El Parlamento Europeo,

–  Visto el Libro Verde de la Comisión (COM(2001) 68 – C5&nbhy;0259/2001),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 5 de diciembre de 1993, sobre "Crecimiento, competitividad, empleo - Retos y pistas para entrar en el siglo XXI" (COM(1993) 700),

–  Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (A5&nbhy;0419/2001),

A.  Considerando que una política de productos integrada (PPI) que coadyuve al desarrollo sostenible no sólo debe ser eficiente desde el punto de vista económico, sino que debe, ante todo, ser efectiva desde el punto de vista medioambiental y contribuir al bienestar social dentro y fuera de la UE,

B.  Considerando que es urgente tomar medidas para invertir las tendencias no sostenibles, tales como el agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático, las emisiones difusas de sustancias químicas peligrosas y la producción creciente de residuos y, en particular, de residuos peligrosos,

C.  Considerando que la PPI puede constituir un instrumento complementario útil para la legislación,

D.  Considerando que los consumidores ejercen su libertad de elección no sólo en función de la calidad de los productos, sino también en función de su poder adquisitivo,

E.  Considerando que se debe tener en cuenta la estrecha relación que existe entre el Sexto Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente 2001-2010, el Libro Blanco sobre la estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos y la estrategia de la Unión Europea en relación con una política de productos integrada,

F.  Considerando que los programas y las correspondientes ayudas en materia de investigación y desarrollo tecnológico deben contribuir a la aplicación concreta de la política de productos integrada,

G.  Considerando que también se debe tener en cuenta la situación de los diferentes Estados miembros a la hora de diseñar una política de productos integrada que sea asumible por todos ellos,

H.  Considerando que una política integrada de producto debe estar basada en la responsabilidad que tiene cada uno de los agentes: los fabricantes del diseño, de la producción, de la comercialización y del término del ciclo de vida, y los consumidores de la decisión de compra y del modo en que el producto se utiliza y elimina de acuerdo con los medios disponibles,

I.  Considerando que la responsabilidad individual del fabricante es fundamental para el desarrollo del diseño ecológico de los productos,

1.  Considera que la propuesta de la Comisión resulta insatisfactoria, aunque interesante; opina que sería deseable una propuesta de política de mayor alcance y más elaborada, que tome más claramente en consideración cada uno de los componentes de la cadena de producción, como las materias primas, el consumo de energía, los envases y el transporte; señala, sin embargo, que, para partir de bases más precisas y coordinadas, hubiera sido deseable un estudio más exhaustivo de los logros y las deficiencias de las actuales políticas en materia de PPI (ecoetiquetado europeo, EMAS, legislación sobre el Nuevo Enfoque como, por ejemplo, la directiva de envases, etc.); pide asimismo que en el futuro los documentos elaborados por la Comisión como base del trabajo del Parlamento sean más precisos, lo que ahorraría mucho trabajo innecesario a todas las partes;

2.  Destaca la necesidad de definir con mayor precisión las modalidades de atribución y control de una futura etiqueta ecológica europea;

3.  Presupone que la Comisión no presentará ningún libro blanco sobre la política de productos integrada antes de haber considerado con detenimiento la opinión del Parlamento sobre el Libro Verde;

4.  Lamenta la falta de objetivos claros con calendarios para la PPI así como de métodos e indicadores para controlar sus logros, y pide a la Comisión que los desarrolle como condición indispensable para conseguir que la PPI sea un éxito;

5.  Pide que la PPI tenga como objetivo una reducción significativa de la carga total medioambiental generada por la cantidad y peligrosidad de los productos en circulación con calendarios precisos;

6.  Subraya que la PPI deberá complementar los instrumentos jurídicos existentes y en modo alguno deberá ser utilizada para sustituir o suavizar la legislación comunitaria;

77 7.  Pide a la Comisión que proponga nuevas normas basadas en el principio de la responsabilidad del fabricante como consecuencia de la aplicación de este principio en las directivas relativas a los vehículos al final de su vida útil y a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos;

8.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación crítica de los logros y las deficiencias de la legislación sobre el Nuevo Enfoque a fin de determinar si la misma apoya el objetivo de la PPI;

9.  Pide a la Comisión que ponga en marcha, a la mayor brevedad, proyectos piloto adecuados;

10.  Cree que, dada la complejidad del proceso en el que participan productores, consumidores y administraciones, es importante tener en cuenta, en el proceso de desarrollo de la política de productos integrada, su repercusión en la economía, la formación y las cuestiones sociales; la política de productos integrada debe contribuir, en particular, a la utilización de un trabajo cuyos conocimientos permitan integrar el desarrollo sostenible y ejercer una interacción con él, también mediante la participación de los trabajadores en los conocimientos y en el trabajo consciente;

11.  Destaca la necesidad de incluir los servicios en el ámbito de aplicación de la política integrada con objeto de reducir sus efectos no deseados para el medio ambiente y lamenta que no se haya abordado suficientemente el sector de los servicios, cada vez más importante, y recomienda que los efectos medioambientales de los servicios (en particular el transporte y el turismo) estén sujetos al mismo enfoque;

12.  Pide a la Comisión que examine los modelos actuales de consumo y que identifique las posibilidades de pasar a una desmaterialización, haciendo hincapié en la función que pueden desempeñar los servicios en lugar de los productos;

13.  Subraya la importancia de aclarar los papeles que desempeñan los distintos agentes, mientras que los sistemas de colaboración deberían dejarse a discreción de los diferentes grupos interesados y señala que para la normalización (CEN e ISO) deben tenerse mucho más en cuenta los aspectos medioambientales; apoya la continuación del proyecto de Servicio de Asistencia Técnica Medioambiental (Environmental Help Desk, EHD) a escala europea; subraya que la integración de las cuestiones medioambientales en la normalización europea es un elemento importante de una Política de Productos Integrada; insta a la Comisión a que garantice que todas las partes interesadas están correctamente representadas en el proceso de normalización, incluidos los representantes de organizaciones medioambientales y de consumidores; alienta a la Comisión a que presente a la mayor brevedad una propuesta de revisión del Nuevo Enfoque que garantice una verdadera integración de las preocupaciones ambientales en la normalización y precise la naturaleza de las decisiones relativas a la política medioambiental que podrían abordarse a través de la normalización y la de las decisiones que deberían dejarse a la autoridad reguladora, en el marco de un proceso democrático transparente;

14.  Recuerda que la Administración debe, en el uso de sus competencias, especificar claramente su papel, estableciendo unos niveles mínimos de exigencia para los indicadores ambientales, los objetivos claros y los calendarios; los acuerdos voluntarios deberían utilizarse solamente como instrumento de orientación si la autoridad reguladora ha establecido los objetivos en el marco de un proceso democrático transparente que garantice la participación del público y si van acompañados de un control adecuado y de la posibilidad, por parte del Estado, de la imposición de sanciones; finalmente, la PPI y los acuerdos voluntarios no deberán sustituir la legislación actual o futura, sino sólo complementarla;

15.  Hace hincapié en que una política de productos integrada debe adoptar, por principio, un planteamiento pluridimensional basado en una concepción que abarque la totalidad del ciclo de vida;

16.  Considera que las limitaciones que se derivan de la necesidad de producir de manera más ecológica deberían tener en cuenta las características específicas de las pequeñas y medianas empresas (PYME), las empresas artesanales y los modos de producción tradicionales;

17.  Afirma que, en este sentido, para reducir el coste de las medidas y no excluir del proceso a las pequeñas y medianas empresas se deben establecer indicadores ambientales basados en la evaluación del ciclo de vida simplificado de los productos; subraya la importancia de que se establezcan parámetros comunes precisos aplicables a este análisis del ciclo de vida; opina que dichos indicadores deberían ser representativos y consistentes, reflejo de los impactos ambientales prioritarios y de los aspectos ambientales más significativos de cada gama de productos; deberían establecerse por consenso (p.e. paneles de productos)trabajando con los diferentes grupos interesados con el fin de establecer los más relevantes y las metodologías de medición de los mismos. No obstante, hay que considerar que deberían revisarse con cierta periodicidad, para su actualización si fuera necesario; cabe destacar que la metodología relativa al análisis del ciclo de vida resulta todavía hoy en día difícil de aplicar, sobre todo en lo que se refiere a la utilización de los recursos, el tiempo y la legibilidad de los resultados; que estas dificultades aumentan sensiblemente cuando se trata de pequeñas y medianas empresas y existen diferencias estructurales entre un país y otro, por ejemplo diferente combinación de fuentes de energía;

18.  Subraya la necesidad de animar a las empresas a que desarrollen indicadores ambientales sencillos que puedan ser fácilmente utilizados en las redes y cadenas internacionales de producción;

19.  Hace hincapié en que, sobre la base de un análisis del ciclo de vida y de indicadores adecuados, puede establecerse un marco que los agentes económicos llenen de contenido de manera autónoma mediante la integración de los aspectos medioambientales en sus reflexiones estratégicas, el diseño de sus productos y la producción de los mismos; la acción autónoma y responsable y la capacidad de innovación son componentes importantes del planteamiento de la PPI;

20.  Exige que los precios de los productos reflejen de forma fiel sus costes ambientales y que se fomenten los productos de diseño ecológico; para ello se deberían utilizar mecanismos de los precios y adoptar medidas de fomento de la internalización de los costes externos (medida por sí sola que incentivaría la mejora ambiental de los productos);

21.  Pide a la Comisión que reduzca o elimine las subvenciones que perjudican los objetivos de la PPI;

22.  Considera que la integración de todos los costes ecológicos para la fijación del precio de los productos no debe dar lugar a una exclusión de los consumidores menos favorecidos de este mercado y que, por consiguiente, conviene reforzar, en relación con cualquier dispositivo de penalización, los instrumentos y las medidas de incentivación pertinentes, tanto para las empresas como para los particulares, como por ejemplo las ayudas financieras (para la normalización y la adaptación de los procedimientos de producción) o los incentivos fiscales (tipos reducidos de IVA);

23.  Sugiere que la Comisión estudie la posibilidad de perseguir los objetivos PPI a nivel de la OCDE y de la OMC, y recomienda una cooperación intensa entre la DG Medio Ambiente y la DG Comercio sobre la cuestión de la OMC; espera que la Comisión analice las repercusiones de las cadenas mundiales de abastecimiento en la PPI, la función de la PPI en los países en desarrollo, así como la compatibilidad de esta política con las reglas de la OMC, y que presente propuestas de revisión de dichas reglas en caso necesario;

24.  Insiste en que las autoridades públicas deben facilitar el desarrollo de productos ambientalmente más correctos mediante la estimulación de las actividades de investigación en este campo y la difusión de sus resultados; considera que tal investigación debe incluir el desarrollo de la cadena de los minoristas que se oriente a satisfacer la demanda vendiendo un servicio más que la posesión de un producto;

25.  Estima que la aplicación de las medidas debe realizarse de forma gradual, ampliando poco a poco el número de categorías de productos afectadas. Todas las medidas deben facilitar al productor el conocimiento de las repercusiones ambientales de los productos que pone en el mercado, identificando así las potencialidades de mejora ambiental de los mismos;

26.  Pide que se desarrolle el modelo de la política de productos integrada para sectores particulares e incluso para productos determinados, a fin de que pueda aplicarse adecuadamente en la práctica;

27.  Observa con satisfacción que en los Estados miembros existen planteamientos de política de productos integrada y manejable basados en investigaciones del ciclo de vida de productos determinados y considera necesario que estas experiencias se recojan en un futuro Libro Blanco y se reflejen en la futura legislación;

28.  Subraya que las experiencias recogidas con el modelo de la PPI o en ámbitos sectoriales de los Estados miembros deben ser puestas a disposición de toda la UE y que debe fomentarse la interconexión en redes y la intensificación de estas actividades;

29.  Resalta que una política de productos integrada se basa en la comunicación y la cooperación entre las diferentes partes interesadas. Es importante que se definan claramente los grupos objetivo para poder definir apropiadamente las herramientas de comunicación tales como la formación de quienes desarrollan los productos, los operadores de proceso así como la información de los consumidores; esta comunicación debe tener lugar de manera específica para cada producto y con arreglo a las exigencias específicas del mismo;

30.  Reconoce la necesidad de definir una estrategia educativa, gradual y a largo plazo destinada a guiar a los productores y a los consumidores finales, teniendo en cuenta las necesidades de los niños y los jóvenes. Sólo un esfuerzo suplementario de información al ciudadano servirá para alcanzar este objetivo, por lo que los productores y distribuidores deberán facilitar a los consumidores, de la forma que resulte apropiada, información clave sobre el conjunto del ciclo de vida de su producto o su servicio;

31.  Observa que, gracias a la intensificación de la interacción entre consumidores, organizaciones de consumidores, comerciantes y productores, los derechos del consumidor resultan fortalecidos y se dispone de más información verificable y transparente;

32.  Subraya que para llevar a la práctica el modelo de la PPI debe aplicarse la normativa comunitaria vigente y sólo deben crearse nuevos instrumentos cuando existan lagunas en la normativa;

33.  Considera necesario que se introduzcan gravámenes fiscales diferenciados para los productos según sus efectos en el medio ambiente y que ello se haga en un marco armonizado a escala europea;

34.  Destaca la necesidad de introducir criterios ambientales en los procedimientos de aprovisionamiento de las administraciones públicas

35.  Advierte que debe considerarse una combinación adecuada de los instrumentos propuestos en el Libro Verde para evitar el riesgo de duplicación y de conflicto que podría producirse si se adoptan conjuntamente;

36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.