El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión, de 7 de octubre de 2009, sobre la constitución, el establecimiento de las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social(1), adoptada de conformidad con el artículo 184 de su Reglamento,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social (A7-0267/2010),

Causas

1.  Indica que las causas de la crisis actual son múltiples y sus efectos son tanto inmediatos como a largo plazo, que varias señales de alarma pasaron inadvertidas y que se minusvaloraron tanto la magnitud de la crisis como las repercusiones y los efectos indirectos;

2.  Toma nota de que las raíces de la crisis, que comenzó en los Estados Unidos con la burbuja de las hipotecas de alto riesgo, se remontan a tiempo atrás;

3.  Toma nota de que los factores principales que contribuyen a la actual crisis financiera son los desequilibrios globales, la gobernanza regulatoria (regulación y supervisión) y la política monetaria, junto con factores específicos inherentes al sistema financiero, como la complejidad y la opacidad de los productos financieros, los sistemas de remuneración a corto plazo ofertados y unos modelos empresariales inadecuados;

4.  Considera que la multiplicación en el sector financiero de los conflictos de interés, los intereses personales y los casos de operadores «demasiado cercanos para hablar» ha contribuido en algunos casos a agravar la crisis;

5.  Toma nota de que la política monetaria expansionista de los EE.UU. ha fomentado un exceso de liquidez en búsqueda de rendimientos elevados y el desarrollo de una demanda interior basada en el crédito al consumo y, por lo tanto, en el endeudamiento de los hogares, y en un elevado gasto público financiado mediante el acceso a capitales a bajo coste;

6.  Indica que ha habido un comportamiento especulativo por parte de los mercados financieros, y que algunos inversores han asumido riesgos muy grandes, lo cual fue agravado por el oligopolio de las agencias de calificación; constata que toda economía de mercado funciona mejor cuando cuenta con una regulación a varios niveles, transparente y democráticamente consensuada acompañada de una ética saludable que promueva sólidos sistemas financieros y económicos y no perjudique a la economía real;

7.  Afirma que la multiplicación de los productos complejos fuera de balance, o cuentas de orden (como los SPV, CDO, CDS, etc.), y los mecanismos de titulización resultantes de un sistema bancario paralelo no regulado han aumentado el riesgo sistémico, en lugar de reducirlo; constata que las entidades centradas en el ahorro y la financiación de las PYME han demostrado su eficacia;

8.  Considera que la ausencia de un modelo más sostenible de producción, distribución y consumo en vista del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el agotamiento de los recursos naturales aviva las causas de la crisis;

9.  Considera que las estructuras de gobernanza económica y financiera existentes antes del estallido de la crisis, tanto a nivel mundial como de los EE.UU. o en el seno de la Unión Europea, carecían de coherencia y consistencia a la hora de separar el control macroprudencial del microprudencial, hacían demasiado hincapié en el control microprudencial de las instituciones financieras a partir de la base y en el control de los indicadores macroeconómicos de cada país, dejando de lado la evaluación sistémica de la evolución macroeconómica y financiera, que exigiría controlar las interdependencias entre instituciones financieras y entre países;

10.  Observa que la globalización se ha llevado a cabo sin que se hayan creado o se hayan transformado en paralelo estructuras de gobernanza mundial que acompañen a la integración de los mercados, en particular en lo que a los equilibrios y a los desequilibrios mundiales y de los mercados financieros se refiere, y considera que el proceso del G20 es un paso en la dirección correcta, aunque hace hincapié en la necesidad de una representación efectiva de la posición de la Unión Europea en el G20;

11.  Constata que la Unión Europea reconoció la libre circulación de capitales según lo dispuesto en los Tratados de la Unión Europea en julio de 1990, lo que contribuyó al desarrollo económico; señala, sin embargo, que la libre circulación de capitales no se vio acompañada de una armonización de los impuestos sobre el ahorro, una regulación transfronteriza adecuada o la supervisión a nivel europeo;

12.  Condena el hecho de que los principios del PEC no siempre hayan sido respetados en el pasado y señala que las economías de la zona del euro presentan profundos desequilibrios;

13.  Observa la ausencia de una regulación adecuada y de una supervisión vigorosa y la falta absoluta de unos instrumentos de gestión de contingencias en el caso de una crisis bancaria, lo que demuestra hasta qué punto la Unión Europea debe ir mucho más lejos para contar con mecanismos adecuados para gestionar los retos políticos asociados a la existencia de un mercado interior y de un sistema financiero integrado; observa, en particular, la ausencia de un mecanismo de quiebra transfronteriza;

Efectos

14.  Constata que, según Eurostat, el déficit público ha aumentado en la Unión Europea desde el 2,3 % del PIB en 2008 hasta el 7,5 % en 2010, y desde el 2 % hasta el 6,3 % en la zona del euro, y que la deuda pública ha pasado a representar del 61,6 % del PIB en 2008 al 79,6 % en 2010 en la Unión Europea, y del 69,4 % al 84,7 % en la zona del euro, llevándose consigo en dos años casi dos décadas de esfuerzos de consolidación presupuestaria de algunos Estados miembros; lamenta esta vuelta atrás, ya que dificultará aún más hacer frente al desempleo y a los retos demográficos;

15.  Considera que la situación de las finanzas públicas europeas ya era mala antes de la crisis: en efecto, desde los años 1970, la deuda pública de los Estados miembros ha ido aumentado poco a poco, acusando los golpes de los distintos períodos de desaceleración económica que ha atravesado la UE; señala que el coste de los planes de recuperación, la disminución de los ingresos fiscales y los elevados gastos de protección social han provocado un aumento de la deuda pública y del peso de ésta en el PIB de todos los Estados miembros, aunque en diversos grados;

16.  Considera que todavía no se han sentido todos los efectos de la crisis y que no puede excluirse una nueva caída, como una doble recesión, en particular por lo que se refiere a la tasa de desempleo;

17.  Señala que la crisis ha repercutido en el empleo en toda la UE, aunque la tasa de desempleo aumentó por término medio en solo un 1,9 % en la UE-27, y que los efectos negativos sobre el empleo se prolongarán debido al desfase habitual con el que las tendencias económicas se reflejan en el mercado laboral; subraya que la Comisión calcula que la tasa de desempleo de la UE rondará el 11 % en 2010, lo que tendrá graves consecuencias para el capital humano de la UE;

18.  Toma nota de que los efectos sociales de la crisis son muy diferentes dependiendo de los Estados miembros: mientras que la tasa de desempleo se sitúa por término medio en el 10 %, en algunos países alcanza el 20 %, aumentando a más del 40 % entre los jóvenes, lo que subraya el alcance de las mejoras estructurales necesarias en algunos países;

19.  Considera que, si bien una política de reducción de la deuda es importante, una rápida consolidación de las finanzas públicas no debería ir en detrimento de los sistemas de protección social y de los servicios públicos en un momento en que se ha reconocido justamente el papel que desempeñan como estabilizadores automáticos y amortiguadores de la crisis; señala que el fomento de la eficacia de la protección social y los servicios públicos puede mejorar al mismo tiempo la eficacia económica y la calidad de los servicios; reconoce que la falta de un equilibrio adecuado podría dar lugar a un crecimiento átono durante un largo período, acompañado de un desempleo persistente y, en consecuencia, a una erosión inexorable de la competitividad mundial de Europa;

20.  Observa que los elevados niveles de desempleo no solo conllevan costes sociales, sino también elevados costes económicos, dado que los desempleados no pueden contribuir mucho a la demanda interna y pagan menos impuestos y contribuciones a la seguridad social; constata que ello aumenta la carga que soportan las personas que trabajan en forma de mayores impuestos y, para las generaciones futuras, en forma de un mayor peso de la deuda;

21.  Observa que, teniendo en cuenta las cifras correspondientes a 2007, que son las últimas disponibles y que, por consiguiente, se remontan a antes de la crisis, en la Unión Europea hay 30 millones de trabajadores pobres así como, según datos recientes, 79 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, y que es probable que esta cifra haya aumentado desde entonces;

22.  Señala que, aparte del desempleo, la crisis ha tenido un impacto social multifacético, en particular, una cierta erosión de las condiciones de trabajo, unas dificultades crecientes para que algunas personas puedan acceder a necesidades y servicios básicos, un aumento de las personas sin hogar, el endeudamiento excesivo y la exclusión financiera;

23.  Constata que, como en el caso de cualquier crisis, la actual está repercutiendo negativamente en el crecimiento y el empleo, afectando en primer lugar a los más vulnerables, incluidos los jóvenes, las personas mayores, los niños y las mujeres, así como a las minorías étnicas y a los inmigrantes;

24.  Comparte las preocupaciones expresadas acerca de los aspectos procíclicos de los mecanismos de regulación, supervisión, contabilidad y fiscalidad, que aumentan las fluctuaciones inherentes al funcionamiento de la economía de mercado;

Respuesta

25.  Toma nota de que el rescate del sector bancario por los gobiernos no representa más que un porcentaje de los costes impuestos a la sociedad por la crisis financiera, toda vez que los costes de la recesión y del aumento de la deuda pública serán considerables: se perderán, a escala mundial, 60 billones de dólares;

26.  Señala que la crisis ha provocado un drástico aumento de las ayudas estatales tras la aprobación del marco temporal de ayudas estatales, y lamenta los efectos perjudiciales que esto haya podido tener en el mantenimiento de la igualdad de condiciones en Europa; pide a la Comisión que asuma un liderazgo enérgico en la lucha contra el proteccionismo y la distorsión de la competencia;

27.  Aprueba las medidas no convencionales establecidas por el BCE y los bancos centrales nacionales durante los dos últimos años para rescatar a los bancos de los Estados miembros en riesgo de quiebra debido a unos niveles de activos tóxicos sin precedentes; recibe con especial satisfacción el hecho de que se den garantías sobre los depósitos a los clientes de estos bancos, pero subraya la necesidad de suprimir gradualmente estas medidas no convencionales para evitar una competencia desleal en el sector bancario;

28.  Recuerda que en octubre de 2008 la Unión Europea adoptó el Plan Europeo de Recuperación Económica, que representaba el 1,6 % de su PIB, frente a un 5 % en China y un 6,55 % en los Estados Unidos;

29.  Celebra la adopción por parte del Consejo Ecofin el 10 de mayo de 2010 del plan de estabilización de 750 000 millones de euros en préstamos y garantías, por el que se estableció un mecanismo de estabilidad financiera para hacer frente a los riesgos de insolvencia por parte de deudores soberanos, en parte mediante el recurso al artículo 122 del TFUE como fundamento jurídico del plan; señala el déficit democrático inherente y el vacío de responsabilidad democrática que han caracterizado a las decisiones del Consejo en relación con el paquete de rescate, para las que no se ha consultado al Parlamento Europeo; pide la participación del Parlamento Europeo, en su calidad de colegislador, en futuras propuestas y decisiones de rescate en relación con crisis;

Planes nacionales de reactivación

30.  Lamenta el modesto nivel de coordinación entre los diferentes planes nacionales de reactivación, ya que el efecto multiplicador y el potencial apalancamiento de la coordinación a nivel de la UE habrían superado muy probablemente el efecto que puede alcanzarse mediante una planificación en gran medida nacional, que corre el riesgo de ser mutuamente contradictoria; pide un aumento de la dimensión europea en los futuros planes de reactivación e inversiones a gran escala;

31.  Pide a la Comisión que haga una valoración muy concreta de la eficacia de los paquetes nacionales de rescate de bancos y de los planes nacionales y europeos de reactivación adoptados en el otoño/invierno 2008-2009 con respecto a los objetivos a corto y largo plazo de la Unión, incluido un análisis exhaustivo de las consecuencias de los mecanismos revisados de ayuda estatal aprobados en respuesta a la crisis y con respecto a la competencia y al mantenimiento de la igualdad de condiciones en Europa, la reforma financiera y la creación de empleo;

32.  Observa que algunos Estados miembros, en particular los que reciben ayuda de la balanza de pagos de la CE, no tienen actualmente oportunidades de crear planes nacionales de reactivación con elementos que les permitan estimular el crecimiento y el empleo, ya que las opciones existentes hasta el año 2012 se limitan a los recortes del gasto público, los aumentos de impuestos y la reducción de la deuda pública bruta;

El futuro – una Europa de valor añadido

33.  Considera inaceptable que la Unión sea el único espacio integrado en el que la cuestión de la energía, especialmente la combinación de energías, no tenga carácter estratégico ni en su territorio ni en el contexto de sus relaciones con sus socios; considera que las acciones en este ámbito deben adoptarse en la UE sobre la base de una estrecha coordinación entre la Comisión, los Estados miembros y los sectores industriales interesados, con el fin de garantizar el aprovisionamiento de sus Estados miembros en materia de fuentes de energía, como el petróleo y el gas, a través de una red diversificada de transporte de energía, en particular negociando contratos de suministro y organizando las capacidades de almacenamiento, así como financiando y coordinando la investigación y el desarrollo en materia de nuevas fuentes de energía, como parte de todos los programas pertinentes, tales como el séptimo Programa de investigación 2007-2013 y sus correspondientes actualizaciones;

34.  Propone que la Comisión asuma la plena responsabilidad de garantizar el control y la financiación de proyectos en los siguientes ámbitos:

35.  Estima que, si bien puede lograrse un acuerdo en cuanto a la gobernanza y la acción de la Unión en términos de competencias compartidas y de acciones complementarias, la Unión debe dotarse de los medios, en particular financieros, para aplicar una estrategia de estas características;

Reglamentación y supervisión financieras

36.  Recuerda que el objetivo en última instancia del sistema financiero es proporcionar instrumentos adecuados para ahorrar y poner los ahorros en circulación en forma de inversiones, respaldar la economía real y promover la eficacia económica, asumiendo parte de los riesgos de las empresas y los hogares, optimizar la financiación a largo plazo de las jubilaciones y crear empleo, como lo hacen por ejemplo los bancos minoristas regionales y locales; toma nota de que esta función es especialmente importante en un contexto de renovación del método de crecimiento que exige inversiones considerables en las tecnologías limpias;

37.  Hace hincapié en que el desarrollo financiero debe ponerse también al servicio de la equidad extendiendo el acceso al crédito y a los seguros, en condiciones de seguridad suficientes, a los grupos de la población que actualmente no tienen acceso a los mismos; hace hincapié en que la reforma de la regulación del sector financiero no debe llevarse a cabo con el único fin de garantizar la estabilidad financiera, sino que debe reflejar los objetivos de desarrollo sostenible;

38.  Señala que la crisis presente demuestra los límites de un sistema de autorregulación y de una confianza excesiva en la capacidad de los participantes en los mercados financieros y de las agencias de calificación de evaluar correctamente y gestionar de forma oportuna los riesgos y de mantener una conducta ética en todo momento;

39.  Acoge con satisfacción las propuestas formuladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) y el papel desempeñado por la institución como tal, pero teniendo en cuenta que un planteamiento único sería perjudicial para las entidades financieras en la Unión Europea; subraya que la regulación debería aplicarse según un determinado calendario y proponerse a la luz de evaluaciones en profundidad de su impacto en la medida en que las entidades financieras sirven a la economía real y a la sociedad; comparte las preocupaciones expresadas sobre el nivel adecuado de los requisitos de capital y la duración de los períodos de transición;

40.  Señala que, para restablecer la confianza, es necesario que las cuentas, tanto de las empresas como de los Estados miembros, sean transparentes; pide, por ello, a la Comisión que investigue el uso de las transacciones fuera de balance, las responsabilidades sin financiación y la proliferación de SPV y de SPE, y que examine la posibilidad de limitar su uso, o de exigir su declaración obligatoria en las cuentas que se publiquen;

41.  Señala que la crisis ha puesto al descubierto una deficiencia fundamental del sistema de supervisión; pide que las posibilidades de arbitraje regulador se reduzcan a nivel mundial mediante la adopción de acuerdos vinculantes a escala del G20 y dentro de la Unión Europea, y desea que estas oportunidades desaparezcan, en la medida de lo posible, mediante la aplicación de una reglamentación uniforme de los servicios financieros;

42.  Considera que es importante colmar los vacíos regulatorios que permitían a filiales de entidades financieras extranjeras llevar a cabo un gran volumen de transacciones en la UE sin estar sujetas a normas;

43.  Toma nota de que actualmente resulta insuficiente la regulación internacional en materia de gestión de crisis en el sector financiero; pide a la Comisión que presente propuestas concretas para un marco de la UE relativo a la gestión transfronteriza de crisis en el sector financiero que tengan presentes las iniciativas adoptadas por organismos internacionales como el G20 y el FMI a fin de asegurar la igualdad de condiciones a escala global;

44.  Señala que las normas, especialmente cuando se utiliza el valor razonable, tienen un carácter procíclico en cuanto a su influencia en la toma de decisiones, sobre todo las de las entidades financieras que han dependido en exceso de ellas; indica que este fallo puede observarse asimismo en algunas normas reguladoras, prudenciales y fiscales;

45.  Es consciente de los problemas específicos ligados a la importancia de los sectores de la banca y los seguros que están en manos de entidades extranjeras en muchos de los nuevos Estados miembros;

46.  Toma nota de que es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de actuar para ayudar a preservar la estabilidad financiera y la necesidad de garantizar la capacidad de los bancos para conceder créditos a la economía; considera importante que el sistema bancario sea capaz de cumplir sus funciones fundamentales tanto en épocas normales como en períodos de crisis;

47.  Señala que la dimensión de las entidades financieras y sus respectivos balances han introducido el concepto de «demasiado grandes para quebrar»; pide, por lo tanto, a la Comisión que exija a los bancos que presenten un «testamento vital» en el que se detalle su liquidación ordenada en la eventualidad de una crisis;

48.  Acoge favorablemente la importante función del Banco Central Europeo (BCE) en el contexto de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), que le permite realizar una aportación de primera magnitud a la estabilidad financiera en la Unión Europea;

49.  Subraya la necesidad de establecer nuevas normas para la información estadística en el sector financiero, de forma que se refuerce la capacidad de control y supervisión de la Comisión Europea;

50.  Expresa su deseo de favorecer la innovación financiera siempre y cuando genere el desarrollo de instrumentos transparentes de financiación de la innovación tecnológica útil, inversiones a largo plazo, fondos de pensiones, puestos de trabajo y una economía ecológica; está a la espera de nuevas medidas de la UE en el ámbito de la financiación innovadora con el fin de movilizar el ahorro a largo plazo en favor de inversiones estratégicas y sostenibles a largo plazo y de ampliar el acceso a los servicios financieros;

51.  Reitera la importancia capital de un sistema de supervisión y regulación que no deje sin registrar ninguna transacción financiera ni instrumento financiero; insiste en que los fondos de cobertura han de estar sujetos a las mismas normas que cualquier otro fondo de inversión; destaca que la supervisión y la regulación se han de orientar hacia los movimientos especulativos en los mercados financieros con objeto de frenar y controlar la especulación contra países, monedas y economías;

52.  Considera que la laxitud de la gobernanza corporativa de las entidades financieras ha contribuido a la crisis, y que deben buscarse soluciones para asegurar que los comités de evaluación de riesgos funcionen con eficacia y sean operativos, que los miembros de los consejos de administración tengan un conocimiento suficiente de los productos de la entidad, y que los gestores y los directivos no ejecutivos asuman su responsabilidad para conjugar los intereses de los inversores y los empleados en lo que se refiere a las políticas de compensación;

53.  Observa una falta de ética y de valores en el comportamiento de algunos agentes en las entidades y los mercados financieros; subraya que las entidades y los mercados financieros deben tener en cuenta, como parte de su responsabilidad social empresarial, los intereses de todas las partes implicadas, como sus clientes, accionistas y trabajadores;

54.Opina que es necesario aplicar a las entidades financieras un conjunto de criterios con respecto al riesgo sistémico lo suficientemente amplio para clasificarlas, en particular en el seno de la Unión; considera que la aplicación de estos criterios permite comprobar en cuántos Estados miembros intervienen, así como su tamaño, y, lo que es aún más importante, determinar la capacidad de cada entidad de perturbar el funcionamiento del mercado interior (punto éste recalcado cuando la crisis puso de manifiesto que un gran tamaño solo era uno de entre varios factores que entrañaba un riesgo sistémico);

55.  Considera indispensable que la Unión Europea tenga en cuenta, a la hora de definir nuevas normas, la necesidad de mantener y ampliar la diversidad estructural de su sector financiero, y considera que la economía europea necesita una red sólida de bancos regionales y locales, como las cajas de ahorros y las cooperativas bancarias, si bien reconoce que los diversos tipos de bancos tienen distintos ámbitos de conocimientos especializados y de competencias básicas; señala que la pluralidad ha demostrado su valía en la crisis financiera y ha contribuido a la estabilidad, así como que la uniformidad puede dar lugar a la fragilidad sistémica;

56.  Pide un retorno a la función tradicional del gerente del banco, que conoce la personalidad, la trayectoria y el plan de empresa de los solicitantes de préstamos, pudiendo así asumir riesgos calculados en función de su conocimiento personal, de conformidad con la legislación de la UE como la Directiva MiFID y la Directiva relativa al crédito al consumo, que establecen la obligatoriedad de la información y protección del consumidor;

57.  Subraya que para revitalizar y liberar el flujo de crédito hacia las empresas y los particulares es esencial encontrar soluciones a largo plazo para las dificultades que supone el enorme importe de la deuda privada tanto para los particulares como para las empresas;

58.  Reclama una mayor transparencia en las relaciones entre los Estados miembros y entre éstos y las principales entidades financieras;

59.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de 2 de junio de 2010 y considera que el modelo empresarial de las agencias de calificación crediticia puede conducir a conflictos de interés, toda vez que se recurre a estas agencias para medir la fortaleza financiera de las empresas que les pagan y que su modelo no les permite evaluar los elementos macroeconómicos de las decisiones que se adoptan; observa que las agencias de calificación crediticia contribuyeron a la crisis debido a la manera nociva en que fueron fijados sus incentivos como resultado en gran medida de una falta de competencia; propone investigar si sería más fiable un sistema en el que los inversores y los ahorradores paguen por el acceso a la información que necesitan;

60.  Solicita a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre la viabilidad y el impacto de la creación de una agencia europea de calificación crediticia pública e independiente, y considera que los tribunales de cuentas, en tanto que entidades independientes, deberían contribuir activamente a la calificación de la deuda soberana; considera que tal evolución conduciría a una pluralidad deseable de las normas de referencia; considera que una mayor competencia en el mercado de las calificaciones podría mejorar la calidad de las mismas;

61.  Pide a la Comisión que explore las propuestas relativas al derecho de voto de los accionistas por lo que se refiere al aumento de la transparencia con respecto a la identidad y las estrategias de los accionistas y favorezca las inversiones a largo plazo;

Gobernanza de la UE

62.  Considera que en tiempos de crisis económica y social los europeos esperan que los principios rectores de la toma de decisiones europea sean la rendición de cuentas, la responsabilidad y la solidaridad;

63.  Toma nota de que durante décadas antes de la crisis, muchos países europeos registraban un bajo crecimiento económico y elevadas tasas de desempleo, así como una baja demanda interna, debido a la incapacidad de algunos Estados miembros de reformar sus economías convirtiéndolas en economías orientadas hacia el conocimiento y de recuperar su competitividad en los mercados internacionales; señala que Europa necesita unos mercados financieros más transparentes y eficientes y un mayor crecimiento económico que derive en un empleo de alta calidad y en la inclusión social;

64.  Toma nota de que la Unión Europea está teniendo más problemas que otras regiones del planeta para salir de la crisis, en gran medida debido a que las respuestas políticas adoptadas en relación con la crisis han resultado inadecuadas, insuficientes y tardías y a la debilidad estructural de su capacidad de gobernanza, y apunta al riesgo de que la crisis debilite seriamente y de forma duradera su posición económica y, por ende, política, a nivel mundial, que tal vez solo se recuperará a largo plazo si la UE es capaz de replantearse la sostenibilidad del concepto de «forma de vida europea» sin socavar sus valores fundamentales;

65.  Considera que la Unión necesitará más coherencia en la elaboración de sus políticas para responder al reto al que se enfrenta; juzga, por consiguiente, esencial que las políticas que se apliquen sean coherentes y considera determinante, en este contexto, la acción de las instituciones de la UE;

66.  Señala asimismo las carencias de las estructuras de la gobernanza económica en la Unión Europea, cuya consecuencia es que esta fragmentación repercute negativamente sobre la capacidad de la Unión de hacerse oír en los debates sobre los grandes desequilibrios macroeconómicos, en particular con los Estados Unidos y China;

67.  Opina que la crisis ha puesto de manifiesto una tendencia en las políticas económicas de los últimos años que ha ocasionado en muchos países, tanto dentro como fuera de la zona del euro, un crecimiento alarmante de la deuda pública;

68.  Señala que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas es fundamental para la estabilidad y el crecimiento; se felicita de las propuestas de la Comisión en favor del refuerzo de la gestión de la zona del euro a medio y largo plazo, que están concebidas para evitar que se repita una crisis monetaria como la actual, y comparte su opinión de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento exige unos mecanismos de estímulo y sanción más eficaces;

69.  Subraya que, a fin de restaurar unas tasas de crecimiento saneadas y conseguir los objetivos de cohesión social y desarrollo económico sostenible, debe darse prioridad a la resolución de los persistentes y significativos desequilibrios macroeconómicos y a las divergencias en cuanto a la competividad; acoge favorablemente el reconocimiento por parte de la Comisión de esta necesidad en su comunicación sobre la coordinación de la política económica;

70.  Constata que la crisis ha puesto de relieve las debilidades estructurales de algunos Estados miembros, y señala que las dificultades de estos para financiar su deuda en los mercados puede atribuirse a una gobernanza inadecuada y, como ha denunciado el FMI, al hecho de que los mercados financieros internacionales dieran falsamente la alarma;

71.  Considera que la crisis financiera en Grecia y en otros países de la zona del euro es un asunto grave para la zona del euro en su conjunto, y refleja las debilidades de la misma para hacer frente a los efectos indirectos del sector financiero mundial;

72.  Considera que todo modelo de desarrollo basado en el consenso generalizado de no volver al statu quo debe establecer un vínculo entre sostenibilidad y solidaridad; propone que la futura estrategia de la Unión sea sostenible en términos de mercados financieros, economía, gasto público, dinámica económica y social, clima y medio ambiente;

73.  Recomienda la adopción de un impuesto sobre las transacciones financieras cuyo importe mejoraría el funcionamiento de los mercados al reducir la especulación y contribuiría a financiar bienes públicos europeos y mundiales y a reducir los déficits públicos; considera que dicho impuesto debe tener una base lo más amplia posible o, en su defecto, que el impuesto sobre las transacciones financieras debería introducirse como primera etapa a nivel de la UE; pide a la Comisión que elabore rápidamente un estudio de viabilidad que tenga en cuenta la igualdad de condiciones a escala global y presente propuestas legislativas concretas;

74.  Considera que, para evitar el riesgo de que se produzcan réplicas estructurales, las opciones políticas deberían regirse principalmente por el criterio rector de la estrategia de salida hacia el crecimiento sostenible a largo plazo; que, desde este punto de vista, el contenido de los paquetes fiscales resulta de vital importancia; que las opciones políticas deben determinarse de conformidad con objetivos a medio o largo plazo; que las inversiones públicas deben orientarse adecuadamente y deben centrarse en la innovación, la investigación, la educación y la eficiencia energética, y que las nuevas tecnologías deben considerarse prioritarias;

75.  Recuerda que los mayores éxitos de la Unión tienen su origen en la realización de proyectos concretos y en la aplicación de políticas de contenido, como el mercado interior, la Política Comercial Común, el euro, el lanzamiento de reformas estructurales y el Programa Erasmus, en las que la acción de la Comisión está desempeñando un papel catalizador;

76.  Considera que la solidaridad intergeneracional significa que ni los jóvenes ni los mayores se vean sobrecargados por la deuda contraída en el pasado;

77.  Toma nota del hecho de que el gran crack confiere una nueva perspectiva al reto demográfico y a la financiación de las pensiones; considera que la financiación de las pensiones no puede confiarse totalmente al sector público, sino que debe confiarse a sistemas tripartitos, incluidos los planes de pensiones públicos, profesionales y privados, debidamente garantizados por una regulación y una supervisión específicas con el fin de proteger a los inversores; considera asimismo que las pensiones deberán someterse a una reforma a escala europea para que contribuyan a financiar la solidaridad intergeneracional; considera que la prolongación de la duración de la vida plantea cuestiones transversales en términos de organización de la sociedad que aún no se han sopesado;

78.  Considera que lo que Europa necesita es una Unión más unida y eficiente y menos burocrática, y no solo más coordinación; opina que la Comisión, cuya labor consiste en definir y defender el interés general europeo, debe, con prioridad y en el marco de su derecho de iniciativa, comprometerse a actuar en nombre de la Unión en aquellos ámbitos en que dispone de competencias compartidas o de coordinación de las acciones de los Estados miembros, ejecutando y aplicando las políticas comunes y estableciendo límites a las acciones de los operadores del mercado o de los Estados susceptibles de obstaculizar el mercado interior; considera que para la Comisión es vital utilizar reglamentos en lugar de directivas como fundamento jurídico a fin de facilitar la adopción uniforme en toda la UE e impedir las distorsiones;

79.  Pide a la Comisión que, allí donde sea necesario, organice mesas redondas sectoriales para que los distintos operadores del mercado puedan trabajar en común con el fin de favorecer el relanzamiento de una verdadera política industrial europea, la innovación y la creación de empleo; recuerda que, en este empeño, hemos de tener presente nuestros compromisos en materia de cambio climático y el potencial de algunas tecnologías verdes; considera que ha de utilizarse mejor el presupuesto de la UE, con el fin de que se convierta en un auténtico catalizador de todos los esfuerzos nacionales en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, la innovación y la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo; pide además a la Comisión que presente propuestas concretas sobre la manera de intensificar la cooperación entre las empresas y el sector de la investigación y de fomentar las agrupaciones de empresas, así como que respalde dicha estrategia con una financiación adecuada; destaca que uno de los vectores fundamentales del desarrollo de cualquier mercado es la competencia libre y justa, en virtud de la cual los nuevos participantes puedan entrar fácilmente en el mercado y no existan privilegios que lo distorsionen;

80.  Insta a la Comisión a que respete plenamente la letra y el espíritu del acuerdo marco relativo a la asociación especial con el Parlamento Europeo, con miras a definir las prioridades de la agenda europea en interés de todos los ciudadanos; pide que se intensifique el diálogo con los Parlamentos nacionales, en particular en los ámbitos relativos a las cuestiones presupuestarias y financieras; advierte contra cualquier intento de crear instituciones independientes de carácter intergubernamental que excluirían a algunos países de los procesos de toma de decisiones e impedirían que se concediese el mismo peso a los puntos de vista de todos los Estados miembros;

81.  Opina que la gobernanza económica efectiva implica dotar a la Comisión de una responsabilidad de gestión verdadera y más fuerte, permitiéndole así utilizar tanto los instrumentos ya existentes como los nuevos instrumentos previstos en el Tratado de Lisboa, como por ejemplo los artículos 121, 122, 136, 172, 173 y 194, que confieren a la Comisión la tarea de coordinar las medidas y los planes de reforma y de establecer una estrategia común;

82.  Considera que el refuerzo de la gobernanza económica debe ir de la mano del refuerzo de la legitimidad democrática de la gobernanza europea, que debe lograrse a través de una participación más estrecha y oportuna del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales a lo largo de todo el proceso;

83.  Propone que el responsable de las cuestiones económicas y monetarias en el seno de la Comisión Europea sea uno de sus vicepresidentes; propone que vele por la coherencia de la acción económica de la Unión; que esté encargado, en el seno de la Comisión, de las responsabilidades que le incumben en el ámbito económico, monetario y de los mercados financieros, y de la coordinación de los demás aspectos de la acción económica de la Unión; asimismo sugiere que dicho responsable participe en los trabajos del Consejo Europeo, que presida el Consejo ECOFIN y el Eurogrupo, y que represente a la Unión en los organismos internacionales que se inscriben en su ámbito de competencias;

84.  Considera que las actuales dificultades presupuestarias a que se enfrentan los Estados miembros, así como la necesidad de hacer grandes inversiones para poder alcanzar los objetivos estratégicos de la Unión para 2020, exigen nuevos modelos financieros que cuenten con fondos tanto públicos como privados;

85.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a acelerar el establecimiento de condiciones que permitan a los sectores público y privado cooperar estrechamente, también en forma de asociaciones público-privadas, con el fin de afrontar el reto de una inversión a largo plazo a nivel nacional y europeo capaz de desembocar en un crecimiento sostenible, incluyente e integrador;

Políticas de la Unión Económica y Monetaria

86.  Reitera su compromiso con el euro; reconoce el carácter estratégico y el valor de una moneda común; destaca la transparencia y los beneficios económicos que ha aportado el euro a la zona del euro; opina que el euro debe ser ante todo un elemento fundamental de estabilidad de la economía europea;

87.  Observa que el objetivo principal de la política monetaria del BCE es el mantenimiento de la estabilidad de los precios; destaca que el objetivo de la estabilidad de los precios sólo podrá conseguirse si se abordan adecuadamente las principales causas de la inflación; recuerda que el artículo 127 del TFUE también asigna al BCE el cometido de apoyar las políticas económicas generales de la Unión; estima que es esencial que los Estados miembros de la zona del euro y los que ostentan un estatuto especial cumplan estrictamente sus obligaciones y no dejen lugar a dudas en torno a las metas comunes de estabilidad de precios, independencia del BCE y disciplina presupuestaria o su voluntad de impulsar el crecimiento, el empleo y la competitividad;

88.  Aprecia los esfuerzos del BCE por controlar la inflación; pide, no obstante, que el BCE tenga un papel más importante en el control de la inflación de activos;

89.  Subraya que la unión monetaria requiere una estrecha coordinación de las políticas económicas para hacer frente a una recesión; lamenta que en la UEM se haya privilegiado el componente «monetario»;

90.  Está de acuerdo con el FMI en que la gestión de la crisis no exime de aplicar medidas correctoras y reformas de fondo para consolidar los cimientos de la Unión Monetaria Europea;

91.  Subraya la necesidad de reforzar la resistencia de la zona del euro completando su estructura institucional, sobre la base tanto de sanciones como de incentivos para las acciones necesarias;

92.  Destaca que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) es el único instrumento regulador existente capaz de ofrecer un marco regulador fundamental para las políticas macroeconómicas y finanzas públicas en la UE;

93.  Toma nota de que el paso al euro, como lo demuestra el balance de los primeros diez años del euro, estuvo acompañado de una profundización de las divergencias en materia de competitividad entre las economías de la zona, lo que ha agravado las consecuencias de la crisis para los países más débiles desde el punto de vista económico y ha llevado en la zona del euro a desequilibrios comerciales importantes; señala que, no obstante, son considerables los beneficios del euro para la UE en su conjunto en términos de relativa estabilidad económica, estabilidad de precios y baja inflación;

94.  Hace hincapié en la necesidad de que un gran número de países ponga orden en sus sistemas fiscales y reduzca considerablemente sus niveles de déficit y de deuda; coincide con el Consejo en la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal y un mayor crecimiento económico en todos los Estados miembros y, por tal motivo, también coincide en que deben definirse y aplicarse en consecuencia los planes de consolidación fiscal y las reformas estructurales;

95.  Constata que todo ello podría desembocar en unas estrategias de consolidación financiera que limitarían en gran medida la capacidad de los gobiernos para actuar; al mismo tiempo, advierte de que estos paquetes de austeridad no deben dar lugar a medidas susceptibles de frenar la recuperación económica, la creación de empleo y la cohesión social;

96.  Considera que el PEC es un instrumento importante para ejercer presiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que ha contribuido a la responsabilidad económica dentro de la zona del euro; reconoce, no obstante, que su eficacia se ha visto comprometida por el hecho de haber sido aplicado de modo incorrecto y de no haber servido para contribuir suficientemente a optimizar la política económica de cada uno de los Estados miembros y de la zona del euro en su conjunto; observa que este instrumento de política económica no se concibió como un mecanismo corrector sostenible para compensar los desequilibrios corrientes y para gestionar los períodos de crisis o de muy escaso crecimiento; observa que, además de hacer cumplir las normas en vigor, los Estados miembros deberían aplicar políticas internas para promover el crecimiento, la innovación y competitividad, así como para perseguir un objetivo de calidad en el sentido de que el déficit público no sea superior a determinados límites;

97.  Considera que el PEC no tiene en cuenta otros desequilibrios, como los que existen en la deuda privada y en las cuentas corrientes, que también impactan en la Unión Monetaria;

98.  Constata que, incluso después de que quedara claro que la exactitud de los datos estadísticos presentados por algunos Estados miembros era cuestionable en algunos casos, en el transcurso de la anterior legislatura, cuando se revisó la Directiva sobre Eurostat, el Consejo se opuso a que se le confiasen competencias de auditoría para realizar verificaciones documentales e in situ, tal y como defendía el Parlamento Europeo;

99.  Considera que los autores del Tratado de Maastricht esperaban una convergencia de la competitividad entre los Estados miembros de la zona del euro y no previeron el elevado grado de divergencias, lo que en último término ha conducido a un aumento de los márgenes, en la medida en que los temores sobre la solvencia de algunos Estados miembros elevaban su prima de riesgo;

100.  Observa que, en los últimos meses, se ha visto una serie de excepciones temporales a la aplicación de las normas europeas sobre las ayudas estatales, gracias a las cuales los Estados miembros han tenido la oportunidad de contener el impacto de la crisis; constata que la fase de crecimiento, hacia la que vamos evolucionando, exige bases sólidas, y es en este contexto que hemos de volver gradualmente al régimen normal de ayudas estatales, asegurando así la igualdad de condiciones en Europa;

101.  Insta a que se refuercen las disposiciones del PEC, especialmente su componente preventivo, en el que la presión mutua es el instrumento más contundente disponible en la actualidad para hacer que los Estados miembros cumplan las recomendaciones del Consejo; insta a que la supervisión económica por parte de la Comisión sea más efectiva; considera que debe estudiarse la posibilidad de crear incentivos para la consolidación presupuestaria;

102.  Propone la creación de un mecanismo eficaz de incentivos y sanciones para controlar la aplicación del PEC, lo que contribuiría a la prevención de todo empeoramiento de la crisis actual y garantizaría la prevención de una nueva crisis en el futuro;

103.  Cree que la vigilancia multilateral y las solicitudes de ajuste deben referirse tanto a las situaciones de déficit como a los excedentes teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada Estado, por ejemplo con respecto a su demografía, y que deben prestar atención a los niveles de endeudamiento privado, a la evolución de los salarios frente a la productividad laboral y del empleo, en particular del empleo de los jóvenes, y a la balanza por cuenta corriente; considera que estos elementos deben utilizarse como indicadores de alerta si no pueden emplearse del mismo modo que los criterios que hoy por hoy figuran en el Pacto de Estabilidad; opina que se necesita más transparencia respecto de los datos sobre las finanzas públicas, y aplaude la propuesta de la Comisión sobre la calidad de los datos estadísticos;

104.  Insta a la Comisión a que cree un mecanismo de sanción europeo reforzado perteneciente claramente a su ámbito de competencias dentro de la zona del euro a fin de obligar a los Estados miembros a respetar las normas del PEC;

105.  Opina que el PEC ha demostrado no ser lo suficientemente eficaz en la coordinación de las políticas fiscales, que su fiabilidad en cuanto a las políticas de los diferentes países ha planteado problemas con la imposición de las normas y con la equidad de la información, que no logró establecer un vínculo con los niveles de empleo y la creación de empleo en el sentido de generación de una mezcla de políticas económicas debidamente equilibrada, y que tampoco logró abordar las cuestiones de la convergencia real, la competitividad y la creación de sinergias en la zona del euro; considera, por lo tanto, necesario intensificar la coordinación entre los Estados miembros y, en particular, entre las economías de la zona del euro para fortalecer el equilibrio económico de la zona del euro;

106.  Expone que las grandes orientaciones de las políticas económicas (GOPE) para la estabilidad y el crecimiento, codecididas con el Parlamento Europeo, deberían servir de marco a un debate y a una evaluación de los presupuestos de los Estados miembros antes de su presentación a los Parlamentos nacionales competentes;

107.  Observa que, además de contar con una moneda única, los países miembros de la zona del euro deberían cubrir una etapa más acordando medidas para la emisión y gestión mutuas de una parte de la deuda soberana de los Estados miembros que sienten las bases de una vigilancia multilateral más elaborada, con la ayuda del FME y del FEEF, y que garanticen un mayor poder de atracción del mercado del conjunto de la zona del euro y una gestión común de la deuda;

108.  Considera que la aplicación de las reformas estructurales, especialmente la adaptación y reestructuración de los sistemas de distribución social en los nuevos Estados miembros, necesita una ayuda y solidaridad considerables de la Unión; con independencia de toda situación de crisis financiera, económica y social a escala mundial, la zona del euro y MTC II se han de ampliar con nuevos Estados miembros que hayan cumplido los criterios de Maastricht; estas decisiones, entre otras, serían una prueba más de la estabilidad y sostenibilidad de la propia zona del euro;

109.  Considera vital que la superación de las importantes diferencias existentes en la zona del euro en términos de competitividad se consiga mediante aumentos salariales acordes con los avances locales en materia de productividad y las expectativas de inflación, con el fin de evitar la aparición de fracturas en el seno de la zona del euro;

110.  Se pronuncia a favor de una mejora sustancial del funcionamiento del diálogo macroeconómico, que no podrá limitarse a informar a los interlocutores sociales sobre las orientaciones propuestas o elegidas;

111.  Pide a la Comisión y al Consejo que definan para la UE grandes orientaciones comunes con el fin de llevar a cabo una economía de mercado sostenible; cree que tales orientaciones se han de definir anualmente sobre la base de una evaluación que incluya la evolución de salarios y productividad a escala nacional y europea a través de un diálogo social adecuado;

Política presupuestaria
112.Pide una estrategia presupuestaria común para restablecer y salvaguardar la UE como zona de crecimiento económico a largo plazo;

113.  Considera que un gasto público utilizado con eficacia con vistas al futuro (en los ámbitos de la enseñanza, la formación, las infraestructuras, la investigación, el medio ambiente, etc.) puede estabilizar la economía alimentando un crecimiento sano, constante y duradero; considera que un gasto público de alta calidad y responsable, junto con el estímulo del espíritu empresarial y del potencial de innovación del sector privado, puede ser un motor del progreso económico y social;

114.  Destaca la importancia de que se establezca una relación más estrecha entre los instrumentos del PEC, los instrumentos macroeconómicos y los programas nacionales de reforma en el marco de la Estrategia UE 2020, presentándolos de una manera coherente y facilitando con ello la comparación de los presupuestos nacionales en lo que se refiere al gasto en diferentes categorías; cree que los Estados miembros no solo deben considerar sus respectivas políticas económicas como un aspecto de interés nacional sino también de interés común, y formular sus políticas económicas en consecuencia; recuerda a los Estados miembros el papel reforzado de las Orientaciones Generales de Política Económica;

115.  Insiste en que, para que la Estrategia UE 2020 sea creíble, debe conseguirse un mayor grado de compatibilidad y complementariedad entre los presupuestos nacionales de los veintisiete Estados miembros de la UE y el presupuesto de la UE; destaca el mayor papel que debe desempeñar el presupuesto de la UE mediante la puesta en común de los recursos;

116.  Considera que las inversiones públicas cuyos objetivos se fijan de manera inteligente tienen un efecto de palanca de primer orden en relación con las inversiones a largo plazo; propone que se extienda el mandato del BEI para que incluya la expedición de eurobonos destinados a la inversión en importantes proyectos estructurales conforme a las prioridades estratégicas de la UE;

117.  Señala que una moneda común solo puede funcionar si los Estados miembros coordinan sus políticas presupuestarias y mantienen recíprocamente una transparencia con respecto a su contabilidad; reconoce que este proceso requiere una estrecha cooperación con los Parlamentos nacionales;

118.  Pide a la Comisión y al Consejo que, con el apoyo de Eurostat, refuercen la comparabilidad de los gastos de los presupuestos nacionales con el fin de definir el carácter complementario y convergente de las políticas aplicadas;

119.  Considera que la Unión y los Estados miembros deberían adoptar medidas para proceder al establecimiento de unos principios fiscales que dejen de favorecer el endeudamiento en los sectores público y privado y las remuneraciones a corto plazo en el sector privado y que podrían integrar mecanismos de bonificación y penalización en función de criterios relativos al trabajo digno y al medio ambiente;

120.  Observa que la salida de la crisis financiera, económica y social y de la crisis de la deuda soberana va a exigir un proceso a largo plazo que se ha de diseñar debidamente y que debe asegurar un desarrollo equilibrado y sostenible; reconoce que habrá que hacer compromisos entre crecimiento, equidad y estabilidad financiera y que estos compromisos se inscriben en una decisión de carácter político; pide a la Comisión Europea que presente propuestas de desarrollo financiero que tengan en cuenta estos objetivos, en particular en el marco de la Estrategia UE 2020 y que explique los compromisos que podrán ser objeto de decisiones de carácter político; expresa su deseo de que la Unión Europea pueda organizar, sobre esta base, un espacio de debate y confrontación política previa consulta al conjunto de las partes involucradas en la reforma de los mercados financieros (bancos, inversores, ahorradores, interlocutores sociales); pide igualmente a la Comisión que le haga participar de forma más activa en este proceso, en particular al elaborar y aplicar la Estrategia UE 2020;

121.  Insta a la Unión a dotarse mejor de instrumentos de gestión de las políticas económicas que permitan contrarrestar los ciclos;

122.  Considera que, en esta fase, el Tratado de Lisboa ofrece todos los instrumentos necesarios para establecer una auténtica gobernanza económica en la UE, así como una mejor supervisión de la situación de las finanzas públicas de los Estados miembros;

Mercado interior

123.  Señala a la atención las peticiones formuladas en los informes de Mario Monti y de Louis Grech, aprobados por el Parlamento el 20 de mayo de 2010, en favor de un planteamiento más global del mercado único, tanto en términos de estrategia como de percepción, con objeto de que gane en eficacia y restablezca la confianza del público; destaca la importancia de la iniciativa del «Acta del Mercado Único», que contiene propuestas legislativas y no legislativas para fortalecer y modernizar el mercado único, completar el mercado digital único y abordar y eliminar los obstáculos que siguen existiendo;

124.  Considera esencial que el Acta del Mercado Único incluya una agenda ambiciosa para la protección social y del consumidor en forma de inserción de una cláusula social en toda legislación relacionada con el mercado interior, los servicios de interés económico general, una agenda legislativa para reforzar los derechos de los trabajadores, un paquete legislativo ambicioso de protección del consumidor que facilite notablemente la vida diaria del ciudadano y una mejor coordinación fiscal a través de la armonización de la base del impuesto de sociedades y de los tipos del IVA;

125.  Toma nota de que el mercado interior, como columna vertebral del proyecto europeo y base de una creación duradera de riqueza en la UE, exige el apoyo de todos;

126.  Señala que el mercado interior es una de las principales locomotoras del crecimiento europeo; subraya que la Estrategia UE 2020 debería servir como un programa concreto para el crecimiento y el empleo con el fin de hacer frente a la crisis económica y reforzar el mercado interior;

127.  Opina que las iniciativas desarrolladas por los Estados individuales no pueden ser eficaces sin medidas de coordinación a escala de la UE, por lo que es fundamental que la UE hable con una única voz fuerte y aplique medidas comunes; y que la solidaridad, en la que se basa el modelo europeo de economía social, y la coordinación de las respuestas nacionales han desempeñado un papel fundamental para evitar que los Estados miembros individuales aplicaran medidas proteccionistas a corto plazo; expresa su preocupación por que el resurgimiento del proteccionismo económico a nivel nacional pudiera derivar con toda probabilidad en una fragmentación del mercado interior y en una reducción de la competitividad, y entiende, por tanto, que debe ser evitado; se muestra inquieto por que la actual crisis económica y financiera pueda servir para justificar la vuelta a medidas proteccionistas en distintos Estados miembros, cuando, por el contrario, esta crisis exige mecanismos de defensa comunes;

128.  Opina que el progreso del mercado interior no debe basarse en el mínimo común denominador; alienta, por lo tanto, a la Comisión a que asuma el liderazgo y presente propuestas audaces; anima a los Estados miembros a que apliquen el método de cooperación reforzada en ámbitos en los que el proceso de búsqueda de un acuerdo entre los veintisiete no sea viable; subraya que, en una etapa ulterior, podrán unirse otros países a estas iniciativas pioneras;

129.  Advierte del riesgo que conlleva la idea de que la economía europea pueda desarrollarse y crecer de alguna manera sin el libre comercio equitativo con tantos otros países del mundo como sea posible, incluido nuestro principal socio comercial actual, los Estados Unidos, y economías emergentes como China, India y Brasil; considera que la Unión Europea debe contar también con sus propias fuerzas y utilizar mejor su mercado interior, teniendo en cuenta, en particular, que el mayor porcentaje de su crecimiento también está vinculado a su demanda interior;

130.  Destaca la necesidad de liberar todo el potencial del mercado único para las empresas en la era de la globalización y estimular la creación de empleo y la innovación en nuevas tecnologías en Europa;

131.  Considera que, para crear un mercado único eficaz, la Comisión debe definir una serie de prioridades políticas claras mediante la aprobación de un «Acta del Mercado Único» que cubriría las iniciativas tanto legislativas como no legislativas destinadas a crear una economía social de mercado altamente competitiva;

132.  Reconoce que la construcción del mercado interior en el seno de la Unión Europea sin una determinada armonización fiscal, especialmente en cuanto a los impuestos de sociedades, y sin una definición de los componentes de la protección social ha generado, en cierta medida, la competencia exagerada entre los Estados miembros para atraer a contribuyentes de otros Estados miembros; recuerda, no obstante, que una de las grandes ventajas del mercado único ha sido la eliminación de las barreras a la movilidad y la armonización de los reglamentos institucionales, promoviendo así el entendimiento cultural, la integración, el crecimiento económico y la solidaridad europea;

133.  Recomienda que la Comisión lleve a cabo un ejercicio independiente para identificar los veinte principales motivos de insatisfacción y frustración relacionados con el mercado único a que se enfrentan diariamente los ciudadanos, en particular en lo relacionado con el comercio electrónico, la atención sanitaria transfronteriza y el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales;

134.  Pide a los Estados miembros que acepten finalmente las tablas de correspondencia sobre la aplicación de la legislación con objeto de que los déficits de legislación sean más transparentes;

135.  Destaca que el correcto funcionamiento del mercado de la contratación es fundamental para el mercado interior; le preocupa, no obstante, que las autoridades políticas sigan enfrentándose a importantes problemas a la hora de conseguir sus objetivos políticos, en el contexto de una compleja serie de normas, así como de garantizar a las PYME el acceso a los mercados de contratación pública;

136.  Anima a la Comisión a que presente una propuesta sobre la introducción de una cláusula de aplicación diferida para garantizar que las leyes sobre el mercado interior de la UE entren automáticamente en vigor en un plazo determinado si los Estados miembros no las transponen a su debido tiempo;

137.  Considera que dotar a un espacio económico de una regulación sana y eficaz constituye, después de una crisis de la amplitud de la que acabamos de atravesar, una contribución importante a la competitividad; considera que las autoridades europeas tienen una responsabilidad particular en relación con el mantenimiento de esta línea de reforma, también en lo que respecta a las autoridades políticas nacionales;

138.  Opina que Europa debería volver a ser un destino favorable para las inversiones y la producción, y convertirse en un punto de referencia mundial para la innovación y el crecimiento; estima que las instituciones financieras, ya sean públicas o privadas, han de hacer todo lo posible para garantizar que los mercados financieros operan en beneficio de la economía real y de las PYME;

139.  Pide a la Comisión que realice una evaluación anual de las necesidades de inversión pública y privada y la manera en que éstas se cumplen o deberían cumplirse;

Impuestos

140.  Reconoce que, para desarrollar aún más el mercado único de la Unión, se necesita un enfoque coordinado tanto a escala nacional como a escala de la Unión, con objeto de sacar el máximo provecho de las buenas prácticas en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal, estableciendo al mismo tiempo incentivos adecuados para que los contribuyentes paguen debidamente sus impuestos y las autoridades fiscales de los Estados miembros adopten medidas preventivas eficaces contra cualquier tipo de fraude fiscal;

141.  Considera que la reducción de los niveles de fraude fiscal contribuirá a la disminución de los déficits públicos sin subir los impuestos y manteniendo el gasto social; manifiesta su preocupación por las distorsiones surgidas en el mercado único debido a los diferentes niveles de fraude fiscal en los Estados miembros; pide a la Comisión que elabore una evaluación de impacto para determinar cuáles son los diferentes problemas que provoca la evasión fiscal y la economía sumergida en todos los Estados miembros;

142.  Destaca que el logro de unas finanzas públicas sostenibles requiere no sólo un gasto responsable, sino también una imposición adecuada y justa, una recaudación fiscal más eficaz por parte de las autoridades nacionales y una lucha más enérgica contra la evasión fiscal; pide en este sentido a la Comisión que proponga una serie de medidas que ayuden a los Estados miembros a reequilibrar sus presupuestos y a financiar inversiones públicas recurriendo a fuentes financieras innovadoras;

143.  Toma nota, haciéndose eco de los trabajos realizados por Mario Monti, de que los aumentos de los ingresos públicos vinculados a buenos resultados económicos se han traducido generalmente en disminuciones de los impuestos; observa que los impuestos sobre el trabajo deberían reducirse para incrementar la competitividad europea; respalda las propuestas de Mario Monti para la creación de un grupo de política fiscal que reuniría a representantes de los Estados miembros, como medio importante para fomentar el diálogo entre los países europeos; pide al grupo de política fiscal que debata en primer lugar el marco para un sistema fiscal que aborde objetivos medioambientales y apoye la eficacia en materia de recursos; aplaude la propuesta para una directiva sobre una base común y consolidada para el impuesto de sociedades en el programa de trabajo de la Comisión para 2011;

144.  Reconoce que un importante motor para la mejora institucional y el crecimiento económico en los Estados miembros es su soberanía en la elección de las modalidades de recogida de impuestos; considera esencial reducir los impuestos sobre el trabajo, tanto en favor de los menos afortunados como para permitir que las clases medias vivan dignamente del fruto de su trabajo;

145.  Aboga a favor de una estructura fiscal orientada a la reducción de la carga sobre el trabajo y al fomento y la creación de incentivos para el empleo, la innovación y la inversión a largo plazo;

Cohesión regional, económica y social

146.  Opina que la política de cohesión se ha de considerar uno de los pilares de la política económica de la Unión destinado a contribuir a la estrategia de la UE en materia de inversiones a largo plazo;

147.  Señala que la política de cohesión se ha convertido en un elemento esencial del Plan Europeo de Recuperación Económica como política pública para combatir la crisis y estimular la demanda a corto plazo, invirtiendo, al mismo tiempo, en el crecimiento a largo plazo y la competitividad;

148.  Considera que la fuerza de la política de cohesión en vincular la recuperación al crecimiento a largo plazo procede de sus tres características básicas: fija unas directrices estratégicas que condicionan la transferencia de recursos y que tienen carácter vinculante tanto para los Estados miembros como para las regiones; permite a los Estados miembros y a las regiones adaptar sus intervenciones a las características específicas de cada lugar; y tiene la capacidad de supervisar y apoyar la consecución de los objetivos;

149.  Subraya que el impacto desigual de la crisis en el territorio europeo refleja la existencia de puntos de partida competitivos distintos y de distintos grados de utilización de las medidas anticrisis ofrecidas por la UE, lo que se traduce en perspectivas distintas a largo plazo; destaca que los efectos de la crisis podrían debilitar la cohesión territorial si ésta no se contrarresta con políticas encaminadas a abordar los problemas específicos de forma distinta; señala que, en algunos de los países más afectados por la crisis, la política de cohesión ha supuesto la mayor parte de la inversión pública total;

150.  Considera que la estrategia tras la crisis será más eficaz si las regiones y las ciudades participan en su aplicación; que la gobernanza a varios niveles ofrece márgenes más amplio para las políticas, lo que permite un fomento más eficaz de la recuperación económica en la UE, dado que los niveles regional y local de la gobernanza europea son capaces de concretar los objetivos estratégicos generales europeos en sus propias especificidades territoriales y de emplear los instrumentos a su disposición, así como el entusiasmo de todos los socios: empresas, centros de enseñanza y sociedad civil;

151.  Señala que hoy en día existen muchos instrumentos políticos en los niveles de gobierno locales y regionales; que la innovación que puede generar mejoras de productividad y nuevas opciones tecnológicas y que puede crear nueva demanda y nuevos mercados requiere de esfuerzos focalizados a escala local y regional y un planteamiento integrado de las políticas de inversión y crecimiento que sea específico para cada zona, habida cuenta de que una región, una ciudad, una aglomeración urbana o una zona rural pueden ser el lugar de encuentro de los diferentes interlocutores y donde se pueden reunir todos los elementos necesarios para encontrar una solución;

152.  Expresa, por lo tanto, su inquietud ante la falta de progreso en el desarrollo del poder de las comunidades, puesto que las comunidades locales y rurales brindan oportunidades en términos de economía, empleo y construcción de la comunidad, y que las ayudas a estas comunidades permiten reducir la exclusión reforzando el tejido social y así incrementar su capacidad de absorción;

153.  Señala que, dado que las regiones seguirán adquiriendo importancia en la ejecución de la agenda económica de la UE, se ha de reforzar el préstamo local, y que esto se puede estimular mediante unos sólidos bancos regionales; observa que la regulación de la industria de los servicios financieros ha de tener en cuenta la necesidad de estimular el espíritu empresarial y la financiación para las PYME, y que la ayuda financiera para las PYME en la política de cohesión ha de evolucionar hacia la financiación de capital de riesgo, lo que permitiría un mayor compromiso del sector bancario y un uso más eficaz de los fondos estructurales;

154.  Pide que se siga reformando la actual estructura de la política de cohesión para permitir que los fondos se pongan a disposición de los Estados miembros, las regiones y las ciudades con más rapidez y eficacia; destaca que se necesita más flexibilidad y que la Comisión ha de tenerlo en cuenta al diseñar la futura política de cohesión;

155.  Considera indispensable vincular toda estrategia de inversión a largo plazo de la Unión Europea apoyada por la política de cohesión a resultados en términos de competitividad, innovación, creación de empleo y crecimiento ecológico, así como de mejoras en la cohesión económica, social y territorial a escala de la UE, especialmente entre los antiguos Estados miembros y los nuevos;

UE 2020

156.  Pide que la Estrategia UE 2020 persiga una concepción política más amplia del futuro de la UE como una Unión competitiva, social y sostenible en la que las personas y la protección del medio ambiente constituyan el eje de la labor política;

157.  Considera que, si se desea lograr dichos objetivos, es hora de coordinar rigurosamente nuestras políticas macroeconómicas, con el objetivo principal de aumentar el potencial de crecimiento de la UE y centrándose en un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, sin lo cual no se puede resolver ninguno de nuestros problemas; considera que este debería ser el objetivo central de la nueva Estrategia UE 2020;

158.  Reconoce que, para impedir que las respuestas a la crisis del euro se traduzcan en un largo periodo de estancamiento económico, la Unión debería a la vez poner en práctica una estrategia para acelerar el crecimiento económico sostenible, junto con reformas destinadas a restablecer y mejorar la competitividad;

159.  Toma nota de los cinco objetivos principales acordados por el Consejo Europeo por lo que se refiere a la tasa de empleo, la investigación y el desarrollo, las emisiones de gases de efecto invernadero, los niveles educativos y la inclusión social; destaca que estos objetivos principales deben formularse en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible coherente y homogénea que combine los planes de trabajo en el ámbito de las políticas económica, social y ambiental;

160.  Opina que la educación debe ocupar el centro mismo de la estrategia económica de la Unión, con el objetivo de incrementar el nivel global de calidad de todos los niveles de la educación y la formación en la UE, combinando para ello tanto la excelencia como la equidad y reformando el modelo educativo; considera que, para la Unión, la educación debería constituir un bien común, con inversiones en todas las vertientes del sistema educativo, en la calidad de la educación y en la ampliación del acceso a la enseñanza superior; propone que se desarrolle un sistema permanente e inclusivo de aprendizaje a lo largo de toda la vida a escala europea que incluya la generalización de los programas Erasmus y Leonardo para la movilidad en el aprendizaje y la formación; estima que urge aumentar el nivel de las inversiones en el ámbito de I+D, particularmente en vista de la evaluación intermedia del séptimo Programa marco y de las próximas perspectivas financieras de la UE;

161.  Observa que los principales elementos deberían ser la lucha contra el desempleo de los jóvenes y el fomento de una adecuación efectiva de las cualificaciones a las necesidades del mercado; estima que las asociaciones entre los sectores público y privado en la enseñanza se han de desarrollar y que se ha de usar la movilidad de estudiantes e investigadores en intercambios y prácticas para aumentar el atractivo internacional de los centros europeos de enseñanza superior, mientras que el mantenimiento del objetivo de destinar el 3 % del PIB a I+D fomentará la innovación a través de la investigación y la enseñanza superior;

162.  Considera que la Estrategia UE 2020 propuesta por la Comisión debería centrarse en hacer el mercado interior menos burocrático, reduciendo para 2012 en un 25 % las cargas administrativas que recaen sobre las empresas, y más orientado hacia la eficiencia, utilizando Internet como columna vertebral de un «e-Mercado» que abarque a toda la UE, creando nuevos servicios y empleos;

163.  Opina que la estructura de gobernanza de la Estrategia UE 2020 debería reforzarse para garantizar que alcance su objetivo; considera que es necesario recurrir en mayor medida a medidas vinculantes para que la nueva estrategia sea un éxito, en vez seguir utilizando el método abierto de coordinación en materia de política económica; insta al Consejo y a la Comisión a que presenten una estrategia económica en favor de la recuperación económica basada principalmente en instrumentos de la UE y no esencialmente en iniciativas intergubernamentales;

164.  Es consciente de que una buena gobernanza o un buen gobierno económico no bastarán por sí solos para garantizar a la Unión Europea la estrategia de crecimiento necesaria para responder a la crisis y hacer frente a la competencia mundial; expresa, no obstante, su convencimiento de que los diez años de UEM han demostrado su carácter indispensable, en el contexto sui generis del euro;

165.  Insiste en que la Estrategia UE 2020 debe incluir un objetivo de reducción de la pobreza en la UE a la mitad, y señala que la mayoría de los ciudadanos europeos que viven actualmente en una situación de pobreza o que corren el riesgo de caer en ella son mujeres, en particular mujeres mayores, migrantes, madres solteras y cuidadoras; opina, además, que se debería introducir una perspectiva que abarque todas las fases de la vida, ya que la pobreza de los padres repercute directamente en la vida, el desarrollo y el futuro de los hijos;

166.  Pide que se elabore una estrategia a largo plazo y ambiciosa de lucha contra la pobreza, con el fin de reducir las desigualdades y la exclusión social, y con objetivos de amplio alcance en materia de reducción de la pobreza y de la pobreza en situación de empleo; propone a este respecto un marco político a escala de la UE relativo a sistemas de salario mínimo con arreglo al principio de subsidiariedad, las diferentes prácticas, la negociación colectiva y la legislación nacional en los Estados miembros, sobre la base de criterios europeos establecidos para reflejar el nivel de vida en cada Estado miembro; pide asimismo que se fije una asignación por hijo con el fin de contribuir al mencionado objetivo de reducción de la pobreza, de las desigualdades y de la exclusión social;

167.  Señala que los Estados miembros deberían organizar un debate en sus Parlamentos respectivos antes de aprobar sus programas de estabilidad y crecimiento (UE 2020);

Innovación

168.  Destaca que los indicadores sobre innovación de la Comisión muestran que Europa está todavía muy por detrás de Japón y de los Estados Unidos en materia de investigación e innovación;

169.  Considera que, además de dedicar fondos a las pequeñas y medianas empresas, la Unión Europea ha de adoptar un enfoque proactivo y coordinado para financiar la investigación y la innovación, y ha de estar a la vanguardia de los nuevos sectores laborales y atraer inversiones privadas;

170.  Señala que la transición a una economía eficiente en el plano energético como un medio para mejorar la seguridad energética de la UE debería ser una de las prioridades de la Comisión y de los Estados miembros; considera que la UE debería fomentar los procesos innovadores en la generación de energía a partir de fuentes renovables, haciendo especial hincapié en las fuentes locales con bajo contenido de carbono;

171.  Considera que las interconexiones de redes de energía son cruciales para el funcionamiento del mercado interior en el sector energético y para una generación de energía a partir de fuentes renovables más generalizada; hace hincapié en la importancia que reviste el desarrollo de redes inteligentes;

172.  Señala que las PYME deberían constituir la columna vertebral en el proceso de desarrollo de tecnologías renovables y eficientes en el plano energético; observa, asimismo, que es fundamental crear instrumentos financieros dirigidos a fomentar la eficiencia energética y la innovación en el uso de energías renovables;

173.  Considera que las inversiones en la renovación del parque inmobiliario y del transporte colectivo deben constituir una prioridad para reducir los costes energéticos y la pobreza energética e iniciar un círculo virtuoso;

174.  Aboga por una transición gradual, justa y equitativa hacia una economía verde; considera que el desempleo resultante de esta transición debe anticiparse aumentando la formación y las competencias de los trabajadores en lo que se refiere a las nuevas tecnologías; señala que la precariedad energética constituye un motivo de preocupación significativo y creciente;

175.  Pide a la Comisión que desarrolle y proponga un mecanismo por el que se ponga a disposición de las PYME y otros agentes innovadores una financiación que reduzca los riesgos dentro de las asociaciones público-privadas con fondos de capital riesgo, en cuyo marco los recursos procedentes del Banco Europeo de Inversiones, junto con los recursos públicos procedentes de los Estados miembros, con el apoyo del mecanismo de garantía del riesgo del Fondo Europeo de Inversiones, distribuidos a través del fondo de capital riesgo, harían posible que los proyectos potenciasen las inversiones privadas hasta un 80 %;

176.  Apoya la creación de instituciones financieras destinadas a aportar financiación a proyectos innovadores en toda la Unión, condición fundamental para un futuro crecimiento duradero;

177.  Insta a la Comisión a que se esfuerce por eliminar las barreras administrativas y que mejore las condiciones para innovar, por ejemplo mediante la creación de una patente única de la UE; considera que algunos programas bienintencionados, destinados a impulsar la competitividad y a establecer una economía sostenible, no están funcionando correctamente, pues disuaden a PYME, universidades y multinacionales de participar en programas europeos;

178.  Señala que las políticas fiscales y monetarias no sustituyen a las reformas estructurales, que deben afrontar las debilidades subyacentes de la economía europea: el rápido aumento de la deuda y del déficit, el envejecimiento, la probabilidad de un rápido aumento de la inflación o de un proceso de deflación, el aumento muy probable de la inflación, los riesgos que las políticas relativas al cambio climático generan para las empresas, en especial debido a la incertidumbre sobre los nuevos objetivos y normas, la baja productividad y la falta de competitividad; pide más eficiencia en el uso de los fondos públicos, tanto a escala europea como nacional; considera que, a la hora de adoptar políticas y objetivos coordinados, se han de tener en cuenta las diferencias existentes en materia de calendario e intensidad de la crisis, así como las diferentes posiciones que adopten ex ante los distintos Estados miembros en los ámbitos fiscal y monetario; opina que esos esfuerzos deberían conducir más rápidamente a una convergencia real entre las distintas economías nacionales;

179.  Considera que, para tener éxito, la estrategia europea debe basarse en políticas fiscales sólidas, fomentar la innovación, la educación y la empleabilidad de la mano de obra –el único medio de estimular la productividad, el empleo y el crecimiento de manera sostenible;

180.  Recuerda que la lucha contra el cambio climático, la escasez de recursos y la reducción de la biodiversidad son las condiciones marco del futuro crecimiento económico europeo; señala que este crecimiento debe basarse, por lo tanto, en la disociación entre el crecimiento económico y el uso de los recursos, las innovaciones ecológicas y el progreso económico ecológicamente sostenible;

181.  Acoge con satisfacción la estrategia adoptada en marzo de 2007 por el Consejo Europeo destinada a reforzar la independencia energética de la Unión Europea y a definir compromisos concretos en cuanto a la lucha contra el cambio climático; considera que la crisis ha destacado todavía más la pertinencia de esta estrategia; señala, no obstante, que para coronarse con éxito, esta estrategia, además de las medidas de regulación del mercado interior, debe traducirse en acciones más ambiciosas de la Unión;

Empleo

182.  Considera que uno de los retos principales para la Unión Europea es mantener su competitividad, aumentar su crecimiento y combatir el elevado desempleo;

183.  Reitera que un empleo de alta calidad debería ser una prioridad clave de la Estrategia UE 2020, y que, a fin de mejorar los resultados en materia de empleo, es fundamental que se ponga un mayor énfasis en el buen funcionamiento de los mercados laborales y en las condiciones sociales; pide, en consecuencia, que se elabore un nuevo plan de trabajo para fomentar el trabajo digno, garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores en toda Europa y mejorar las condiciones laborales;

184.  Opina que la nueva estrategia debe poner mucho más énfasis en el trabajo digno, incluida la lucha contra el trabajo no declarado, y en garantizar que las personas que se encuentran actualmente excluidas del mercado laboral puedan tener acceso al mismo;

185.  Estima que la nueva estrategia debe apoyar los mercados laborales que mejoran los incentivos y las condiciones laborales de las personas, incrementando al mismo tiempo los incentivos para los empresarios que contratan personal y lo conservan;

186.  Subraya que es importante tomar en consideración la decreciente competitividad de Europa a escala mundial; considera que, teniendo presente la escasez de mano de obra prevista a largo plazo, conviene ir más allá de la crisis y examinar los sistemas europeos para permitir la migración de conocimiento y evitar una «fuga de cerebros» en Europa;

187.  Estima que una acción voluntarista decidida en favor del empleo es tanto más necesaria teniendo en cuenta que en la Unión se corre el riesgo de que se registre una reactivación económica sin creación de empleo sostenible;

188.  Insta a la Unión a que vincule su acción en favor del empleo a medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, junto con un mercado interior realmente eficaz para los trabajadores dentro de la UE, con el fin de evitar que la crisis profundice las desigualdades;

189.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que alcancen una tasa de empleo del 75 % para los hombres y las mujeres antes de 2020, reduciendo la segmentación del mercado laboral e intensificando los esfuerzos en favor del equilibrio entre la vida profesional, las responsabilidades en materia de cuidado familiar y la vida familiar;

190.  Considera que los esfuerzos para apoyar la creación de puestos de trabajo deben centrarse en el empleo de los jóvenes, lo que exige a su vez profundizar en la provisión de programas con una perspectiva de género destinados a dotar a los jóvenes de las competencias necesarias en la economía real;

191.  Destaca la necesidad de crear unos mercados de trabajo incluyentes y competitivos que aporten una mayor flexibilidad a los empleadores y, al mismo tiempo, garanticen las prestaciones de desempleo, combinadas con un apoyo activo a la reempleabilidad en caso de pérdida del puesto de trabajo;

192.  Considera que, si bien la educación debería seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros, se necesitan inversiones de la UE y el reconocimiento de las cualificaciones a escala de la UE en todas las vertientes del sistema educativo, en la calidad de la educación y en el número de personas que tienen acceso a una enseñanza superior; propone que se desarrolle a escala europea un sistema permanente e inclusivo de directrices de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que incluya la generalización de los programas de la Unión Erasmus y Leonardo para la movilidad en el aprendizaje y la formación;

193.  Recuerda que el empleo es un factor determinante de la economía, ya que contribuye al establecimiento del poder adquisitivo; considera que la UE debe perseguir un objetivo de pleno empleo de calidad y que el funcionamiento sostenible del mercado interior depende de un mercado laboral que ofrezca trabajo digno y favorezca la innovación;

194.  Insta a los Estados miembros a abordar, a través de medidas relacionadas con el mercado laboral, las dimensiones tanto cíclicas como a largo plazo del desempleo;

195.  Opina que Europa necesita un crecimiento sólido para sostener su sistema social, que contribuye a la competitividad de la economía social de mercado europea;

196.  Señala que es importante favorecer la movilidad, que también facilita la búsqueda de competencias a las empresas y hace posible un mejor funcionamiento del mercado interior, también en períodos de crisis; recuerda que la movilidad de los trabajadores debe ir acompañada de una mejora de las condiciones laborales;

Creación de empleo a través de la promoción de las PYME

197.  Señala que las PYME y los empresarios desempeñan un importante papel en todas las economías y que son los principales generadores de empleo y de ingresos, y los impulsores de la innovación y el crecimiento; opina que las PYME son cruciales para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar futuros en la UE, y que la competitividad de la UE respecto del resto del mundo se puede incrementar dando prioridad a las PYME;

198.  Considera que es el momento de mirar hacia el futuro y aprender de los errores del pasado, con lo que se conseguirán introducir con el tiempo los cambios estructurales que darán mayor competitividad a nuestras PYME y las prepararán para afrontar las presiones adicionales que surgirán del entorno globalizado y de la capacidad de nuestros competidores para penetrar en mercados cada vez más innovadores, y, con ello, se garantizarán potencialmente empleos para muchos de los miembros más vulnerables de la mano de obra, junto con sus familias;

199.  Reconoce que debe revisarse la actual definición de PYME en la UE, y que debe rebajarse el criterio relativo al número de empleados, con el fin de enfocar de forma más específica las políticas destinadas a las PYME;

200.  Constata que el objetivo de orientar a la industria y a las PYME hacia la innovación no se conseguirá mediante la simple mejora del acceso al capital en general, sino que también se ha de fijar como objetivo la diversificación de las fuentes de financiación;

201.  Estima que, en el contexto de la recuperación, se ha de prestar especial atención al papel de las PYME en materia de productividad y la generación de nuevos activos, y que, en consecuencia, se deben utilizar mecanismos para evitar que las PYME abandonen el mercado, lo que aumentaría el desempleo y prolongaría la fragilidad económica; opina que también debe garantizarse una distribución eficiente de los recursos del Fondo Social Europeo;

202.  Es de la opinión que se debería considerar a las PYME como un motor para las inversiones de menor cuantía financiadas con cargo a los Fondos de cohesión; opina que, en este sentido, la asignación de fondos a universidades y el fomento de las asociaciones con PYME son elementos clave;

203.  Constata que el mercado interior de la UE contribuye a crear un entorno empresarial fructífero en toda la Unión y que al mismo tiempo beneficia a los consumidores; es consciente, sin embargo, de que las PYME se enfrentan a numerosos retos para funcionar en el mercado interior y a menudo operan por debajo de sus niveles de rendimiento, de que, en especial a nivel microeconómico, las PYME necesitan apoyo para poder operar en el mercado interior, de que su acceso a la información sobre oportunidades debe tener un nivel que permita establecer plataformas transeuropeas, y de que solo así pueden las PYME explorar oportunidades de negocio, encontrar complementariedades y, en último término, medios por los que acceder a los mercados de la Unión;

204.  Opina que mantener a los ciudadanos activos y productivos después de la jubilación favorece, entre otras cosas, los intereses económicos de Europa, y que la pérdida de sus conocimientos especializados se puede mitigar haciendo que los mayores permanezcan activos, gracias a estructuras y a redes más flexibles que se basen en su compromiso cívico, y vinculándolos con agentes económicos y medios académicos; considera que las PYME podrían beneficiarse de tales redes de estructuras informales, que podrían consultar, ya que a la mayoría les resulta imposible sufragar estos servicios cuando los ofrecen empresas de consultores activas en la economía; señala que los conocimientos acumulados por los mayores deben circular en beneficio de todos mediante la creación de una red a escala de la UE;

205.  Pide a la Unión Europea que apoye su red de PYME, punta de lanza de la creación de empleo en su seno, facilitando su acceso al crédito, apoyando, en particular, los sistemas de garantía y la creación de nuevos productos normalizados que permitirían combinar préstamos o los fondos propios de estas empresas; pide a la Unión que cree un Fondo de Garantía de la UE para las PYME; pide, igualmente, que se realice una evaluación de los actuales mecanismos de financiación, en particular del Programa marco para la innovación y la competitividad (PIC), y que se manifieste la voluntad de facilitar el acceso de las empresas a préstamos respaldados por la UE en todos los Estados miembros, así como que se desarrollen los servicios de las PYME y las estructuras de diálogo social;

206.  Pide a la Unión que se oriente hacia una composición más equilibrada de la financiación de las PYME; señala que debe aumentar la proporción de los mercados de capital en la financiación de las PYME; considera que es necesario aumentar y promover la proporción de la financiación de las PYME a través de los mercados de capital, del capital de riesgo, de los inversores privados y de las asociaciones público-privadas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que reduzcan de forma importante la burocracia para las PYME en la contratación pública, pues la reducción del papeleo es esencial para estas empresas;

207.  Alienta la creación de bolsas especializadas que sirvan exclusivamente a las PYME, con umbrales de entrada bajos, con el fin de facilitar el proceso de constitución de fondos propios; opina que las PYME deben concentrarse más en la constitución de capital y, en este sentido, propone que se eliminen los incentivos en forma de impuestos negativos para ambas partes, los inversores y el mercado;

208.  Pide a los Estados miembros de la UE que examinen qué pueden hacer para coordinar los sistemas fiscales aplicables a las PYME; considera que completar el mercado interior, de forma que se puedan ofrecer a las PYME financiación y oportunidades empresariales transfronterizas, es esencial para impulsar la recuperación de la UE;

209.  Destaca que resulta muy conveniente crear un vínculo entre industria e innovación y, en consecuencia, con la educación; opina que los innovadores, incluidas las PYME, han de estar a la cabeza de las inversiones a escala nacional y europea; señala que las empresas innovadoras incipientes tienen, por definición, un perfil de alto riesgo de quiebra, por lo que es necesario un replanteamiento de sus actividades financieras y derivadas; hace hincapié en que, puesto que estas empresas en fase inicial son las que tienen más dificultad para obtener financiación a través de sistemas bancarios, es necesario diseñar programas de garantía de crédito para este segmento en particular;

210.  Propone que la Comisión inicie un proyecto «Una PYME - Un empleo» a través de un nuevo instrumento financiero a escala de la UE, con el fin de alentar las actividades de las PYME en la Unión; opina que debe lograrse una composición más equilibrada de la financiación de las PYME;

211.  Pide la reforma del documento «Small Business Act», para incluir disposiciones vinculantes que deban aplicar todos los Estados miembros, y que se promulgue una nueva «Small Business Act» social, que representaría un refuerzo necesario de la economía social de mercado europea en los tiempos posteriores a la crisis;

212.  Recomienda la creación de una ventanilla única; las ventanillas únicas para todos los asuntos administrativos relacionados con las PYME son necesarias; opina que es de gran importancia una reducción de las cargas administrativas para las PYME, al igual que la introducción de un componente social en toda la legislación europea relevante para las PYME; considera que Europa necesita convertirse en el entorno más favorable a las PYME del mundo;

Desarrollo

213.  Observa que, aunque algunos de los países emergentes y en desarrollo parecen haber evitado los peores efectos de la crisis, un 40 % de los países en desarrollo han sufrido en gran medida los efectos de la crisis financiera y, como resultado de ello, unos 90 millones de personas se verán sumidos en la pobreza;

214.  Pide que se reafirmen los compromisos asumidos para destinar el 0,7 % de la RNB de los Estados miembros a la ayuda al desarrollo y al estudio de nuevas fuentes de financiación innovadoras para colmar la brecha que ha causado en ese ámbito la contracción de las economías en los países en desarrollo;

215.  Insta a las sociedades europeas, especialmente a las multinacionales, a que garanticen la responsabilidad social de las empresas que subcontratan en las cadenas de producción;

Gobernanza mundial

216.  Reconoce la debilidad y los problemas que ocasionan la falta de poderes jurídicamente vinculantes y la falta de relación entre las instituciones financieras y económicas internacionales; acoge, por lo tanto, con satisfacción las iniciativas destinadas a mejorar, mediante reformas, la eficacia, el alcance general y la responsabilidad del FMI y de otras instituciones de las Naciones Unidas para conferirles el mandato de servir de plataforma para sustentar las iniciativas de coordinación del sector económico y financiero, y, cuando proceda, poderes para establecer normas jurídicamente vinculantes en forma de convenios internacionales;

217.  Considera que entre los retos globales de la UE figura asumir en la escena internacional la relevancia que corresponde a su fuerza económica hablando con una sola voz; opina que uno de los proyectos fundamentales de la política exterior de la UE debe consistir en esforzarse por reformar las Naciones Unidas y sus instituciones relacionadas para convertirlas en instituciones mundiales con verdadera influencia política en cuestiones de alcance internacional, como el cambio climático, la supervisión y la regulación financieras, la reducción de la pobreza y los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

218.  Pide al Consejo Europeo que convoque una cumbre del G20 consagrada exclusivamente a la necesaria reforma de la gobernanza a escala mundial;

219.  Condena enérgicamente el papel desempeñado por los paraísos fiscales, que incitan a practicar la evasión de impuestos, el fraude fiscal y la huida de capitales y a sacar beneficio de estas actividades; insta a los Estados miembros, por consiguiente, a que den carácter de prioridad a la lucha contra los paraísos fiscales, el fraude fiscal y la salida ilícita de capitales; pide a la Unión Europea que intensifique su acción y adopte medidas concretas e inmediatas –por ejemplo, sanciones– contra los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y la salida ilícita de capitales; pide al Consejo que vuelva a lanzar un plan en el que se proponga el cierre de los paraísos fiscales, en el marco de las Naciones Unidas y de otras instancias internacionales de las que forman parte la Unión Europea y sus Estados miembros;

220.  Recomienda que, al mismo tiempo que se mejoran la gobernanza y el funcionamiento del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, se desplieguen esfuerzos dirigidos a reforzar los mecanismos internacionales de gobernanza para otros segmentos del mercado; propone que las normas del Comité de Basilea entren en vigor en forma de tratados internacionales;

221.  Toma nota de los progresos realizados por la OCDE y el G20 en materia de gobernanza fiscal pero aboga por que se emprendan medidas urgentes y enérgicas para reforzar las consecuencias jurídicas y económicas de la inclusión en la lista negra de la OCDE sobre las jurisdicciones que no cooperan; aboga por una acción concreta y rápida en favor del intercambio automático y multilateral de información como norma mundial con el fin de reforzar la transparencia fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscal;

222.Propone que, como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión Europea se convierta en parte signataria de los convenios de la OIT y que la UE firme el conjunto de los convenios aprobados por la OIT hasta la fecha;
Conclusiones

223.  Concluye que se necesita más Europa; considera que existe una necesidad urgente de liderazgo político e intelectual para relanzar el proyecto europeo; opina que la Comisión debe utilizar plenamente su derecho de iniciativa en los ámbitos de las competencias compartidas, en especial en las políticas energéticas, para preparar a la UE para los retos del futuro; estima que debe completarse el proyecto de mercado interior ecológico y social, que constituye el fundamento de la Unión; insiste en que se refuercen los mecanismos de gobernanza económica en el seno de la Unión, especialmente desde la perspectiva de mejorar la responsabilidad, la gestión de las emergencias y la coordinación de la política económica y de empleo; sostiene que el programa de reforma financiera y de supervisión debe avanzar rápidamente y abordar no sólo las carencias constatadas durante la crisis, sino también actuando con miras a diseñar un sistema financiero que asista a la economía real, contribuya a la estabilidad financiera y genere crecimiento económico, inversiones a largo plazo, creación de empleo, cohesión social y la lucha contra la pobreza; considera necesario reformar los sistemas impositivos de una manera justa, de modo que se desaliente el apalancamiento excesivo y se promueva la justicia social, el espíritu empresarial y la innovación; pide que se revitalice la economía social de mercado sostenible y los valores que encarna;

224.  Se compromete, dentro del marco de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social a llevar a cabo los objetivos establecidos en su mandato, en estrecha cooperación con los Parlamentos nacionales de la UE, con miras a adoptar recomendaciones conjuntas;

o
o   o

225.  Encarga su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente del Eurogrupo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, y a los interlocutores sociales.

(1) DO C 230 E de 26.8.2010, p. 11.