas gestiona actualmente 20 operaciones sobre el terreno en las que participan más de 100 000 soldados, la mitad de ellos desplegados en África,

N.  Considerando que el grado de coordinación de las posiciones de los Estados miembros de la UE en el seno de las Naciones Unidas varía de un organismo a otro y de una a otra política,

O.  Considerando que dicha coordinación no debería conseguirse en detrimento de las negociaciones con países de otros bloques geopolíticos, que son una condición previa fundamental para anudar alianzas en el seno de las Naciones Unidas,

P.  Considerando que esta coordinación requiere una mayor colaboración entre los grupos de trabajo pertinentes del Consejo que actúan en Bruselas, las oficinas de representación de la UE y las representaciones permanentes de los Estados miembros establecidas en Nueva York y Ginebra,

Q.  Considerando que el Tratado de Lisboa otorga personalidad jurídica a la UE y que esta novedad tiene repercusiones importantes en la representación de la UE ante las Naciones Unidas,

1.  Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.

(1) DO C 96 E de 21.4.2004, p. 79. (2) DO C 124 E de 25.5.2006, p. 549. (3) DO C 227 E de 21.9.2006, p. 582.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/49/CE sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios (Directiva de seguridad ferroviaria) (16133/3/2007 – C6-0129/2008 – 2006/0272(COD))

P6_TA(2008)0340 A6-0223/2008

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición Común del Consejo (16133/3/2007 – C6-0129/2008)(1),

–  Vista su posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2006)0784),

–  Visto el artículo 251, apartado 2, del Tratado CE,

–  Visto el artículo 62 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0223/2008),

1.  Aprueba la Posición Común en su versión modificada;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en segunda lectura el 9 de julio de 2008 con vistas a la adopción de la Directiva 2008/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/49/CE sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios (Directiva de seguridad ferroviaria)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la segunda lectura coincide con el acto legislativo final, la Directiva 2008/110/CE.)

(1) DO C 122 E de 20.5.2008, p. 10. (2) Textos Aprobados de 29 de noviembre de 2007, P6_TA(2007)0557.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 881/2004 por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (Reglamento de la Agencia) (16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD))

P6_TA(2008)0341 A6-0210/2008

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición Común del Consejo (16138/3/2007 – C6-0131/2008)(1),

–  Vista su posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2006)0785),

–  Visto el artículo 251, apartado 2, del Tratado CE,

–  Visto el artículo 62 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0210/2008),

1.  Aprueba la posición común en su versión modificada;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en segunda lectura el 9 de julio de 2008 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) n° .../2008 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 881/2004 por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (Reglamento de la Agencia)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la segunda lectura coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (CE) nº 1335/2008.)

(1) DO C 93 E de 15.4.2008, p. 1. (2) Textos Aprobados de 29 de noviembre de 2007, P6_TA(2007)0558.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (Versión refundida) (16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD))

P6_TA(2008)0342 A6-0264/2008

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición Común del Consejo (16160/4/2007 – C6-0176/2008)(1),

–  Vista su posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2006)0396),

–  Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

–  Visto el artículo 67 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0264/2008),

1.  Aprueba la posición común;

2.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común;

3.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE;

4.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 129 E de 27.5.2008, p. 1. (2) Textos Aprobados de 11 de julio de 2007, P6_TA(2007)0337.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa para Modernizar las Estadísticas Empresariales y Comerciales Europeas (programa MEETS) (COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))

P6_TA(2008)0343 A6-0240/2008

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0433),

–  Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 285 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0234/2007),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1)

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A6-0240/2008),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Considera que el marco financiero indicado en la propuesta legislativa debe ser compatible con el límite máximo de la subrúbrica 1a del marco financiero plurianual 2007-2013 revisado en virtud de la Decisión 2008/371/CE(2) y señala que el importe anual se decidirá como parte del procedimiento presupuestario anual de conformidad con el apartado 37 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 9 de julio de 2008 con vistas a la adopción de la Decisión nº .../2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa para Modernizar las Estadísticas Empresariales y Comerciales Europeas (programa MEETS)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo final, la Decisión nº 1297/2008/CE.)

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. (2) DO L 128 de 16.5.2008, p. 8.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores por lo que respecta al artículo 6, apartado 2, sobre la puesta en el mercado de pilas y acumuladores (COM(2008)0211 – C6-0165/2008 – 2008/0081(COD))

P6_TA(2008)0344 A6-0244/2008

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0211),

–  Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0165/2008),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0244/2008),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 9 de julio de 2008 con vistas a la adopción de la Directiva 2008/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo final, la Directiva 2008/103/CE.)

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo en lo que respecta a las restricciones de comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos: 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, diisocianato de metilendifenilo, ciclohexano y nitrato de amonio (COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

P6_TA(2008)0345 A6-0135/2008

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0559),

–  Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0327/2007),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0135/2008),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 9 de julio de 2008 con vistas a la adopción de la Decisión nº .../2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo en lo que respecta a las restricciones de comercialización y uso de: 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, diisocianato de metilendifenilo, ciclohexano y nitrato amónico

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo final, la Decisión nº 1348/2008/CE.)

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1775/2005 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

P6_TA(2008)0346 A6-0253/2008

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0532),

–  Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0319/2007),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0253/2008),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 9 de julio de 2008 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) n° …/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1775/2005 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión║,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(2),

Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  El mercado interior del gas, que se ha ido implantando gradualmente desde 1999, tiene como finalidad dar una posibilidad real de elección a todos los consumidores de la Comunidad, sean ciudadanos o empresas, crear nuevas oportunidades comerciales y fomentar el comercio transfronterizo, a fin de conseguir mejoras de la eficiencia, precios competitivos, un aumento de la calidad del servicio y un acceso del mayor número de personas posible, y de contribuir a la seguridad del abastecimiento y a la sostenibilidad.

(2)  La Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural ║(4), y el Reglamento (CE) nº 1775/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural(5) han contribuido de manera destacada a la creación de este mercado interior del gas.

(3)  Sin embargo, en la actualidad, no se puede garantizar a todas las empresas comunitarias el derecho a vender gas en cualquier Estado miembro en condiciones de igualdad, sin discriminación ni desventaja de ningún tipo. En particular, no existe todavía un acceso a la red no discriminatorio ni tampoco un nivel igualmente efectivo de supervisión reguladora en los Estados miembros, y siguen existiendo mercados aislados.

(4)  Debe alcanzarse un nivel suficiente de capacidad de interconexión transfronteriza para el gas como primer paso para integrar los mercados y completar el mercado interior del gas.

(5)  La Comunicación de la Comisión de 10 de enero de 2007 titulada "Una política energética para Europa" destacaba la importancia de completar el mercado interior del gas natural y de crear condiciones de igualdad para todas las empresas de gas de la Comunidad. Las comunicaciones de la Comisión de la misma fecha sobre las perspectivas del mercado interior del gas y la electricidad en relación con la investigación de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n° 1/2003 en los sectores europeos del gas y la electricidad mostraron que las actuales normas y medidas no se han transpuesto de forma suficiente en todos los Estados miembros y que, por ende, hasta la fecha no se ha podido lograr satisfactoriamente el objetivo de un mercado interior de la energía que funcione adecuadamente.

(6)  El Reglamento (CE) nº 1775/2005 tiene que adaptarse según lo indicado en estas comunicaciones a fin de mejorar el marco regulador del mercado interior del gas.

(7)  En particular, se requiere tanto la creación de conexiones físicas entre las redes de gas como una mayor cooperación y coordinación entre los gestores de redes de transporte para lograr una compatibilidad gradual de los códigos técnicos y comerciales para ofrecer y gestionar un acceso efectivo y transparente a las redes de transporte a través de las fronteras, así como para garantizar una planificación coordinada y suficientemente previsora y una evolución técnica adecuada del sistema de transporte de la Comunidad, teniendo debidamente en cuenta el medio ambiente, y, además, promoviendo la eficiencia energética y la investigación y la innovación, especialmente en lo que se refiere a la penetración de la energía procedente de fuentes renovables y la difusión de las tecnologías con baja emisión de carbono. Los gestores de redes de transporte deben explotar sus redes de acuerdo con estos códigos técnicos y comerciales compatibles.

(8)  A fin de asegurar la gestión óptima de la red de transporte de gas en la Comunidad, debe crearse una red europea de gestores de redes de transporte. Sus tareas deben desempeñarse con arreglo a las normas comunitarias de competencia, que siguen siendo aplicables a las decisiones de la red europea de gestores de redes de transporte. Sus tareas deben estar bien definidas y su método de trabajo debe garantizar la eficiencia, la representatividad y la transparencia. Dado que pueden conseguirse avances más efectivos mediante un planteamiento a nivel regional, los gestores de redes de transporte deben crear estructuras regionales dentro de la estructura general de cooperación, asegurando, al mismo tiempo, que los resultados a nivel regional sean compatibles con los códigos y planes de inversión a nivel comunitario. Los Estados miembros deben promover la cooperación y hacer un seguimiento de la eficacia de la red a nivel regional.

▌

(9)  Para reforzar la competencia mediante mercados mayoristas del gas líquidos, es vital que pueda comerciarse con el gas ║ independientemente de su ubicación en el sistema. La única manera de hacerlo es dar a los usuarios de la red libertad para reservar capacidad de entrada y de salida independientemente, creando así un transporte de gas por zonas en vez de por itinerarios contractuales. La mayor parte de los participantes en el VI Foro de Madrid manifestaron ya su preferencia por los sistemas de entrada-salida para facilitar el desarrollo de la competencia.

(10)  Existe una congestión contractual considerable en las redes de gas. Por ello, los principios que rigen la asignación de capacidad y la gestión de la congestión para los contratos nuevos o renegociados se basan en la liberación de la capacidad no utilizada permitiendo a los usuarios de la red subarrendar o revender la capacidad contratada, y en la obligación de los gestores de redes de transporte de ofrecer la capacidad no utilizada al mercado, al menos con un día de antelación y con carácter interrumpible. Dadas la elevada proporción de contratos existentes y la necesidad de crear auténticas condiciones de igualdad entre los usuarios de las instalaciones nuevas y ya existentes, estos principios tienen que aplicarse a toda la capacidad contratada, incluidos los contratos existentes.

(11)  El seguimiento del mercado efectuado estos últimos años por las autoridades reguladoras nacionales y por la Comisión ha mostrado que los requisitos de transparencia y las normas de acceso a las infraestructuras actuales no son suficientes para garantizar un mercado interior auténtico, eficiente, abierto y que funcione adecuadamente.

(12)  Se necesita un acceso igual a la información respecto al estado físico de la red, de manera que todos los participantes en el mercado puedan evaluar la situación general de la oferta y la demanda, e identificar cuáles son los motivos que explican los movimientos de los precios mayoristas. Esto incluye una información más precisa sobre la oferta y la demanda, la capacidad de la red, los flujos y el mantenimiento, el balance, y la disponibilidad y el uso del almacenamiento. La importancia de esta información para el ║ funcionamiento del mercado interior del gas exige el levantamiento de las limitaciones a la publicación por motivos de confidencialidad.

(13)  Para potenciar la confianza en el mercado, es preciso que quienes participan en él estén convencidos de que los comportamientos abusivos pueden ser sancionados efectivamente. Las autoridades competentes deben estar facultadas para investigar eficazmente las alegaciones de abuso del mercado. Para ello, es necesario el acceso de las autoridades competentes a los datos que facilitan información sobre las decisiones operacionales de las empresas de suministro. En el mercado del gas, se comunican todas estas decisiones a los gestores de redes en forma de reservas de capacidad, nominaciones y flujos efectuados. Los gestores de redes deben mantener esta información fácilmente accesible y a disposición de las autoridades competentes durante un período de tiempo especificado. Por otra parte, las autoridades competentes deben hacer además un seguimiento regular de la observancia de las normas por parte de los gestores de redes.

(14)  La competencia en el mercado doméstico exige que no se bloquee a los suministradores cuando quieran entrar en los nuevos mercados minoristas. Por consiguiente, todos los participantes en el mercado tienen que conocer las normas y responsabilidades que rigen la cadena del suministro, y que necesitan armonizarse para reforzar la integración del mercado comunitario. Las autoridades competentes deben hacer un seguimiento regular de la observancia de las normas por parte de los participantes en el mercado.

(15)  El acceso a las instalaciones de almacenamiento y de gas natural licuado (GNL) es insuficiente en algunos Estados miembros y, por tanto, hay que mejorar radicalmente la aplicación de las normas existentes al respecto. El seguimiento llevado a cabo por el Grupo de Organismos Reguladores Europeos de la Electricidad y el Gas (ERGEG) ha demostrado que las directrices sobre buenas prácticas para el acceso de terceros destinadas a los gestores de redes de almacenamiento, de carácter voluntario, que fueron acordadas por todas las partes interesadas en el Foro de Madrid, se aplican de manera inadecuada en algunos casos y, por consiguiente, es necesario que tengan fuerza vinculante. Incluso si en la actualidad las directrices voluntarias se han estado transponiendo de manera casi completa en la Unión Europea, conferirles carácter vinculante incrementaría la confianza de los operadores en cuanto al acceso no discriminatorio al almacenamiento.

(16)  El Reglamento (CE) nº 1775/2005 establece que se han de adoptar determinadas medidas de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(6).

(17)  La Decisión 1999/468/CE fue modificada por la Decisión 2006/512/CE del Consejo(7), que introduce un procedimiento de reglamentación con control para la adopción de medidas de aplicación de alcance general que tengan por objeto modificar elementos no esenciales de un acto de base adoptado por el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, incluso suprimiendo algunos de esos elementos, o completando el acto mediante la adición de nuevos elementos no esenciales.

(18)  De acuerdo con la declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión(8) sobre la Decisión 2006/512/CE, para que este nuevo procedimiento sea aplicable a los instrumentos aprobados con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado que ya están en vigor hay que adaptar estos instrumentos de conformidad con los procedimientos aplicables.

(19)  Conviene conferir competencias a la Comisión para aplicar el Reglamento (CE) nº 1775/2005, a fin de establecer o adoptar las directrices necesarias para fijar el grado mínimo de armonización requerido con objeto de alcanzar el fin que persigue el presente Reglamento. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales del Reglamento (CE) nº 1775/2005, incluso complementándolo con elementos nuevos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(20)  Por consiguiente, procede modificar el Reglamento (CE) nº 1775/2005 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) nº 1775/2005 queda modificado como sigue:

(1)  El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:"

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

Sin perjuicio del apartado 4 del artículo 6 bis, el presente Reglamento sólo se aplicará a las instalaciones de almacenamiento que entren en el ámbito de aplicación de los apartados 3 o 4 del artículo 19 de la Directiva 2003/55/CE.

Entre los asuntos citados en el párrafo primero se incluirá la fijación de principios armonizados para las tarifas de acceso a la red, o de las metodologías para su cálculo, el establecimiento de servicios de acceso de terceros y de principios armonizados de asignación de capacidad y gestión de la congestión, la determinación de los requisitos de transparencia y de las normas y tarifas de balance, y la facilitación de las transacciones.

(2)  El artículo 2 queda modificado como sigue:

(3)  Se insertan los siguientes artículos después del artículo 2:"

Artículo 2 bis

Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas

Todos los gestores de redes de transporte cooperarán a nivel comunitario mediante el establecimiento de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas a fin de garantizar la gestión óptima, el funcionamiento coordinado y la evolución técnica adecuada de la red europea de transporte de gas, y de fomentar la realización del mercado interior del gas, el comercio transfronterizo y el funcionamiento de los mercados de la energía.

Artículo 2 ter

Establecimiento de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas

1.  A más tardar el […], los gestores de redes de transporte de gas presentarán a la Comisión y a la Agencia el proyecto de estatutos ║ , una lista de los futuros miembros y el proyecto de reglamento interno ▌ con el fin de crear una red europea de gestores de redes de transporte de gas.

2.  En los dos meses siguientes a la recepción, y una vez consultadas oficialmente las organizaciones que representan a todos los interesados, en particular el sistema de usuarios y clientes, la Agencia entregará un dictamen a la Comisión sobre el proyecto de estatutos, la lista de miembros y el proyecto de reglamento interno.

3.  La Comisión emitirá dictamen sobre el proyecto de estatutos, la lista de miembros y el proyecto de reglamento interno, teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia contemplado en el apartado 2 y en un plazo de tres meses a partir de la recepción ║.

4.  Dentro de los tres meses siguientes a la recepción del dictamen de la Comisión, los gestores de redes de transporte establecerán la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas, aprobarán sus estatutos y su reglamento interno, y los publicarán.

Artículo 2 quater

Tareas de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas

1.  Con objeto de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 2 bis, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas acordará y presentará a la Agencia, para su aprobación, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 2 quinquies en conjunción con el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CE) nº .../2008 [por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía]:

2.  El programa de trabajo anual al que se refiere la letra f) del apartado 1 incluirá una lista y una descripción de los códigos de red y un plan un plan de coordinación en la explotación de la red y actividades de investigación y desarrollo que deben elaborarse en dicho año, así como un calendario indicativo.

3.  Los códigos de red detallados tratarán los siguientes aspectos, según las prioridades definidas en el programa de trabajo anual:

4.  La Agencia controlará la aplicación de los códigos de red por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas.

5.  La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas publicará cada dos años un plan de inversiones a diez años a escala comunitaria, tras su aprobación por parte de la Agencia. Este plan de inversiones incluirá la modelización de la red integrada, teniendo en cuenta las instalaciones de almacenamiento y GNL, la elaboración de modelos hipotéticos, un informe sobre la adecuación entre oferta y demanda, y una evaluación de la robustez de la red. En particular, el plan de inversiones se basará en los planes nacionales de inversiones, teniendo en cuenta los aspectos comunitarios y regionales de la planificación de redes incluidas las orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía de la Decisión nº 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y el Consejo*. En el plan de inversiones se identificarán las carencias de la inversión, especialmente en lo que se refiere a la capacidad transfronteriza, y se incluirán las inversiones en interconexión, en particular y como prioridad, las conexiones entre las islas energéticas y las redes de gas de la Comunidad, y las inversiones en otras infraestructuras necesarias para el comercio, la competencia y la seguridad efectivas del suministro. Se adjuntará al plan de inversiones una descripción de los obstáculos que existen al aumento de la capacidad transfronteriza de la red derivados de los distintos procedimientos o prácticas de aprobación.

Los gestores de redes de transporte llevarán a la práctica el plan de inversiones publicado.

6.  La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas, por propia iniciativa, podrá proponer a la Agencia proyectos de códigos de red para cualquier aspecto diferente de los enumerados en el apartado 3 con objeto de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 2 bis. La Agencia establecerá los códigos de red con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 2 septies, velando al mismo tiempo por que esos códigos no contradigan las directrices adoptadas de conformidad con el artículo 2 sexies.

Artículo 2 quinquies

Seguimiento por la Agencia

1.  La Agencia hará un seguimiento de la ejecución de las tareas indicadas en el apartado 1 del artículo 2 quater asignadas a la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas.

2.  La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas presentará a la Agencia, para su aprobación, el proyecto de códigos de red y los documentos indicados en el apartado 1 del artículo 2 quáter.

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas recopilará toda la información pertinente relativa a la aplicación de los códigos de red y la presentará a la Agencia para su evaluación.

3.   ║ La Agencia hará un seguimiento de la aplicación de los códigos técnicos, del plan de inversiones a diez años y del programa de trabajo anual, e incluirá los resultados de su control en su informe anual. En caso de incumplimiento por parte de los gestores de redes de transporte de los códigos de red, del plan de inversiones a diez años o del programa de trabajo anual de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas, la Agencia informará de ello a la Comisión.

Artículo 2 sexies

Desarrollo de las directrices

1.  La Comisión, previa consulta a la Agencia, establecerá una lista de prioridades anuales en la que se recojan las cuestiones de mayor importancia para el desarrollo del mercado interior del gas.

2.  Teniendo presente la lista de prioridades, la Comisión podrá encargar a la Agencia que desarrolle, en un plazo máximo de seis meses, un proyecto de directrices que fijen una serie de principios básicos, claros y objetivos para la armonización de las normas, tal como se establece en el artículo 2 quáter.

3.  Al elaborar estas directrices, la Agencia consultará oficialmente a la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas y a las demás partes interesadas de forma abierta y transparente.

4.  La Agencia adoptará el proyecto de directrices sobre la base de esa consulta. Especificará las observaciones recibidas durante la consulta y explicará la manera en que se han tenido en cuenta. Asimismo, justificará aquellos casos en los que no se hayan tenido en cuenta determinadas observaciones.

5.  La Comisión, por propia iniciativa o a instancia de la Agencia, podrá iniciar el mismo procedimiento para la actualización de las directrices.

Artículo 2 septies

Desarrollo de los códigos de red

1.  En un plazo de seis meses a partir de la adopción de las directrices por parte de la Agencia y de conformidad con el artículo 2 sexies, la Comisión encargará a la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas que desarrolle un proyecto de códigos de red plenamente conformes con los principios recogidos en las directrices.

2.  Al elaborar estos códigos, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas tomará en consideración la experiencia técnica de los participantes en el mercado y de los usuarios de la red y los mantendrá informados de los progresos realizados.

3.  La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas presentará el proyecto de códigos a la Agencia.

4.  La Agencia llevará a cabo una consulta oficial de manera abierta y transparente sobre el proyecto de códigos de red.

5.  La Agencia adoptará el proyecto de código de redes en función de dicha consulta. Especificará las observaciones recibidas durante la consulta y explicará la manera en que se han tenido en cuenta. Asimismo, justificará aquellos casos en los que no se hayan tenido en cuenta determinadas observaciones.

6.  Por propia iniciativa de la Agencia o a instancias de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas, podrá llevarse a cabo una revisión de los códigos de red existentes de conformidad con el mismo procedimiento.

7.  La Comisión, por recomendación de la Agencia, podrá presentar los códigos de red al Comité al que se refiere el apartado 1 del artículo 14 para su adopción final con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 2 octies

Consultas

1.  Al desempeñar sus tareas, la Agencia consultará oficialmente de manera abierta y transparente a todos los participantes en el mercado ▌. La consulta se dirigirá a las empresas de suministro, los clientes, los usuarios de las redes, los gestores de redes de distribución, los gestores de redes de GNL y de redes de almacenamiento, incluyendo, además, las asociaciones del sector pertinentes, los organismos técnicos y las plataformas de interesados.

2.  Todos los documentos y actas de las reuniones relacionadas con las cuestiones mencionadas en el apartado 1 se harán públicos.

3.  Antes de aprobar las directrices y códigos de red, la Agencia indicará las observaciones recibidas durante la consulta y de qué manera se han tenido en cuenta. La Agencia hará constar los motivos por los que no se hayan tenido en cuenta determinadas observaciones.

4.  La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas cooperará con los participantes en el mercado y con los usuarios de la red, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 septies.

Artículo 2 nonies

Costes

Los costes relacionados con las actividades de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas mencionadas en los artículos 2 bis a 2 decies correrán a cargo de los gestores de redes de transporte y se tendrán en cuenta en el cálculo de las tarifas.

Artículo 2 decies

Cooperación regional de los gestores de redes de transporte

1.  Los gestores de redes de transporte mantendrán una cooperación regional dentro de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas para contribuir a las tareas indicadas en el apartado 1 del artículo 2 quater. En particular, publicarán un plan regional de inversiones cada dos años y podrán tomar decisiones sobre inversiones basándose en él.

El plan regional de inversiones no podrá estar en contradicción con el plan de inversiones a diez años mencionado en la letra c) del apartado 1del artículo 2 quater.

2.  Los gestores de redes de transporte promoverán acuerdos operacionales a fin de asegurar la gestión óptima de la red y fomentar el desarrollo de bolsas de energía, la asignación coordinada de capacidad transfronteriza y la compatibilidad de los mecanismos de balance transfronterizos.

3.  Las autoridades reguladoras nacionales y otras autoridades nacionales pertinentes cooperarán a todos los niveles con el fin de armonizar el diseño del mercado e integrar sus mercados nacionales, como mínimo, en uno o más niveles regionales como un primer paso intermedio hacia un mercado interior plenamente liberalizado. En particular, promoverán la cooperación de los gestores de redes de transporte en el nivel regional y facilitarán su integración regional con vistas a lograr un mercado interior competitivo, facilitar la armonización de su marco regulador y técnico, y, sobre todo, integrar las islas que subsisten en materia de gas.

________________________________

* DO L 262 de 22.9.2006, p. 1.

(5)  El título del artículo 4 se sustituye por el siguiente:"

Servicios de acceso de terceros en relación con los gestores de redes de transporte

(6)  Se inserta el artículo siguiente después del artículo 4:"

Artículo 4 bis

Servicios de acceso de terceros en relación con las instalaciones de almacenamiento y de GNL

1.  Los gestores de redes de almacenamiento y de GNL:

2.  Los gestores de las redes de almacenamiento:

3.  Los contratos de las instalaciones de almacenamiento y de GNL no podrán dar lugar a tarifas arbitrarias más elevadas en caso de que se firmen:

4.  Cuando proceda, los servicios de acceso de terceros podrán condicionarse a que los usuarios de la red ofrezcan garantías de solvencia adecuadas. Estas garantías no deben constituir barreras de entrada al mercado injustificadas y han de ser no discriminatorias, transparentes y proporcionadas.

5.  Los límites contractuales sobre las dimensiones mínimas obligatorias de la capacidad de la instalación de GNL y de la capacidad de almacenamiento se justificarán mediante limitaciones técnicas y permitirán que los usuarios del almacenamiento más pequeños obtengan acceso a los servicios de almacenamiento.

(7)  El artículo 5 se modifica de la siguiente manera:

b)   la letra a) del apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

(8)  Se inserta el artículo siguiente después del artículo 5:"

Artículo 5 bis

Principios acerca de los mecanismos de asignación de capacidad y los procedimientos de gestión de la congestión aplicables a las instalaciones de almacenamiento y las instalaciones de GNL

1.  Se pondrá a disposición de los participantes en el mercado la máxima capacidad que puedan ofrecer las instalaciones de almacenamiento y de GNL, teniendo en cuenta la integridad y la buena explotación de la red.

2.  Los gestores de redes de almacenamiento y de GNL aplicarán y publicarán unos mecanismos de asignación de la capacidad transparentes y no discriminatorios, que:

3.  Los contratos relativos a instalaciones de almacenamiento y de GNL incluirán medidas para evitar el acaparamiento de capacidad, teniendo en cuenta los principios siguientes, que se aplicarán en los casos de congestión contractual:

Estas medidas tendrán en cuenta la integridad del sistema de que se trate y la seguridad del suministro.

(9)  El artículo 6 queda modificado como sigue:

(10)  Se insertan los artículos ║ siguientes después del artículo 6:"

Artículo 6 bis

Requisitos de transparencia respecto a las instalaciones de almacenamiento y a las instalaciones de GNL

1.  Los gestores de redes de almacenamiento y de GNL publicarán información detallada sobre los servicios que ofrecen y las condiciones impuestas, junto con la información técnica necesaria para que los usuarios de las instalaciones de almacenamiento y de GNL puedan acceder a ellas de manera efectiva.

2.  En cuanto a los servicios prestados, los gestores de redes de almacenamiento y de GNL publicarán información sobre la capacidad de almacenamiento y la capacidad de las instalaciones de GNL, contratada y disponible, de forma cuantificada, periódica y continua y, además, de manera estandarizada y fácilmente comprensible para el usuario. La autoridad competente velará por la publicación de toda la información necesaria.

3.  Los gestores de redes de almacenamiento y de GNL divulgarán siempre la información requerida por el presente Reglamento de forma inteligible, fácilmente cuantificable y fácilmente accesible, y ║ de manera no discriminatoria.

4.  Todos los gestores de redes de almacenamiento y de GNL harán pública la cantidad de gas de cada instalación de almacenamiento o grupo de instalaciones de almacenamiento de la misma zona de balance o de GNL, los flujos de entrada y de salida, y la capacidad de las instalaciones de almacenamiento y de GNL, incluidas las instalaciones exentas del acceso de terceros. Esta información se comunicará también al gestor de la red de transporte, que la hará pública de forma agregada por sistema o subsistema definido por los puntos correspondientes. La información se actualizará al menos diariamente.

5.  Con objeto de garantizar unas tarifas transparentes, objetivas y no discriminatorias y facilitar una utilización eficiente de las infraestructuras, los gestores de instalaciones de GNL y de almacenamiento o las autoridades reguladoras nacionales publicarán información razonable y suficientemente detallada sobre el origen, la metodología y la estructura de las tarifas para infraestructuras con arreglo al acceso regulado de terceros. Los gestores de instalaciones de GNL y almacenamiento someterán a la aprobación de las autoridades reguladores nacionales sus procedimientos de gestión de la congestión, incluida la asignación de capacidad. Las autoridades reguladoras nacionales podrán solicitar que se modifiquen dichos procedimientos antes de aprobarlos.

6.  Cuando un gestor de instalaciones de GNL o almacenamiento considere que, por razones de confidencialidad, no está facultado para publicar todos los datos exigidos, solicitará el permiso de las autoridades reguladoras para restringir la publicación respecto del dato o los datos de que se trate.

Las autoridades reguladoras nacionales concederán o denegarán la autorización en función de las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta, en particular, la necesidad de respetar la confidencialidad comercial legítima y el objetivo de crear un mercado interior del gas competitivo. En caso de que se conceda la autorización, se publicará la capacidad de la instalación de GNL o de almacenamiento disponible sin incluir los datos numéricos que violarían la confidencialidad.

Artículo 6 ter

Registros llevados por los gestores de redes

Los gestores de redes de transporte, gestores de redes de almacenamiento y gestores de redes de GNL mantendrán a disposición de la autoridad reguladora nacional, la autoridad de competencia nacional y la Comisión toda la información a que se refieren los artículos 6 y 6 bis y la parte 3 del anexo durante un período de cinco años.

(11)  El artículo 7 queda modificado como sigue:

a)   se añade la siguiente frase al final del apartado 1:"

Las normas de balance se basarán en el mercado.

b)   el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

2.  A fin de que los usuarios de la red puedan aplicar a tiempo medidas correctoras, los gestores de redes de transporte proporcionarán información en línea suficiente, fiable y oportuna sobre el balance de los usuarios de la red.

La información proporcionada corresponderá al nivel de la información en posesión del gestor de la red de transporte y al período de liquidación para el cual se calculan las tarifas de balance.

Esta información se facilitará sin cargo alguno.

c)   se suprimen los apartados 4, 5 y 6.

(12)  El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:"

Artículo 8

Comercio de derechos de capacidad

Cada gestor de una red de transporte, almacenamiento y GNL tomará todas las medidas razonables para permitir el libre comercio de los derechos de capacidad y para facilitar este intercambio. Éste deberá efectuarse de conformidad con los principios de transparencia y de no discriminación. Cada gestor establecerá procedimientos y contratos armonizados respecto al transporte, las instalaciones de almacenamiento y las de GNL en el mercado primario para facilitar el intercambio de capacidad en el mercado secundario y reconocer la transferencia de los derechos de capacidad primarios que notifiquen los usuarios de la red.

Se notificarán estos contratos y procedimientos armonizados respecto a instalaciones de transporte, almacenamiento y GNL a las autoridades reguladoras.

(13)  Se inserta el siguiente artículo después del artículo 8:"

Artículo 8 bis

Mercados al por menor

A fin de facilitar la creación de un mercado que funcione adecuadamente, sea eficaz y transparente ▌ a escala regional y comunitaria, los Estados miembros se asegurarán de que las funciones y responsabilidades de los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución, las empresas de suministro y los clientes, así como, en su caso, otros participantes en el mercado, se definan detalladamente en cuanto a acuerdos contractuales, compromisos con los clientes, normas sobre intercambio de datos y liquidación, propiedad de los datos y responsabilidad por la medición.

Esas normas se harán públicas ▌ y estarán sujetas a revisión por las autoridades reguladoras.

14)   ║ El artículo 9 ║ se sustituye por el texto siguiente:"

Artículo 9

Directrices sobre servicios de acceso de terceros

1.  En caso necesario, la Comisión podrá adoptar directrices sobre el grado mínimo de armonización necesario para alcanzar el objetivo del presente Reglamento, que especificarán detalles de los servicios de acceso de terceros, incluida la naturaleza, duración y otros requisitos de estos servicios, con arreglo a los artículos 4 y 4 bis.

▌

2.  Las directrices sobre el acceso de terceros contemplado en el apartado 1 se establecen en el anexo, en relación con los gestores de redes de transporte.

3.  La aplicación y la modificación de las directrices sobre el acceso de terceros, adoptadas con arreglo al presente artículo reflejarán diferencias entre las redes nacionales de gas, y por tanto no se requerirán términos y condiciones detalladas y uniformes de acceso de terceros a nivel comunitario. Sin embargo, podrán fijar requisitos mínimos que haya que satisfacer para cumplir con las condiciones no discriminatorias y transparentes para el acceso a la red, necesarias para un mercado interior de gas, que podrán aplicarse considerando las diferencias entre las redes nacionales de gas.

(15)  En el artículo 13, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

1.  Los Estados miembros garantizarán que las autoridades reguladoras nacionales instituidas conforme al artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE estén facultadas para asegurar el cumplimiento efectivo del presente Reglamento, dotándolas de las atribuciones, respecto a cada infracción, ya sea para imponer sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas sobre una base del 10 % de la facturación anual del gestor de red en el mercado nacional, ya sea para revocar la licencia del gestor. Los Estados miembros informarán de dichas disposiciones a la Comisión a más tardar el 1 de enero de 2010, así como de cualquier modificación posterior, a la mayor brevedad.

(16)  En el artículo 14, se sustituye el apartado 2 por el siguiente:"

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

(17)  En el artículo 16, se sustituye letra b) por la siguiente:"

(18)  El anexo se modifica como sigue:

a)   el título del punto 1 se sustituye por el siguiente:"

Servicios de acceso de terceros en relación con los gestores de redes de transporte

b)   el título del punto 2 se sustituye por el siguiente:"

Principios que rigen los mecanismos de asignación de capacidad y los procedimientos de gestión de la congestión relativos a los gestores de redes de transporte y aplicación de estos principios en caso de congestión contractual ║

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ║

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 211 de 19.8.2008, p. 23. (2) DO C 172 de 5.7.2008, p. 55. (3) Posición del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2008. (4) DO L 176 de 15.7.2003, p. 57. (5) DO L 289 de 3.11.2005, p. 1. (6) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. ║ (7) DO L 200 de 22.7.2006, p. 11. (8) DO C 255 de 21.10.2006, p. 1.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

P6_TA(2008)0347 A6-0257/2008

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0529),

–  Vistos el artículo 251, apartado 2, y los artículos 47, apartado 2, 55 y 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0317/2007),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios así como de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0257/2008),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 9 de julio de 2008 con vistas a la adopción de la Directiva 2008/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 47, apartado 2, y sus artículos 55 y 95,

Vista la propuesta de la Comisión ║,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(2),

Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  El mercado interior del gas, que se ha ido implantando gradualmente en toda la Comunidad desde 1999, tiene como finalidad dar una posibilidad real de elección a todos los consumidores en la Unión Europea, sean ciudadanos o empresas, crear nuevas oportunidades comerciales y fomentar el comercio transfronterizo, a fin de conseguir mejoras de la eficiencia, precios competitivos y unos niveles superiores de calidad del servicio, así como contribuir a la seguridad del abastecimiento y a la sostenibilidad.

(2)  La Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural ║(4), ha contribuido de manera destacada a la creación de este mercado interior del gas.

(3)  Sin embargo, en la actualidad, no puede garantizarse en la Comunidad a todas las empresas el derecho a vender gas en todos los Estados miembros en condiciones de igualdad, sin discriminación ni desventaja de ningún tipo. En particular, no existe todavía un acceso a la red no discriminatorio ni tampoco un nivel igualmente efectivo de supervisión reguladora en cada Estado miembro, dada la insuficiencia del ║ marco jurídico.

(4)  La Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007, titulada "Una política energética para Europa" ║ destacaba la importancia de completar el mercado interior del gas natural y de crear condiciones de igualdad para todas las empresas de gas establecidas en la Comunidad. Las comunicaciones de la Comisión de la misma fecha sobre las perspectivas del mercado interior del gas y la electricidad en relación con la investigación de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n° 1/2003 en los sectores europeos del gas y la electricidad mostraron que las actuales normas y medidas no crean el marco necesario para lograr el objetivo de un mercado interior que funcione adecuadamente.

(5)  Sin una separación efectiva entre redes y actividades de producción y suministro, existe un riesgo ▌de discriminación no sólo en la explotación de la red, sino también en lo que se refiere a los incentivos de las empresas integradas verticalmente para invertir adecuadamente en sus redes.

(6)  Los Estados miembros deben promover la cooperación a escala regional y hacer un seguimiento de la eficacia de la red en ese nivel. Algunos Estados miembros ya han presentado una propuesta encaminada a alcanzar tal objetivo.

(7)  Las normas sobre separación jurídica y funcional actualmente en vigor no han llevado todavía a una separación efectiva de los gestores de redes de transporte en cada Estado miembro, debido, en parte, a la falta de aplicación plena del Derecho comunitario vigente. En su reunión de Bruselas de 8 y 9 de marzo de 2007, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a preparar propuestas legislativas para la separación efectiva entre las actividades de suministro y producción, por una parte, y la explotación de las redes, por otra.

(8)  La separación efectiva sólo puede asegurarse mediante la eliminación del incentivo intrínseco que empuja a las empresas integradas verticalmente a discriminar a sus competidores en lo que se refiere al acceso a la red y a la inversión. La separación de la propiedad, entendiendo por tal una situación en la que el propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producción y el suministro, es evidentemente la manera más efectiva y estable de resolver el conflicto inherente y garantizar la seguridad del abastecimiento. Por ello, el Parlamento Europeo, en su Resolución, de 10 de julio de 2007, sobre las perspectivas para el mercado interior del gas y la electricidad(5), señalaba que la separación de la propiedad al nivel del transporte es la herramienta más eficaz para fomentar las inversiones en infraestructuras de una manera no discriminatoria, el acceso justo a la red de nuevos operadores y la transparencia del mercado. Por lo tanto, debe exigirse a los Estados miembros que velen por que la misma persona o personas no puedan ejercer control, por ejemplo mediante derechos de veto concedidos a minorías en relación con decisiones de importancia estratégica tales como las inversiones, sobre una empresa de producción o suministro y, al mismo tiempo, poseer intereses o ejercer derechos sobre un gestor de red de transporte o una red de transporte. De la misma manera, el control sobre un gestor de red de transporte debe excluir la posibilidad de poseer cualquier interés o ejercer cualquier derecho sobre una empresa de suministro.

(9)  Cualquier sistema futuro de separación que se vaya a aplicar debe ser eficaz para resolver todo conflicto de intereses entre productores y gestores de redes de transporte, a fin de crear incentivos para las inversiones que se requieren y garantizar el acceso de nuevos operadores en el mercado con arreglo a un régimen regulador transparente y eficiente, y además no debe dar lugar a un régimen regulador oneroso o complejo para las autoridades reguladoras nacionales cuya aplicación resulte difícil o cara.

(10)  El gas se importa a la Unión Europea, básicamente y cada vez en mayor medida, desde terceros países. El Derecho comunitario debe tener en cuenta la integración específica del sector del gas en el mercado mundial, incluidas las diferencias en los mercados en las fases iniciales y posteriores.

(11)  Dado que la separación de la propiedad exige, en algunos casos, la reestructuración de las empresas, debe concederse a los Estados miembros que decidan aplicar la separación de propiedad un plazo mayor para aplicar las disposiciones pertinentes. En vista de los vínculos verticales entre los sectores del gas y la electricidad, las disposiciones sobre separación deben aplicarse, además, a los dos sectores.

(12)  Los Estados miembros que lo deseen podrán aplicar las disposiciones de la presente Directiva referentes a la separación efectiva y eficiente de las redes de transporte y de los gestores de las redes de transporte. Dicha separación resulta eficaz en la medida en que contribuye a garantizar la independencia de los gestores de redes de transporte, y eficiente en la medida en que proporciona un marco regulador más apto para garantizar una competencia leal, inversiones suficientes, el acceso a los nuevos operadores del mercado, así como la integración de los mercados del gas natural. Dicha separación se basa en un pilar de medidas organizativas y de medidas referentes a la gobernanza de los gestores de redes de transporte, y en un pilar de medidas relativas a la inversión, a la conexión a la red de nuevas capacidades de producción y a la integración de los mercados mediante la cooperación regional y responde a las exigencias establecidas por el Consejo Europeo en su reunión de los días 8 y 9 de marzo de 2007.

(13)  Los Estados miembros deben promover la cooperación regional con la posibilidad de nombrar un coordinador regional encargado de facilitar el diálogo entre las autoridades nacionales competentes. Además, los nuevos productores y empresas suministradoras deben conectarse a la red de manera efectiva y a su debido tiempo.

(14)  Para garantizar la aplicación adecuada de la presente Directiva, la Comisión debe ayudar a aquellos Estados miembros que tengan problemas para hacerlo.

(15)  El objetivo de una red europea integrada de la energía es esencial para la seguridad del suministro y el buen funcionamiento del mercado interior del gas. La Comisión, en consulta con las partes interesadas (en particular los gestores de redes de transporte y la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía ("la Agencia")), establecida en el Reglamento (CE) n° .../2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de ... [por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía(6)], debe, por consiguiente, evaluar la posibilidad de crear un único gestor europeo de redes de transporte y analizar los costes y ventajas respecto a la integración del mercado y al funcionamiento eficaz y seguro de la red de transporte.

(16)  Para garantizar la independencia plena de la explotación de la red con respecto a los intereses de suministro y producción y para evitar el intercambio de información confidencial, una misma persona no debe ser miembro de los consejos de administración de un gestor de red de transporte y de una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de producción o suministro. Por la misma razón, una misma persona no debe estar facultada para designar a los miembros de los consejos de administración de un gestor de red de transporte y tener intereses en una empresa de suministro.

(17)  La creación de gestores de redes de transporte independientes de los intereses de suministro y producción debe permitir que las empresas integradas verticalmente mantengan la propiedad de sus activos de red asegurando, al mismo tiempo, una separación efectiva de intereses, siempre que el gestor de red de transporte independiente realice todas las funciones de un gestor de red, y que se establezca una regulación detallada y unos amplios mecanismos de control regulador.

(18)  Por consiguiente, cuando la empresa propietaria del sistema de transporte forme parte de una empresa integrada verticalmente, debe darse a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre dos opciones: la separación de la propiedad o el establecimiento de un gestor de red independiente.

(19)  Con el fin de desarrollar la competencia en el mercado interior del gas, los clientes no domésticos deben poder elegir a sus suministradores y celebrar contratos para cubrir sus necesidades en materia de gas con varios suministradores. Estos clientes deben estar protegidos contra cláusulas de exclusividad que tengan por efecto excluir ofertas competidoras o complementarias.

(20)  El establecimiento de una separación efectiva debe respetar el principio de no discriminación entre los sectores público y privado. A tal efecto, no debe existir la posibilidad de que una misma persona ejerza influencia alguna, individual o conjuntamente, en la composición, las votaciones o la toma de decisiones de, a la vez, los órganos de los gestores de redes de transporte y las empresas de suministro. ▌

(21)  La ▌separación de las actividades de red y de suministro debe aplicarse en toda la Comunidad ▌. Este precepto debe aplicarse igualmente a las empresas establecidas en la Unión Europea y a las establecidas en terceros países. Para garantizar la separación de las actividades de red y de suministro en toda la Comunidad, debe facultarse a las autoridades reguladoras nacionales para denegar la certificación a los gestores de redes de transporte que incumplan las normas sobre separación. Para garantizar una aplicación coherente en toda la Comunidad y el respeto de las obligaciones internacionales de la Comunidad, debe facultarse a la Agencia para revisar las decisiones en materia de certificación adoptadas por las autoridades reguladoras nacionales.

(22)  La salvaguarda del suministro de energía constituye un componente esencial de la seguridad pública y, por lo tanto, está relacionada de manera intrínseca con el funcionamiento eficiente del mercado del gas del mercado interior y con la integración de los mercados aislados de los Estados miembros. El uso de la red es esencial para que el gas llegue a los ciudadanos de la Unión. El correcto funcionamiento de los mercados del gas abiertos y con auténticas posibilidades comerciales, y en particular de las redes y demás activos asociados con el suministro de gas, resulta esencial para la seguridad pública, la competitividad de la economía y el bienestar de los ciudadanos de la Unión. Sin perjuicio de sus obligaciones internacionales ║ la Comisión considera que el sector de las redes de transporte es de gran importancia para ella y que, por tanto, resultan necesarias salvaguardias adicionales en relación con la influencia de terceros países a fin de evitar eventuales amenazas al orden público y a la seguridad pública o al bienestar de los ciudadanos de la Unión. Tales medidas son también necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas sobre separación efectiva.

(23)  Hay que asegurar la independencia de los gestores de los sistemas de almacenamiento para mejorar el acceso de terceros a las instalaciones de almacenamiento que sean técnica y/o económicamente necesarias para facilitar un acceso eficiente a la red a fin de suministrar a los clientes. Por ello, conviene que las instalaciones de almacenamiento sean gestionadas mediante entidades separadas jurídicamente que gocen de derechos efectivos a tomar decisiones respecto a los activos necesarios para mantener, explotar y desarrollar estas instalaciones. También es necesario aumentar la transparencia respecto a la capacidad de almacenamiento que se ofrece a terceros, obligando a los Estados miembros a definir y publicar un marco no discriminatorio y claro que determine el régimen regulador aplicable a las instalaciones de almacenamiento.

(24)  El acceso no discriminatorio a la red de distribución determina el acceso a los consumidores al nivel minorista. Las posibilidades de discriminación con respecto al acceso y la inversión de terceros son, sin embargo, menos importantes en la distribución que en el transporte, ya que en la primera la congestión y la influencia de los intereses de producción suelen ser menores que en el segundo. Además, la separación funcional de los gestores de redes de distribución solo ha empezado a ser obligatoria, de conformidad con la Directiva 2003/55/CE, a partir del 1 de julio de 2007, por lo que aún es preciso evaluar sus efectos sobre el mercado interior. Las normas sobre separación jurídica y funcional actualmente en vigor pueden dar lugar a una separación efectiva, a condición de que se definan más claramente, se apliquen de manera adecuada y se controlen estrechamente. Para crear condiciones de igualdad al nivel minorista, por tanto, deben controlarse las actividades de los gestores de las redes de distribución a fin de impedir que aprovechen su integración vertical para fortalecer su posición competitiva en el mercado, especialmente en relación con los pequeños consumidores domésticos y no domésticos.

(25)  Los Estados miembros deben adoptar medidas concretas que contribuyan a un uso más amplio del biogás y del gas obtenido a partir de la biomasa, con un acceso no discriminatorio a la red de gas para los productores, a condición de que dicho acceso sea compatible de forma permanente con las normas técnicas y los requisitos de seguridad pertinentes.

(26)  La Directiva 2003/55/CE introduce la obligación para los Estados miembros de establecer unas autoridades reguladoras nacionales con competencias específicas. Sin embargo, la experiencia indica que la eficacia de la regulación a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de las autoridades reguladoras nacionales respecto a los gobiernos, así como por la insuficiencia de los poderes y del margen discrecional de que gozan. Por este motivo, en la citada reunión de Bruselas ║, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a preparar propuestas legislativas que estableciesen una mayor armonización de los poderes y fortalecimiento de la independencia de las autoridades reguladoras nacionales ║ de la energía.

(27)  Es preciso, para un funcionamiento adecuado del mercado interior, que las autoridades reguladoras nacionales puedan tomar decisiones sobre todas las cuestiones de reglamentación pertinentes y que sean totalmente independientes de cualquier otro interés de empresas públicas o privadas.

(28)  Las autoridades reguladoras nacionales deben estar facultadas para aprobar decisiones que vinculen a los gestores de redes y para imponer sanciones efectivas, apropiadas y disuasorias a los gestores de redes que incumplan sus obligaciones. Deben estarlo asimismo para decidir, independientemente de la aplicación de las normas de competencia, cualquier medida oportuna en materia de acceso a las redes para lograr la competencia efectiva necesaria para el adecuado funcionamiento del mercado, así como para asegurar un alto nivel de servicio público garantizando la apertura del mercado, la protección de los clientes vulnerables y la plena eficacia de las medidas de protección del consumidor. Estas disposiciones deben entenderse sin perjuicio de los poderes de la Comisión respecto a la aplicación de las normas de competencia, incluido el examen de las fusiones que tengan una dimensión comunitaria, y de las normas del mercado interior, tales como la libre circulación de capitales.

(29)  Las autoridades reguladoras nacionales y del mercado financiero deben cooperar para que cada una de ellas pueda tener una visión de conjunto de sus mercados respectivos. Deben tener atribuciones para obtener información pertinente de las empresas del sector del gas, mediante investigaciones adecuadas y suficientes, con el fin de resolver litigios e imponer sanciones efectivas.

(30)  Debe promoverse decididamente la inversión en grandes infraestructuras nuevas, al tiempo que se garantiza el adecuado funcionamiento del mercado interior del gas natural. A fin de potenciar los efectos positivos de los proyectos de infraestructura exentos sobre la competencia y la seguridad del abastecimiento, se debe comprobar el interés del mercado durante la fase de planificación del proyecto y aplicar las normas sobre gestión de la congestión. Cuando una infraestructura está ubicada en el territorio de más de un Estado miembro, la Agencia ║ debe tramitar la solicitud de exención para tener mejor en cuenta sus implicaciones transfronterizas y facilitar su tratamiento administrativo. Además, dado el perfil de riesgo excepcional que llevan aparejado los proyectos de construcción de grandes infraestructuras exentas, debe permitirse la concesión temporal de excepciones parciales a las empresas de suministro y producción en relación de las normas sobre separación para estos proyectos. Este principio debe aplicarse en particular, por razones de seguridad del abastecimiento, a los gasoductos de nueva construcción dentro de la Comunidad para el transporte a la misma de gas de terceros países.

(31)  El mercado interior del gas padece una falta de liquidez y transparencia que obstaculiza la asignación eficiente de los recursos, la atenuación del riesgo y la entrada de nuevos operadores. Es preciso reforzar la confianza en el mercado, su liquidez y el número de agentes presentes en el mismo, por lo cual debe incrementarse la supervisión reguladora de las empresas activas en el suministro de gas. Tales requisitos deben entenderse sin perjuicio de la legislación comunitaria vigente sobre mercados financieros y ser compatibles con ella. Es necesaria la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales y ║ los mercados financieros para que cada uno de ellos permita al otro tener un panorama de los mercados afectados.

(32)  Las rigideces estructurales del mercado del gas que se derivan de la concentración de proveedores, los contratos a largo plazo que sustentan los suministros y la falta de liquidez en fases posteriores generan estructuras de precios que no son transparentes. Con objeto de aportar claridad a la estructura de los costes, es necesaria una mayor transparencia en lo que concierne a la formación de los precios y, por consiguiente, se debe imponer una obligación de negociar.

▌

(33)  Deben reforzarse las obligaciones de servicio público y las consiguientes normas mínimas comunes para asegurarse de que todos los consumidores puedan beneficiarse de la competencia. Un aspecto clave del suministro a los consumidores es el acceso a los datos sobre el consumo. Los consumidores deben tener acceso a sus datos de manera que puedan invitar a los competidores a hacer una oferta basándose en ellos. Por otra parte, también han de tener derecho a estar adecuadamente informados de su consumo de energía. La información regular sobre los costes creará incentivos para el ahorro de energía, ya que los consumidores tendrán una respuesta directa sobre los efectos de la inversión en eficiencia energética y de los cambios de comportamiento.

(34)  Deben reforzarse las obligaciones de servicio público y las consiguientes normas mínimas comunes para asegurarse de que los servicios de gas son accesibles al público y a las pequeñas y medianas empresas.

(35)  Los Estados miembros deben garantizar que se instalen contadores individuales inteligentes, tal como prevé la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos(7), a fin de ofrecer a los consumidores información exacta sobre su consumo de energía y garantizar la eficiencia al usuario final.

(36)  La presente Directiva debe centrarse principalmente en los consumidores. Es necesario reforzar y garantizar los derechos existentes de los consumidores, y se debe prever un mayor grado de transparencia y representación. La protección de los consumidores significa que todos los consumidores deben beneficiarse de un mercado competitivo. Las autoridades reguladoras nacionales deben llevar a la práctica los derechos de los consumidores mediante el establecimiento de incentivos y la imposición de sanciones a las empresas que no respeten las normas en materia de protección de los consumidores y competencia.

(37)  Los consumidores deben poder disponer de informaciones claras y comprensibles sobre sus derechos en relación con el sector energético. De conformidad con la Comunicación de la Comisión de 5 de julio de 2007 titulada "Hacia una Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía", la Comisión debe presentar, previa consulta a las partes interesadas pertinentes, incluidas las autoridades reguladoras nacionales, las organizaciones de consumidores y los interlocutores sociales, una carta accesible y de fácil comprensión en la que se enumeren los derechos de los consumidores de energía ya contemplados en la legislación comunitaria, incluida la presente Directiva. Los proveedores de energía deben velar por que todos los consumidores reciban una copia de la carta y por que ésta sea accesible al público.

(38)  A fin de contribuir a la seguridad del abastecimiento, los Estados miembros, al tiempo que mantienen un espíritu de solidaridad ▌, especialmente en caso de crisis del abastecimiento energético, deben mantener una estrecha colaboración. A tal fin, debe servir como base la Directiva 2004/67/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, relativa a unas medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural(8).

(39)  Con miras a la creación de un mercado interior del gas, los Estados miembros deben promover la integración de sus mercados nacionales y la cooperación de los gestores de redes a nivel regional y europeo. Las iniciativas de integración regional son una etapa intermedia fundamental en la realización de una integración de los mercados interiores de la energía, que sigue siendo el objetivo final. La actuación en el nivel regional permite acelerar el proceso de integración al ofrecer a los distintos agentes implicados, en particular a los Estados miembros, a las autoridades reguladoras nacionales y a los gestores de redes de transporte, la posibilidad de cooperar para resolver problemas concretos.

(40)  El desarrollo de una genuina red pancomunitaria de gasoductos debe ser uno de los objetivos de la presente Directiva y, la responsabilidad por los asuntos relativos a la regulación de las interconexiones transfronterizas y los mercados regionales debe ser, por ello, responsabilidad de la Agencia.

(41)  Las autoridades reguladoras nacionales deben facilitar información al mercado también para permitir que la Comisión desempeñe su misión de observar y seguir el mercado europeo del gas y su evolución a corto, medio y largo plazo, incluidos aspectos tales como la oferta y la demanda, las infraestructuras de transporte y distribución, los intercambios transfronterizos, las inversiones, los precios al por mayor y al consumo, la liquidez del mercado y las mejoras del medio ambiente y la eficiencia.

(42)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la creación de un mercado interior del gas plenamente operativo, no puede ser alcanzado suficientemente por los Estados miembros y, en razón de la escala y los efectos de la acción, puede alcanzarse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(43)  Los Estados miembros deben examinar junto con los interlocutores sociales interesados las implicaciones de las modificaciones a la Directiva 2003/55/CE, en particular los diferentes modelos para garantizar la independencia de los gestores de redes de transporte, en términos de empleo, condiciones laborales y derecho de información, consulta y participación de los trabajadores, con vistas a paliar las consecuencias negativas.

(44)  El Reglamento (CE) n° 1775/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de 2005, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural(9), ofrece a la Comisión la posibilidad de adoptar directrices para conseguir el grado de armonización necesario. Tales directrices, que son de esta manera medidas de aplicación vinculantes, constituyen una herramienta útil que puede adaptarse rápidamente en caso de necesidad.

(45)  La Directiva 2003/55/CE prevé la adopción de determinadas medidas con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(10).

(46)  La Decisión 1999/468/CE fue modificada por la Decisión 2006/512/CE del Consejo(11), que introdujo el procedimiento de reglamentación con control para la adopción de medidas de alcance general destinadas a modificar elementos no esenciales de un acto de base adoptado según el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, incluso suprimiendo algunos de esos elementos, o completando el acto con nuevos elementos no esenciales.

▌

47)   ║ Procede, por tanto, modificar ║ la Directiva 2003/55/CE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2003/55/CE

La Directiva 2003/55/CE queda modificada como sigue:

(1)   En el artículo 1, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

2.  Las normas establecidas en la presente Directiva en relación con el gas natural, incluido el gas natural licuado (GNL), también serán aplicables de manera no discriminatoria al biogás y al gas obtenido a partir de la biomasa u otros tipos de gas siempre y cuando resulte técnicamente posible y seguro inyectar tales gases en la red de gas natural y transportarlos por ella.

(2)  El artículo 2 queda modificado como sigue:

a)  El punto 3 se sustituye por el texto siguiente:"

b)  El punto 9 se sustituye por el texto siguiente:"

c)  El punto 14 se sustituye por el texto siguiente:"

d)  El punto 17 se sustituye por el texto siguiente:"

e)  E apartado 20 se sustituye por el texto siguiente:"

f)  Se añaden los apartados siguientes:"

Para evitar dudas, la titularidad de un contrato de transporte a largo plazo por una empresa que posee intereses en actividades de producción o suministro no implicará por sí misma el control de la red de transporte;

38. "proyecto de interés europeo": un proyecto de infraestructura en el sector del gas que permita poner a disposición de la Comunidad nuevos recursos de gas y permita a más de un Estado miembro diversificar en mayor medida su abastecimiento de gas;

(3)  El artículo 3 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

Dentro del pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado, y en eparticular de su artículo 86, los Estados miembros podrán imponer a las empresas de gas natural en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público, que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, la regularidad y la calidad y la protección del medio ambiente, incluida la eficiencia energética y la protección del clima.

b)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

3.  Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables, incluida la prohibición de interrupción del suministro a los pensionistas y las personas con discapacidad en invierno. En este contexto, los Estados miembros reconocerán la pobreza energética y establecerán definiciones del concepto de cliente vulnerable. Los Estados miembros garantizarán la aplicación de los derechos y obligaciones relacionados con los clientes vulnerables y, en particular, adoptarán medidas para proteger a los clientes finales de zonas apartadas. Garantizarán un nivel elevado de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales, la información general y los procedimientos de resolución de conflictos. Los Estados miembros velarán por que los clientes cualificados puedan cambiar fácilmente de suministrador si así lo desean. Al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, estas medidas deberán incluir las que se enuncian en el Anexo A.

c)  Después del artículo 3, se añaden los apartados siguientes:"

3 bis. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para tratar la pobreza energética en sus planes de acción nacionales, con el fin de garantizar la disminución en términos reales del número de personas que padece pobreza energética, y comunicarán dichas medidas a la Comisión. Cada Estado miembro será responsable de elaborar, de conformidad con el principio de subsidiariedad, una definición de pobreza energética a nivel nacional, en consulta con las autoridades reguladoras y las partes interesadas a que se refiere el punto 40 del artículo 2. Las medidas correspondientes podrán incluir prestaciones en los sistemas de seguridad social, apoyo a las mejoras en la eficiencia energética y a la producción de energía a los precios más bajos, y no serán obstáculo a la apertura del mercado contemplada en el artículo 23. La Comisión establecerá orientaciones para hacer un seguimiento del impacto de dichas medidas sobre la pobreza energética y sobre el funcionamiento del mercado.

3 ter.  Los Estados miembros garantizarán que todos los consumidores tengan derecho a obtener el gas de un suministrador, siempre que éste dé su acuerdo, con independencia del Estado en que el suministrador esté autorizado. A este respecto, los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que las empresas que estén autorizadas como suministradores en otro Estado miembro puedan abastecer a sus ciudadanos sin tener que cumplir condiciones adicionales.

d)  El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

4.  Los Estados miembros aplicarán las medidas oportunas para alcanzar los objetivos de cohesión económica y social con objeto de reducir el coste del gas para los clientes pertenecientes a hogares de bajos ingresos y garantizar idénticas condiciones para los clientes que viven en zonas apartadas, así como los objetivos de protección del medio ambiente. Dichas medidas incluirán medidas de gestión de la eficiencia energética y de la demanda de energía, así como medidas para combatir el cambio climático y velar por la seguridad del suministro, y podrán asimismo incluir, en particular, la oferta de incentivos económicos adecuados, recurriendo, en su caso, a todos los instrumentos nacionales y comunitarios existentes, para el mantenimiento y la construcción de las infraestructuras de red necesarias, incluida la capacidad de interconexión.

e)  Después del apartado 4, se insertan los apartados siguientes:"

4 bis.  Con vistas a promover la eficiencia energética, las autoridades reguladoras nacionales encargarán a las empresas de gas natural que introduzcan fórmulas de precios que se incrementen en casos de niveles de consumo más elevados, y velarán por la participación activa de los consumidores y de los gestores de redes de distribución en el funcionamiento de la red, apoyando la introducción de medidas destinadas a optimizar el uso del gas, especialmente en las horas punta. Dichas fórmulas de precios, combinadas con la introducción de redes y contadores inteligentes, fomentarán un comportamiento de eficiencia energética y el precio más bajo posible para los clientes domésticos, en particular para los clientes domésticos en situaciones de pobreza energética.

4 ter.  Los Estados miembros establecerán puntos de contacto únicos, con objeto de poner a disposición de los consumidores el conjunto de la información necesaria concerniente a sus derechos, a la legislación en vigor y a las vías de recurso de que disponen en caso de litigio.".

f)  Después del apartado 5, se inserta el apartado siguiente:"

5 bis.  "5 bis. La aplicación de la presente Directiva no repercutirá negativamente en el empleo, las condiciones de trabajo y los derechos de información y consulta ni en los derechos de participación de los trabajadores afectados. Los Estados miembros consultarán a los interlocutores sociales pertinentes sobre la aplicación de cualquier modificación a la presente Directiva con el fin de mitigar dichas consecuencias negativas. La Comisión informará a los comités sectoriales del gas y la electricidad, responsables del diálogo social, sobre las consultas y las medidas emprendidas.

(4)  En el artículo 4, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

2.  Los Estados miembros que dispongan de un sistema de autorizaciones establecerán los criterios, objetivos y no discriminatorios, que deberá cumplir toda empresa que solicite autorización para construir o explotar instalaciones de gas natural o para suministrar gas natural. Los Estados miembros no podrán vincular en ningún caso la autorización a los criterios con arreglo a los cuales las autoridades competentes reciben poderes discrecionales. Los criterios y procedimientos para la concesión de autorizaciones no podrán ser discriminatorios y serán objeto de publicación. Los Estados miembros velarán por que los procedimientos de autorización para instalaciones, gasoductos y equipamiento tengan en cuenta la importancia del proyecto para el mercado interior de la energía.

(5)  Después del artículo 5, se insertan los artículos siguientes:"

Artículo 5 bis

Solidaridad regional

1.  A fin de salvaguardar la seguridad del abastecimiento en el mercado interior del gas natural, los Estados miembros, sin imponer una carga desproporcionada a los participantes en el mercado, cooperarán para fomentar la solidaridad regional y bilateral.

2.  Esta cooperación cubrirá las situaciones que hayan llevado o puedan llevar, a corto plazo, a una grave alteración del suministro que afecte a un Estado miembro. La cooperación incluirá:

3.  Se informará a la Comisión, a los demás Estados miembros y a los participantes en el mercado de dicha cooperación.

▌

Artículo 5 ter

Promoción de la cooperación regional

1.  Las autoridades reguladoras nacionales de los Estados miembros cooperarán entre sí con el fin de armonizar el diseño del mercado e integrar sus mercados nacionales, como mínimo, en uno o más niveles regionales como un primer paso intermedio hacia un mercado interior del gas plenamente liberalizado. En particular, promoverán la cooperación de los gestores de redes a nivel regional y facilitarán su integración en el nivel regional con vistas a lograr un mercado interior competitivo, facilitar la armonización de su marco legal, regulador y técnico, y, sobre todo, integrar las islas en materia de gas que subsisten en la Unión Europea. Los Estados miembros promoverán igualmente la cooperación de las autoridades reguladoras nacionales a escala transfronteriza y regional.

2.  La Agencia cooperará con las autoridades reguladoras nacionales y los gestores de redes de transporte de conformidad con los capítulos III y IV de la presente Directiva para garantizar la convergencia de los marcos reguladores entre las regiones con vistas al establecimiento de un mercado interior competitivo. Cuando la Agencia considere que se requieren normas vinculantes respecto a dicha cooperación, presentará las recomendaciones adecuadas a la Comisión. La Agencia será en los mercados regionales la autoridad reguladora competente en los ámbitos contemplados en el artículo 24 quinquies.

(6)  El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:"

Artículo 7

Separación de las redes de transporte y de los gestores de redes de transporte

1.  Los Estados miembros garantizarán que, a partir de ...*:

2.  Los intereses y derechos indicados en el apartado 1, letra b), incluirán, en particular:

3.  A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra b), el concepto de "empresa que realice cualquiera de las funciones de producción o suministro" corresponde al concepto de "empresa que realice cualquiera de las funciones de generación o suministro" tal como se define en la Directiva 2003/54/CE ║ y los términos "gestor de red de transporte" y "red de transporte" corresponden a los conceptos de "gestor de red de transporte" y "red de transporte" tal como se definen en la Directiva 2003/54/CE.

║

4.  Los Estados miembros supervisarán el proceso de separación de las empresas integradas verticalmente y presentarán un informe a la Comisión sobre los progresos conseguidos.

5.  Los Estados miembros podrán autorizar exenciones de lo dispuesto en el apartado 1, letras b) y c) hasta ... **, siempre y cuando los gestores de redes de transporte no formen parte de una empresa integrada verticalmente.

6.  La obligación que establece el apartado 1, letra a), se considerará cumplida cuando se dé una situación en la que varias empresas que posean redes de transporte hayan creado una empresa conjunta (joint venture) que actúe en varios Estados miembros como gestor de las redes de transporte correspondientes. ▌

7.  Para la aplicación del presente artículo, cuando la persona a que se refieren las letras b) a e) del apartado 1, sea el Estado miembro u otro organismo público, dos organismos públicos separados, que ejerzan control por un lado sobre un gestor de la red de transporte o sobre una red de transporte, y por otro, sobre una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de producción o suministro, no serán la misma persona o personas.

8.  Los Estados miembros se asegurarán de que la información sensible a efectos comerciales a la que se refiere el artículo 10, apartado 1, en posesión de cualquier gestor de red de transporte que forme parte de una empresa integrada verticalmente y del personal de este gestor de red de transporte no se transfiere a empresas que realicen cualquiera de las funciones de producción y suministro.

9.  Cuando en ...***, la red de transporte pertenezca a una empresa integrada verticalmente, los Estados miembros podrán decidir no aplicar el apartado 1.

En tal caso, los Estados miembros decidirán bien cumplir las disposiciones del capítulo IV bis.

En cualquier caso, no podrá impedirse a ninguna empresa integrada verticalmente y propietaria de una red de transporte que tome medidas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1.

___________________

* Un año después de la fecha de la Directiva .../.../CE [por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural].

** Dos años después de la fecha de transposición de la Directiva .../.../CE [por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural].

*** La fecha de entrada en vigor de la Directiva .../.../CE [por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural].

(7)  Después del artículo 7, se insertan los artículos siguientes:"

Artículo 7 bis

Control de los propietarios de redes de transporte y los gestores de redes de transporte

1.  Sin perjuicio de las obligaciones internacionales de la Comunidad, las redes de transporte o los gestores de redes de transporte no estarán controlados por una persona o personas de terceros países.

2.  Cualquier acuerdo que tenga por objetivo establecer un marco común para las inversiones en el sector energético y abrir el mercado energético de un tercer país para las empresas establecidas en la Unión Europea, concertado con uno o varios terceros países en el que sea parte la Comunidad podrá establecer exenciones de lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 7 ter

Designación y certificación de los gestores de redes de transporte

1.  Las empresas que posean una red de transporte y hayan sido certificadas por las autoridades reguladoras nacionales como empresas que cumplen las exigencias establecidas en los artículos 7, apartado 1, y el artículo 7 bis, con arreglo al procedimiento de certificación que figura en el presente artículo, serán autorizadas y designadas como gestores de redes de transporte por los Estados miembros. Las designaciones de gestores de redes de transporte se notificarán a la Comisión y se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.  Sin perjuicio de las obligaciones internacionales de la Comunidad, cuando solicite la certificación un propietario de una red de transporte o un gestor de una red de transporte controlado por una persona o personas de terceros países de conformidad con el artículo 7 bis, ésta le será denegada a menos que el propietario de la red de transporte o el gestor de la red de transporte demuestren que no hay posibilidad de que la entidad en cuestión sea influida, en infracción del artículo 7, apartado 1, directa o indirectamente, por cualquier empresa que intervenga en la producción o el suministro de gas o electricidad o por un tercer país.

3.  Los gestores de redes de transporte notificarán a la autoridad reguladora cualquier transacción prevista que pueda requerir un control del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, apartado 1, o el artículo 7 bis.

4.  Las autoridades reguladoras controlarán si los gestores de redes de transporte cumplen de manera constante lo dispuesto en los artículos 7, apartado 1, y el artículo 7 bis. Para asegurar este cumplimiento, abrirán un procedimiento de certificación:

5.  Las autoridades reguladoras nacionales adoptarán una decisión sobre la certificación del gestor de red de transporte en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación por el gestor de red de transporte o a partir de la fecha de la solicitud de la Comisión. Transcurrido este plazo, si las autoridades reguladoras nacionales no han adoptado una decisión, se considerará que se ha concedido la certificación. La decisión explícita o tácita de la autoridad reguladora nacional sólo podrá surtir efecto tras la conclusión del procedimiento establecido en los apartados 6 a 9 y sólo si la Comisión no presenta objeciones al respecto.

6.  La decisión explícita o tácita sobre la certificación del gestor de red de transporte será notificada a la Comisión sin demora por la autoridad reguladora nacional, junto con la información pertinente relativa a dicha decisión.

7.  La Comisión examinará la notificación tan pronto como la reciba. En un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación, si la Comisión estima que la decisión de la autoridad reguladora nacional suscita graves dudas en cuanto a su compatibilidad con los artículos 7, apartado 1, el artículo 7 bis o el artículo 7 ter, apartado 2, decidirá abrir expediente. En este caso, invitará a la autoridad reguladora nacional y al gestor de la red de transporte a presentar sus observaciones. Cuando la Comisión pida información complementaria, el plazo de dos meses podrá prorrogarse otros dos meses a partir de la recepción de la información completa.

8.  Cuando la Comisión haya decidido abrir expediente, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha en que haya tomado estas decisión, emitirá una decisión firme:

9.  Cuando la Comisión no haya adoptado una decisión de abrir expediente o una decisión firme dentro del plazo fijado en los apartados 7 y 8 respectivamente, se considerará que no presenta objeciones a la decisión de la autoridad reguladora nacional.

10.  La autoridad reguladora nacional dará cumplimiento a la decisión de la Comisión por la que deba modificarse o revocarse la decisión de certificación en un plazo de cuatro semanas e informará a la Comisión al respecto.

11.  Las autoridades reguladoras nacionales y la Comisión podrán solicitar a los gestores de redes de transporte y a las empresas que realicen cualquiera de la funciones de producción o suministro cualquier información útil para el cumplimiento de las tareas indicadas en el presente artículo.

12.  Las autoridades reguladoras nacionales y la Comisión mantendrán la confidencialidad de la información delicada a efectos comerciales.

▌

13.  Los procedimientos que establece el presente artículo, con referencia particular a las limitaciones definidas en el apartado 2, no serán de aplicación para las redes de gasoductos previas que tengan por único objeto conectar directamente las redes de suministro de gas de países de origen a un punto de desembarque situado en el territorio de la Comunidad, ni a sus actualizaciones.

Artículo 7 quater

Designación de gestores de instalaciones de GNL y almacenamiento

Los Estados miembros designarán, o pedirán a las compañías de gas natural propietarias de instalaciones de almacenamiento o de GNL que designen, uno o varios gestores de instalaciones, por un período de tiempo que determinarán los Estados miembros en función de consideraciones de eficiencia y equilibrio económico.

(8)  El artículo 8 queda modificado como sigue:

a)   el apartado 1 queda modificado como sigue:

i)   la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

ii)  Insértese el punto siguiente después de la letra b):"

"b bis) construir una capacidad de interconexión suficiente que conecte sus infraestructuras de transmisión para satisfacer todas las demandas razonables de capacidad, facilitar un mercado general eficiente y cumplir los criterios de seguridad en el suministro de gas.

b)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

3.  Los Estados miembros a través de las autoridades reguladoras nacionales podrán exigir de los gestores de redes de transporte que, en el mantenimiento y el desarrollo de la red de transporte, incluida la capacidad de interconexión, respeten determinados requisitos mínimos. A fin de asegurar la protección de los consumidores dentro de la Unión Europea, deberán concederse competencias más amplias a las autoridades reguladoras nacionales.

c)  En el artículo 8, se añade el párrafo siguiente:"

4 bis.  Al realizar sus tareas, los gestores de redes de transporte tendrán en cuenta los códigos técnicos y de mercado aprobados por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte.

(9)  Se suprime el artículo 9.

▌

(10)  El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:"

Artículo 10

Confidencialidad para los gestores de redes de transporte y los propietarios de redes de transporte

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 o de cualquier otra obligación legal de revelar información, los gestores de redes de transporte, almacenamiento o GNL y los propietarios de redes de transporte deberán preservar el carácter confidencial de la información sensible a efectos comerciales de que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad y evitarán que se revele de forma discriminatoria información sobre sus propias actividades que pueda suponer alguna ventaja comercial; en particular, no divulgarán a las partes restantes de la empresa la información sensible a efectos comerciales, a menos que sea necesario para la realización de una transacción comercial. A fin de garantizar el pleno respeto de las normas sobre la separación de la información, también deberá asegurarse que el propietario de la red de transporte y la parte restante de la empresa no utilizan servicios comunes, aparte de los puramente administrativos o los servicios de TI (por ejemplo, no utilizan servicios jurídicos comunes).

2.  Los gestores de redes de transporte, almacenamiento o GNL no deberán, con ocasión de las compras o ventas de gas natural efectuadas por una empresa vinculada, hacer uso inadecuado de la información sensible a efectos comerciales obtenida de terceros en el momento de la concesión o de la negociación del acceso a la red.

3.  La identificación de la información sensible desde el punto de vista comercial se realizará mediante criterios objetivos y transparentes.

(11)  El artículo 12 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

1.  Cada gestor de red de distribución será responsable de garantizar que el sistema esté en condiciones de satisfacer a largo plazo las solicitudes razonables en materia de distribución de gas, y para explotar, mantener y desarrollar, en condiciones económicamente aceptables, una red de distribución segura, fiable y eficaz en su zona, teniendo debidamente en cuenta el medio ambiente, así como para promover la eficiencia energética.

b)  El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

4.  Cada gestor de red de distribución proporcionará a los usuarios la información que necesiten para el acceso a la red y su uso eficiente.

c)  Después del apartado 4 se añaden los apartados siguientes:"

4 bis.  El gestor de red de distribución presentará a la correspondiente autoridad reguladora nacional, a más tardar el ... *, una propuesta en la que se describan los sistemas de información y comunicación adecuados que deberán aplicarse para proporcionar la información mencionada en el apartado 4. Dicha propuesta facilitará, entre otras cosas, el uso de contadores electrónicos bidireccionales, que se extenderán a todos los consumidores, a más tardar el ... **, la participación activa de los clientes finales y de los productores distribuidos en el funcionamiento de la red, así como el flujo de información en tiempo real entre los gestores de redes de distribución y transporte con el fin de mejorar el uso de todos los recursos disponibles en materia de producción, redes y demanda.

4 ter.  A más tardar el ... ***, las autoridades reguladoras nacionales aprobarán o rechazarán las propuestas mencionadas en el apartado 4 bis. Las autoridades reguladoras nacionales garantizarán la plena interoperabilidad de los sistemas de información y comunicación que deban aplicarse. A tal fin podrán publicar directrices y solicitar modificaciones de las propuestas mencionadas en el apartado 4 bis.

4 quater.  4 quáter. Antes de notificar al gestor de la red de distribución su decisión relativa a la propuesta mencionada en el apartado 4 bis, la autoridad reguladora nacional informará al respecto a la Agencia o, si esta no es aún operativa, a la Comisión. La Agencia o la Comisión garantizarán que los sistemas de información y comunicación que deban aplicarse faciliten el desarrollo del mercado interior del gas y no introduzcan nuevas barreras técnicas.

______________________

* Un año después de la entrada en vigor de la Directiva .../.../CE [por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural].

** Diez años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.../.../CE [por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural].

*** Dos años después de la entrada en vigor de la Directiva .../.../CE [por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural].

(12)  Después del Capítulo IV, se insertan los capítulos siguientes:

CAPÍTULO IV bis

Gestores de redes de transporte independientes

Artículo 12 bis

Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán cuando un Estado miembro decida no aplicar el apartado 1 del artículo 7 de conformidad con el apartado 7 del artículo 7.

Artículo 12 ter

Activos, equipo, personal e identidad

1.  Los gestores de redes de transporte estarán dotados de todos los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para cumplir sus obligaciones derivadas de la presente Directiva y llevar a cabo la actividad de transporte de gas, siempre que:

2.  La actividad comercial de transporte de gas incluirá al menos las siguientes actividades además de las enumeradas en el artículo 8:

3.  Los gestores de redes de transporte deberán adoptar la forma jurídica de una sociedad de responsabilidad limitada, como se menciona en el artículo 1 de la Directiva 68/151/CEE.

4.  Los gestores de redes de transporte deberán evitar toda confusión, en lo que a su identidad corporativa, actividades de comunicación, marcas e instalaciones se refiere, con la identidad separada de la empresa integrada verticalmente.

5.  La contabilidad de los gestores de redes de transporte será inspeccionada por un auditor distinto del que inspeccione la contabilidad de la empresa integrada verticalmente o de cualquiera de sus partes.

Artículo 12 quáter

Independencia del gestor de redes de transporte

1.  Sin perjuicio de las atribuciones de los miembros del órgano de vigilancia designado por la empresa integrada verticalmente de conformidad con el artículo 12 septies, el gestor de redes de transporte gozará de facultad de decisión efectiva, independiente de la empresa integrada verticalmente, con respecto a los activos necesarios para explotar, mantener o desarrollar la red. El gestor de redes de transporte estará facultado para obtener financiación en el mercado de capitales, en particular, mediante préstamos y ampliaciones de capital, en el marco del plan financiero anual contemplado en el artículo 12 septies.

2.  Las filiales de la empresa integrada verticalmente que desarrollen actividades de producción o suministro no tendrán ninguna participación directa o indirecta en el gestor de redes de transporte. El gestor de redes de transporte no tendrá participación directa o indirecta en ninguna filial de la empresa integrada verticalmente que desarrolle actividades de producción o suministro, ni recibirá dividendos o cualquier otro beneficio financiero de dichas filiales, con excepción de los ingresos derivados del uso de la red.

3.  La estructura de dirección global y los estatutos empresariales del gestor de redes de transporte asegurarán la independencia efectiva del gestor de redes de transporte, de conformidad con el presente capítulo. La empresa integrada verticalmente no determinará, ni directa ni indirectamente, el comportamiento competitivo del gestor de redes de transporte en relación con las actividades ordinarias del gestor de redes de transporte y de gestión de la red, ni en relación con las actividades necesarias para la preparación del plan decenal de inversión desarrollado de conformidad con el artículo 12 nonies.

4.  Cualquier relación comercial y financiera entre la empresa integrada verticalmente y el gestor de redes de transporte, incluidos préstamos del gestor de redes de transporte a la empresa integrada verticalmente, deberá estar sometida a las condiciones de mercado. El gestor de redes de transporte llevará un registro detallado de tales relaciones comerciales y financieras y lo pondrá a disposición de la autoridad reguladora nacional previa solicitud.

5.  El gestor de redes de transporte presentará a la autoridad reguladora nacional todos los acuerdos comerciales y financieros con la empresa integrada verticalmente.

6.  El gestor de redes de transporte informará a la autoridad reguladora nacional de los recursos financieros a los que hace referencia la letra d) del apartado 1 del artículo 12 ter.

7.  Una empresa certificada por la autoridad reguladora nacional como conforme con los requisitos del presente capítulo será aprobada y designada como gestor de redes de transporte por el Estado miembro en cuestión. Se aplicará el procedimiento de certificación del artículo 7 ter.

8.  La transparencia será obligatoria para asegurar la no discriminación, en particular por lo que respecta a las referencias a tarifas, los servicios de acceso de terceros, la asignación de capacidad y la compensación. Se requerirá a la empresa integrada verticalmente que no realice actividades que obstaculicen a los gestores de redes de transporte el cumplimiento de dichas obligaciones.

Artículo 12 quinquies

Independencia del personal y de la dirección del gestor de redes de transporte

1.  El órgano de vigilancia del gestor de redes de transporte designado de conformidad con el artículo 12 septies adoptará las decisiones relativas al nombramiento, la renovación, las condiciones laborales, incluida la remuneración, y el cese del mandato de las personas responsables de la dirección y de los miembros de los órganos administrativos del gestor de redes de transporte.

2.  Se notificarán a la autoridad reguladora la identidad y las condiciones que rigen el mandato, su duración y el cese en el cargo de las personas propuestas por el órgano de vigilancia para su nombramiento o renovación como responsables de la dirección o como miembros de los órganos administrativos del gestor de redes de transporte, así como las razones de cualquier propuesta de decisión de cese de tal mandato. Estas condiciones y las decisiones mencionadas en el apartado 1 adquirirán carácter vinculante únicamente si la autoridad reguladora nacional no formula objeciones al respecto en el plazo de tres semanas a partir de la notificación. La autoridad reguladora nacional podrá formular objeciones si surgen serias dudas en cuanto a la independencia profesional de una persona nombrada responsable de la dirección o de un miembro de los órganos administrativos o, en el caso de cese anticipado del mandato, si existen serias dudas sobre su justificación.

3.  En el período de cinco años previo a su nombramiento, las personas responsables de la dirección o los miembros de los órganos administrativos del gestor de redes de transporte nombrados por el órgano de vigilancia no deberán haber ocupado ningún cargo ni asumido responsabilidad profesional alguna, ni mantenido relaciones comerciales o de interés, directa o indirectamente, con la empresa integrada verticalmente ni con ninguna de sus partes o con los accionistas que la controlan, con excepción del gestor de redes de transporte.

4.  Las personas responsables de la dirección o los miembros de los órganos administrativos y los empleados del gestor de redes de transporte no podrán ocupar ningún cargo ni asumir responsabilidad profesional alguna, ni mantener relaciones comerciales o de interés, directa o indirectamente, con ninguna filial de la empresa integrada verticalmente ni con los accionistas que la controlan.

5.  Las personas responsables de la dirección o los miembros de los órganos administrativos y los empleados del gestor de redes de transporte no tendrán intereses ni recibirán beneficio económico alguno, directa o indirectamente, de ninguna parte de la empresa integrada verticalmente con excepción del gestor de redes de transporte. Su remuneración no dependerá de las actividades ni de los resultados de la empresa integrada verticalmente, exceptuando las actividades y los resultados del gestor de redes de transporte.

6.  El derecho efectivo a recurrir ante la autoridad reguladora nacional estará garantizado para cualquier reclamación presentada por cualquier persona responsable de la dirección o por cualquier miembro de los órganos administrativos del gestor de redes de transporte contra el cese anticipado de su mandato.

7.  Una vez finalizado su mandato en el gestor de redes de transporte y durante un período de duración no inferior a cinco años, las personas responsables de la dirección o los miembros de los órganos administrativos no podrán ocupar ningún cargo, ni asumir responsabilidad profesional alguna, ni mantener relaciones comerciales o de interés, directa o indirectamente, con ninguna parte de la empresa integrada verticalmente, con excepción del gestor de redes de transporte, ni con los accionistas que la controlan.

Artículo 12 sexies

Administrador

1.  La autoridad reguladora nacional nombrará a un administrador independiente previa propuesta de la empresa integrada verticalmente y a expensas de ésta. El administrador actuará exclusivamente en legítimo interés de la empresa integrada verticalmente, velando por la protección del valor de los activos del gestor de redes de transporte y preservando la independencia de éste frente a la empresa integrada verticalmente. El administrador no deberá tener en cuenta, en el ejercicio de sus funciones, los intereses en materia de producción y suministro de la empresa integrada verticalmente.

2.  En el período de cinco años previo a su nombramiento, el administrador no deberá haber ocupado ningún cargo o asumido responsabilidad profesional alguna, ni mantenido relaciones comerciales o de interés, directa o indirectamente, con la empresa integrada verticalmente ni con ninguna de sus partes o con los accionistas que la controlan, ni con ninguna empresa que desarrolle actividades de producción o suministro.

Las condiciones que rigen el mandato del administrador, incluida su duración, los motivos de cese y las condiciones económicas, estarán sujetas a la aprobación de la autoridad nacional reguladora.

Durante su mandato, el administrador no deberá ocupar ningún cargo o asumir responsabilidad profesional alguna, ni mantener relaciones comerciales o de interés, directa o indirectamente, con ninguna parte de la empresa integrada verticalmente ni con los accionistas que la controlan.

Una vez finalizado su mandato y durante un período de duración no inferior a cinco años, el administrador no podrá ocupar ningún cargo o asumir responsabilidad profesional alguna, ni mantener relaciones comerciales o de interés, directa o indirectamente, con ninguna filial de la empresa integrada verticalmente ni con los accionistas que la controlan.

3.  El administrador será responsable:

Artículo 12 septies

Órgano de vigilancia

1.  El gestor de redes de transporte contará con un órgano de vigilancia encargado de adoptar las decisiones que puedan tener un impacto significativo en el valor de los activos de los accionistas en el seno del gestor de redes de transporte, en particular las decisiones relativas a la aprobación del plan financiero anual, al nivel de endeudamiento del gestor de redes de transporte y al importe de los dividendos distribuidos a los accionistas.

2.  El órgano de vigilancia estará integrado por:

3.  Se aplicará a los miembros del órgano de vigilancia los apartados 2 a 7 del artículo 12 quinquies.

4.  El administrador tendrá derecho de veto contra las decisiones que puedan, en su opinión, reducir de forma significativa el valor de los activos del gestor de redes de transporte. Para evaluar si una decisión puede reducir de forma significativa el valor de los activos, serán de particular importancia el plan financiero anual y el importe de las deudas del gestor de redes de transporte. Si se opusieran a dicho veto dos tercios de los miembros del órgano de vigilancia, será de aplicación del apartado 7 del artículo 12 nonies.

Artículo 12 octies

Programa de cumplimiento y responsable del cumplimiento

1.  Los Estados miembros velarán por que los gestores de redes de transporte establezcan y pongan en práctica un programa de cumplimiento que describa las medidas adoptadas para impedir comportamientos discriminatorios, y por que se supervise adecuadamente el cumplimiento de este programa. El programa establecerá las obligaciones específicas de los empleados para alcanzar este objetivo. El programa deberá ser aprobado por la autoridad reguladora. Sin perjuicio de las facultades de la autoridad reguladora nacional, el cumplimiento del programa será supervisado independientemente por el responsable del cumplimiento.

2.  El órgano de vigilancia nombrará a un responsable del cumplimiento. El responsable del cumplimiento podrá ser una persona física o jurídica. Se aplicará al responsable del cumplimiento los apartados 2 a 7 del artículo 12 quinquies. La autoridad reguladora nacional podrá oponerse al nombramiento de un responsable del cumplimiento por motivos relacionados con la falta de independencia o con la capacidad profesional.

3.  El responsable del cumplimiento se encargará de:

4.  El responsable del cumplimiento presentará a la autoridad reguladora nacional las decisiones propuestas sobre el plan de inversión o sobre inversiones individuales en la red, a más tardar cuando el órgano de dirección o administración competente del gestor de redes de transporte las presente al órgano de vigilancia.

5.  El responsable del cumplimiento notificará a la autoridad reguladora nacional en aquellos casos en que la empresa integrada verticalmente haya impedido, en la asamblea general o mediante el voto de los miembros de su órgano de vigilancia, la adopción de una decisión que haya tenido el efecto de impedir o retrasar la realización de inversiones en la red.

6.  Las condiciones que rigen el mandato o las condiciones laborales del responsable del cumplimiento deberán ser aprobadas por la autoridad reguladora nacional y garantizar la independencia del responsable del cumplimiento.

7.  El responsable del cumplimiento informará con regularidad, oralmente o por escrito, a la autoridad reguladora nacional y tendrá derecho a informar con regularidad, oralmente o por escrito, al órgano de vigilancia del gestor de redes de transporte.

8.  El responsable del cumplimiento podrá asistir a todas las reuniones de los órganos de dirección o administrativos del gestor de redes de transporte, así como a las reuniones del órgano de vigilancia y a la asamblea general. El responsable del cumplimiento asistirá a todas las reuniones en las que se examinen las cuestiones siguientes:

9.  El responsable del cumplimiento supervisará el cumplimiento del artículo 10 por parte del gestor de redes de transporte.

10.  El responsable del cumplimiento tendrá acceso a todos los datos pertinentes y a las oficinas del gestor de redes de transporte, así como a toda la información necesaria para desempeñar adecuadamente su cometido.

11.  Previa aprobación por la autoridad reguladora nacional, el órgano de vigilancia podrá despedir al responsable del cumplimiento.

12.  Las obligaciones de los gestores de redes de transporte y de las empresas integradas verticalmente, en particular para los acuerdos comerciales y financieros entre los gestores de redes de transporte y las empresas integradas verticalmente, deberán notificarse únicamente a la autoridad reguladora nacional y no requerirán la aprobación por parte de ésta. El nombramiento y las condiciones laborales de la dirección y del responsable del cumplimiento se notificarán a la autoridad reguladora nacional sin necesidad de aprobación.

Artículo 12 nonies

Desarrollo de redes y facultad para adoptar decisiones de inversión

1.  Cada año, los gestores de redes de transporte presentarán a la autoridad reguladora nacional un plan decenal de desarrollo de redes basado en la oferta y la demanda existente y prevista tras consultar a todas las partes interesadas pertinentes. El plan contendrá medidas eficientes para garantizar la adecuación de la red y la seguridad de suministro.

2.  En particular, el plan decenal de desarrollo de redes:

3.  Al elaborar el plan decenal de desarrollo de redes, el gestor de redes de transporte hará previsiones razonables sobre la evolución de su producción, suministro, consumo e intercambios con otros países, teniendo en cuenta los planes de inversión para las redes regionales y europeas, así como los planes de inversión para las instalaciones de almacenamiento y de regasificación de GNL.

4.  La autoridad reguladora consultará de forma abierta y transparente a todos los usuarios reales o potenciales de la red sobre el plan decenal de desarrollo de redes. Se podrá pedir a las personas o a las empresas que pretendan ser usuarios potenciales que justifiquen tales afirmaciones. La autoridad reguladora publicará los resultados del proceso de consulta, especialmente las posibles necesidades de inversión.

5.  La autoridad reguladora nacional examinará si el plan decenal de desarrollo de redes cubre todas las necesidades de inversión determinadas durante el proceso de consulta, y si es coherente con el plan decenal de desarrollo de redes a escala comunitaria mencionado en el apartado 1 del artículo 2 quáter del Reglamento (CE) n° 1775/2005. En caso de duda en cuanto a la coherencia con el plan decenal de desarrollo de redes a escala comunitaria, la autoridad reguladora nacional consultará a la Agencia. La autoridad reguladora nacional podrá exigir al gestor de redes de transporte que modifique su plan.

6.  La autoridad reguladora nacional supervisará y evaluará la ejecución del plan decenal de desarrollo de redes.

7.  En aquellos casos, excepto cuando lo justifiquen razones imperiosas que escapen a su control, en los que el gestor de redes de transporte no realice una inversión que, de conformidad con el plan decenal de desarrollo de redes, hubiera debido realizarse durante los tres años siguientes, los Estados miembros velarán por que la autoridad reguladora nacional tenga la obligación de adoptar al menos una de las siguientes medidas para garantizar que se realiza la inversión en cuestión:

El gestor de redes de transporte facilitará a los inversores toda la información necesaria para realizar la inversión, conectará nuevos activos a la red de transporte y, en general, hará cuanto obre en su poder para facilitar la ejecución del proyecto de inversión.

El sistema de financiación correspondiente deberá ser aprobado por la autoridad reguladora nacional.

8.  En el supuesto de que la autoridad reguladora nacional haya hecho uso de sus facultades en virtud del apartado 7, las disposiciones pertinentes relativas a las tarifas cubrirán los costes de las inversiones en cuestión.

Artículo 12 decies

Facultad de decisión en lo relativo a la conexión de instalaciones de almacenamiento, instalaciones de regasificación de GNL y consumidores industriales a la red de transporte

1.  Se exigirá a los gestores de redes de transporte que establezcan y publiquen procedimientos transparentes y eficaces y tarifas para la conexión no discriminatoria de las instalaciones de almacenamiento, las instalaciones de regasificación de GNL y los consumidores industriales a la red. Los procedimientos deberán ser aprobados por la autoridad reguladora.

2.  Los gestores de redes de transporte no tendrán derecho a denegar la conexión de instalaciones de almacenamiento, instalaciones de regasificación de GNL o consumidores industriales nuevos por motivos relacionados con posibles futuras limitaciones de la capacidad disponible o con costes adicionales vinculados al necesario aumento de capacidad. Se exigirá a los gestores de redes de transporte que garanticen una capacidad de entrada y salida suficiente para la nueva conexión.

3.  Los gestores de redes de transporte concederán y gestionarán el acceso de terceros a la red, especialmente el acceso para nuevos operadores del mercado y productores de biogás por lo que se refiere a las normas de seguridad de la red.

CAPÍTULO IV ter

Artículo 12 undecies

Cláusula de revisión

1.  A más tardar el ... *, la Agencia presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe detallado en el que se resuma en qué medida los requisitos de separación contemplados en la presente Directiva han logrado garantizar la independencia completa y efectiva de los gestores de redes de transporte.

2.  Para llevar a cabo la evaluación prevista en el apartado 1, la Agencia tendrá en cuenta, en particular, los siguientes criterios: el acceso justo y no discriminatorio a la red, la eficacia de la regulación, el desarrollo de la red, las inversiones y los incentivos no distorsionados para invertir, el desarrollo de la infraestructura de interconexión, y la situación de seguridad de suministro en la Comunidad.

3.  A más tardar el ... *, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe detallado en el que se exponga la viabilidad de la creación de un único gestor europeo de transporte y se analicen los costes y beneficios en particular respecto de los derechos de propiedad, la integración del mercado y el funcionamiento eficaz y seguro de la red de transporte. El informe se elaborará previa consulta a las partes interesadas, en particular los gestores de redes de transporte y la Agencia.

4.  En caso necesario, y especialmente cuando el informe detallado a que se refiere el apartado 1 establezca que las condiciones contempladas en el apartado 2 no se han garantizado en la práctica, la Comisión presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo para garantizar la independencia total y efectiva de los gestores de redes de transporte antes del ...** .

____________________

* Cinco años después de la entrada en vigor de la Directiva .../.../CE [que modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural ].

** Siete años después de la entrada en vigor de la Directiva .../.../CE [que modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural ].

(13)  El artículo 13 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 2, letra c), después de la primera frase se añade la frase siguiente:"

A fin de desempeñar estas tareas, el gestor de la red de distribución dispondrá de los recursos necesarios, incluidos los recursos humanos, técnicos, financieros y físicos.

b)  El apartado 2, letra d), queda modificado como sigue:

ii)  Se añade la frase siguiente: "

"El responsable del cumplimiento será totalmente independiente y tendrá acceso a toda la información del gestor de la red de distribución y de cualquiera de sus filiales que requiera para el desempeño de su tarea.

c)  Se añade el siguiente apartado:"

3.  Cuando el gestor de la red de distribución forme parte de una empresa integrada verticalmente, los Estados miembros garantizarán el control de sus actividades de manera que no pueda aprovecharse de su integración vertical para falsear la competencia. En particular, los gestores de redes de distribución integrados verticalmente no crearán confusión, en su información y en la presentación de la marca, respecto a la identidad separada de la rama suministradora de la empresa integrada verticalmente.

▌

(14)  El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:"

Artículo 15

Gestor combinado

La presente Directiva no impedirá la existencia de un gestor combinado de redes de transporte, GNL, almacenamiento y distribución, siempre y cuando, para cada una de sus actividades, cumpla las disposiciones aplicables de los artículos 7 ║ y 13, apartado 1.

(15)  Se inserta el siguiente artículo después del artículo 18::"

Artículo 18 bis

Acceso a las instalaciones de GNL

1.  Para la organización del acceso a las instalaciones de GNL, se aplicará bien el procedimiento de acceso regulado bien el procedimiento de acceso negociado contemplado en el apartado 2. Dichos procedimientos se regirán por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Las autoridades reguladoras nacionales cumplirán estos criterios.

Los Estados miembros decidirán el procedimiento de acceso aplicable sobre la base de criterios definidos y publicados. Estos criterios abordarán en especial la cuestión relativa a si la competencia entre instalaciones de GNL se desarrolla en el mercado pertinente y a si el acceso a GNL está previsto a través de un gestor independiente de infraestructuras que facilita un acceso abierto. Las autoridades reguladoras nacionales supervisarán el cumplimiento de estos criterios y harán público, u obligarán a los gestores de GNL a hacer público, qué instalaciones de GNL o qué partes de esas instalaciones se ofrecen en virtud del procedimiento a que se refiere el apartado 2.

2.  Cuando se trate de un acceso negociado, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las compañías de gas natural y los clientes cualificados, ya se encuentren dentro o fuera del territorio que abarque la red interconectada, puedan negociar el acceso a las instalaciones de GNL. Las partes estarán obligadas a negociar de buena fe el acceso a las instalaciones de GNL.

(16)  El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:"

Artículo 19

Acceso a las instalaciones de almacenamiento

1.  Para la organización del acceso a las instalaciones de almacenamiento cuando sea necesario desde un punto de vista técnico o económico a fin de proporcionar un acceso eficaz a la red para el suministro de los clientes, los Estados miembros decidirán si optan por el procedimiento de acceso regulado descrito en el apartado 4 o por el procedimiento de acceso negociado contemplado en el apartado 3. Dichos procedimientos se regirán por criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Las autoridades reguladoras nacionales cumplirán estos criterios.

Las autoridades reguladoras nacionales definirán y publicarán unos criterios con arreglo a los cuales se pueda determinar el régimen de acceso a las instalaciones de almacenamiento, en particular determinando si se produce la competencia entre las instalaciones de almacenamiento en el mercado pertinente, y si tal organización se concierta mediante un gestor independiente de infraestructura que ofrece acceso abierto. Las autoridades reguladoras nacionales supervisarán el cumplimiento con estos criterios y harán público, u obligarán a los gestores de redes de almacenamiento a hacer público, qué instalaciones de almacenamiento o qué partes de estas instalaciones se ofrecen en virtud de los diferentes procedimientos a los que se refieren los apartados 3 y 4.

2.  Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a los servicios auxiliares y de almacenamiento temporal relacionados con instalaciones de GNL que sean necesarios para el proceso de regasificación y el subsiguiente abastecimiento de la red de transporte.

3.  Cuando se trate de un acceso negociado, las autoridades reguladoras nacionales tomarán las medidas necesarias para que las compañías de gas natural y los clientes cualificados, ya se encuentren dentro o fuera del territorio que abarque la red interconectada, puedan negociar el acceso al almacenamiento, cuando sea necesario desde un punto de vista técnico y/o económico a fin de proporcionar un acceso eficaz a la red. Las partes estarán obligadas a negociar de buena fe el acceso al almacenamiento.

Los contratos de acceso al almacenamiento deberán negociarse con el gestor de red de almacenamiento correspondiente. Las autoridades reguladoras nacionales exigirán a los gestores de red de almacenamiento que publiquen las principales condiciones comerciales de uso del servicio de almacenamiento durante los primeros seis meses de aplicación de la presente Directiva y a partir de entonces con periodicidad anual. El desarrollo de estas condiciones tendrá en cuenta los puntos de vista de los usuarios de la red, que tendrán el derecho a presentar objeciones ante la autoridad reguladora nacional.

4.  En caso de acceso regulado, las autoridades reguladoras nacionales tomarán las medidas necesarias para dar a las compañías de gas natural y a los clientes cualificados dentro o fuera del territorio que abarque la red interconectada derecho de acceso al almacenamiento, con arreglo a tarifas publicadas u otras condiciones y obligaciones publicadas para la utilización de dicho almacenamiento, cuando sea necesario desde un punto de vista técnico o económico a fin de proporcionar un acceso eficaz a la red. El desarrollo de estas tarifas y otros términos y obligaciones tendrá en cuenta los puntos de vista de los usuarios de la red, que tendrán el derecho a presentar objeciones ante la autoridad reguladora nacional. El derecho de acceso para los clientes cualificados podrá otorgarse permitiéndoles suscribir contratos de suministro con empresas competidoras de gas natural que no sean propietarias ni gestoras de la red ni empresas vinculadas a éstas.

(17)  El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:"

Artículo 22

Infraestructuras nuevas

1.  Previa solicitud, las grandes infraestructuras de gas nuevas, es decir, los interconectores entre Estados miembros y las instalaciones de GNL y de almacenamiento, podrán quedar exentas, durante un determinado período de tiempo, de lo dispuesto en los artículos 7, 18, 19 y 20 y en el artículo 24 quáter, apartados 4, 5 y 7, en las siguientes condiciones:

2.  El apartado 1 se aplicará también a todos los aumentos significativos de capacidad en las infraestructuras ya existentes, así como a las modificaciones de dichas infraestructuras que permitan el desarrollo de cantidades mayores y adicionales.

3.  La autoridad reguladora nacional a que se refiere el capítulo VI bis podrá decidir, en función de cada caso particular, sobre las exenciones previstas en los apartados 1 y 2. Cuando la infraestructura de que se trate se encuentre ubicada en el territorio de más de un Estado miembro, la Agencia desempeñará las tareas que el presente artículo confiere a la autoridad reguladora. La decisión de la Agencia estará sujeta a la consulta previa de las autoridades reguladoras nacionales pertinentes y del solicitante.

La exención podrá referirse a la totalidad o solamente a determinadas partes específicas de la capacidad de la nueva infraestructura o de la infraestructura existente cuya capacidad se aumenta significativamente.

Al decidir conceder una exención, se estudiará caso por caso la necesidad de imponer condiciones en relación con la duración de la exención y el acceso no discriminatorio a la infraestructura. Al decidir sobre estas condiciones se tendrán en cuenta, en particular, la capacidad adicional que vaya a construirse o la modificación de la capacidad existente, el plazo previsto del proyecto y las circunstancias nacionales.

Antes de conceder una exención, la autoridad reguladora nacional establecerá las normas y mecanismos de gestión y asignación de la capacidad que podrán, en caso necesario, modificarse durante el período en que la infraestructura está exenta de las disposiciones anteriormente mencionadas para introducir ajustes con respecto a las necesidades económicas y de mercado. Estas normas establecerán que todos los posibles usuarios de la infraestructura han de ser invitados a manifestar su interés por contratar capacidad antes de que se efectúe la asignación de capacidad en la nueva infraestructura, incluida la capacidad para uso propio. La autoridad reguladora nacional exigirá que las normas de gestión de la congestión incluyan la obligación de ofrecer capacidad no utilizada en el mercado y, asimismo, que los usuarios de la instalación tengan derecho a vender su capacidad contratada en el mercado secundario. En su evaluación de los criterios mencionados en el apartado 1, letras a), b) y e), ║ la autoridad reguladora nacional tendrá en cuenta los resultados del procedimiento de asignación de capacidad, cuando terceros hayan indicado un interés firme.

La decisión de exención, acompañada de las posibles condiciones mencionadas en el párrafo segundo, se motivará debidamente y se publicará.

4.  La autoridad reguladora nacional remitirá a la Comisión sin demora una copia de cada solicitud de exención en cuanto la reciba. La autoridad competente notificará sin demora a la Comisión la decisión de exención, junto con toda la información pertinente relacionada con la misma. Esta información podrá remitirse a la Comisión de forma agregada, de manera que la Comisión pueda pronunciarse con conocimiento de causa. En particular, la información contendrá los siguientes elementos:

5.  En un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación, la Comisión podrá tomar una decisión en la que solicite a la autoridad reguladora nacional que modifique o anule la decisión de conceder una exención. Este plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a la recepción de la notificación. El plazo de dos meses podrá prorrogarse en otros dos meses si la Comisión solicita información adicional. Este plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a la recepción de la información adicional completa. El plazo podrá prorrogarse también con el consentimiento tanto de la Comisión como de la autoridad reguladora nacional. La notificación se considerará retirada cuando la información solicitada no se facilite en el plazo establecido en la solicitud, salvo que, antes de la expiración del plazo, éste se haya prorrogado con el consentimiento tanto de la Comisión como de la autoridad reguladora nacional, o bien la autoridad reguladora nacional comunique a la Comisión, mediante una declaración debidamente motivada, que considera que la notificación está completa.

La autoridad reguladora nacional dará cumplimiento a la decisión de la Comisión por la que deba modificarse o revocarse la decisión de exención en un plazo de cuatro semanas e informará a la Comisión al respecto.

La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información delicada a efectos comerciales.

La ▌ decisión de exención de la Comisión dejará de surtir efecto ▌ si ▌ la ▌infraestructura ▌ todavía no estuviera operativa cinco años después de que se hayan emitido todas las decisiones y autorizaciones nacionales y regionales, excepto cuando el retraso sea resultado de circunstancias que escapan al control de la persona a la que se ha concedido la exención.

6.  Las exenciones contempladas en el apartado 1 se aplicarán automáticamente a las exenciones concedidas de conformidad con el presente artículo en ...*. Las condiciones de aprobación de una excepción concedida en virtud del presente artículo no se cambiarán retroactivamente sin el acuerdo de todas las partes afectadas.

_______________________

* La fecha de entrada en vigor de la Directiva .../.../CE [por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural].

(18)  Se inserta el siguiente capítulo después del artículo 24:"

CAPÍTULO VI bis

AUTORIDADES REGULADORAS NACIONALES

Artículo 24 bis

Designación e independencia de las autoridades reguladoras

1.  Cada Estado miembro designará a una única autoridad reguladora nacional.

2.  Cada Estado miembro garantizará la independencia de las autoridades reguladoras nacionales y velarán por que éstas ejerzan sus competencias con imparcialidad y transparencia. Con este fin, se asegurarán de que, al desempeñar las tareas reguladoras que les encomienda la presente Directiva y otra legislación pertinente, la autoridad reguladora nacional sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada, y de que su personal y los responsables de su gestión actúen con independencia de cualquier interés comercial y no pidan ni acepten instrucciones directas de ningún gobierno ni ninguna otra entidad pública o privada cuando lleve a cabo su labor reguladora.

3.  A fin de proteger la independencia de la autoridad reguladora nacional, los Estados miembros se asegurarán especialmente de que:

Artículo 24 ter

Objetivos de la política que debe aplicar la autoridad reguladora nacional

Artículo 24 quater

Obligaciones y competencias de la autoridad reguladora nacional

1.  La autoridad reguladora nacional tendrá las siguientes obligaciones que llevará a cabo, cuando proceda, consultando debidamente a los demás organismos comunitarios nacionales competentes, a los gestores de las redes de transporte y a otras partes interesadas en el mercado, y sin perjuicio de sus propias competencias específicas:

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que se dote a las autoridades reguladoras nacionales de las competencias que les permitan cumplir las obligaciones impuestas por el apartado 1 ║ de manera eficiente y rápida. Con este fin, las autoridades reguladoras nacionales tendrán, como mínimo, las siguientes competencias:

3.  Además de las tareas y competencias que le encomiendan los apartados 1 y 2, cuando un gestor de redes independiente haya sido nombrado en virtud del capítulo IV bis, se le encomendarán a la autoridad reguladora nacional las tareas y competencias siguientes:

4.  Las autoridades reguladoras nacionales se encargarán de fijar o aprobar, antes de su entrada en vigor, las condiciones para:

5.  Al establecer o aprobar los términos y condiciones o metodologías de las tarifas y de los servicios de balance, las autoridades reguladoras nacionales se asegurarán de que se conceda a los gestores de redes un incentivo adecuado, tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia, fomentar la integración del mercado, garantizar la seguridad del suministro y sostener las actividades de investigación conexas.

6.  Las autoridades reguladoras nacionales supervisarán la gestión de la congestión en las redes nacionales de transporte de gas.

Los gestores de redes de transporte someterán sus procedimientos de gestión de la congestión, incluida la asignación de capacidades, a la aprobación de las autoridades reguladoras nacionales. Las autoridades reguladoras nacionales podrán solicitar que se modifiquen dichos procedimientos antes de aprobarlos.

7.  Las autoridades reguladoras nacionales estarán facultadas para exigir a los gestores de redes de transporte, ▌ GNL y distribución que modifiquen, en caso necesario, las condiciones, incluidas las tarifas mencionadas en el presente artículo, para garantizar que éstas sean proporcionadas y se apliquen de manera no discriminatoria.

8.  Toda parte que desee reclamar contra un gestor de red de transporte, GNL, de almacenamiento o distribución podrá presentar la reclamación ante la autoridad reguladora nacional que, en su calidad de autoridad responsable de la resolución de conflictos, emitirá una decisión dentro de los dos meses siguientes a la recepción de la reclamación. Dicho plazo podrá prorrogarse por dos meses si la autoridad reguladora nacional solicita información adicional. Dicho periodo podrá prorrogarse ║ con el consentimiento del reclamante. La decisión de las autoridades reguladoras nacionales tendrá efecto vinculante a menos sea revocada a raíz de un recurso y hasta el momento en que lo sea.

9.  Toda parte afectada que tenga derecho a reclamar sobre una decisión relativa a las metodologías adoptadas de conformidad con el presente artículo o, cuando la autoridad reguladora nacional tenga la obligación de consultar, sobre las tarifas y metodologías propuestas, podrá presentar una reclamación para que se proceda a una revisión de las mismas, en un plazo de dos meses como máximo, o en un plazo más breve según dispongan los Estados miembros, a partir de la publicación de la decisión o propuesta de decisión. Dicha reclamación no tendrá efecto suspensivo.

10.  Los Estados miembros crearán los mecanismos oportunos y eficaces ▌ de control y transparencia para evitar los abusos de posición dominante, especialmente en detrimento de los consumidores, así como toda práctica abusiva. Estos mecanismos tendrán en cuenta las disposiciones del Tratado, y en particular su artículo 82.

11.  Las autoridades reguladoras nacionales establecerán servicios de reclamaciones y mecanismos alternativos de reparación, como un defensor del pueblo independiente en el ámbito de la energía o un organismo de los consumidores. Esos servicios o mecanismos se encargarán de tramitar las reclamaciones de manera eficiente y respetarán los criterios relativos a las mejores prácticas. Las autoridades reguladoras nacionales establecerán normas y directrices sobre las modalidades de tramitación de las reclamaciones por parte de los productores y los gestores de redes.

12.  Los Estados miembros velarán por que se adopten las medidas oportunas, incluidas las medidas administrativas o los procedimientos penales previstos en su legislación nacional, contra las personas físicas o jurídicas responsables de que no se hayan respetado las normas de confidencialidad impuestas por la presente Directiva.

13.  Las reclamaciones a que se hace referencia en los apartados 8 y 9 se entenderán sin perjuicio del ejercicio del derecho a interponer recurso en virtud del Derecho comunitario y nacional.

14.  Las decisiones adoptadas por las autoridades reguladoras estarán plenamente motivadas y se pondrán a disposición del público para permitir su control jurídico.

15.  Los Estados miembros velarán por que existan mecanismos adecuados a nivel nacional que concedan a una parte afectada por una decisión de la autoridad reguladora nacional el derecho a recurrir ante un órgano judicial nacional u otra autoridad nacional independiente de las partes implicadas y de cualquier gobierno.

▌

Artículo 24 quinquies

Régimen regulador de las cuestiones transfronterizas

1.  Las autoridades reguladoras nacionales se consultarán y cooperarán estrechamente entre sí; asimismo, cada autoridad pondrá a disposición de las demás y de la Agencia cualquier información necesaria para el desempeño de las tareas que le asigna la presente Directiva. En lo que respecta a la información intercambiada, la autoridad receptora garantizará el mismo nivel de confidencialidad que el que se exige a la autoridad de origen.

2.  Con el fin de garantizar que, cuando existen mercados regionales del gas, la integración se refleja en estructuras reguladoras adecuadas, las autoridades reguladoras nacionales en cuestión, en estrecha colaboración con la Agencia y siguiendo las orientaciones de ésta, velarán por que al menos las siguientes tareas de regulación se efectúen con respecto a sus mercados regionales:

Las autoridades reguladoras nacionales tendrán el derecho de celebrar acuerdos entre sí para velar por la cooperación en materia de regulación y por que se apliquen las medidas contempladas en el párrafo primero del apartado 2, como proceda, en consulta con las demás autoridades nacionales competentes y sin perjuicio de sus competencias específicas.

3.  La Agencia decidirá el régimen regulador de toda infraestructura que enlace, al menos, dos Estados miembros:

Artículo 24 sexies

Cumplimiento de las directrices

1.  La Comisión o cualquier autoridad reguladora ║ podrán solicitar un dictamen de la Agencia sobre la compatibilidad de cualquier decisión adoptada por una autoridad reguladora nacional con las directrices mencionadas en la presente Directiva o en el Reglamento (CE) nº 1775/2005.

2.  La Agencia presentará su dictamen a la Comisión o a la autoridad reguladora que lo haya solicitado, ║ y también a la autoridad reguladora nacional que haya tomado la decisión en cuestión, en el plazo de dos meses.

3.  Cuando la autoridad reguladora nacional que haya tomado la decisión no dé cumplimiento al dictamen de la Agencia en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de recepción, la Agencia informará ║ a la Comisión en consecuencia.

4.  Cualquier autoridad reguladora nacional podrá informar a la Comisión cuando considere que una decisión tomada por una autoridad reguladora nacional no se ajusta a las directrices mencionadas en la presente Directiva o en el Reglamento (CE) nº 1775/2005, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la decisión.

5.  La Comisión podrá abrir un expediente cuando ║ estime que la decisión de la autoridad reguladora suscita graves dudas respecto a su compatibilidad con las directrices mencionadas en la presente Directiva o en el Reglamento (CE) nº 1775/2005, en un plazo de dos meses desde que fuera informada de la falta de cumplimiento del dictamen de la Agencia con arreglo al apartado 3 o de las diretrices con arreglo al apartado 4, o bien por iniciativa propia, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la decisión. En este caso, invitará a la autoridad reguladora nacional y a las partes que hayan recurrido a la autoridad reguladora nacional a presentar sus observaciones.

6.  Cuando haya decidido abrir el expediente mencionado, la Comisión, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la decisión, emitirá una decisión firme:

7.  Cuando la Comisión no haya adoptado una decisión de abrir expediente o una decisión firme dentro del plazo fijado en los apartados 5 y 6 respectivamente, se considerará que no presenta objeciones a la decisión de la autoridad reguladora nacional.

8.  La autoridad reguladora nacional dará cumplimiento a la decisión de la Comisión por la que deba modificarse o revocarse la decisión de la autoridad en un plazo de dos meses e informará a la Comisión al respecto.

9.  La Comisión adoptará unas directrices en las que se establezcan normas detalladas sobre el procedimiento que debe seguirse para la aplicación del presente artículo. Esta medida, encaminada a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva complementándola, se adoptará de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 30, apartado 3.

Artículo 24 septies

Registros

1.  Los Estados miembros obligarán a las empresas de suministro a tener a disposición de las autoridades competentes, para que puedan desempeñar sus cometidos, durante al menos cinco años, los datos pertinentes sobre todas las transacciones de los contratos de suministro de gas y los derivados relacionados con el gas suscritos con los clientes mayoristas y los gestores de redes de transporte, así como los gestores de almacenamiento y de GNL.

2.  Los datos podrán especificar características de las operaciones correspondientes tales como la duración, las normas de entrega y liquidación, la cantidad, las fechas y plazos de ejecución, los precios de la operación y los medios de identificación del cliente mayorista, junto con los datos especificados respecto a todos los contratos de suministro de gas o los derivados relacionados con el gas no liquidados.

3.  La autoridad reguladora nacional podrá poner a disposición de los participantes en el mercado aspectos de esta información, siempre y cuando no se divulgue información sensible a efectos comerciales sobre determinados operadores del mercado o determinadas operaciones. El presente apartado no se aplicará a la información sobre instrumentos financieros que entre en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/39/CE.

▌

4.  Lo dispuesto en el presente artículo no creará obligaciones adicionales con respecto a las autoridades mencionadas en el apartado 1 para las entidades que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/39/CE.

5.  En caso de que las autoridades mencionadas en el apartado 1 necesiten acceder a datos conservados por entidades que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/39/CE, las autoridades responsables con arreglo a esta Directiva facilitarán los datos necesarios a las autoridades mencionadas en el apartado 1.

___________________

* DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

(19)  Se suprime el artículo 25.

(20)  Se inserta el artículo siguiente después del artículo 26:"

Artículo 26 bis

Exclusión de las instalaciones industriales

1.  Los Estados miembros podrán excluir las instalaciones industriales de los artículos 4, 7, 8, apartados 1 y 2, 11, 12, apartado 5, 13, 17, 18, 23, apartado 1, y/o 24 de la presente Directiva.

2.  El acceso de terceros no se verá afectado por las excepciones contempladas en el apartado 1. Los clientes en las instalaciones industriales podrán elegir libremente a su suministrador de energía, pudiendo recurrir a las autoridades reguladoras nacionales en caso de desacuerdo con el gestor de la red.".

(21)  El artículo 30 se sustituye por el texto siguiente:"

"Artículo 30

Comité 

1.  La Comisión estará asistida por un Comité.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

(22)  ▌ El anexo A se sustituye por el texto siguiente:"

Artículo 2

Transposición

1.  Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar ...(12) ║. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

Las aplicarán a partir de ...*║.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

3.  Los Estados miembros derogarán todas aquellas leyes, reglamentos y normas administrativas que impidan a cualquier empresa de gas natural, autoridad reguladora o de otro tipo desempeñar sus funciones o cumplir sus responsabilidades u obligaciones con arreglo a la presente Directiva.

4.   La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo anualmente de la aplicación formal y práctica de la presente Directiva en cada uno de los Estados miembros.

5.  Cuando una entidad que esté bajo control público participe directa o indirectamente en la adquisición de partes de una empresa integrada verticalmente, se notificará a la Comisión el precio relativo a las modalidades de dicha transacción. En dicha notificación se incluirá un certificado del valor subyacente de los activos emitido por una empresa internacional de auditoría. La Comisión utilizará dicha información únicamente para ejercer un control sobre las ayudas estatales.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el […] día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en ║

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 211 de 19.8.2008, p. 23. (2) DO C 172 de 5.7.2008, p. 55. (3) Posición del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2008. (4) DO L 176 de 15.7.2003, p. 57. (5) DO C 175 E de 10.7.2008, p. 206. (6) DO L ... (7) DO L 114 de 27.4.2006, p. 64. (8) DO L 127 de 29.4.2004, p. 92. (9) DO L 289 de 3.11.2005, p. 1. (10) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. ║ (11) DO L 200 de 22.7.2006, p. 11. (12) * 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (COM(2006)0016 – C6-0037/2006 – 2006/0006(COD))

P6_TA(2008)0348 A6-0251/2008

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2006)0016),

–  Vistos el artículo 251, apartado 2, y los artículos 42 y 308 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0037/2006),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0251/2008),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 9 de julio de 2008 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) n°.../2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y se deroga el Reglamento (CEE) nº 574/72

(Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 42 y 308,

Visto el Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(1), y en particular su artículo 89,

Vista la propuesta de la Comisión║,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Reglamento (CE) nº 883/2004 moderniza las normas de coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social de los Estados miembros estableciendo las medidas y los procedimientos de actuación necesarios y velando por su simplificación en beneficio de todos los interesados. Procede adoptar sus normas de aplicación.

(2)  La organización de una cooperación más eficaz y estrecha entre las instituciones de seguridad social es un factor esencial para que las personas cubiertas por el Reglamento (CE) nº 883/2004 puedan hacer uso de sus derechos en los menores plazos y las mejores condiciones posibles.

(3)  La utilización de los medios electrónicos permite un intercambio rápido y fiable de datos entre las instituciones de los Estados miembros. El tratamiento electrónico de ║datos va a contribuir a acelerar los procedimientos para las personas interesadas. Por otra parte, estas pueden beneficiarse de todas las garantías ofrecidas por las disposiciones comunitarias de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos. Por tanto, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que los datos relacionados con la legislación nacional en materia de seguridad social contemplados en el Reglamento (CE) nº 883/2004 se traten adecuadamente, en consonancia con el principio de protección de las personas en relación con el tratamiento de datos personales y el intercambio de los mismos en el contexto del presente Reglamento.

(4)  La disponibilidad de los datos de contacto, incluidos los electrónicos, de las entidades de los Estados miembros que pueden intervenir en la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, en un formato que permita su actualización inmediata, va a facilitar los intercambios entre las instituciones de los Estados miembros. Esta opción de dar prioridad a la pertinencia de los datos puramente objetivos y a su disponibilidad inmediata para los ciudadanos es una importante simplificación que introduce el presente Reglamento.

(5)  Lograr que funcionen sin contratiempos los complejos procedimientos de aplicación de las normas sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y la gestión eficiente de dichos procedimientos requiere un sistema de actualización inmediata del anexo IV del presente Reglamento. La preparación y aplicación de las disposiciones pertinentes exige una cooperación estrecha entre los Estados miembros y la Comisión, y su puesta en práctica debe realizarse con rapidez, dadas las consecuencias que tendría cualquier retraso, tanto para los ciudadanos como para las autoridades administrativas. Es necesario, por tanto, que se faculte a la Comisión para establecer y gestionar la base de datos, de modo que esté en funcionamiento al menos desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. En particular, la Comisión debe tomar las medidas necesarias para integrar en la base de datos la información que se detalla en el anexo IV.

(6)  El refuerzo de determinados procedimientos va a suponer más seguridad jurídica y más transparencia para los usuarios del Reglamento (CE) nº 883/2004. En particular, es de esperar que la fijación de plazos comunes para cumplir determinadas obligaciones o la definición de fases administrativas contribuya a aclarar y estructurar las relaciones entre las personas aseguradas y las instituciones.

(7)  Los Estados miembros, sus autoridades competentes o las instituciones de seguridad social tienen la posibilidad de acordar procedimientos más ágiles y arreglos administrativos que les resulten más eficaces y adecuados para las especificidades de sus respectivos sistemas de seguridad social. Sin embargo, estos arreglos no deben afectar a los derechos de las personas cubiertas por el Reglamento (CE) nº 883/2004.

(8)  La complejidad inherente del sector de la seguridad social impone que se exija a todas las instituciones de los Estados miembros un esfuerzo especial a favor de las personas aseguradas para no penalizar a las que no hayan transmitido sus solicitudes o determinados datos a la institución habilitada para tramitar la solicitud con arreglo a las normas y los procedimientos del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del presente Reglamento.

(9)  A la hora de determinar la institución competente, es decir, aquella cuya legislación es aplicable o a la que le corresponde abonar determinadas prestaciones, las instituciones de uno o más Estados miembros deben examinar la situación objetiva de la persona asegurada y de los miembros de su familia. Para que durante los indispensables intercambios entre instituciones la persona interesada quede protegida, conviene disponer su afiliación provisional a un régimen de seguridad social.

(10)  Los Estados miembros deben cooperar para determinar el lugar de residencia de las personas a las que es aplicable el presente Reglamento y el Reglamento (CE) nº 883/2004 y, en caso de litigio, cada Estado miembro debe tomar en consideración todos los criterios pertinentes para resolver el asunto. Con este fin, los Estados miembros pueden tener en cuenta las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

(11)  Muchos de los procedimientos y medidas que contempla el presente Reglamento tienen el propósito de dar más transparencia a los criterios que deben aplicar las instituciones de los Estados miembros con arreglo al Reglamento (CE) nº 883/2004. Estas precisiones son el resultado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de las decisiones de la Comisión administrativa y de más de treinta años de experiencia en la aplicación de la coordinación de los regímenes de seguridad social en el marco de las libertades fundamentales consagradas en el Tratado.

(12)  El presente Reglamento incluye medidas y procedimientos destinados a promover la movilidad de los trabajadores y los desempleados. Los trabajadores fronterizos en situación de desempleo total pueden ponerse a disposición de los servicios de empleo tanto de su país de residencia como del último Estado miembro en el que hayan trabajado. No obstante, solo deben tener derecho a recibir prestaciones del Estado miembro en el que residen.

(13)  La ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 a todas las personas aseguradas, incluidas las no activas, requiere ciertas normas y procedimientos específicos para estas personas, sobre todo para definir la legislación aplicable para el cómputo de los períodos ocupados en la educación de los hijos por parte de personas que nunca han ejercido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en los distintos Estados miembros en los que han residido.

(14)  Otros procedimientos deben reflejar la necesidad de un reparto equilibrado de las cargas entre los Estados miembros. En particular, en el seguro de enfermedad, estos procedimientos deben tener en cuenta la situación, por una parte, de los Estados miembros que sufragan los costes de acogida de las personas aseguradas poniendo a su disposición su sistema sanitario y, por otra, de los Estados miembros cuyas instituciones sufren la carga financiera de las prestaciones en especie percibidas por sus asegurados en un Estado miembro distinto de aquel en el que residen.

(15)  Dentro del marco específico del Reglamento (CE) nº 883/2004, es preciso aclarar las condiciones de cobertura de los gastos derivados de las prestaciones de enfermedad en especie que constituyan "cuidados programados", es decir, la asistencia que una persona va a buscar a otro Estado miembro distinto de aquel en el que está asegurada o tiene su residencia. Deben establecerse las obligaciones de la persona asegurada en lo tocante a la solicitud de autorización previa, así como las obligaciones de la institución con respecto al paciente en cuanto a las condiciones de autorización. También conviene determinar las consecuencias para la cobertura financiera de la asistencia recibida en otro Estado miembro al amparo de una autorización.

(16)  Para preservar la confianza en los intercambios y para que los regímenes de seguridad social de los Estados miembros cumplan su obligación de realizar una gestión correcta, es esencial adoptar procedimientos más radicales para reducir los plazos de pago de los créditos entre las instituciones de los Estados miembros. Por ello, es indicado reforzar los procedimientos de pago de los créditos en los ámbitos de las prestaciones de enfermedad y desempleo.

(17)  Dado que los regímenes de seguridad social cubiertos por el Reglamento (CE) nº 883/2004 se basan en la solidaridad de todos los asegurados, deben establecerse mecanismos para hacer más eficaz el cobro de créditos derivados de prestaciones indebidas o de cotizaciones no abonadas. Los procedimientos de asistencia mutua entre las instituciones deben definirse siguiendo la línea de lo dispuesto en la Directiva 2008/55/CE del Consejo, de 26 de mayo de 2008, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas(4), a fin de proteger mejor los intereses financieros de los Estados miembros organizando la cooperación, particularmente entre las administraciones fiscales.

(18)  La información de las personas aseguradas sobre sus derechos y obligaciones es un elemento esencial de una relación de confianza con las autoridades competentes y las instituciones de los Estados miembros.

(19)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la adopción de medidas de coordinación que garanticen el ejercicio efectivo de la libre circulación de las personas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor ║ a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(20)  El presente Reglamento debe sustituir al Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad(5).

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Título I

Disposiciones generales

Capítulo I

Definiciones

Artículo 1

Definiciones

1.  Para los fines del presente Reglamento:

2.  Además de las definiciones mencionadas en el apartado 1, a los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

Capítulo II

Disposiciones relativas a la cooperación y a los intercambios de datos

Artículo 2

Alcance y modalidades de los intercambios entre instituciones

1.  A efectos del Reglamento de aplicación, los intercambios entre las autoridades e instituciones de los Estados miembros y las personas a las que se aplique el Reglamento de base se regirán por los principios de servicio público, objetividad, cooperación, asistencia activa, eficiencia, accesibilidad para las personas con discapacidad y rapidez.

2.  Las instituciones proporcionarán o intercambiarán, en los plazos establecidos por la legislación en materia de seguridad social del Estado miembro en cuestión, todos los datos necesarios para establecer y determinar los derechos y las obligaciones de las personas a las que se aplica el Reglamento de base. La comunicación de datos entre los Estados miembros se efectuará directamente por medio de las propias instituciones o indirectamente a través de los organismos de enlace.

3.  Cuando una persona haya transmitido por error datos, documentos o solicitudes a una institución del territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentra la institución designada con arreglo al Reglamento de aplicación, la primera institución deberá retransmitirlos de inmediato a la institución designada con arreglo al Reglamento de aplicación, indicando la fecha en la que fueron presentados inicialmente. Esta fecha será válida ante la última institución. No obstante, las instituciones de un Estado miembro no incurrirán en responsabilidad ni se considerará adoptada una decisión por omisión por el hecho de que la transmisión de los datos, los documentos o las solicitudes por las instituciones de otros Estados miembros se haya retrasado.

▌

4.  Cuando la comunicación de datos se realice a través del punto de acceso o del organismo de enlace, se considerará que este o aquel cumplen el cometido y la función de la institución requerida en ese Estado miembro en lo que respecta a los plazos de respuesta a las solicitudes que se le dirigen.

Artículo 3

Alcance y modalidades de los intercambios entre beneficiarios e instituciones

1.  Las personas a las que es aplicable el Reglamento de base deberán comunicar a la institución pertinente los datos, documentos o justificantes necesarios para determinar su situación o la de sus familias, para determinar o conservar sus derechos y obligaciones, y para determinar la legislación aplicable y las obligaciones que les incumben en virtud de ésta.

▌

2.  Cuando recopilen, transmitan o traten datos personales con arreglo a su legislación a efectos de la aplicación del Reglamento de base, cada Estado miembro garantizará a las personas interesadas el pleno ejercicio de sus derechos referentes a la protección de datos personales, respetando las disposiciones comunitarias de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales y con la libre circulación de esos datos.

En particular, los Estados miembros garantizarán que los datos personales no se utilizan con fines distintos a los de la seguridad social, excepto cuando exista autorización expresa de la persona afectada. Los Estados miembros proporcionarán asimismo, previa solicitud, a las personas afectadas una información específica y adecuada sobre el tratamiento de sus datos personales solicitados a los efectos del presente Reglamento.

Las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos respecto a los datos en ámbitos contemplados en el presente Reglamento por medio de la institución competente, independientemente del origen de los datos.

La lista y los datos de los funcionarios responsables de la protección de los datos personales designados en cada Estado miembro con arreglo al artículo 18 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(6), y que se ocupan de los datos relativos a la legislación en materia de seguridad social contemplados en el Reglamento de base, formarán parte del anexo IV del Reglamento de aplicación.

3.  En la medida necesaria para la aplicación del Reglamento de base y del Reglamento de aplicación, las instituciones pertinentes comunicarán la información y expedirán los documentos ▌a las personas interesadas en los plazos establecidos por la legislación en materia de seguridad social del Estado miembro en cuestión.

4.  La institución competente de un Estado miembro que envíe directamente cualquier documento que implique una decisión sobre los derechos de una persona se reside o se encuentra en el territorio de otro Estado miembro pedirá acuse de recibo, cualquier que sea el soporte o el modo de envío. El acuse de recibo podrá hacerse en cualquier soporte o medio.

5.  A falta de prueba de envío de una decisión contemplada en el apartado 4, no podrán invocarse contra los beneficiarios los plazos de caducidad o prescripción de los derechos adquiridos en virtud del Reglamento de base.

6.  Cuando esté debidamente establecida la fecha de envío de una decisión prevista en el apartado 4, tal decisión de la autoridad competente podrá hacerse valer ante el interesado en el plazo de un mes a partir de esa fecha. No obstante, si la legislación del Estado miembro que haya adoptado la decisión establece un plazo más largo, se aplicará dicho plazo.

7.  En cualquier caso, la persona interesada dispondrá de las vías de recurso y de los procedimientos que disponga la legislación aplicable por la institución que haya tomado la decisión.

▌

Artículo 4

Formato y modo de los intercambios de datos

1.  La Comisión administrativa determinará la estructura, el contenido, el formato y los métodos de intercambio de los documentos y ║ mensajes electrónicos estandarizados.

2.  La transmisión de los datos entre instituciones, puntos de acceso u organismos de enlace se efectuará por vía electrónica en un entorno seguro común que garantice la confidencialidad y la protección de los intercambios de datos.

3.  En sus comunicaciones con las personas interesadas, las instituciones pertinentes utilizarán las modalidades adecuadas para cada caso favoreciendo en la medida de lo posible la utilización de medios electrónicos. La Comisión administrativa elaborará las disposiciones prácticas aplicables al envío electrónico de datos, documentos o decisiones a las personas interesadas.

Artículo 5

Valor jurídico de los documentos y justificantes emitidos en otro Estado miembro

1.  Los documentos emitidos por la institución de un Estado miembro que acrediten la situación de una persona a los efectos de la aplicación del Reglamento de base y del ║ Reglamento de aplicación, y los justificantes emitidos por las autoridades, incluidas las fiscales, de otro Estado miembro, podrán hacerse valer ante las instituciones de los demás Estados miembros mientras no sean retirados o invalidados por la autoridad o la institución competente del Estado miembro en el que hayan sido emitidos.

2.  En caso de duda sobre el fundamento del documento o la exactitud de los hechos en que se basa su contenido, la institución receptora se dirigirá a la institución emisora para pedirle las aclaraciones necesarias y, si procede, la retirada del documento. La institución emisora reconsiderará la validez de los motivos por los que se expidió el documento y, en caso necesario, lo retirará.

3.  A falta de acuerdo entre las instituciones afectadas en el mes siguiente a la petición de la institución receptora, se podrá acudir a la Comisión administrativa de conformidad con el artículo 76, apartado 6, del Reglamento de base, para que esta concilie las posturas en los seis meses siguientes a su consulta.

Artículo 6

Aplicación provisional de una legislación y pago provisional de prestaciones

1.  Salvo disposición en contrario del Reglamento de aplicación, en caso de discrepancia entre las instituciones o autoridades de dos o más Estados miembros en cuanto a la determinación de la legislación aplicable, la persona interesada quedará provisionalmente sujeta a la legislación de uno de esos Estados miembros, en el orden de prioridad determinado como sigue:

2.  Cuando haya divergencia de pareceres entre las instituciones o las autoridades competentes de dos o más Estados miembros sobre la determinación de la institución que ha de servir las prestaciones, el interesado que podría optar a prestaciones si no hubiese discrepancia disfrutará provisionalmente de las prestaciones previstas por la legislación que aplique la institución del lugar de residencia o, si no reside en el territorio de uno de los Estados miembros afectados, de las prestaciones previstas por la legislación que aplique la institución ante la que se haya presentado la solicitud en primer lugar.

3.  A falta de acuerdo entre las instituciones o autoridades afectadas, las autoridades competentes podrán someter el asunto a la Comisión administrativa, como muy pronto transcurrido un mes desde la fecha en que haya surgido la discrepancia a que se refieren los apartados 1 o 2. La Comisión administrativa tratará de conciliar las posturas de las instituciones o autoridades en los seis meses siguientes a la fecha en que haya sido consultada.

4.  Cuando se determine que la legislación aplicable no es la del Estado miembro en el que se produjo la afiliación provisional o que la institución que concedió las prestaciones provisionalmente no era la institución competente, se considerará que la institución que sea identificada como competente lo es con carácter retroactivo, como si la divergencia no hubiera existido, como muy tarde desde la fecha de la afiliación provisional o de la primera concesión provisional de las prestaciones en cuestión.

5.  En caso necesario, la institución competente regularizará la situación financiera de la persona interesada en lo que respecta a las cotizaciones y prestaciones en efectivo abonadas con carácter provisional, cuando proceda, en virtud de lo previsto en los artículos 71 a 81 del Reglamento de aplicación.

La institución competente reembolsará, de conformidad con lo dispuesto en el título IV del Reglamento de aplicación, las prestaciones en especie concedidas con carácter provisional con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 7

Obligación de liquidación provisional

1.  Salvo disposición contraria del Reglamento de aplicación, si una persona reúne los requisitos para optar a una prestación o para cotizar de conformidad con las disposiciones del Reglamento de base y la institución competente no dispone de toda la información sobre la situación en otro Estado miembro necesaria para poder calcular definitivamente el importe de la prestación o cotización, dicha institución liquidará la prestación a petición del interesado o calculará su cotización con carácter provisional siempre y cuando este cálculo sea posible sobre la base de la información de que dispone la institución.

2.  Deberá realizarse un nuevo cálculo de la prestación o de la cotización en el momento en que se faciliten los justificantes a la institución afectada.

Capítulo III

Otras disposiciones generales de aplicación del Reglamento de base

Artículo 8

Acuerdos administrativos entre dos o más Estados miembros

1.  Las disposiciones del presente Reglamento sustituirán ║ los acuerdos relativos a la aplicación de los convenios contemplados en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base, con excepción de las disposiciones sobre los acuerdos relativos a convenios previstos en el anexo II del Reglamento de base, siempre que las disposiciones de dichos acuerdos figuren en el anexo I del ║ Reglamento de aplicación.

2.  Los Estados miembros podrán celebrar entre ellos, en caso necesario, acuerdos relativos a la aplicación de los convenios previstos en el artículo 8, apartado 2 del Reglamento de base, siempre que tales acuerdos no afecten negativamente a los derechos u obligaciones de los interesados y estén incluidos en el anexo I del Reglamento de aplicación.

Artículo 9

Otros procedimientos entre instituciones

1.  Dos o más Estados miembros, o sus autoridades ▌competentes, podrán acordar procedimientos distintos de los que se establecen en el Reglamento de aplicación, siempre que tales procedimientos no afecten negativamente a los derechos u obligaciones de los interesados.

2.  Los acuerdos celebrados a tal fin se pondrán en conocimiento de la Comisión administrativa y se enumerarán en el anexo I del presente Reglamento.

Artículo 10

No acumulación de prestaciones

Cuando determinadas prestaciones debidas en virtud de la legislación de dos o más Estados miembros sean reducidas, suspendidas o suprimidas mutuamente, las cuantías que no se abonarían en caso de aplicarse estrictamente las cláusulas de reducción, suspensión o supresión contenidas en la legislación de los Estados miembros afectados se dividirán por el número de prestaciones sujetas a reducción, suspensión o supresión.

Artículo 11

Elementos necesarios para la determinación de la residencia

1.  En caso de divergencia entre las instituciones de dos o más Estados miembros en cuanto a la determinación de la residencia de una persona a la que se aplique el Reglamento de base, las instituciones deberán establecer de común acuerdo el centro de interés del interesado a partir de una evaluación global de toda la información disponible y pertinente, que podrá incluir, según el caso:

2.  Cuando la aplicación de los criterios basados en hechos pertinentes enunciados en el apartado 1 no permita a las instituciones afectadas llegar a un acuerdo, se considerará decisiva para determinar su lugar efectivo de residencia la voluntad de la persona, según se desprenda de tales hechos y circunstancias, y en especial las razones que la llevaron a trasladarse.

Artículo 12

Totalización de los períodos

1.  A los efectos de la aplicación del artículo 6 del Reglamento de base, la institución competente se dirigirá a las instituciones de los Estados miembros a cuya legislación también haya estado sujeto el interesado para determinar todos los períodos cubiertos bajo esa legislación.

2.  Los períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos bajo la legislación de un Estado miembro se añadirán a los períodos cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro cuando ello sea necesario a efectos de la aplicación del artículo 6 del Reglamento de base, a condición de que dichos períodos no se superpongan.

3.  Cuando algún período de seguro o de residencia obligatorio cubierto ║ bajo la legislación de un Estado miembro coincida con un período de seguro ║ voluntario o facultativo continuado bajo la legislación de otro Estado miembro, sólo se computará el período ║ de seguro obligatorio.

4.  Cuando un período de seguro o de residencia distinto de un período asimilado cubierto bajo la legislación de un Estado miembro coincida con un período asimilado en virtud de la legislación de otro Estado miembro, sólo se computará el período distinto de un período asimilado.

5.  Los períodos asimilados en virtud de las legislaciones de dos o más Estados miembros sólo serán computados por la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido el asegurado con carácter obligatorio en último lugar antes del período de que se trate. En el caso de que el asegurado no haya estado sometido con carácter obligatorio a la legislación de ningún Estado miembro con anterioridad al período de que se trate, este será computado por la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido el asegurado con carácter obligatorio por primera vez después de dicho período.

6.  Cuando no se pueda determinar de modo preciso si se han cubierto ciertos períodos de seguro o de residencia bajo la legislación de un Estado miembro, se dará por supuesto que esos períodos no se superponen a períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro, y, cuando ello sea ventajoso para el interesado, se tendrán en cuenta en la medida en que sea útil computarlos.

7.  Cuando, con arreglo al presente artículo, no se computen períodos de seguro o de residencia por tener precedencia sobre ellos otros períodos que no den derecho a acogerse a la prestación de que se trate, los períodos no computados no perderán el efecto previsto en la legislación nacional en lo que respecta a la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones.

Artículo 13

Normas de conversión de los períodos de seguro

Cuando los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de un Estado miembro se expresen en meses, los días que correspondan a una fracción de mes, conforme a las normas de conversión enunciadas en el párrafo primero, se considerarán un mes entero.

Título II

Determinación de la legislación aplicable

Artículo 14

Precisiones relativas a los artículos 12 y 13 del Reglamento de base

1.  A los efectos de la aplicación del artículo 12, apartado 1 del Reglamento de base, una "persona que ejerza una actividad asalariada en un Estado miembro por cuenta de un empleador ... y a la que este empleador envíe ... [a] otro Estado miembro" podrá ser una persona contratada con miras a ser enviada a otro Estado miembro, siempre y cuando, inmediatamente antes de ocupar su puesto de trabajo, esté ya sujeta a la legislación del Estado miembro en el que su empleador esté establecido.

2.  A los efectos de la aplicación del artículo 12, apartado 1 del Reglamento de base, la expresión "que ejerce normalmente en él sus actividades" se refiere a un empleador que realiza normalmente actividades sustanciales, distintas de la mera gestión interna, en el territorio del Estado miembro en el que está establecido, teniendo en cuenta todos los criterios que caracterizan las actividades desarrolladas por la empresa en cuestión. Los criterios pertinentes deberán adecuarse a las características específicas de cada empleador y a la naturaleza real de las actividades que realice.

3.  A los efectos de la aplicación del artículo 12, apartado 2 del Reglamento de base, la expresión "que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia" se refiere a una persona que realiza habitualmente actividades sustanciales en el territorio del Estado miembro en el que está establecida. En particular, la persona debe haber ejercido su actividad durante algún tiempo antes de la fecha en que desee acogerse a las disposiciones de dicho artículo y, durante cualquier periodo de actividad temporal en otro Estado miembro, debe seguir manteniendo en el Estado en el que esté establecida los medios necesarios para el ejercicio de su actividad de modo que pueda continuarla a su vuelta.

4.  A los efectos de la aplicación del artículo 12, apartado 2, del Reglamento de base, el criterio para determinar si la actividad que va a realizar un trabajador por cuenta propia en otro Estado miembro es "similar" a la actividad por cuenta propia ejercida normalmente será la naturaleza real de la actividad, y no la calificación de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia que le dé el otro Estado miembro.

5.  A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 1 del Reglamento de base, la expresión "persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros" se refiere, en particular, a una persona que:

6.  A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 2 del Reglamento de base, la expresión "persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta propia en dos o más Estados miembros" se refiere, en particular, a una persona que ejerce de manera simultánea o alterna una o varias actividades diferentes por cuenta propia, con independencia de la naturaleza de éstas, en dos o más Estados miembros.

7.  Para distinguir las actividades a que se refieren los apartados 5 y 6 de las situaciones contempladas en el artículo 12, apartados 1 y 2 del Reglamento de base será determinante la duración de la actividad en uno o más Estados miembros (si tiene carácter permanente o si es de naturaleza ad hoc o temporal). Con este fin se efectuará una evaluación general de todos los datos relevantes, incluyendo en particular, en el caso de una persona que ejerza una actividad por cuenta ajena, el lugar de trabajo establecido en el contrato de trabajo.

8.  A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento de base, se entenderá que el trabajador ejerce "una parte sustancial de su actividad" por cuenta ajena o por cuenta propia" en un Estado miembro si ejerce en él una parte cuantitativamente importante del conjunto de sus actividades por cuenta ajena o por cuenta propia, sin que se trate necesariamente de la mayor parte de esas actividades.

En el contexto de una evaluación global, el hecho de alcanzar un total inferior al 25% en relación a los criterios antes mencionados será un indicador de que una parte sustancial de las actividades no se ejerce en el Estado miembro de que se trate.

9.  A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento de base, el "centro de interés" de las actividades de un trabajador por cuenta propia se determinará teniendo en cuenta todos los elementos que componen sus actividades profesionales y, en particular, el lugar donde se encuentre la sede fija y permanente de las actividades del interesado, el carácter habitual o la duración de las actividades que ejerza, el Estado miembro en el que el interesado esté sujeto al impuesto por el conjunto de sus ingresos, cualquiera que sea la fuente de estos, y la voluntad del interesado, según se desprenda de todas las circunstancias.

10.  Para determinar la legislación aplicable a efectos de los apartados 8 y 9, las instituciones interesadas tendrán en cuenta la situación futura prevista para los doce meses civiles siguientes.

11.  Cuando una persona ejerza su actividad asalariada en dos o más Estados miembros por cuenta de un empleador establecido fuera del territorio de la Unión y resida en un Estado miembro sin ejercer en él una actividad sustancial, quedará sujeta a la legislación del Estado miembro de residencia.

▌

Artículo 15

Procedimientos para la aplicación del artículo 11, apartado 3, letras b) y d), el artículo 11, apartado 4 y el artículo 12 del Reglamento de base (intercambio de información entre las instituciones interesadas)

1.  Salvo disposición contraria del artículo 16 del Reglamento de aplicación, si una persona ejerce su actividad en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente a tenor del título II del Reglamento de base, el empleador o, si la persona no ejerce una actividad por cuenta ajena, el propio interesado informará de ello a la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable, siempre que sea posible con antelación. Dicha institución pondrá sin demora a disposición de la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro en el que se ejerza la actividad la información relativa a la legislación aplicable al interesado con arreglo al artículo 11, apartado 3, letra b) o al artículo 12 del Reglamento de base.

2.  Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán mutatis mutandis a las personas a que se refiere el artículo 11, apartado 3, letra d) del Reglamento de base.

3.  El empleador al que se hace referencia en el artículo 11, apartado 4 del Reglamento de base que tiene un trabajador por cuenta ajena a bordo de un buque que enarbole pabellón de otro Estado miembro informará de ello, si es posible con antelación, a la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable. Dicha institución pondrá sin demora a disposición de la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro cuyo pabellón enarbole el buque en el que el trabajador deba ejercer su actividad la información relativa a la legislación aplicable a éste, a tenor del artículo 11, apartado 4 del Reglamento de base.

▌

Artículo 16

Procedimiento para la aplicación del artículo 13 del Reglamento de base

1.  La persona que ejerza actividades en dos o más Estados miembros informará de ello a la institución designada del Estado miembro en el que resida. Esta institución transmitirá esta información a la institución designada de cada uno de los Estados miembros en los que se ejerza una actividad.

2.  Las instituciones designadas por la autoridad competente del Estado miembro de residencia de la persona que ejerce actividades determinarán sin demora la legislación aplicable al interesado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de base y en el artículo 14 del Reglamento de aplicación. Esta decisión tendrá en un principio carácter provisional. La institución informará de su decisión provisional a las instituciones designadas por las autoridades competentes de cada Estado miembro en que se ejerza una actividad.

3.  La decisión provisional sobre la legislación aplicable a que se refiere el apartado 2 pasará a tener carácter definitivo a los dos meses de la fecha en que las instituciones designadas en los Estados miembros en los que se ejerza la actividad hayan sido informadas de la decisión provisional, salvo que se haya tomado ya una decisión definitiva sobre la legislación aplicable con arreglo al apartado 3 bis, o que al menos una de las instituciones afectadas informe a la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro de residencia, a más tardar al final del plazo de dos meses, de que no puede aceptar aún la decisión o de que tiene otra opinión al respecto.

4.  En caso de que una o varias de las instituciones designadas por las autoridades competentes de los Estados miembros afectados o una o varias de las propias autoridades competentes solicite que se establezcan contactos para disipar la incertidumbre acerca de cuál es la legislación aplicable al interesado, ésta se determinará de común acuerdo, teniendo presentes las disposiciones del artículo 13 del Reglamento de base y las disposiciones pertinentes del artículo 14 del Reglamento de aplicación.

En caso de que haya divergencias entre las instituciones o autoridades competentes afectadas, éstas intentarán alcanzar un acuerdo atendiendo a las condiciones antes enunciadas, y se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de aplicación.

5.  La institución competente del Estado miembro cuya legislación sea declarada aplicable, con carácter provisional o definitivo, informará sin demora al interesado.

6.  Si el interesado incumpliera su obligación de proporcionar la información mencionada en el apartado 1, las disposiciones del presente artículo se aplicarán por iniciativa de la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro de residencia tan pronto como ésta sea informada, quizá por otra de las instituciones afectadas, de la situación del interesado.

Artículo 17

Procedimiento para la aplicación del artículo 15 del Reglamento de base

Los agentes auxiliares ejercerán el derecho de opción previsto en el artículo 15 del Reglamento de base en el momento de celebrar el contrato de servicios. La autoridad facultada para celebrar ese contrato informará a la institución designada del Estado miembro por cuya legislación haya optado el agente auxiliar.

Artículo 18

Procedimiento para la aplicación del artículo 16, apartado 1, del Reglamento de base

El empleador o el interesado presentarán las solicitudes de excepciones a los artículos 11 a 15 del Reglamento de base, siempre que sea posible con antelación, a la autoridad competente del Estado miembro a cuya legislación solicite acogerse el empleador o el interesado o al organismo designado por dicha autoridad.

Artículo 19

Información del interesado y del empleador

1.  La institución competente del Estado miembro cuya legislación pase a ser aplicable en virtud del título II del Reglamento de base informará al interesado y, en su caso, a su empleador o empleadores, de las obligaciones que se deriven de esa legislación. Asimismo, les prestará la ayuda necesaria para efectuar los trámites, requeridos por dicha legislación ║.

2.  La institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable en virtud de una disposición del título II del Reglamento de base expedirá un certificado de la legislación aplicable a la persona interesada e indicará, si procede, hasta qué fecha y en qué condiciones. En dicho certificado constará la remuneración declarada por el empleador.

Artículo 20

Cooperación entre instituciones

1.  Las instituciones pertinentes comunicarán a la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable a una persona en virtud del título II del Reglamento de base la información necesaria para determinar la fecha a partir de la cual esa legislación pasa a ser aplicable y las cotizaciones a cuyo pago estén obligados esa persona o su empleador o empleadores con arreglo a dicha legislación.

2.  La institución competente del Estado miembro cuya legislación pase a ser aplicable a una persona informará a la institución del Estado miembro a cuya legislación estuvo sujeta la persona en último lugar, indicando la fecha en la que comience a aplicarse esa legislación.

Artículo 21

Obligaciones del empleador

1.  Un empleador cuyo domicilio social o sede de explotación se encuentre fuera del Estado miembro competente estará obligado a cumplir todas las obligaciones estipuladas en la legislación aplicable con respecto a sus trabajadores, en particular la obligación de pagar las cotizaciones previstas por dicha legislación, como si su domicilio social o sede de explotación se encontraran en el Estado miembro competente.

2.  El empleador que no tenga una sede de explotación en el Estado miembro cuya legislación sea aplicable, por una parte, y el trabajador por cuenta ajena, por otra, podrán llegar a un acuerdo para que el trabajador cumpla, por cuenta del empleador, las obligaciones de éste referentes al pago de cotizaciones, sin perjuicio de las obligaciones básicas del empleador. El empleador enviará este acuerdo a la institución competente de ese Estado miembro.

Título III

Disposiciones particulares aplicables a las distintas categorías de prestaciones

Capítulo I

Prestaciones de enfermedad, de maternidad y de paternidad asimiladas

Artículo 22

Disposiciones generales de aplicación

1.  Las autoridades o instituciones competentes velarán por que se facilite toda la información necesaria a las personas aseguradas en relación con los procedimientos y las condiciones para la concesión de las prestaciones en especie cuando estas se perciban en el territorio de un Estado miembro distinto del de la institución competente ▌.

2.  Los artículos 25 y 26 del Reglamento de aplicación no afectarán a la aplicación de las disposiciones nacionales de un Estado miembro que permitan una cobertura financiera de los gastos de las prestaciones en especie más favorable que la derivada del Reglamento de base en las situaciones contempladas en el apartado 1.

3.  Dos o más Estados miembros, o sus autoridades competentes, podrán convenir otros procedimientos y normas para la aplicación de los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento de aplicación. Sin embargo, los acuerdos celebrados a tal fin no deberán producir efectos desfavorables para las condiciones y los importes de cobertura financiera de las prestaciones en especie de las personas interesadas que resultarían de la aplicación del presente Reglamento. Tales acuerdos se comunicarán a la Comisión administrativa.

4.  No obstante lo dispuesto en el artículo 5, letra a), del Reglamento de base, un Estado miembro sólo podrá ser responsable del coste de las prestaciones en virtud del artículo 22 del Reglamento de base tanto si, la persona asegurada ha solicitado una pensión con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro, o en virtud de los artículos 23 a 30 del Reglamento de base como si dicha persona asegurada percibe una pensión con arreglo a la legislación de ese Estado miembro.

Artículo 23

Régimen aplicable en caso de pluralidad de regímenes en el Estado miembro de residencia o de estancia

Si la legislación del lugar de residencia o de estancia incluye varios regímenes de seguro de enfermedad, maternidad o paternidad, las normas aplicables en virtud del artículo 17, del artículo 19, apartado 1, y de los artículos 20, 22, 24, 26 y 27 del Reglamento de base serán las de la legislación relativa al régimen general de los trabajadores por cuenta ajena.

Artículo 24

Residencia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente

1.  A los efectos de la aplicación del artículo 17 del Reglamento de base, la persona asegurada o los miembros de su familia deberán inscribirse en la institución del lugar de residencia presentando un documento que acredite su derecho a las prestaciones en especie con cargo al Estado miembro competente.

Este documento será expedido por la institución competente, en su caso, a la vista de los datos facilitados por el empleador. Si la persona asegurada o los miembros de su familia no presentan dicho documento, la institución del lugar de residencia se dirigirá a la institución competente para obtener la información necesaria.

2.  La certificación mencionada en el apartado 1 será válida mientras la institución competente no notifique su anulación a la institución del lugar de residencia.

La institución del lugar de residencia notificará a la institución competente toda inscripción a la que haya procedido con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 y de cualquier modificación o anulación de dicha inscripción.

3.  El presente artículo se aplicará mutatis mutandis a las personas contempladas en los artículos 22, 24, 25 y 26 del Reglamento de base.

Artículo 25

Estancia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente

A)  Procedimiento y alcance del derecho

1.  A los efectos de la aplicación del artículo 19 del Reglamento de base, la persona asegurada presentará al proveedor de asistencia sanitaria del Estado miembro de estancia una certificación expedida por su institución competente que acredite sus derechos a prestaciones en especie. Si la persona asegurada no dispone de dicha certificación, la institución del lugar de estancia se dirigirá, a petición del asegurado o si por otro motivo es necesario, a la institución competente para obtener una certificación.

▌

2.  Dicho documento certificará que la persona asegurada tiene derecho a prestaciones en especie en las condiciones que establece el artículo 19 del Reglamento de base, en condiciones iguales a las que se aplican a las personas aseguradas conforme a la legislación del Estado miembro de estancia.

▌

3.  Las prestaciones en especie a que se refiere el artículo 19, apartado 1, del Reglamento de base serán las que se faciliten en el Estado miembro de estancia, de conformidad con su legislación nacional, y que sean necesarias, desde un punto de vista médico, para evitar que una persona asegurada se vea obligada a regresar ║ antes del final de la estancia prevista al Estado miembro competente con el fin de someterse al tratamiento que necesita.

▌

B)  Procedimiento y normas de cobertura o reembolso de las prestaciones en especie

4.  Si la persona asegurada ha sufragado efectivamente los costes de la totalidad o de parte de las prestaciones en especie percibidas al amparo del artículo 19 del Reglamento de base y si la legislación que aplica la institución del lugar de estancia permite el reembolso de dichos costes a dicha persona, ésta podrá dirigir su solicitud de reembolso a la institución del lugar de estancia. En ese caso, dicha institución le reembolsará directamente el importe de los gastos que corresponda a las prestaciones, dentro de los límites y las condiciones de los porcentajes de reembolso de su legislación.

5.  Si el reembolso de estos gastos no se ha solicitado directamente a la institución del lugar de estancia, la institución competente reembolsará a la persona interesada los gastos soportados, conforme a los porcentajes de reembolso aplicados por la institución del lugar de estancia, o conforme a los importes que hubieran sido objeto de reembolso a la institución del lugar de estancia si en el caso de que se trate se hubiera aplicado el artículo 61 del reglamento de aplicación.

La institución del lugar de estancia facilitará a la institución competente, a petición de ésta, la información necesaria sobre los citados porcentajes o importes.

6.  No obstante lo dispuesto en el apartado 5, la institución competente podrá reembolsar los gastos soportados, dentro de los límites y las condiciones aplicables a los porcentajes establecidos en su legislación, siempre que la persona asegurada haya dado su conformidad a que se le aplique esta disposición.

7.  En ningún caso podrá el importe del reembolso sobrepasar el importe de los gastos efectivamente soportados por la persona asegurada.

8.  Cuando se trate de gastos importantes, la institución competente podrá abonar a la persona asegurada un anticipo adecuado en el momento en que esta le presente la solicitud de reembolso.

C)  Miembros de la familia

9.  Los apartados 1 a 8 se aplicarán mutatis mutandis por analogía a los miembros de la familia de la persona asegurada.

Artículo 26

Cuidados programados

A)  Procedimiento de autorización

1.  A efectos de la aplicación del artículo 20, apartado 1, del Reglamento de base, la persona asegurada presentará a la institución del lugar de estancia un certificado expedido por la institución competente. A los fines del presente artículo se entenderá por "institución competente" la que sufrague el coste del tratamiento programado; en los casos a que se refieren el artículo 20, apartado 4, y el artículo 27, apartado 5, del Reglamento de base, en los que las prestaciones en especie percibidas en el Estado miembro de residencia se reembolsen mediante importes a tanto alzado, la institución del lugar de residencia será tenida por institución competente.

2.  Si una persona asegurada no reside en el Estado miembro competente, solicitará autorización a la institución de su lugar de residencia, que la remitirá a la institución competente sin dilación.

En dicho caso, la institución del lugar de residencia certificará si se cumplen o no en el Estado miembro de residencia las condiciones previstas en el artículo 20, apartado 2, segunda frase del Reglamento de base.

La institución competente únicamente podrá denegar la autorización si, según la evaluación de la institución del lugar de residencia, las condiciones previstas en el artículo 20, apartado 2, segunda frase del Reglamento de base no se cumplen en el Estado miembro de residencia de la persona asegurada, o si puede dispensarse el mismo tratamiento en el propio Estado miembro competente en un plazo médicamente justificable teniendo en cuenta el estado de salud del interesado en ese momento y el pronóstico sobre la evolución de su enfermedad.

La institución competente notificará su decisión a la institución del Estado miembro de residencia.

A falta de respuesta en quince días naturales a partir de la fecha de envío, se considerará que la autorización ha sido concedida por la institución competente.

▌

3.  En caso de que una persona asegurada que no reside en el Estado miembro competente necesite una asistencia urgente de carácter vital, no podrá denegarse la autorización de conformidad con el artículo 20, apartado 2, segunda frase, del Reglamento de base. En tal caso, la institución del lugar de residencia concederá la autorización en nombre de la institución competente, que será informada inmediatamente por la institución del lugar de residencia.

La institución competente tendrá que aceptar los diagnósticos y las opciones terapéuticas emitidas por médicos autorizados por la institución del lugar de residencia que expida la autorización, relativas a la necesidad de una asistencia urgente de carácter vital.

4.  La institución competente se reservará la facultad de someter a la persona asegurada a un reconocimiento por un médico elegido por ella en el Estado miembro de estancia o de residencia en todo momento del procedimiento de autorización.

5.  La institución del lugar de estancia, sin perjuicio de cualquier decisión relativa a la autorización, informará a la institución competente si desde el punto de vista médico resulta adecuado complementar el tratamiento a que se refiera la autorización vigente.

B)  Cobertura financiera del coste de las prestaciones en especie soportado por la persona asegurada

6.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7, el artículo 25, apartados 5 y 6, del Reglamento de aplicación serán aplicables mutatis mutandis.

7.  Si la persona asegurada ha soportado ella misma la totalidad o parte de los costes del tratamiento médico autorizado y los costes que la institución competente está obligada a rembolsar a la institución del lugar de estancia o a la persona asegurada, de conformidad con el apartado 6 (coste real) son inferiores a la cuantía del coste que hubiera tenido que sufragar por el mismo tratamiento en el Estado miembro competente (coste teórico), la institución competente reembolsará, previa solicitud, el coste del tratamiento soportado por la persona asegurada, hasta la cantidad equivalente a la diferencia entre el coste teórico y el coste real. No obstante, en ningún caso el importe del reembolso podrá sobrepasar los costes efectivamente soportados por la persona asegurada y podrá tener en cuenta el importe que dicha persona tendría que abonar si el tratamiento se hubiera administrado en el Estado miembro competente.

C)  Cobertura de los gastos de viaje y estancia en el contexto de cuidados programados

8.  La cobertura financiera de los gastos de viaje y estancia indisociables del tratamiento de la persona asegurada y, en caso necesario, del acompañante, correrá a cargo de esta institución cuando se conceda una autorización en caso de que el tratamiento se realice en otro Estado miembro. Si la persona asegurada es una persona con discapacidad, se considerarán necesarios el viaje y la estancia de un acompañante.

D)  Miembros de la familia

9.  Lo dispuesto en los apartados 1 a 8 se aplicará mutatis mutandis a los miembros de la familia de una persona asegurada.

Artículo 27

Prestaciones en metálico relativas a una incapacidad laboral en caso de estancia o residencia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente

A)  Procedimiento que debe seguir la persona asegurada

1.  Si la legislación del Estado miembro competente requiere que la persona asegurada presente un certificado para poder percibir prestaciones en metálico por incapacidad laboral de conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento de base, la persona asegurada pedirá al médico del Estado miembro de residencia que certificó su estado de salud que certifique su incapacidad laboral así como la duración probable de la misma.

2.  La persona asegurada enviará el certificado a la institución competente, dentro del plazo establecido en la legislación del Estado miembro competente.

3.  Si los médicos que le asisten en el Estado miembro de residencia no expidieran certificados de incapacidad laboral y si dichos certificados son necesarios de acuerdo con la legislación del Estado miembro competente, el interesado se dirigirá directamente a la institución del lugar de residencia. Dicha institución procederá inmediatamente a obtener el dictamen médico sobre la incapacidad laboral de la persona y el certificado a que se refiere el apartado 1. El certificado será remitido sin demora a la institución competente.

4.  La transmisión del documento contemplado en los apartados 1, 2 y 3 no dispensará a la persona asegurada de cumplir las obligaciones impuestas por la legislación aplicable, en particular con respecto a su empleador. Cuando proceda, el empleador y/o la institución competente podrá convocar al trabajador para efectuar actividades destinadas a fomentar o servir de ayuda al retorno de la persona asegurada al puesto de trabajo

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B)  Procedimiento que debe seguir la institución del Estado miembro de residencia

5.  A petición de la institución competente o en los casos previstos en el apartado 3, ║, la institución del lugar de residencia dispondrá, de ser necesario, un reconocimiento médico de la persona asegurada, como si estuviese asegurada a su amparo. La institución del lugar de residencia remitirá a la institución competente, en los tres días laborables siguientes a la fecha del reconocimiento, los datos del informe del médico que lo haya efectuado, que indicarán la duración probable de la incapacidad laboral.

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C)  Procedimiento que debe seguir la institución competente

6.  La institución competente se reservará el derecho de que un médico designado por ella reconozca a la persona asegurada.

7.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, segunda frase del Reglamento de base, la institución competente abonará las prestaciones en metálico directamente al interesado y, en caso necesario, lo pondrá en conocimiento de la institución del lugar de residencia.

8.  A los efectos de la aplicación del artículo 21, apartado 1, del Reglamento de base, las indicaciones del certificado de incapacidad laboral expedido a una persona asegurada en otro Estado miembro sobre la base del diagnóstico del médico que le asista deberán hacerse valer ante la institución competente, a no ser que exista un comportamiento abusivo.

9.  Si la institución competente decide denegar las prestaciones en metálico, notificará su decisión a la persona asegurada y, simultáneamente, a la institución de su lugar de residencia.

D)  Procedimiento en caso de estancia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente

10.  Las disposiciones de los apartados 1 a 9 se aplicarán mutatis mutandis cuando la persona asegurada se encuentre en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente.

Artículo 28

Prestaciones en metálico para cuidados de larga duración en caso de una estancia o residencia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente

A)  Procedimiento que debe seguir la persona asegurada

1.  Para poder percibir prestaciones en metálico correspondientes a cuidados de larga duración a tenor del artículo 21, apartado 1, del Reglamento de base, la persona asegurada deberá presentar una solicitud a la institución competente. En caso necesario, la institución competente informará de ello a la institución del lugar de residencia.

B)  Procedimiento que debe seguir la institución del lugar de residencia

2.  A petición de la institución competente, la institución del lugar de residencia comprobará el estado de la persona asegurada por lo que atañe a su necesidad de cuidados de larga duración. La institución competente facilitará a la institución del lugar de residencia toda la información necesaria para dicha comprobación.

C)  Procedimiento que debe seguir la institución competente

3.  Con el fin de determinar el grado de necesidad de cuidados de larga duración, la institución competente estará facultada para someter a la persona asegurada al examen de un médico u otro perito elegido por ella.

4.  Será aplicable, mutatis mutandis, el artículo 27, apartado 7, del Reglamento de aplicación.

D)  Procedimiento en caso de estancia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente

5.  Los apartados 1 a 4 se aplicarán, mutatis mutandis, cuando la persona asegurada se encuentre en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente.

E)  Miembros de la familia

6.  Los apartados 1 a 5 se aplicarán mutatis mutandis a los miembros de la familia de la persona asegurada.

Artículo 29

Aplicación del artículo 28 del Reglamento de base

En caso de que el Estado miembro en que el antiguo trabajador fronterizo haya ejercido su última actividad haya dejado de ser el Estado miembro competente y el antiguo trabajador fronterizo o un miembro de su familia viaje a aquél con objeto de percibir prestaciones en especie en virtud del artículo 28 del Reglamento de base, deberá presentar a la institución del lugar de su estancia un documento expedido por la institución competente.

Artículo 30

Cotizaciones de los titulares de pensiones

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Si una persona recibe una pensión de más de un Estado miembro, la cuantía de las cotizaciones retenidas de todas las pensiones abonadas no superará en ningún caso la cuantía que se retendría a una persona que percibiera la misma cantidad en concepto de pensiones en el Estado miembro competente.

Artículo 31

Aplicación del artículo 34 del Reglamento de base

A)  Procedimiento que debe seguir la institución competente

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1.  La institución competente informará al interesado de la disposición del artículo 34 del Reglamento de base por lo que respecta a la prevención de la acumulación de prestaciones. La aplicación de estas normas deberá garantizar a la persona que no resida en el Estado miembro competente el derecho a prestaciones de un importe o valor total al menos igual al que podría percibir si residiera en ese Estado miembro.

2.  Además, la institución competente informará a la institución del lugar de residencia o estancia acerca del pago de prestaciones en metálico para cuidados de larga duración cuando la legislación que aplique esta última prevea prestaciones en especie para cuidados de larga duración que se incluyan en la lista a que se refiere el artículo 34, apartado 2, del Reglamento de base.

B)  Procedimiento que debe seguir la institución del lugar de residencia o estancia

3.  Una vez recibida la información a que se refiere el apartado 2, la institución del lugar de residencia o estancia informará sin demora a la institución competente de cualquier prestación en especie para cuidados de larga duración destinados al mismo propósito que conceda al interesado conforme a su legislación, así como del tipo del reembolso que le es aplicable.

4.  En su caso, la Comisión administrativa adoptará las medidas de aplicación del presente artículo.

Artículo 32

Medidas particulares de aplicación

1.  En los Estados miembros indicados en el anexo II, las disposiciones del título III, capítulo I, del Reglamento de base relativas a las prestaciones en especie se aplicarán a las personas que tengan derecho a prestaciones en especie solamente en virtud de un régimen especial para funcionarios y sólo en la medida especificada en dicho régimen. La institución de otro Estado miembro no será, únicamente por dichas razones,

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 23 del Reglamento de base se aplicará a toda persona que perciba al mismo tiempo una pensión en virtud de un régimen aplicable a los funcionarios de un Estado miembro mencionado en el anexo II y una pensión en virtud de la legislación de otro Estado miembro.

3.  La Comisión administrativa adoptará las medidas de aplicación práctica de los apartados 1 y 2.

Capítulo II

Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Artículo 33

Derecho a las prestaciones en especie y en metálico en caso de residencia o estancia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente

A los efectos de la aplicación del artículo 36, apartado 1, del Reglamento de base, se aplicarán mutatis mutandis los procedimientos definidos en los artículos 24 a 27 del ║ Reglamento de aplicación.

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Artículo 34

Cooperación entre instituciones en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente

1.  Cuando un accidente de trabajo ocurra o cuando una enfermedad profesional sea diagnosticada por primera vez en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado miembro competente, la declaración del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional deberá efectuarse con arreglo a lo dispuesto en la legislación del Estado competente, sin perjuicio, en su caso, de las disposiciones legales vigentes en el territorio del Estado miembro donde haya ocurrido el accidente de trabajo o donde haya sido diagnosticada por primera vez la enfermedad profesional, que seguirán siendo aplicables en tal caso. Esta declaración se remitirá a la institución competente y una copia de la misma será enviada a la institución del lugar de residencia o de estancia.

2.  La institución del Estado miembro en cuyo territorio haya ocurrido el accidente de trabajo o haya sido diagnosticada por primera vez la enfermedad profesional comunicará a la institución competente los certificados médicos expedidos en dicho territorio y, a solicitud de ésta, le facilitará todos los datos oportunos.

3.  Cuando, en caso de accidente ocurrido durante el desplazamiento dentro del territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, proceda realizar una investigación en el territorio del primer Estado miembro, la institución competente podrá designar a tal efecto un investigador, informando de ello a las autoridades de este Estado miembro. Estas autoridades prestarán su colaboración al investigador y, en particular, designarán a una persona para asistirle en la consulta de los atestados y demás documentos relacionados con el accidente.

4.  Al término del tratamiento, se remitirá a la institución competente un informe detallado, acompañado de los oportunos certificados médicos sobre las consecuencias permanentes del accidente o de la enfermedad y, en particular, sobre el estado actual de la víctima así como sobre la curación o la consolidación de las lesiones. La institución del lugar de residencia o la del lugar de estancia, según el caso, pagarán los honorarios correspondientes, con arreglo a las tarifas que apliquen y con cargo a la institución competente.

5.  A solicitud de la institución del lugar de residencia o de la institución del lugar de estancia, según el caso, la institución competente le notificará la decisión que determine la fecha de la curación o de la consolidación de las lesiones, así como, en su caso, la decisión de conceder una renta.

Artículo 35

Impugnación del carácter profesional del accidente o de la enfermedad

1.  En los casos mencionados en el artículo 36, apartado 2, del Reglamento de base, cuando la institución competente entienda que no procede aplicar la legislación sobre accidentes de trabajo o sobre enfermedades profesionales, lo comunicará inmediatamente a la institución del lugar de residencia o del lugar de estancia que haya servido las prestaciones en especie, que pasarán a ser consideradas, en tal supuesto, correspondientes al seguro de enfermedad

2.  Tan pronto como tome una decisión definitiva al respecto, la institución competente la comunicará inmediatamente a la institución del lugar de residencia o a la institución del lugar de estancia que haya servido las prestaciones en especie. Esta institución seguirá sirviendo las prestaciones en especie en virtud del seguro de enfermedad, si el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia tiene derecho a ellas, y en el supuesto de que se no se trate de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. De no ser así, las prestaciones en especie de que haya disfrutado el interesado en virtud del seguro de enfermedad pasarán a ser consideradas, desde la primera certificación médica del accidente o la enfermedad, prestaciones por accidente de trabajo o por enfermedad profesional.

Artículo 36

Procedimiento en caso de exposición al riesgo de enfermedad profesional en varios Estados miembros

1.  En el supuesto a que se refiere el artículo 38 del Reglamento de base, la declaración de la enfermedad profesional se remitirá bien a la institución competente en materia de enfermedad profesional del Estado bajo cuya legislación haya ejercido la víctima en último lugar una actividad susceptible de provocar la enfermedad de que se trate, bien a la institución del lugar de residencia, que trasmitirá la declaración a la ║ institución competente.

Si esta institución constata que el interesado ha ejercido en último lugar, bajo la legislación de otro Estado miembro, una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional, transmitirá la declaración y los documentos que la acompañen a la institución correspondiente de ese Estado miembro.

2.  Cuando la institución del Estado miembro bajo cuya legislación haya ejercido la víctima en último lugar una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional constate que la víctima o sus supérstites no cumplen las condiciones exigidas por dicha legislación, dicha institución transmitirá sin demora a la institución del Estado miembro bajo cuya legislación haya ejercido antes la víctima una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional la declaración con todos los documentos que la acompañen, incluidos los diagnósticos y los informes de los reconocimientos médicos que haya realizado la primera institución, así como una copia de la decisión a que se refiere el párrafo segundo.

Al mismo tiempo, notificará su decisión a la persona asegurada, indicándole los motivos en que se funda la denegación de las prestaciones, las vías y plazos de recurso y la fecha en que se haya transmitido el expediente a la institución del Estado miembro bajo cuya legislación ejerció la persona asegurada anteriormente una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional de que se trate.

3.  En caso necesario, en las mismas condiciones, se podrá llegar hasta la institución correspondiente del Estado miembro bajo cuya legislación haya ejercido la víctima en primer lugar una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional.

Artículo 37

Intercambio de información entre instituciones y pago de anticipos en caso de recurso contra una decisión denegatoria

1.  En caso de recurso contra una decisión denegatoria adoptada por la institución de uno de los Estados miembros bajo cuya legislación haya ejercido la víctima una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional, esta institución deberá informar de ello a la institución a la que haya sido transmitida la declaración, según el procedimiento previsto en el artículo 36, apartado 2 del Reglamento de aplicación, y notificarle, ulteriormente, la decisión definitiva que se adopte.

2.  Si existe un derecho a las prestaciones en virtud de la legislación aplicada por la institución a la que se haya transmitido la declaración, esta institución abonará anticipos cuya cuantía será determinada, en su caso, previa consulta a la institución contra cuya decisión haya sido interpuesto recurso. Esta última institución reembolsará el importe de los anticipos pagados si, como consecuencia del recurso, resulta obligada a abonar las prestaciones. Esta cuantía será entonces deducida del importe de las prestaciones debidas al interesado, con arreglo al procedimiento que se establece en el artículo 71 del Reglamento de aplicación.

Artículo 38

Agravación de una enfermedad profesional

En los casos contemplados en el artículo 39 del Reglamento de base, el solicitante deberá facilitar a la institución del Estado miembro ante la que haga valer derechos a prestaciones todos los datos relativos a las prestaciones que le hayan sido concedidas anteriormente por la enfermedad profesional de que se trate. Esta institución podrá dirigirse a cualquier otra institución que haya sido competente con anterioridad para obtener los datos que estime necesarios.

Artículo 39

Apreciación del grado de incapacidad en caso de accidente de trabajo o de enfermedad profesional sobrevenidos anterior o posteriormente

A los efectos de la aplicación del artículo 40, apartado 3, del Reglamento de base, cuando una incapacidad laboral anterior o posterior haya sido provocada por un accidente ocurrido mientras el interesado se hallaba sometido a la legislación de un Estado miembro que no distinga según el origen de la incapacidad laboral, la institución competente en relación con la incapacidad laboral anterior o posterior o el organismo designado por la autoridad competente del Estado miembro en cuestión deberán facilitar, a solicitud de la institución competente de otro Estado miembro, información sobre el grado de incapacidad laboral anterior o posterior, así como, en lo posible, datos que permitan determinar si tal incapacidad se debe a un accidente de trabajo, según la definición de la legislación que aplique la institución del segundo Estado miembro.

En tales casos, la institución competente tendrá en cuenta el grado de incapacidad originado por esos casos anteriores o posteriores, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que aplique, a la hora de reconocer el derecho y determinar la cuantía de las prestaciones.

Artículo 40

Presentación y tramitación de las solicitudes de rentas o de asignaciones suplementarias

1.  Para percibir una renta o una asignación suplementaria con arreglo a la legislación de un Estado miembro cuando residan en el territorio de otro Estado miembro, el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia o sus supérstites habrán de presentar una solicitud a la institución competente o a la institución de su lugar de residencia, que la transmitirá a la institución competente. La solicitud deberá ir acompañada de los justificantes requeridos y redactarse conforme a lo dispuesto en la legislación que aplique la institución competente.

2.  La institución competente notificará su decisión al solicitante directamente o a través del organismo de enlace del Estado competente y enviará copia de esta decisión al organismo de enlace del Estado miembro en cuyo territorio resida el solicitante.

Artículo 41

Medidas particulares de aplicación

Las disposiciones del título III, capítulo 2, del Reglamento de base relativas a las prestaciones en especie no se aplicarán a las personas que tengan derecho a prestaciones en especie exclusivamente en virtud de un régimen especial aplicable a los funcionarios de un Estado miembro mencionado en el anexo II del ║ Reglamento de aplicación.

Capítulo III

Subsidios de defunción

Artículo 42

Solicitud de subsidios de defunción

A los efectos de la aplicación de los artículos 42 y 43 del Reglamento de base, la solicitud de subsidios de defunción deberá dirigirse a la institución del lugar de residencia del solicitante.

Capítulo IV

Prestaciones de invalidez y pensiones de vejez y de supervivencia

Artículo 43

Cálculo de la prestación

1.  Para calcular el importe teórico y el importe real de la prestación con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de base, serán aplicables las normas establecidas en el artículo 12, apartados 3, 4, 5 y 6 del Reglamento de aplicación.

2.  Cuando determinados períodos de seguro voluntario o facultativo continuado no se hayan computado en virtud del artículo 12, apartado 3, del ║ Reglamento de aplicación, la institución del Estado miembro bajo cuya legislación se hayan cubierto calculará el importe correspondiente a esos períodos con arreglo a lo dispuesto en la legislación que aplique. El importe real de la prestación, calculado con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de base, se aumentará en el importe que corresponda a los períodos de seguro voluntario o facultativo continuado.

3.  La institución de cada Estado miembro calculará, con arreglo a la legislación que aplique, el importe adeudado que corresponda a los períodos de seguro voluntario o facultativo continuado que, en virtud del artículo 53, apartado 3, letra c), del Reglamento de base, no esté sujeto a las cláusulas de supresión, de reducción o de suspensión de otro Estado miembro.

Cuando la legislación aplicada por la institución competente no permita determinar este importe directamente debido a que dicha legislación atribuye diferentes valores a los períodos de seguro, podrá fijarse un importe teórico. La Comisión administrativa dispondrá las modalidades de la fijación de dicho importe teórico.

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Artículo 44

Consideración de los permisos para educación de los hijos

1.  A efectos del presente artículo, la expresión "permiso para educación de los hijos" designará todo período que se acredita en virtud de la legislación sobre pensiones de un Estado miembro, o que da derecho a una persona a un complemento de pensión, explícitamente, por haberse dedicado a educar a un hijo, sea cual sea el método utilizado para calcular dichos períodos y con independencia del hecho de si se acumulan durante el permiso de educación de los hijos o son reconocidos con carácter retroactivo.

2.  Cuando, en virtud de la legislación del Estado miembro que sea competente en virtud del título II del Reglamento de base, no se considere ningún permiso para educación de los hijos, la institución del Estado miembro cuya legislación, sea la aplicable a la persona interesada, de conformidad con el título II del Reglamento de base, por haber ejercido ésta una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en la fecha en que, en virtud de dicha legislación, empezara a contar el permiso para educación del hijo de que se trate, seguirá siendo responsable de la consideración de dicho periodo como permiso para educación de los hijos en virtud de su propia legislación, como si la educación de dicho hijo hubiera tenido lugar en su territorio.

3.  La obligación del apartado 2 no se aplicará si la persona interesada está o pasa a estar sujeta a la legislación de otro Estado miembro debido al ejercicio en ese Estado miembro de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.

Artículo 45

Solicitud de prestaciones

A)  Presentación de la solicitud de prestaciones en virtud del artículo 44, apartado 2, del Reglamento de base

1.  Para percibir prestaciones en virtud de la legislación de tipo A con arreglo al artículo 44, apartado 2, del Reglamento de base, el solicitante presentará una solicitud a la institución del Estado miembro a cuya legislación estaba sujeto en el momento en que sobrevino la incapacidad laboral seguida de invalidez o la agravación de esta invalidez, o a la institución del lugar de residencia, que trasladará la solicitud a la primera institución.

2.  Si se han concedido prestaciones de enfermedad en metálico, la fecha de expiración del período de concesión de estas prestaciones deberá considerarse, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud de pensión.

3.  En el caso contemplado en el artículo 47, apartado 1, letra b), del Reglamento de base, la institución a la que haya estado afiliado en último lugar el interesado comunicará a la institución inicialmente deudora de las prestaciones el importe y la fecha de efectos de las prestaciones debidas en virtud de la legislación que aplique. A partir de esa fecha, las prestaciones adeudadas antes de la agravación de la invalidez quedarán suprimidas o serán reducidas hasta la cuantía del complemento previsto en el artículo 47, apartado 2, del Reglamento de base.

B)  Presentación de otras solicitudes de prestaciones

4.  En todas las situaciones excepto las mencionadas en el apartado 1, el solicitante presentará una solicitud a la institución de su lugar de residencia o a la del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto en último lugar. Si la persona interesada no estuviera sujeta, en ningún momento, a la legislación que aplique dicha institución del lugar de residencia, esta institución trasladará la solicitud a la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeta en último lugar.

5.  La fecha de presentación de la solicitud tendrá validez ante todas las instituciones interesadas.

6.  No obstante lo dispuesto en el apartado 5, si el solicitante no ha indicado en su solicitud todos los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación de los demás Estados miembros a pesar de habérsele pedido expresamente que lo haga, la fecha en la que el solicitante complete su solicitud inicial o presente una nueva solicitud se considerará la fecha de presentación de la solicitud para la institución que aplique la legislación en cuestión, salvo que esta legislación contenga disposiciones más favorables.

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Artículo 46

Documentos e indicaciones que el solicitante debe adjuntar a la solicitud

1.  El solicitante presentará una solicitud conforme a lo dispuesto en la legislación que aplique la institución mencionada en el artículo 45, apartados 1 ó 4 del Reglamento de aplicación, y adjuntará los justificantes que exija dicha legislación. El solicitante presentará, en particular, toda la información pertinente disponible y todos los justificantes relativos a los períodos de seguro (instituciones, números de identificación), actividad por cuenta ajena (empleadores) o por cuenta propia (naturaleza y lugar de la actividad) y residencia (direcciones) que hayan sido realizados en virtud de otra legislación, así como la duración de dichos períodos.

2.  Si, con arreglo a lo previsto en el artículo 50, apartado 1, del Reglamento de base, el solicitante pide que se difiera la liquidación de las prestaciones de vejez según la legislación de uno o varios Estados miembros, deberá declararlo en su solicitud y precisar en virtud de qué legislación solicita el aplazamiento. Para que el solicitante pueda ejercer dicho derecho, las instituciones afectadas le notificarán, cuando lo solicite, toda la información de que dispongan, con el fin de que pueda valorar las consecuencias de la liquidación concomitante o sucesiva de prestaciones que pudiera solicitar.

3.  En caso de que el solicitante retire una solicitud de prestaciones, cuando así lo disponga la legislación de un Estado miembro específico, dicha retirada no se considerará una retirada concomitante de solicitudes de prestaciones en virtud de la legislación de otros Estados miembros.

Artículo 47

Tramitación de las solicitudes por las instituciones

A)  Institución instructora

1.  La institución a la cual sea presentada o trasladada la solicitud de prestaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1 o 4 del Reglamento de aplicación que aplique la institución mencionada en el artículo 45, apartados 1 ó 4 del , será denominada en lo sucesivo "la institución de contacto". La institución del lugar de residencia no se considerará institución de contacto cuando la persona interesada no haya estado sujeta en ningún momento a la legislación que aplique dicha institución.

Además de tramitar la solicitud de prestaciones con arreglo a la legislación que aplique, la institución de contacto fomentará el intercambio de datos, la comunicación de decisiones y las operaciones necesarias para la instrucción de la solicitud por las instituciones de que se trate, facilitará al solicitante, a instancia de éste, toda información relacionada con los aspectos comunitarios de la instrucción y le mantendrá informado de su marcha.

B)  Tramitación de las solicitudes de prestaciones en aplicación del artículo 44 del Reglamento de base

2.  En el caso contemplado en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento de base, la institución instructora transmitirá todos los datos del interesado a la institución a la que este haya estado afiliado anteriormente, la cual a su vez tramitará el expediente.

3.  Los artículos 48 a 52 no serán aplicables a la tramitación de las solicitudes contempladas en el artículo 44 del Reglamento de base.

C)  Tramitación de otras solicitudes de prestaciones

4.  En todas las situaciones excepto las contempladas en el apartado 2, la institución de contacto trasladará sin demora las solicitudes de prestaciones, así como todos los documentos de que disponga y, en su caso, los documentos pertinentes presentados por el solicitante, a todas las instituciones afectadas, para que puedan iniciar la tramitación de la solicitud de modo concomitante. La institución de contacto notificará a las demás instituciones los períodos de seguro o residencia con sujeción a su legislación. Asimismo indicará qué documentos se presentarán en una fecha posterior, y completará la solicitud lo antes posible.

5.  Cada una de las instituciones afectadas notificará lo antes posible a la institución de contacto y a las demás instituciones afectadas los períodos de seguro o residencia sujetos a su legislación.

6.  Cada una de las instituciones interesadas procederá a calcular el importe de las prestaciones de conformidad con el artículo 52 del Reglamento de base y notificará a la institución de contacto y a las demás instituciones afectadas su decisión, el importe de las prestaciones y cualquier otra información que se precise a los efectos de los artículos 53 a 55 del Reglamento de base.

7.  En caso de que una institución constate, sobre la base de los datos señalados en los apartados 4 y 5 del presente artículo, que es aplicable lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2, o en el artículo 57, apartados 2 ó 3, del Reglamento de base, lo comunicará a la institución de contacto y a las demás instituciones afectadas.

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Artículo 48

Comunicación de las decisiones al solicitante

1.  Cada una de las instituciones notificará al solicitante, con arreglo a la legislación aplicable, la decisión que haya adoptado. Todas las decisiones indicarán las vías y los plazos de recurso aplicables. Una vez hayan sido notificadas a la institución de contacto todas las decisiones adoptadas por cada una de las instituciones, aquélla remitirá al solicitante y a las demás instituciones afectadas un resumen de dichas decisiones. Un modelo del resumen será elaborado por la Comisión administrativa. El resumen será remitido al solicitante en la lengua de la institución o, a instancias del solicitante, en la lengua que elija de entre las reconocidas como lenguas oficiales por las instituciones comunitarias con arreglo al artículo 290 del Tratado.

2.  Cuando el solicitante estime, tras haber recibido la nota recapitulativa, que sus derechos pueden haberse visto afectados negativamente por la interacción de decisiones tomadas por dos o más instituciones, tendrá derecho a una revisión de las decisiones por las instituciones interesadas dentro de los plazos previstos en las correspondientes legislaciones nacionales. El plazo empezará a correr en la fecha de recepción de la nota recapitulativa. El solicitante será informado por escrito de los resultados de la revisión.

Artículo 49

Determinación del grado de invalidez

1.  En caso de que sea aplicable lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3, del Reglamento de base, la institución instructora será la única facultada para decidir con respecto al estado de invalidez del solicitante. La institución instructora tomará esta decisión tan pronto como pueda determinar si el solicitante reúne las condiciones que la legislación aplicada por ella exige para tener derecho a las prestaciones, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto en los artículos 6 y 51 del Reglamento de base. Notificará sin demora esta decisión a las demás instituciones afectadas.

Si no se reúnen las condiciones para adquirir el derecho que fija la legislación que esta institución aplique, salvo las relativas al estado de invalidez, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 6 y 51 del Reglamento de base, la institución instructora lo comunicará inmediatamente a la institución competente del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto el solicitante en último lugar. Esta institución estará facultada para decidir sobre el estado de invalidez del solicitante, siempre que este reúna las condiciones que la legislación aplicada por ella exige para tener derecho a las prestaciones. Notificará sin demora esta decisión a las demás instituciones afectadas.

2.  En caso necesario, en las mismas condiciones, se podrá llegar, para la adquisición del derecho, hasta la institución competente en materia de invalidez del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto el solicitante en primer lugar.

3.  En caso de que no sea aplicable lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3, del Reglamento de base, para determinar el grado de invalidez, cada institución, según su legislación, estará facultada para disponer que un médico u otro perito de su elección examine al solicitante. No obstante, la institución de un Estado miembro tomará en consideración los documentos e informes médicos y los datos administrativos recogidos por la institución de cualquier otro Estado miembro como si hubieran sido establecidos en su propio Estado miembro.

▌

Artículo 50

Pagos provisionales y anticipos de las prestaciones

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 7 del presente Reglamento, toda institución que, durante la tramitación de una solicitud de prestaciones, compruebe que el solicitante tiene derecho a una prestación nacional en virtud de la legislación que aplica, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, pagará inmediatamente esta prestación. Este pago se considerará provisional si el importe concedido puede verse afectado por el resultado del procedimiento de tramitación de la solicitud.

2.  Si no se puede pagar al solicitante ninguna prestación con carácter provisional en virtud del apartado 1 pero, según los datos recibidos, existe un derecho a las prestaciones con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de base, la institución instructora le abonará un anticipo recuperable de una cuantía lo más cercana posible a la que probablemente vaya a liquidarse en aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de base.

3.  Toda institución que esté obligada a abonar las prestaciones provisionales o el anticipo en virtud de los apartados 1 ó 2 informará de ello sin demora al solicitante, advirtiéndole expresamente de que la medida adoptada tiene carácter provisional, así como de los derechos de recurso con arreglo a su legislación.

Artículo 51

Nuevo cálculo de las prestaciones

1.  En caso de nuevo cálculo de las prestaciones en aplicación del artículo 48, apartados 3 y 4, del artículo 50, apartado 4, y del artículo 59, apartado 1, del Reglamento de base, será aplicable mutatis mutandis el artículo 50 del presente Reglamento.

2.  En caso de nuevo cálculo, supresión o suspensión de la prestación, la institución que haya adoptado esta decisión la notificará inmediatamente al interesado con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 3, apartados 4 a 7 del Reglamento de aplicación, e informará a todas las instituciones con respecto a las cuales el interesado tenga algún derecho.

Artículo 52

Medidas destinadas a acelerar el proceso de cálculo de la pensión

1.  Para facilitar y acelerar la tramitación de las solicitudes y el pago de las prestaciones, las instituciones a cuya legislación haya estado sujeta una persona:

2.  A efectos de la aplicación del apartado 1, la Comisión administrativa determinará los elementos de información que se intercambien o pongan a disposición, y establecerá los procedimientos y mecanismos oportunos, teniendo en cuenta las características de los regímenes nacionales de pensiones, su organización administrativa y técnica y los medios técnicos a su disposición. La Comisión administrativa garantizará la aplicación de dichos regímenes de pensiones organizando para ello un seguimiento de las medidas adoptadas y de su aplicación.

3.  A los efectos de la aplicación del apartado 1, la institución del primer Estado miembro en que se asigne a una persona un número personal de identificación con fines administrativos de seguridad social debe disponer de la información mencionada en el apartado anterior.

▌

Artículo 53

Medidas de coordinación en un Estado miembro

1.  Sin perjuicio del artículo 51 del Reglamento de base, si la legislación nacional incluye normas para determinar la institución responsable o el régimen aplicable, o para la designación de los períodos de seguro a un régimen específico, estas normas se aplicarán teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de ese Estado miembro.

2.  Si la legislación nacional incluye normas de coordinación entre los regímenes especiales aplicables a los funcionarios y el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena, estas normas no se verán afectadas por lo dispuesto en el Reglamento de base ni en el ║ Reglamento de aplicación.

Capítulo V

Prestaciones de desempleo

Artículo 54

Totalización de períodos y cálculo de las prestaciones

1.  El artículo 12, apartado 1, del Reglamento de aplicación se aplicará mutatis mutandis al artículo 61 del Reglamento de base. Sin perjuicio de las obligaciones básicas de las instituciones afectadas, el interesado podrá presentar ante la institución competente un documento expedido por la institución del Estado miembro a cuya legislación estuviera sujeto en relación con su último período de actividad laboral por cuenta ajena o por cuenta propia en el que se precisen los períodos cubiertos al amparo de dicha legislación.

2.  A los efectos de la aplicación del artículo 62, apartado 3, del Reglamento de base, la institución competente del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeta la persona interesada durante su última actividad por cuenta ajena o por cuenta propia comunicará a la institución del lugar de residencia, a solicitud de esta, todos los datos necesarios para calcular las prestaciones de desempleo y, en particular, el importe del salario o de los ingresos profesionales percibidos.

▌

3.  A los efectos de la aplicación del artículo 62 del Reglamento de base y no obstante lo dispuesto en el artículo 63 de dicho Reglamento, la institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones varía según el número de los miembros de la familia tendrá en cuenta también a los miembros de la familia del interesado que residan en otro Estado miembro, como si residiesen en el Estado miembro competente. Esta disposición no se aplicará si, en el Estado miembro de residencia de los miembros de la familia, otra persona tiene derecho a prestaciones de desempleo para cuyo cálculo se toman en consideración esos miembros de la familia.

Artículo 55

Condiciones y límites para la conservación del derecho a las prestaciones para un desempleado que se desplaza a otro Estado miembro

1.  Para poder acogerse a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de base, el desempleado que se desplace a otro Estado miembro informará a la institución competente antes de su partida y le pedirá un documento que acredite que sigue teniendo derecho a las prestaciones en las condiciones establecidas en el artículo 64, apartado 1, letra b), del Reglamento de base.

2.  El desempleado se inscribirá como solicitante de empleo en los servicios de empleo del Estado miembro al que se desplace con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64, apartado 1, letra b), del Reglamento de base, y transmitirá a la institución de este Estado miembro el documento mencionado en el apartado 1. En su defecto, la institución del lugar al que se haya desplazado el desempleado se dirigirá a la institución competente para obtener la información necesaria.

3.  Los servicios de empleo del Estado miembro al que el desempleado se haya desplazado para buscar un empleo le informarán de sus obligaciones.

4.  La institución del lugar al que se haya desplazado el desempleado transmitirá inmediatamente a la institución competente un documento en el que conste la fecha de inscripción del desempleado en los servicios de empleo y su nuevo domicilio.

En caso de que, durante el período en el que el desempleado tenga derecho a conservar las prestaciones, se produjera cualquier circunstancia que pudiera afectar al derecho a dichas prestaciones, la institución del lugar al que se haya trasladado el desempleado transmitirá inmediatamente a la institución competente y al interesado un documento que recoja la información pertinente.

A petición de la institución competente, la institución del lugar al que se haya trasladado el desempleado proporcionará mensualmente la información pertinente sobre el seguimiento de la situación de éste, que hará constar en particular si aún se encuentra inscrito en los servicios de empleo y si cumple con los procedimientos de control organizados.

5.  La institución del lugar al que se haya desplazado el desempleado ejercerá su control sobre él directa o indirectamente como si se tratase de un desempleado beneficiario de prestaciones concedidas en virtud de la legislación aplicada por ella. Tan pronto como tenga conocimiento de que se ha producido alguno de los hechos a que se refiere el apartado 1, letra d), dicha institución lo comunicará a la institución competente.

6.  Las autoridades competentes o las instituciones competentes de dos o más Estados miembros podrán definir en común un conjunto de medidas destinadas a favorecer la búsqueda de empleo de los desempleados que se desplazan a uno de estos Estados miembros en virtud del artículo 64 del Reglamento de base.

Artículo 56

Personas desempleadas que residen en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente

1.  Cuando, de conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Reglamento de base, el desempleado decida inscribirse como solicitante de empleo al mismo tiempo en el Estado miembro de residencia y en el Estado miembro en el que ha ejercido su última actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, informará de ello prioritariamente a la institución y a los servicios de empleo de su lugar de residencia.

A petición de los servicios de empleo del Estado miembro en el que haya ejercido su última actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, los servicios de empleo del lugar de residencia transmitirán los datos pertinentes relativos a la inscripción y a la búsqueda de empleo por el desempleado.

2.  Cuando la legislación aplicable en los Estados miembros de que se trate exija el cumplimiento de determinadas obligaciones o la búsqueda de trabajo por parte del desempleado, tendrán carácter prioritario los compromisos y actividades de búsqueda de trabajo del desempleado en el Estado miembro de residencia.

El incumplimiento por parte del desempleado de todas las obligaciones y/o actividades de búsqueda de empleo en el Estado miembro en que haya ejercido su última actividad no afectará a las prestaciones concedidas en el Estado miembro de residencia.

3.  A los efectos de la aplicación del artículo 65, apartado 5, letra b), del Reglamento de base, la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto el trabajador en último lugar indicará a la institución del lugar residencia, a petición de esta, si el trabajador tiene derecho a las prestaciones en virtud del artículo 64 del Reglamento de base.

Capítulo VI

Prestaciones familiares

Artículo 57

Normas de prioridad en caso de acumulación

A los efectos de la aplicación del artículo 68, apartado 1, letra b), incisos i) e ii), del Reglamento de base, cuando la residencia de los hijos no permita determinar el orden de prioridad, cada Estado miembro interesado calculará el importe de las prestaciones incluyendo a los hijos que no residan en su territorio. En caso de aplicación del artículo 68, apartado 1, letra b), inciso i), la institución competente del Estado miembro cuya legislación disponga el importe de las prestaciones más elevado concederá este importe íntegro. La institución competente del otro Estado miembro le reembolsará la mitad de dicho importe, dentro del límite del importe previsto por la legislación de este último Estado miembro.

Artículo 58

Normas aplicables cuando cambia la competencia o la legislación aplicables a la concesión de prestaciones familiares

1.  Cuando cambie la competencia o la legislación aplicables a la concesión de prestaciones familiares entre Estados miembros durante un mes civil, sean cuales sean los plazos para el pago de las prestaciones familiares que establezca la legislación de estos Estados miembros, la institución que haya abonado las prestaciones familiares en aplicación de la legislación al amparo de la cual se hayan otorgado las prestaciones al comienzo del mes asumirá este pago hasta el final del mes en curso.

2.  Esta institución comunicará a la institución del otro u otros Estados miembros afectados la fecha en la que deje de pagar las prestaciones familiares en cuestión. El pago de las prestaciones del otro u otros Estados miembros afectados dará comienzo a partir de esa fecha.

Artículo 59

Procedimiento para la aplicación de los artículos 67 y 68 del Reglamento de base

1.  La solicitud de concesión de prestaciones familiares se dirigirá a la institución competente. A efectos de la aplicación de los artículos 67 y 68 del Reglamento de base, deberá tenerse en cuenta la situación de toda la familia como si todos sus miembros estuvieran sujetos a la legislación del Estado miembro considerado y residieran en él, en especial por lo que atañe al derecho a reivindicar las prestaciones. En caso de que un padre con derecho a percibir las prestaciones no ejerza su derecho, la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable tramitará a tal efecto la solicitud de prestaciones familiares presentada por el otro padre o persona que reciba dicho trato, o por la persona o institución responsable de la custodia de los niños.

2.  La institución destinataria con arreglo al apartado 1 examinará la solicitud teniendo en cuenta los datos detallados facilitados por el solicitante, habida cuenta de todos los elementos de hecho y de Derecho que caractericen la situación de la familia del solicitante.

En caso de que dicha institución llegara a la conclusión de que, con arreglo al artículo 68, apartados 1 y 2, del Reglamento de base, su legislación es aplicable por derecho prioritario, concederá las prestaciones familiares de conformidad con la legislación que aplica.

Si dicha institución estimara que existe un posible derecho a acogerse a un complemento diferencial en virtud de la legislación de otro Estado miembro, de conformidad con el artículo 68, apartado 2, del Reglamento de base, transmitirá la solicitud sin demora a la institución competente del otro Estado miembro e informará de ello al interesado; informará, además, a la institución del otro Estado miembro de su decisión relativa a la solicitud y a la cuantía de las prestaciones familiares abonadas.

3.  En caso de que la institución ante la que se haya presentado la solicitud estime que es aplicable su legislación, pero no por derecho prioritario de conformidad con el artículo 68, apartados 1 y 2 del Reglamento de base, adoptará sin demora una decisión provisional sobre las normas de prioridad que habrán de aplicarse y transmitirá la solicitud, con arreglo al artículo 68, apartado 3, del mencionado Reglamento, a la institución del otro Estado miembro, de lo que informará igualmente al solicitante. Esta última institución dispondrá de un plazo de dos meses para determinar su posición en relación con la decisión provisional adoptada.

Si la institución a la que se haya transmitido la solicitud no determina su posición en el citado plazo, será de aplicación la antedicha decisión provisional, y esta institución deberá pagar las prestaciones previstas en su legislación e informar a la institución transmisora de la cuantía de la prestación satisfecha.

4.  En caso de divergencia de opiniones entre las instituciones afectadas en cuanto a la legislación que habrá de aplicarse por derecho prioritario, será de aplicación el artículo 6, apartados 2 a 5 del Reglamento de aplicación. A tal efecto, se entenderá por institución del lugar de residencia del o de los niños la institución del lugar de residencia a que se refiere el artículo 6, apartado 2.

5.  La institución que haya abonado prestaciones con carácter provisional por un importe superior al que finalmente le corresponda se dirigirá a la institución prioritaria para recuperar la diferencia según el procedimiento que se establece en el artículo 71.

Artículo 60

Procedimiento para la aplicación del artículo 69 del Reglamento de base

A efectos de la aplicación del artículo 69 del Reglamento de base, la Comisión Administrativa elaborará una lista de prestaciones familiares complementarias o especiales para huérfanos contempladas en dicho artículo. En caso de que la institución competente por derecho prioritario no deba conceder tales prestaciones familiares complementarias o especiales para huérfanos conforme a la legislación que aplique, transmitirá sin demora cualquier solicitud de prestaciones familiares, junto con la documentación e información pertinentes, a la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto el interesado durante más tiempo, y que conceda tales prestaciones familiares complementarias o especiales a los huérfanos. En caso necesario, en las mismas condiciones, se podrá llegar hasta la institución del Estado miembro bajo cuya legislación haya cubierto el interesado el más corto de sus períodos de seguro o de residencia.

Título IV

Disposiciones financieras

Capítulo I

Reembolso de las prestaciones en aplicación del artículo 35, apartado 1, y del artículo 41, del Reglamento de base

Sección 1

Reembolso de las prestaciones sobre la base de los gastos reales

Artículo 61

Principios

1.  A los efectos de la aplicación del artículo 35, apartado 1, y del artículo 41 del Reglamento de base, la institución competente reembolsará el importe real de las prestaciones en especie servidas a la institución que las haya facilitado, conforme a lo que figure en la contabilidad de esta última institución, salvo en caso de aplicación del artículo 62 del ║ Reglamento de aplicación.

▌

2.  Cuando la cuantía real de las prestaciones a que se refiere el apartado 1 no se refleje, en parte o en su totalidad, en la contabilidad de la institución que las ha abonado, la cuantía que habrá de reembolsarse se determinará sobre la base de un tanto alzado establecido a partir de todas las referencias pertinentes obtenidas de los datos disponibles. La Comisión administrativa evaluará los elementos que han de servir para calcular el tanto alzado y fijará su cuantía.

3.  No se podrán utilizar para estos reembolsos tarifas superiores a las que sean aplicables a las prestaciones en especie servidas a las personas aseguradas sujetas a la legislación aplicada por la institución que haya servido las prestaciones a que se refiere el apartado 1.

▌

Sección 2

Reembolso a tanto alzado de las prestaciones

Artículo 62

Identificación de los Estados miembros afectados

1.  Los Estados miembros contemplados en el artículo 35, apartado 2, del Reglamento de base, cuyas estructuras jurídicas o administrativas no hacen adecuada la práctica del reembolso basado en el gasto real se indican en el anexo III del ║ Reglamento de aplicación.

▌

2.  Para los Estados miembros enumerados en el anexo III del ║ Reglamento de aplicación, el importe de las prestaciones en especie servidas a los miembros de la familia que no residan en el mismo Estado miembro que la persona asegurada, en virtud del artículo 17 del Reglamento de base, y a los pensionistas y los miembros de sus familias, en virtud del artículo 22, del artículo 24, apartado 1, y de los artículos 25 y 26, del Reglamento de base, será reembolsado por las instituciones competentes a las instituciones que hayan servido las prestaciones con arreglo a un tanto alzado establecido para cada año civil. La cuantía de ese tanto alzado deberá ser lo más próxima posible a los gastos reales.

Artículo 63

Método de cálculo de los importes a tanto alzado mensuales y el importe a tanto alzado total

1.  Para cada Estado miembro acreedor, el importe a tanto alzado mensual por persona (Fi) para un año civil se calculará dividiendo el coste medio anual por persona (Yi), desglosado por categoría de edad (i), entre 12 y aplicando ▌ una reducción (X) al cociente, según la siguiente fórmula:

Fi = Yi*1/12*(1-X)

-  Yi representa el coste medio anual de las personas de la categoría de edad i, según la definición del apartado 2.

2.  El coste medio anual por persona (Yi) en la categoría de edad i se obtendrá dividiendo los gastos anuales correspondientes al total de las prestaciones en especie servidas por las instituciones del Estado miembro acreedor a todas las personas de la categoría de edad en cuestión sujetas a su legislación y residentes en su territorio por el número medio anual de personas afectadas de esa categoría de edad en el año civil de que se trate. El cálculo se basará en el gasto con arreglo a los regímenes a que se refiere el artículo 23 del Reglamento de aplicación.

3.  La reducción que se aplicará al tanto alzado mensual será, en principio, del 20% (X = 0,20). Será del 15% (X = 0,15) para los pensionistas y los miembros de su familia cuando el Estado miembro competente no figure en el anexo IV del Reglamento de base.

4.  Respecto de cada Estado miembro deudor, el tanto alzado para un año civil será igual a la suma de los productos obtenidos multiplicando, en cada categoría de edad i, los importes determinados a tanto alzado mensuales por persona por el número de meses completos en que hayan residido en el Estado miembro acreedor las personas afectadas de dicha categoría de edad.

El número de meses completos en que hayan residido las personas afectadas en el Estado miembro acreedor será la suma de los meses civiles de un año civil durante los cuales las personas afectadas hayan podido acogerse, debido a su residencia en el territorio del Estado acreedor, a las prestaciones en especie en ese territorio a cuenta del Estado miembro deudor. Esos meses se determinarán a partir de un inventario llevado a tal efecto por la institución del lugar de residencia, sobre la base de los justificantes de los derechos de los interesados facilitados por la institución competente.

5.  A más tardar ...(7), la Comisión administrativa presentará un informe específico sobre la aplicación del presente artículo y, en particular, sobre las reducciones a que se refiere el apartado 3. Partiendo de dicho informe, la Comisión administrativa podrá presentar una propuesta con las modificaciones que resulten necesarias para asegurarse de que el cálculo de los importes a tanto alzado se acerca lo más posible a los gastos reales soportados y de que las reducciones a que se refiere el apartado 3 no dan lugar a pagos desequilibrados ni a doble pago por parte de los Estados miembros.

▌

6.  La Comisión administrativa establecerá los métodos y las normas para determinar los elementos de cálculo de los importes a tanto alzado a que se refieren los apartados anteriores.

7.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados miembros podrán seguir aplicando los artículos 94 y 95 del Reglamento (CEE) n.° 574/72, para el cálculo de los tantos alzados a más tardar ...(8), siempre que se aplique la reducción a que se refiere el apartado 3.

Artículo 64

Notificación de los costes medios anuales

El coste medio anual por persona de cada categoría de edad correspondiente a un año determinado se notificará a la Comisión de cuentas a más tardar al final del segundo año siguiente al año en cuestión. De no notificarse en este plazo, se tomará el coste medio anual por persona de un año anterior, que haya determinado por última vez la Comisión administrativa.

Los costes medios anuales se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Sección 3

Disposiciones comunes

Artículo 65

Procedimiento de reembolso entre instituciones

1.  El reembolso entre los Estados miembros afectados se efectuará lo antes posible. Todas las instituciones afectadas estarán obligadas a reembolsar los créditos antes de los plazos mencionados en el presente artículo, tan pronto como les sea posible hacerlo. Un litigio respecto de un determinado crédito no debe impedir el reembolso de otro u otros créditos.

2.  Los reembolsos previstos en los artículos 35 y 41 del Reglamento de base entre las instituciones de los Estados miembros se efectuarán a través del organismo de enlace. Podrá haber un organismo de enlace separado para los reembolsos de conformidad con los artículos 35 y 41 del Reglamento de base.

Artículo 66

Plazos de presentación y pago de los créditos

1.  Los créditos establecidos sobre la base de los gastos reales deberán presentarse al organismo de enlace del Estado miembro deudor dentro de los doce meses siguientes al fin del medio año civil durante el cual se consignaron en las cuentas de la institución acreedora.

2.  Los créditos de cantidades fijas establecidos para un año natural se presentarán al organismo de enlace del Estado miembro deudor en los seis meses siguientes al mes durante cual se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea los costes medios de ese año. Los inventarios a que se refiere el artículo 63, apartado 4, del Reglamento de ejecución se presentarán a finales del año siguiente al año de referencia.

3.  Los créditos presentados con posterioridad a los plazos indicados en los apartados 1 y 2 no se tomarán en consideración.

4.  Los créditos serán pagados por la institución deudora al organismo de enlace del Estado miembro acreedor a que se refiere el artículo 65 del Reglamento de ejecución en un plazo de seis meses sucesivo al final del mes durante cual hayan sido presentados al organismo de enlace del Estado miembro deudor. Esto no será de aplicación a los créditos que la institución deudora haya rechazado por una razón pertinente dentro de dicho plazo.

5.  Las impugnaciones sobre un crédito se resolverán a más tardar un año a partir del mes en que se solicitó el crédito.

6.  La Comisión de cuentas facilitará el cierre final de las cuentas en los casos en que no pueda llegarse a una solución en el plazo a que se refiere el apartado 5 y, previa solicitud motivada de una de las partes, se pronunciará sobre las impugnaciones dentro de los seis meses siguientes al mes en que se le remitió el asunto.

Artículo 67

Intereses de demora y pagos a cuenta

1.  Desde el final del período de seis meses mencionado en el artículo 66, apartado 4, del Reglamento de aplicación, la institución acreedora podrá aplicar un interés a los créditos no pagados, a menos que la institución deudora haya pagado, en el plazo de seis meses siguientes al mes en que se haya presentado el crédito, un anticipo equivalente como mínimo al 90 % del crédito total presentado de conformidad con el artículo 66, apartados 1 y 2, del Reglamento de aplicación. Únicamente podrá aplicarse un interés a la parte del crédito no cubierta por el anticipo a partir del final del período de un año mencionado en el artículo 66, apartado 5, del Reglamento de aplicación.

2.  Este interés se calculará sobre la base del tipo de referencia aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación. Se aplicará el tipo de referencia vigente el primer día natural del mes de vencimiento del pago.

3.  Ningún organismo de enlace tendrá la obligación de aceptar un pago a cuenta según lo dispuesto en el apartado 1. No obstante, si un organismo de enlace declinara una oferta de este tipo, la institución acreedora dejará de estar facultada para aplicar intereses de demora respecto de los créditos de que se trate, en exceso de lo estipulado en el apartado 1, segunda frase.

Artículo 68

Cierre de la contabilidad anual

1.  La Comisión administrativa determinará la situación de los créditos para cada año civil, con arreglo al artículo 72, letra g) del Reglamento de base, sobre la base del informe de la Comisión de cuentas. Para ello, los organismos de enlace notificarán a la Comisión de cuentas, en los plazos y conforme a las normas que esta fije, el importe de los créditos presentados, liquidados o impugnados (por parte de los acreedores) y el de los créditos recibidos, pagados o impugnados (por parte de los deudores).

2.  La Comisión administrativa podrá proceder a cualquier clase de comprobación de utilidad para controlar los datos estadísticos y contables que sirvan para determinar la situación anual de los créditos prevista en el apartado 1, a fin de cerciorarse, entre otras cosas, de la conformidad de esos datos con las normas fijadas en el presente título.

Capítulo II

Reembolso de las prestaciones de desempleo en aplicación del artículo 65 del Reglamento de base

Artículo 69

Reembolso de las prestaciones de desempleo

De no producirse el acuerdo previsto en el artículo 65, apartado 8, del Reglamento de base, la institución del lugar de residencia dirigirá a la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto el beneficiario en último lugar la solicitud de reembolso de las prestaciones de desempleo con arreglo al artículo 65, apartados 6 y 7, del Reglamento de base. La solicitud se cursará dentro de un plazo de seis meses a partir del final del semestre civil durante el cual se haya efectuado el último pago de las prestaciones de desempleo cuyo reembolso se solicite. La solicitud indicará la cuantía de las prestaciones abonadas durante los períodos de tres o cinco meses contemplados en el artículo 65, apartados 6 o 7, del Reglamento de base, el período por el que se pagaron estas prestaciones y los datos de identificación del desempleado. Los créditos se introducirán y pagarán a través de los organismos de enlace de los Estados miembros de que se trate.

No se exigirá el examen de las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto en el primer párrafo.

Será aplicable, mutatis mutandis, el artículo 65, apartado 1 y el artículo 66, apartados 4 a 6, del Reglamento de aplicación.

A partir del final del período de seis meses a que se refiere el artículo 66, apartado 4, del Reglamento de aplicación, la institución acreedora podrá aplicar intereses a los créditos por pagar. Los intereses se calcularán según lo dispuesto en el artículo 67, apartado 2, del Reglamento de aplicación.

La cuantía máxima del reembolso a que se refiere la tercera frase del artículo 65, apartado 6, del Reglamento de base será en cada caso particular la cuantía de la prestación a la que la persona de que se trate tendría derecho con arreglo a la legislación del Estado miembro al que haya estado sujeta en último lugar si estaba inscrita en los servicios de empleo de dicho Estado. No obstante, en las relaciones entre Estados miembros que se enumeran en el anexo XY, las instituciones competentes de uno de esos Estados miembros a cuya legislación estaba sujeta en último lugar la persona de que se trate determinarán la cuantía máxima en cada caso particular tomando como base la cuantía media de las prestaciones de desempleo concedidas en el año civil anterior con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro.

Capítulo III

Restitución de prestaciones percibidas en exceso, recuperación de pagos provisionales, compensación y asistencia en materia de cobro

Sección 1

Principios

Artículo 70

1.  A los efectos de la aplicación del artículo 84 del Reglamento de base y en el marco que este define, el cobro de los créditos se efectuará, siempre que sea posible, mediante compensación, tanto entre las instituciones acreedoras, en adelante denominadas "entidades requirentes" y las instituciones deudoras, denominadas "entidades requeridas", como con respecto a la persona asegurada, con arreglo a lo que disponen los artículos 71 y 72 del ║Reglamento de aplicación.

Cuando el crédito no haya podido cobrarse, en todo o en parte, mediante la compensación mencionada en el párrafo primero, los importes que quede a deber el beneficiario se cobrarán en virtud de los artículos 73 a 82 del Reglamento de aplicación.

2.  El organismo de enlace deberá considerarse la entidad requerida para las solicitudes que se le dirijan.

Sección 2

Compensación

Artículo 71

Prestaciones en metálico indebidas o percibidas en exceso

1.  Si ha pagado a un beneficiario de prestaciones una cantidad superior a la debida, la institución de un Estado miembro, en las condiciones y dentro de los límites fijados por la legislación que aplique, pedirá a la institución de cualquier otro Estado miembro que deba prestaciones al mismo beneficiario la retención, sobre las sumas pagaderas a este, de la cantidad pagada en exceso. Esta última institución practicará la retención en las condiciones y dentro de los límites fijados para tales compensaciones en la legislación que aplique, como si se tratase de una cantidad pagada en exceso por ella misma, y transferirá la cantidad retenida a la institución acreedora.

2.  A efectos de la aplicación del artículo 6, a más tardar dos meses después de que se haya determinado la legislación aplicable o la institución responsable del pago de las prestaciones, la institución que haya pagado prestaciones en metálico con carácter provisional efectuará un cálculo del importe que le debe la institución competente. Cuando el beneficiario o su empleador hayan pagado cotizaciones con carácter provisional, estas cantidades se tendrán en cuenta para establecer ese importe.

La institución competente que deba prestaciones al beneficiario retendrá de los importes adeudados al interesado la suma correspondiente al pago provisional. La institución deudora practicará la retención en las condiciones y dentro de los límites fijados para tales compensaciones en la legislación que aplique y transferirá inmediatamente la cantidad retenida al organismo acreedor.

3.  Cuando una persona asegurada haya recibido asistencia social en un Estado miembro dentro de un período durante el cual tenía derecho a prestaciones con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, el organismo que le haya prestado la asistencia podrá, si tiene títulos legalmente admisibles sobre las prestaciones debidas a la persona asistida, pedir a la institución de cualquier otro Estado miembro que deba prestaciones a dicha persona la retención, sobre las sumas que abone a la misma, de la cantidad gastada en la asistencia.

Esta disposición se aplicará, mutatis mutandis, al miembro de la familia de una persona asegurada que haya recibido asistencia en el territorio de un Estado miembro dentro de un período durante el cual la persona tenía derecho a prestaciones, por ese miembro de su familia, con arreglo a la legislación de otro Estado miembro.

La institución acreedora comunicará a la institución deudora el cálculo del importe que se le deba. Esta practicará la retención en las condiciones y dentro de los límites fijados para tales compensaciones en la legislación que aplique y transferirá inmediatamente la cantidad retenida al organismo acreedor.

4.  En los casos contemplados en los apartados 2 y 3, la institución competente comunicará a la persona asegurada un informe sobre su situación en el que figuren los importes adeudados o percibidos en exceso con arreglo a la legislación que aplique.

Artículo 72

Cotizaciones indebidas o percibidas en exceso

A efectos de la aplicación del artículo 6, la institución que haya percibido cotizaciones con carácter provisional de una persona asegurada o de su empleador solo procederá a reembolsar los importes de que se trate a las personas que los hayan pagado después de haber preguntado a la institución competente los importes que se le deberían en aplicación del artículo 6, apartado 4.

Sección 3

Cobro

Artículo 73

Solicitudes de información

1.  A petición de la entidad requirente, la entidad requerida le comunicará los datos que le sean útiles para el cobro de un crédito.

Para procurarse esta información, la entidad requerida ejercerá los poderes previstos por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables al cobro de créditos similares originados en su propio Estado miembro.

2.  En la solicitud de información se indicarán el nombre, la dirección y cualquier otra información a la que la entidad requirente normalmente tenga acceso respecto a la persona a la que se refiera la información que se vaya a facilitar, así como la naturaleza y la cuantía del crédito en relación con el cual se hace la solicitud.

3.  La entidad requerida no estará obligada a transmitir información que no pueda haber obtenido para el cobro de créditos similares originados en su Estado miembro.

4.  La entidad requerida informará a la entidad requirente de los motivos que se opongan a que la petición de información sea atendida.

Artículo 74

Notificación

1.  A petición de la entidad requirente, la entidad requerida procederá a notificar al destinatario, según las normas jurídicas vigentes para la notificación de los actos correspondientes en su propio Estado miembro, todos los actos y decisiones, comprendidos los judiciales, relativos a un crédito o a su cobro, que emanen del Estado miembro de la entidad requirente.

2.  En la solicitud de información se indicarán el nombre, la dirección y cualquier otra información a la que la entidad requirente normalmente tenga acceso relativa al destinatario, la naturaleza y el objeto del acto o la decisión que se vaya a notificar y, cuando proceda, el nombre, la dirección y cualquier otra información a la que la entidad requirente normalmente tenga acceso relativa al deudor y al crédito al que se refieran el acto o la decisión, así como cualquier otra información que pueda ser de utilidad.

3.  La entidad requerida informará sin demora a la entidad requirente del curso dado a la petición de notificación y, en particular, de la fecha en la que la decisión o el acto se hayan transmitido al destinatario.

Artículo 75

Petición de cobro

1.  La petición de cobro de cotizaciones o la petición de restitución de prestaciones indebidas o pagadas en exceso que dirija la entidad requirente a la entidad requerida deberá ir acompañada de un ejemplar oficial o una copia conforme del título que permita su ejecución, emitido en el Estado miembro de la entidad requirente y, en su caso, del original o de una copia conforme de otros documentos necesarios para el cobro.

2.  La entidad requirente sólo podrá formular una petición de cobro:

3.  La petición de cobro indicará:

4.  La petición de cobro contendrá además una declaración de la entidad requirente que confirme que se cumplen los requisitos del apartado 2.

5.  La entidad requirente comunicará a la entidad requerida, tan pronto como tenga conocimiento de ella, toda la información útil relacionada con el caso que haya motivado la petición de cobro.

Artículo 76

Título que permite la ejecución del cobro

1.  El título que permita la ejecución del cobro del crédito se reconocerá directamente y se tratará automáticamente como un instrumento que permite la ejecución de un crédito de la entidad requerida.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el título que permita la ejecución del cobro podrá, cuando proceda y con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida, ser homologado, reconocido, completado o sustituido por un título que permita su ejecución en el territorio de dicho Estado miembro.

Las autoridades competentes procurarán finalizar las formalidades de homologación, reconocimiento, complemento o sustitución en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la petición de cobro, excepto en los casos en que sea de aplicación el párrafo tercero. Si el título está correctamente redactado, no podrán negarse a realizar esas formalidades. En caso de que se rebase el plazo de tres meses, la entidad requerida informará a la entidad requirente de los motivos de este rebasamiento.

Cuando alguna de estas formalidades dé lugar a la impugnación del crédito o del título que permita la ejecución del cobro expedido por la entidad requirente, será de aplicación el artículo 78.

Artículo 77

Modalidades y plazos de pago

1.  El cobro se efectuará en la moneda del Estado miembro de la entidad requerida. La entidad requerida transferirá a la entidad requirente la totalidad de la suma del crédito que haya cobrado.

2.  La entidad requerida, si lo permiten las disposiciones reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en su Estado miembro y tras haber consultado a la entidad requirente, podrá conceder al deudor un plazo para el pago o autorizar un pago fraccionado. Los intereses percibidos por la autoridad requerida como consecuencia de este aplazamiento del pago se transferirán también a la autoridad requirente.

A partir del momento en que el título que permita la ejecución del cobro del crédito haya sido directamente reconocido u homologado, reconocido, completado o sustituido de conformidad con el artículo 76, se cobrarán intereses de demora con arreglo a las leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida, que se transferirán asimismo a la entidad requirente.

Artículo 78

Impugnación del crédito o del título que permita la ejecución del cobro

1.  Si, durante el procedimiento de cobro, el interesado impugna el crédito o el título que permita la ejecución de su cobro emitido en el Estado miembro de la entidad requirente, entablará su acción ante la instancia competente del Estado miembro de la entidad requirente, con arreglo a las normas jurídicas vigentes en dicho Estado miembro. Esta acción deberá ser notificada a la entidad requerida por la entidad requirente. Además, podrá notificarla a la entidad requerida el interesado.

2.  Tan pronto como haya recibido la notificación a la que se refiere el apartado 1, ya sea de la entidad requirente o del interesado, la entidad requerida suspenderá el procedimiento de ejecución a la espera de la decisión de la instancia competente en la materia, a menos que exista una solicitud en contrario formulada por la entidad requirente de conformidad con el párrafo segundo. Si lo considera necesario, podrá recurrir a medidas cautelares para garantizar el cobro, cuando las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en su Estado miembro lo permitan para créditos similares.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la entidad requirente podrá, con arreglo a las leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas vigentes en su Estado miembro, pedir a la entidad requerida el cobro de un crédito impugnado, siempre que las leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida lo permitan. Si el resultado de la impugnación resulta favorable al deudor, la entidad requirente deberá reembolsar cualquier importe cobrado, junto con las compensaciones debidas, con arreglo a la legislación vigente en el Estado miembro de la entidad requerida.

3.  Cuando la impugnación afecte a las medidas de ejecución adoptadas en el Estado miembro de la entidad requerida, la acción se entablará ante la instancia competente de este Estado miembro, con arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias.

4.  Cuando la instancia ante la que se haya entablado la acción, con arreglo al apartado 1, sea un tribunal judicial o administrativo, la decisión de este tribunal, cuando sea favorable a la entidad requirente y permita el cobro del crédito en el Estado miembro de la entidad requirente, constituirá el "título que permite la ejecución", y el cobro del crédito se efectuará en virtud de esta decisión.

Artículo 79

Límites de la asistencia

Artículo 80

Medidas cautelares

A solicitud motivada de la entidad requirente, la entidad requerida adoptará medidas cautelares para garantizar el cobro de un crédito cuando así lo permitan las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida.

Para la aplicación del párrafo primero se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones y los procedimientos contemplados en los artículos 73 a 75 y en el artículo 77 del Reglamento de aplicación.

Artículo 81

Gastos

1.  No se reclamarán gastos de ejecución cuando el crédito se cobre por el método de compensación previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de aplicación.

2.  La entidad requerida cobrará a la persona interesada, además, todos los gastos derivados del cobro con arreglo a los artículos 73 a 77 y 81 del Reglamento de aplicación, y conservará su importe, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias de su Estado miembro que sean aplicables a créditos análogos.

3.  Los Estados miembros renunciarán recíprocamente al reintegro de los gastos que resulten de la asistencia mutua que se presten en aplicación de lo establecido en el Reglamento de base o en el ║ Reglamento de aplicación.

4.  Para cobros que presenten una dificultad particular y se caractericen por unos gastos muy elevados, las entidades requirentes y las entidades requeridas podrán acordar normas de reembolso específicas para cada caso.

5 La autoridad competente del Estado miembro de la entidad requirente deberá sufragar a la autoridad competente del Estado miembro de la entidad requerida todos los gastos realizados y todas las pérdidas sufridas por actuaciones que se reconozcan como injustificadas con respecto a la realidad del crédito o a la validez del título emitido por la entidad requirente.

Título V

Disposiciones diversas, transitorias y finales

Artículo 82

Control administrativo y médico

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27, cuando un beneficiario de prestaciones contempladas en los capítulos I, II y IV del título III se halle o resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel donde se encuentre la institución deudora, el reconocimiento médico será efectuado, a solicitud de esta institución, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario según las normas establecidas en la legislación que esta última institución aplique. En tal caso, las constataciones hechas por la institución del lugar de estancia o de residencia tendrán validez ante la institución deudora.

Si la institución del lugar de estancia o de residencia debe proceder, en virtud del artículo 82 del Reglamento de base, a un reconocimiento médico, lo hará con arreglo a las disposiciones de la legislación que aplique. A falta de estas, pedirá a la institución deudora que le indique las disposiciones a que haya de ajustarse.

La institución deudora conservará la facultad de disponer que, a continuación, un médico designado por ella reconozca al beneficiario. No obstante, únicamente se podrá invitar al beneficiario a ir al Estado miembro de la institución deudora a condición de que esté apto para efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.

2.  Cuando un beneficiario de prestaciones contempladas en los capítulos I, II y IV del título III se halle o resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel donde se encuentre la institución deudora, el control administrativo será ejercido, a solicitud de esta institución, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario. La institución deudora comunicará a la institución del lugar de estancia o residencia los puntos a los que deberá referirse el control administrativo. De no ser así, la institución del lugar de estancia o residencia efectuará el control según las normas establecidas en su legislación.