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Jueves 20 de septiembre de 2001 - Bruselas Edición definitiva
Mutilaciones genitales femeninas
A5-0285/2001

Resolución del Parlamento Europeo sobre las mutilaciones genitales femeninas (2001/2035 (INI))

El Parlamento Europeo,

-  Vista la propuesta de resolución, de 26 de febrero de 2001, presentada por Maurizio Turco y otros sobre las mutilaciones genitales femeninas (B5-0686/2000/rev. ), firmada por 317 diputados al Parlamento Europeo,

-  Vistos los artículos 2, 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948,

-  Vistos los artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, adoptado en 1966,

-  Vistos los artículos 2, 3 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, adoptado en 1966,

-  Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, adoptado el 4 de noviembre de 1950,

-  Vista, en particular, la letra a) del artículo 5 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en 1979,

-  Vistos el apartado 1 del artículo 2, el apartado 1 del artículo 19, el apartado 3 del artículo 24 y los artículos 34 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

-  Vistos el artículo 1, la letra f) del artículo 2, el artículo 5, la letra c) del artículo 10, el artículo 12 y el artículo 16 de la Recomendación nº 19, aprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 1992,

-  Vistos la Declaración y el Programa de acción de Viena, adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en junio de 1993,

-  Vista la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, primer instrumento internacional en materia de derechos humanos que trata exclusivamente de la violencia contra la mujer, adoptada en diciembre de 1993,

-  Vistos los informes de la relatora especial de las Naciones Unidas, Sra. Coomaraswamy, sobre la violencia contra la mujer,

-  Vistos la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 13 de septiembre de 1994),

-  Vistos la Declaración y el Programa de acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 15 de septiembre de 1995),

-  Vista su Resolución de 15 de junio de 1995 sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín: "Igualdad, desarrollo y paz”(1) ,

-  Vista su Resolución de 15 de junio de 2000 sobre los resultados del período extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulado Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI, 5-9 de junio de 2000(2) ,

-  Visto el Acuerdo de asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonú) firmado el 23 de junio de 2000 y el Protocolo financiero anexo al mismo,

-  Vista su Resolución de 18 de mayo de 2000 sobre el curso dado a la Plataforma de acción de Pekín (2000/2020 (INI))(3) ,

-  Vista su Resolución de 13 de marzo de 1997 sobre la violación de los derechos de las mujeres(4) ,

-  Vista su Resolución de 16 de septiembre de 1997 sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres(5) ,

-  Visto el Protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado el 12 de marzo de 1999 por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas,

-  Vista la Resolución del Consejo de Europa sobre las mutilaciones genitales femeninas, de 12 de abril de 1999,

-  Vista su posición de 16 de abril de 1999 sobre una propuesta modificada por la que se adopta un programa de acción comunitaria (DAPHNE) (2000-2004) relativo a medidas para combatir la violencia ejercida contra los niños, los jóvenes y las mujeres (COM(1999) 82 - C4-0099/1999 - 1998/0192(COD) )(6) ,

-  Vista su posición de 15 de noviembre de 2000 sobre el programa relativo a la estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) (COM(2000) 335 - C5-0386/2000 - 2000/0143(CNS) ) (7) ,

-  Vista su Decisión de 14 de diciembre de 2000 de incluir la Mutilación genital femenina en el artículo B5-802 del presupuesto 2001 / Programa DAPHNE(8) ,

-  Vistas las recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos sobre mutilaciones genitales femeninas en el marco del Programa DAPHNE / mutilación genital femenina en noviembre de 1998(9) ,

-  Visto el informe adoptado el 3 de mayo de 2001 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las mutilaciones sexuales femeninas(10) ,

-  Vista la proclamación conjunta por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión de la Carta de los Derechos Fundamentales en el Consejo Europeo de Niza el 8 de diciembre de 2000,

-  Vistas las posiciones reiteradamente adoptadas por el Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en el ámbito internacional,

-  Vistos los artículos 6 y 7 del Tratado UE sobre el respeto de los derechos humanos (principios generales) y los artículos 12 y 13 del Tratado CE (no discriminación),

-  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

-  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y las opiniones de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y de la Comisión de Desarrollo y Cooperación (A5-0285/2001 ),

A.  Considerando que, según datos de la OMS, 130 millones de mujeres en el mundo han sufrido mutilaciones genitales y que cada año resultan expuestas a estas prácticas dos millones de mujeres,

B.  Considerando que, a pesar de la dificultad de realizar estimaciones precisas por la falta de datos oficiales, según la OMS, diversas ONG y distintas investigaciones, estas prácticas se realizan al menos en 25 países africanos, en algunos países asiáticos (Indonesia, Malasia) y en el Oriente Próximo (Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto); que se ha constatado que en los EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Europa (según algunas fuentes, el número de víctimas se acerca a 60.000 y a 20.000 el número de mujeres en situación de riesgo) también se llevan a cabo mutilaciones genitales femeninas en el seno de comunidades inmigrantes de esos países,

C.  Considerando que aproximadamente en la mitad de los 25 a 30 países africanos en que se practica la mutilación genital femenina se han promulgado diversas leyes que condenan dicha práctica en parte o por entero, pero que éstas no se aplican,

D.  Considerando que las mutilaciones genitales practicadas a mujeres comprenden diversos grados, desde la clitoridectomía (ablación parcial o total del clítoris) y la excisión (ablación del clítoris y de los labios menores), que representan alrededor del 85% de las mutilaciones genitales practicadas a mujeres, hasta la forma más extrema, es decir, la infibulación (ablación total del clítoris y de los labios menores así como de la cara interior de los labios mayores y costura a continuación de la vulva para dejar solamente una estrecha abertura vaginal),

E.  Considerando que las mutilaciones genitales femeninas provocan daños irreparables para la salud de las mujeres y niñas que las sufren , y que pueden incluso llegar a provocar la muerte; que el empleo de instrumentos rudimentarios y la ausencia de precauciones antisépticas tienen efectos secundarios nocivos, de manera tal que las relaciones sexuales y los partos pueden ser dolorosos, los órganos quedan dañados irremediablemente, y pueden registrarse complicaciones (como hemorragias, estado de choque, infecciones, transmisión del virus del sida, tétanos, tumores benignos), así como graves complicaciones durante el embarazo y el parto),

F.  Considerando que cualquier mutilación genital femenina, en cualquier grado, constituye un acto de violencia contra la mujer que supone una violación de sus derechos fundamentales, concretamente el derecho a la integridad personal y física y a la salud mental, así como de sus derechos sexuales y reproductivos, y que dicha violación en ningún caso puede justificarse por el respeto a tradiciones culturales de diversa índole o por ceremonias iniciáticas,

G.  Considerando que la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos recogida y afirmada por todos los tratados internacionales en la materia y, de manera especial, los derechos de las mujeres, son el objetivo de los ataques del relativismo cultural radical, que, en su forma más extrema, considera la cultura como la única fuente de legitimación moral; que, así, los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas se ven amenazados en nombre de culturas, prácticas tradicionales o costumbres o, incluso, del extremismo religioso, que en su mayoría atribuyen a la mujer una posición social y un estatuto inferiores a los de los hombres,

H.  Considerando que las mutilaciones sexuales impuestas a las niñas merecen la condena más rotunda y constituyen una violación manifiesta de la normativa internacional y nacional protectora de la infancia y sus derechos,

I.  Considerando que las mutilaciones genitales femeninas constituyen una violación de los derechos de las mujeres y de las niñas sancionados por varios convenios internacionales, están prohibidas en la legislación penal de los Estados miembros y violan los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;

J.  Considerando que la violencia contra las mujeres surge de estructuras sociales basadas en la desigualdad entre los sexos y en relaciones desequilibradas de poder, dominio y control, en las que la presión social y familiar está en el origen de la violación de un derecho fundamental como es el respeto de la integridad de la persona,

K.  Considerando que la mutilación genital femenina se añade a la discriminación de la que ya son víctimas las mujeres y niñas de las comunidades en que se practica,

L.  Destacando el papel disuasorio crucial que desempeñan la educación y la información, y reconociendo en especial la importancia de convencer a la gente de que puede abandonar determinadas prácticas sin renunciar por ello a aspectos significativos de sus propias culturas,

M.  Considerando que la letra f) del artículo 2 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados Partes que tomen las medidas apropiadas para modificar o abolir las normas, costumbres y prácticas existentes que constituyan una discriminación contra las mujeres,

N.  Considerando que, según la letra a) del artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para "modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”,

O.  Considerando que la Declaración y el Programa de acción de Viena, adoptados en junio de 1993, manifiestan por primera vez que los derechos fundamentales de la mujer "son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales” y que toda forma de violencia, "en particular las derivadas de prejuicios culturales [...[ son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona”,

P.  Considerando que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1993, ofrece por primera vez una interpretación oficial de las Naciones Unidas de la violencia por razón de la pertenencia al sexo femenino: "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”,

Q.  Considerando que el artículo 2 de esta Declaración establece claramente que la violencia contra la mujer abarca, aunque sin limitarse a ellos, actos como la violencia física, sexual y psicológica que se produzcan en la familia, en particular, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer,

R.  Considerando que el artículo 4 de esta Declaración establece que "los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla”,

S.  Considerando que el apartado 1 del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, establece que "los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de [...[ el sexo”; que el apartado 3 del artículo 24 establece que "los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños”,

T.  Considerando que la Plataforma de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 incluye recomendaciones a los Estados a fin de eliminar las mutilaciones genitales femeninas y proteger a las mujeres y a las niñas frente a las mismas,

U.  Considerando que la Conferencia de seguimiento de El Cairo y, en particular, el artículo 42 de las acciones clave para la aplicación posterior del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo establece que los gobiernos deberán promover y proteger los derechos humanos de las niñas y las jóvenes, incluidos los derechos económicos y sociales, así como la libertad frente a la coacción, la discriminación y la violencia, incluidas las prácticas perjudiciales y la explotación sexual; que los gobiernos deberán revisar toda la legislación y modificar y revocar aquella que discrimine a las niñas y a las jóvenes,

V.  Considerando que la Declaración y la Plataforma de Pekín adoptados en 1995 dirigen con firmeza recomendaciones a los gobiernos en las que se les pide que promulguen y apliquen leyes que castiguen a los autores de estas prácticas y de actos de violencia contra la mujer, como las mutilaciones genitales, y que apoyen enérgicamente los esfuerzos desplegados por las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunitarias para eliminar estas prácticas,

W.  Considerando que la Plataforma de Pekín pide a los Estados que tomen todas las medidas apropiadas, en particular en el ámbito de la educación, para modificar los comportamientos sociales y culturales de hombres y mujeres, y eliminar los prejuicios y las prácticas tradicionales, así como todas las prácticas basadas en la idea de que uno de los dos sexos es superior o inferior al otro y en concepciones estereotipadas de los roles masculino y femenino,

X.  Considerando que el Acuerdo de asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonú) se basa en estos principios universales e incluye disposiciones contrarias a la mutilación genital femenina (el artículo 9 relativo a los elementos esenciales del Acuerdo, incluido el respeto del conjunto de los derechos humanos, y los artículos 25 y 31 relativos al desarrollo del sector social y a las cuestiones vinculadas a la igualdad de sexos, respectivamente),

Y.  Considerando que el informe adoptado el 3 de mayo de 2001 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pide la prohibición de las mutilaciones sexuales femeninas y las considera un trato inhumano y degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; recordando que la defensa de las culturas y tradiciones encuentra su límite en el respeto de los derechos fundamentales y en la prohibición de prácticas que se aproximan a la tortura,

Z.  Considerando que, en el marco de una política europea común de inmigración y asilo, la Comisión y el Consejo deberían tener en cuenta el riesgo de mutilación genital en caso de rechazo de una solicitud de asilo,

AA.  Considerando que los Estados miembros disponen ahora de un marco jurídico comunitario que les permite adoptar una política eficaz de lucha contra las discriminaciones y aplicar un régimen común en materia de asilo, así como una nueva política de inmigración (artículo 13 y título IV del Tratado CE),

1.  Condena enérgicamente las mutilaciones genitales femeninas por ser una violación de los derechos humanos fundamentales;

2.  Pide que la Unión Europea y los Estados miembros colaboren, en nombre de los derechos humanos, de la integridad de la persona, de la libertad de conciencia y del derecho a la salud, en la armonización de la legislación existente y, si la legislación existente demuestra no ser apropiada, en la elaboración de una legislación específica en la materia;

3.  Se opone a toda medicalización en la materia, que no haría sino justificar y aceptar la práctica de las mutilaciones genitales femeninas en el territorio de la Unión;

4.  Reitera que la mutilación genital femenina constituye, por su naturaleza y sus consecuencias, un grave problema para la sociedad en su conjunto; considera, no obstante, a fin de que los miembros de las comunidades o grupos afectados se convenzan de la necesidad de erradicar dichas prácticas, que las medidas que se adopten deberán contar con la participación y la colaboración de las comunidades y adecuarse a la realidad de las mismas;

5.  Afirma que las razones aducidas por numerosas comunidades en favor del mantenimiento de prácticas tradicionales nocivas para la salud de mujeres y niñas no tienen base científica ni origen o justificación de carácter religioso;

6.  Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que acometan una investigación exhaustiva para determinar el alcance de este fenómeno en los países miembros de la UE;

7.  Pide que la Comisión elabore un enfoque estratégico integral a fin de eliminar la práctica de las mutilaciones genitales femeninas en la Unión Europea, que debe ir más allá de la mera denuncia de estos actos, y que establezca mecanismos no sólo jurídicos y administrativos, sino también preventivos, educativos y sociales que permitan que las mujeres que son víctimas o pueden llegar a serlo obtengan verdadera protección;

8.  Pide que esta estrategia integral esté acompañada por programas educativos, así como por la organización de campañas publicitarias nacionales e internacionales;

9.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una campaña de sensibilización dirigida a los legisladores/parlamentos de los países afectados con vistas a maximizar el impacto de la legislación existente y, en los casos en que se carezca de ésta, ayudar en la formulación y adopción de la legislación pertinente;

10.  Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que persigan, condenen y castiguen la realización de estas prácticas, aplicando una estrategia integral que tenga en cuenta la dimensión normativa, sanitaria, social y de integración de la población inmigrante;

11.  En ese sentido, pide a los Estados miembros que:

   -
consideren como delito cualquier mutilación genital femenina, independientemente de que se haya otorgado o no algún tipo de consentimiento por parte de la mujer afectada, así como que se castigue a quien ayude, incite, aconseje o procure apoyo a una persona para que realice cualquiera de estos actos sobre el cuerpo de una mujer, joven o niña;
   -
persigan, procesen y castiguen penalmente a cualquier residente que haya cometido el delito de mutilación genital femenina, aunque el delito se haya cometido fuera de sus fronteras (extraterritorialidad del delito);
   -
aprueben medidas legislativas que otorguen a los jueces o fiscales la posibilidad de adoptar medidas cautelares y preventivas si tienen conocimiento de casos de mujeres o niñas en situación de riesgo de ser mutiladas;
   -
adopten normas administrativas relativas a los centros de salud y a las profesiones médicas, a los centros educativos y a los asistentes sociales, así como códigos de conducta, ordenanzas y códigos deontológicos para que los profesionales de la salud, los agentes sociales, los maestros y profesores y los educadores denuncien los casos cometidos de que tengan constancia o bien aquellos casos en riesgo que necesiten protección y, además, realicen en paralelo una labor de educación y concienciación con las familias; ello no supondrá una violación del secreto profesional;
   -
desde el punto de vista de las normas de protección a la infancia, consideren que la amenaza y/o riesgo de sufrir una mutilación genital femenina podrá ser la causa que justifique la intervención de la administración pública;
   -
pongan en marcha una estrategia preventiva de acción social dirigida a la protección de las menores que no estigmatice a las comunidades inmigrantes, por medio de programas públicos y servicios sociales dirigidos tanto a prevenir (formación, educación y concienciación de las comunidades de riesgo y los casos concretos) estas prácticas como a asistir a las víctimas que las han sufrido (apoyo psicológico y médico incluido si fuera posible un tratamiento médico reparador gratuito);
   -
difundan una información precisa y comprensible para una población no alfabetizada, en particular por medio de los consulados europeos con ocasión de la entrega de visados; los servicios de inmigración deben comunicar también a la llegada al país de acogida la información sobre las razones de la prohibición legal, con el fin de que las familias comprendan que la prohibición del acto tradicional no se concibe en modo alguno como una agresión cultural, sino que constituye una protección jurídica de las mujeres y las niñas; debe informarse a las familias de las consecuencias penales, que pueden suponer una pena de prisión, si se comprueba la mutilación;
   -
elaboren guías y directrices para los profesionales de la salud, educadores y asistentes sociales con el objetivo de informar e instruir a los padres y las madres, de forma respetuosa y con asistencia de intérpretes si es necesario, acerca de los enormes riesgos de las mutilaciones genitales femeninas y del hecho de que tales prácticas constituyen un delito en los países de la Unión Europea;
   -
se organicen cursos de información sexual para colegios y grupos pertinentes con el fin de informar de las consecuencias de las mutilaciones genitales femeninas;
   -
colaboren y financien las actividades de las redes y organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo una tarea de educación, concienciación y mediación sobre mutilaciones genitales femeninas en estrecho contacto con las familias y comunidades;

12.  Pide al Consejo que, previa consulta al Parlamento Europeo, adopte medidas para combatir este fenómeno en virtud del artículo 13 del Tratado, en nombre de la lucha contra la discriminación por motivos de sexo y contra la violencia contra las mujeres y las niñas;

13.  Pide que las medidas adoptadas velen por el apoyo a las mujeres víctimas de violencia y por su readaptación, proporcionándoles asistencia especializada, y que se forme a los funcionarios de justicia y de policía para tratar los problemas relacionados con la violencia contra las mujeres;

14.  Expresa el deseo de que la Comisión y el Consejo, dentro del proceso de comunitarización de la política de inmigración y asilo previsto por el Título IV del Tratado de Amsterdam, y los Estados miembros tomen medidas relativas a la concesión de permisos de residencia y a la protección de las víctimas de esta práctica y reconozcan el derecho de asilo a las mujeres, jóvenes y niñas que se encuentren en riesgo de ser mutiladas genitalmente;

15.  Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para conseguir que se incluya el “acceso a los procedimientos de asilo para las mujeres amenazadas de sufrir mutilaciones genitales femeninas” como una cuestión prioritaria en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2002;

16.  Acoge positivamente las importantes contribuciones de muchas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, de entidades de investigación, de la Red Europea para la Prevención de las Mutilaciones Genitales Femeninas en Europa y de personas comprometidas, que gracias a la financiación de los órganos de las Naciones Unidas y del programa DAPHNE, entre otras fuentes, desarrollan diversos proyectos dirigidos a la concienciación, la prevención y la eliminación de la mutilación genital femenina; el establecimiento de redes entre las organizaciones no gubernamentales y organizaciones basadas en las diferentes comunidades a los niveles nacional, regional e internacional es, sin duda, fundamental para el éxito en la erradicación de las mutilaciones genitales femeninas y en el intercambio de información y experiencia, así como para la realización de esfuerzos conjuntos;

17.  Pide que las mutilaciones genitales femeninas se integren plenamente, en tanto que gravísimas violaciones de los derechos fundamentales, en la política de desarrollo de la Unión, teniendo en cuenta la adopción del Reglamento (CE) nº 2836/98 del Consejo, de 22 de diciembre de 1998, a raíz, en particular, de la Declaración Final de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín de 1995 y de su Plataforma de acción; cree que la prevención de las mutilaciones genitales femeninas debe convertirse en una prioridad de los programas de cooperación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos;

18.  Pide a la Comisión y al Consejo que tengan plenamente en cuenta una estrategia contra la mutilación genital femenina en los documentos de estrategia por países elaborados para la cooperación con terceros países;

19.  Pide a la Comisión y al Consejo que planteen la cuestión de una estrategia contra la mutilación genital femenina en las conversaciones que celebren con los países ACP afectados sobre sus programas de cooperación al desarrollo (programas indicativos nacionales) en el marco del Acuerdo de Cotonú;

20.  Pide a todos los países donde existe la mutilación genital femenina y, en particular, a los países ACP afectados que, de conformidad con el Acuerdo de Cotonú, adopten urgentemente, si es que no lo han hecho ya, leyes que condenen esta práctica, así como disposiciones y procedimientos encaminados a garantizar la aplicación de dichas leyes;

21.  Recuerda los artículos 9, 25 y 31 del Acuerdo de Cotonú y pide a la Comisión y al Consejo que incrementen sus esfuerzos para aplicar programas que aborden la mutilación genital femenina;

22.  Recomienda que los recursos presupuestarios destinados a combatir la mutilación genital femenina en terceros países, actualmente dispersos, se consoliden en una línea presupuestaria específica o como una parte claramente identificable y separada de una línea ya existente, y que se acuerde una dotación anual mínima de 10 millones de euros a partir del presupuesto 2002.

23.  Opina que, en el contexto de las disposiciones sobre derechos humanos de los programas de desarrollo de la UE, la mutilación genital femenina constituye un ataque a los derechos de la mujer lo suficientemente grave como para que la Comisión esté preparada para invocar dichas disposiciones si los gobiernos afectados no estuvieran dispuestos a incluir la lucha contra la mutilación genital femenina como un sector de cooperación;

24.  Pide que se fomente la ayuda exterior a aquellos países que han adoptado medidas legislativas y administrativas que prohiben y sancionan la practica de la mutilación genital femenina y promueven en aquellos lugares donde la mutilación es habitual programas educativos y sociosanitarios dirigidos a evitar esta práctica y a luchar contra la misma; insta a los gobiernos afectados a prohibir las mutilaciones genitales femeninas y pide a la Comisión que colabore estrechamente con las ONG, las iniciativas locales y los líderes religiosos que trabajan para erradicar dichas prácticas;

25.  Hace hincapié en que el cambio a medio y largo plazo debe originarse dentro de los países afectados y que la ayuda internacional al desarrollo, como por ejemplo los programas comunitarios de desarrollo, tiene un papel complementario crucial que desempeñar;

26.  Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que recurran a la cláusula de los derechos humanos a fin de convertir la lucha contra las mutilaciones genitales femeninas en una acción prioritaria en las relaciones con terceros países, en particular con los países que mantienen una relación privilegiada con la UE en el marco del Acuerdo de Cotonú, y que presionen a éstos para que aprueben las medidas legislativas, administrativas, judiciales y preventivas necesarias para poner fin a estas prácticas;

27.  Insiste en que la Unión Europea haga oír su voz en las Naciones Unidas para que los numerosos Estados que han formulado reservas a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el sentido de que cumplirán las obligaciones derivadas de la misma siempre y cuando no sean contrarias a determinadas costumbres, prácticas o leyes nacionales, las retiren ya que se trata de reservas totalmente incompatibles con el espíritu y objeto de la Convención y, por lo tanto, inaceptables;

28.  Pide a la Unión Europea y, por lo tanto, al conjunto de las instituciones y de los Estados miembros que defiendan con energía y firmeza los valores europeos construidos sobre los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia; considera que ninguna práctica cultural o religiosa puede oponerse a estos principios que constituyen el fundamento de nuestra democracia;

29.  Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, así como a los Gobiernos de los países ACP.

(1) DO C 166 de 3.7.1995, p. 92.
(2) DO C 67 de 1.3.2001, p. 289.
(3) DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
(4) DO C 115 de 14.4.1997, p. 172.
(5) DO C 304 de 6.10.1997, p. 55.
(6) DO C 219 de 30.7.1999, p. 497.
(7) DO C 223 de 8.8.2001, p. 149.
(8) DO L 56 de 26.2.2001, p. 1008.
(9) International Centre for Reproductive Health (Gante).
(10) Consejo de Europa: Mutilaciones sexuales femeninas, doc. 9076 de 3.5.2001.

Última actualización: 15 de mayo de 2004Aviso jurídico