Falta de normas adecuadas de control por parte de la República Italiana destinadas a garantizar que el personal médico tiene los títulos y autorizaciones necesarios

9.12.2003

PREGUNTA ESCRITA E-3916/03
de Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI) y Olivier Dupuis (NI)
a la Comisión

El 5 de septiembre de 2003 el Sr. D. Fabio Gaetano Arcuri, aquejado de una fractura-luxación del hombro izquierdo provocada por un traumatismo accidental, se dirigió al servicio de urgencias del Hospital San Giacomo de Roma para recibir asistencia.

 

En dicho hospital fue atendido por el supuesto médico Roberto Ingravalle, primer adjunto del servicio de ortopedia, quien, considerando urgente una intervención quirúrgica, le envió a la clínica privada Pío XI de Roma donde, al día siguiente de su salida del Hospital San Giacomo, fue sometido a una intervención programada que efectuó el mismo doctor Ingravalle.

 

Debido al fracaso de la intervención quirúrgica, el Sr. Arcuri, además de tener que someterse a otra intervención quirúrgica y a tratamientos de rehabilitación laboriosos y costosos, llevó a cabo una serie de investigaciones sobre el primer adjunto del servicio de ortopedia del Hospital San Giacomo y, con gran sorpresa pero sin ninguna dificultad, comprobó que el Sr. Ingravalle no había obtenido nunca título de medicina alguno ni había estado nunca inscrito en el colegio de médicos.

 

Por noticias de prensa y de televisión supo posteriormente que el Sr. Ingravalle ejercía su actividad en el Hospital San Giacomo desde hacía quince años y que había participado tanto en congresos en calidad de ponente como en programas de televisión transmitidos por los servicios públicos de radiotelevisión en calidad de "conocido" especialista en ortopedia.

 

Esta situación ha sido provocada por una falta de controles adecuados tanto en el momento de la contratación por parte de los organismos públicos como al iniciar su colaboración con los centros privados.

 

El caso del Sr. Arcuri pone de manifiesto y confirma el grave peligro y perjuicio para la salud de los usuarios que suponen tanto las prestaciones del servicio nacional de salud como las del sistema sanitario privado.

 

¿Podría indicar la Comisión si tiene la intención de investigar y de intervenir ante el Estado italiano para verificar si éste respeta las normas adecuadas de control, a través de la legislación existente, para garantizar a los ciudadanos que son atendidos por personal médico que cuenta con los títulos y autorizaciones necesarios?

DO C 783 E de 27/03/2004