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Procedimiento : 2013/2026(INI)
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Ciclo relativo al documento : A7-0118/2014

Textos presentados :

A7-0118/2014

Debates :

PV 13/03/2014 - 11
CRE 13/03/2014 - 11

Votaciones :

PV 13/03/2014 - 14.14

Textos aprobados :

P7_TA(2014)0250

Textos aprobados
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Jueves 13 de marzo de 2014 - Estrasburgo Edición definitiva
Función de la propiedad y la creación de riqueza para erradicar la pobreza y y fomentar el desarrollo sostenible
P7_TA(2014)0250A7-0118/2014

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2014, sobre la función de los derechos de propiedad, el régimen de la propiedad y la creación de riqueza para erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo (2013/2026(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, relativo al derecho a la propiedad,

–  Vista la Declaración del Milenio, de 8 de septiembre de 2000, por la que se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, en particular, los objetivos 1, 3 y 7,

–  Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos con el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión, sobre la política de desarrollo de la Unión Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo», firmada el 20 de diciembre de 2005, y, en particular, los apartados 11 y 92 de la misma,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2004, titulada «Orientaciones de la UE para apoyar los procesos de elaboración y reforma de la política agraria en los países en desarrollo» (COM(2004)0686),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria» (COM(2010)0127),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de octubre de 2011, titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio» (COM(2011)0637),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 febrero 2013, titulada «Una vida digna para todos: acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible» (COM(2013)0092),

–  Vistas las «Directrices de la Unión Europea sobre políticas de tierra para apoyar el diseño de políticas y los procesos de reforma de la tenencia de la tierra en los países en desarrollo», aprobadas por la Comisión en noviembre de 2004,

–  Vistos el estudio de 2008 «Derechos seguros al suelo para todos» del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y la guía de ONU-Hábitat titulada «Cómo desarrollar una política del suelo a favor de los pobres: proceso, guía y lecciones»,

–  Visto el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, titulado «Las adquisiciones o arrendamientos de tierras en gran escala: conjunto de principios mínimos y medidas para tener en cuenta los derechos humanos», de 11 de junio de 2009,

–  Vista la Declaración sobre los desafíos de la urbanización y la reducción de la pobreza en los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, adoptada en Nairobi (Kenia) en 2009,

–  Vista la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, aprobada en Roma en 2010,

–  Vista la Declaración titulada «Erradicando tugurios: desafío global para 2020», adoptada con ocasión de la Conferencia Internacional celebrada en Rabat (Marruecos) del 26 al 28 de noviembre de 2012,

–  Vista la Declaración sobre la urbanización sostenible para la erradicación de la pobreza urbana, adoptada con ocasión de la Segunda Conferencia tripartita ACP/CE/ONU-Hábitat, celebrada en Kigali (Ruanda) del 3 al 6 de septiembre de 2013,

–  Vistos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DNUDPI) y el Convenio nº 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales,

–  Vistos los Principios para una inversión responsable en la agricultura que respete los derechos, los medios de vida y los recursos, las Directrices voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y el Marco y Directrices sobre política del suelo en África de la Unión Africana,

–  Vistas las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre el programa de desarrollo posterior a 2015 para incluir un objetivo sobre la gobernanza de la tenencia de la tierra por parte de mujeres y hombres y reconocer que las mujeres y las niñas deben tener, entre otros, «el derecho en condiciones de igualdad a ser propietarias de tierras y otros bienes»,

–  Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre el marco estratégico de la Unión Europea para ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria(1) ,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0118/2014),

A.  Considerando que los derechos de propiedad pueden definirse como las normas que regulan las condiciones en que las distintas partes interesadas, las comunidades y los agentes públicos y privados adquieren y mantienen el acceso a activos materiales e inmateriales mediante legislación formal o disposiciones consuetudinarias; que, según ONU-Hábitat, la tenencia de la tierra concretamente puede tener un origen formal (propiedad, arrendamiento, alquiler público y privado), consuetudinario o religioso; que las Directrices de la Unión Europea sobre políticas de tierra establecen que los derechos a la tierra no siempre se limitan a la propiedad privada en un sentido estricto, sino que pueden pasar por un equilibrio entre los derechos y deberes individuales y las normativas colectivas a distintos niveles;

B.  Considerando que 1 200 millones de personas en todo el mundo viven en inmuebles sobre los que carecen de derechos formales y no disponen de viviendas permanentes ni de acceso a la tierra; considerando, en particular, que más del 90 % de la población rural del África Subsahariana (categoría en la que 370 millones de personas se consideran pobres) tiene acceso a las tierras y a los recursos naturales por medio de regímenes consuetudinarios y de tenencia informal, inseguros a nivel jurídico;

C.  Considerando que se calcula que el total de la riqueza extralegal y no registrada supera los 9,3 billones de dólares estadounidenses, cifra 93 veces superior al importe total de la ayuda exterior prestada a los países en desarrollo en los 30 últimos años;

D.  Considerando que, si bien se ha alcanzado el ODM 7 y, en particular, su meta 11, dirigida a mejorar, para 2020, la vida de 100 millones de habitantes de barrios marginales, el número de dichos habitantes (se calcula que eran 863 millones en 2012) sigue aumentando en términos absolutos; que ONU-Hábitat calcula que unos mil millones de personas viven en barrios de chabolas, y que se prevé que esta cifra ronde los tres mil millones en 2050; que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho universal a la vivienda y a la mejora continua de las condiciones de existencia;

E.  Considerando que, en las zonas rurales, unos 200 millones de personas (casi el 20 % de los pobres del mundo) no tienen acceso a una cantidad de tierra suficiente para ganarse la vida; que el terreno rural está siendo sometido a múltiples presiones, como el crecimiento demográfico, la conversión del uso de la tierra, las inversiones comerciales, el deterioro del medio ambiente debido a la sequía, la erosión del suelo y la merma de nutrientes, así como las catástrofes naturales y los conflictos; que es necesario garantizar los derechos territoriales para fomentar la estabilidad social gracias a la reducción de la incertidumbre y de los conflictos por la tierra;

F.  Considerando que los inversores privados y los gobiernos han mostrado un interés cada vez mayor en la adquisición o el arrendamiento a largo plazo de amplias extensiones de terreno cultivable, principalmente en países en desarrollo de África y América Latina;

G.  Considerando que el reparto arbitrario de tierras por parte de las autoridades políticas alimenta la corrupción, la inseguridad, la pobreza y la violencia;

H.  Considerando que las cuestiones de gobernanza territorial están estrechamente relacionadas con los principales retos del siglo XXI, en concreto, la seguridad alimentaria, la escasez de energía, el crecimiento urbano y demográfico, el deterioro del medio ambiente, el cambio climático, las catástrofes naturales y la resolución de los conflictos, lo que refuerza la necesidad de dar prioridad a una reforma agraria global;

I.  Considerando que unos 1 400 millones de hectáreas se rigen por normas consuetudinarias en todo el mundo; que las estructuras de tenencia de la tierra existentes en África, Asia y América Latina son considerablemente diferentes entre ellas y que no deben obviarse los acuerdos locales y consuetudinarios que se han elaborado, ya sean de propiedad o comunitarios, al iniciar la formalización de la tenencia de la tierra;

J.  Considerando que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) establece que las mujeres y sus cónyuges deben tener los mismos derechos en cuanto al régimen y la adquisición de la propiedad; considerando, sin embargo, que muchos regímenes de tenencia de la tierra y de derechos de propiedad discriminan a las mujeres, ya sea formalmente o en la práctica;

K.  Considerando que en muchos países en desarrollo no están reconocidos socialmente los derechos de propiedad de las mujeres, ni su acceso a la tierra, al ahorro y al crédito; que, con este punto de partida tan discriminatorio, a las mujeres les resulta especialmente difícil hacer valer legalmente sus derechos de propiedad y, en particular, de herencia;

L.  Considerando, en particular, que los derechos territoriales de las mujeres en los países en desarrollo está siendo violados por el aumento de los casos de adquisición de tierras a gran escala por parte de países desarrollados con fines comerciales o estratégicos, como la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la producción de energía y biocombustibles; que, con frecuencia, en los países en desarrollo las mujeres no tienen la oportunidad de obtener asistencia o representación jurídica para oponerse con éxito a las violaciones de sus derechos de propiedad;

M.  Considerando que la concesión de derechos territoriales seguros a las mujeres es importante para reducir la pobreza, habida cuenta del papel de la mujer como productora de alimentos en las zonas rurales y periurbanas y de sus responsabilidades con respecto a la alimentación de toda la familia; que las mujeres, que representan el 70 % de los agricultores de África, solo son propietarias formales del 2 % de la tierra; que varios programas recientes aplicados en la India, Kenia, Honduras, Ghana, Nicaragua y Nepal han llegado a la conclusión de que en los hogares que tienen a mujeres como cabeza de familia se constata una mayor seguridad alimentaria, mejor salud y mayor atención a la educación que en los hogares encabezados por hombres;

N.  Considerando que más del 60 % de las personas que pasan hambre de forma crónica son mujeres y niñas y que, en los países en desarrollo, entre el 60 % y el 80 % de los alimentos son producidos por las mujeres(2) ,

O.  Considerando que unos 370 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas en todo el mundo tienen una fuerte relación espiritual, cultural, social y económica con sus tierras tradicionales, cuya ordenación es, generalmente, comunitaria;

P.  Considerando que el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual o colectivamente, y que nadie debe ser privado arbitrariamente de su propiedad;

Q.  Considerando que los pueblos indígenas cuentan con formas específicas de protección para el acceso a la tierra con arreglo al Convenio nº 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

R.  Considerando que el artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas garantiza a estos el derecho de no ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios y que no se pueda proceder a ningún traslado sin su consentimiento libre, previo e informado y previo acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, con la opción del regreso;

Derechos territoriales, incluidos los derechos de propiedad, y creación de riqueza

1.  Considera que los derechos de propiedad registrados y los derechos territoriales seguros constituyen un catalizador del crecimiento económico, estimulando así la productividad y la inversión, a la vez que se promueven la cohesión social y la paz;

2.  Hace hincapié en que garantizar los derechos territoriales y una mayor equidad en el acceso a la tierra proporciona una base sólida para la subsistencia, las oportunidades económicas y, en las zonas rurales, para la producción doméstica de alimentos;

3.  Subraya que, además de los títulos de propiedad individuales, deben reconocerse una serie de opciones alternativas en materia de tenencia, también tomando como base los regímenes consuetudinarios de tenencia para garantizar legalmente los derechos a solares, tierras agrícolas y recursos naturales, como propone ONU-Hábitat;

4.  Hace hincapié en que la seguridad de la tenencia de la tierra para los pequeños agricultores, que constituyen el 95 % de los propietarios potenciales de tierras en los países en desarrollo, dinamiza las economías locales, incrementa la seguridad alimentaria, reduce la migración y frena la creación de barrios de chabolas; señala que, por ejemplo, en Etiopía, donde se han introducido los derechos de propiedad, la productividad ha aumentado hasta un 40 % por acre en tres años, exclusivamente gracias a este cambio(3) ;

5.  Señala con preocupación que las tradiciones culturales dejan con frecuencia a las mujeres en situación de dependencia de los hombres de la familia y sin protección legal en cuestiones de seguridad de la tenencia de la tierra; hace hincapié en las obligaciones internacionales de los Estados de garantizar unos derechos económicos, sociales y culturales mínimos, lo cual incluye la obligación del gobierno de garantizar que la ordenación del territorio no sea discriminatoria, en particular con respecto a las mujeres y a los pobres, y no viole otros derechos humanos;

6.  Destaca que la capacitación de las personas para la toma de decisiones sobre sus propios recursos, acompañada de disposiciones formales en materia de sucesiones, alienta en gran medida a los pequeños agricultores a invertir de forma sostenible en sus tierras, realizar cultivos en terrazas y de regadío y paliar los efectos del cambio climático; observa, a este respecto, que algunos estudios han revelado que es un 59,8 % más probable que una familia con tierras totalmente seguras y transferibles invierta en el cultivo en terrazas que una que espera que se produzca un nuevo reparto dentro de la comunidad en los próximos cinco años;

7.  Señala que, con las escrituras de propiedad de la tierra, cualquier persona puede pedir prestado dinero a tipos de interés razonables, que se puede utilizar para establecer y desarrollar una empresa; hace hincapié en que la protección de los derechos de propiedad puede fomentar un entorno empresarial competitivo en el que puede medrar un espíritu emprendedor e innovador;

8.  Reconoce que el reto está en superar la discordancia entre la legalidad, la legitimidad y las prácticas, mediante la creación de mecanismos de tenencia de la tierra basados en normas compartidas, empezando por el reconocimiento de los derechos existentes, cerciorándose de que hombres y mujeres, así como las comunidades vulnerables de los países en desarrollo, cuenten con derechos seguros sobre la tierra y los activos y estén completamente protegidos frente a intereses particulares que podrían incautar sus tierras;

9.  Condena firmemente la práctica de la apropiación de tierras, que despoja ilegalmente de tierras a la población rural pobre y a las poblaciones nómadas tradicionales sin concederles una indemnización adecuada; hace hincapié en que por lo menos 32 millones de hectáreas en todo el mundo fueron objeto de al menos 886 transacciones transnacionales de tierras a gran escala de este tipo entre los años 2000 y 2013(4) ; destaca que es probable que esa cifra sea una subestimación significativa del número exacto de transacciones de tierras realizadas a gran escala;

10.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en sus políticas de ayuda al desarrollo, tengan en cuenta los procesos de adquisición de tierras a gran escala por parte de los inversores de los países desarrollados en los países en desarrollo, especialmente en el continente africano, que afectan a los agricultores locales y tienen efectos devastadores para las mujeres y los niños, a fin de protegerlos del empobrecimiento, el hambre y el alejamiento forzoso de sus aldeas y sus tierras;

11.  Insiste en que la eliminación de los incentivos públicos para la producción de biocombustibles a partir de cultivos y las subvenciones es una forma de luchar contra la apropiación de tierras;

12.  Recuerda que cuando los derechos territoriales no están garantizados y la gobernanza es deficiente existen altos riesgos para las comunidades locales en materia de seguridad alimentaria, riesgo de desplazamiento y desalojo de agricultores y pastores; insta a los Estados miembros, en este contexto, a que apoyen la capacidad nacional de los países en desarrollo para reforzar sus sistemas de gobernanza;

13.  Hace hincapié en que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho a la autodeterminación, que se define como el derecho de todas las personas a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y que ambos estipulan que no se puede privar a ninguna persona de sus propios medios de subsistencia; subraya, en este sentido, que las negociaciones de arrendamientos a gran escala y las adquisiciones de tierras deben efectuarse con transparencia, contar con una participación adecuada y fundada de las comunidades locales afectadas por los arrendamientos o adquisiciones de tierras, y tener presente la responsabilidad respecto de la utilización de los ingresos, que deben beneficiar a la población local;

14.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen, en el marco de las Naciones Unidas, la repercusión de esas adquisiciones sobre la desertización de las tierras agrícolas, sobre la pérdida de los derechos de residencia y de acceso a la tierra de las mujeres, en particular de las mujeres solas y las que son cabezas de familia, sobre la seguridad alimentaria y sobre su sustento y el de sus hijos y personas a cargo;

15.  Hace hincapié en que los acuerdos de inversión sobre adquisiciones o arrendamientos de tierras a gran escala deben tener debidamente en cuenta los derechos de los usuarios actuales de la tierra y de los empleados de las explotaciones agrícolas; considera que las obligaciones de los inversores deben definirse claramente y ser exigibles, por ejemplo mediante la inclusión de mecanismos de sanción en caso de que no se respeten los derechos humanos; considera que todas las transacciones de tierras también deben incluir una obligación legal de que un porcentaje mínimo de las cosechas producidas sea vendido en el mercado local;

Plan de trabajo para la implantación de derechos territoriales seguros, incluidos los derechos de propiedad, y de una gobernanza territorial sostenible en los países en desarrollo

16.  Destaca que las reformas agrarias exigen flexibilidad, deben adaptarse a la situación local, social y cultural, como las formas tradicionales de propiedad tribal, y deben centrarse en capacitar a la población más vulnerable;

17.  Hace hincapié en que la coexistencia de regímenes de tenencia de la tierra consuetudinarios y de modelos coloniales impuestos constituye una de las principales razones de la inseguridad endémica de la tenencia de la tierra en los países en desarrollo; subraya, en este contexto, la necesidad de reconocer la legitimidad de los acuerdos consuetudinarios de tenencia de la tierra que proporcionan derechos legales a particulares y a comunidades e impiden desahucios y abusos de los derechos territoriales, especialmente generalizados entre las comunidades africanas y las grandes poblaciones indígenas de América Latina;

18.  Insiste en que la regularización de la seguridad de la tenencia con respecto a los ocupantes ilegales urbanos tiene un efecto significativo en la inversión residencial, en vista de los estudios que muestran que la tasa de renovación de viviendas ha aumentado en más del 66 %;

19.  Felicita a Ruanda por los progresos realizados en materia de datos sobre la tierra, que han permitido realizar el catastro de todo el país en un plazo de tiempo sorprendentemente breve;

20.  Desaconseja la aplicación de un enfoque único para todos con objeto de lograr la seguridad de la tenencia de la tierra; subraya que los servicios formales de administración territorial son más eficaces cuando se ofrecen a nivel local; considera que la concesión efectiva de derechos territoriales seguros puede depender, por tanto, de la reforma de los organismos centralizados de propiedad estatal con el fin de delegar responsabilidades en las instituciones locales y consuetudinarias; considera que el registro de tierras puede mejorarse mediante la informatización de los registros de tierras y los sistemas catastrales;

21.  Recuerda que la agricultura sigue siendo uno de los principales medios de sustento, subsistencia y seguridad alimentaria para las zonas rurales; señala, no obstante, que el terreno rural está siendo sometido a múltiples presiones como consecuencia del crecimiento demográfico, la conversión del uso de la tierra, las inversiones comerciales, el deterioro del medio ambiente debido a la sequía, la erosión del suelo y la merma de nutrientes, así como las catástrofes naturales y los conflictos; opina, en este sentido, que para lograr los ODM es esencial garantizar la tenencia de la tierra a las comunidades rurales; considera que un conjunto de instrumentos políticos, que ha de adaptarse para satisfacer las condiciones locales, puede ayudar a hacer frente a estos retos;

22.  Considera que los funcionarios gubernamentales deberían, en primer lugar, averiguar cuáles son los regímenes de ordenación del territorio y de tenencia existentes y, en segundo lugar, basarse en esos sistemas en beneficio de los grupos pobres y vulnerables;

23.  Confía en que la descentralización de la administración territorial capacite a los habitantes y las comunidades locales, y destaca la necesidad de eliminar las prácticas corruptas impuestas por los líderes locales a través de transacciones realizadas con inversores extranjeros, así como las reclamaciones de parcelas no registradas;

24.  Hace hincapié en que no debe realizarse ningún cambio en el uso de la tierra sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales interesadas; recuerda que el Derecho internacional confiere a los pueblos indígenas diversas formas específicas de protección de sus derechos sobre la tierra; insiste, en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en que los Estados deben establecer mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios o recursos;

25.  Observa que el reducido porcentaje de tierras registradas en África (10 %) se certifica mediante sistemas erróneos y obsoletos; subraya que, según las estimaciones del Banco Mundial(5) , las 27 economías que han modernizado sus registros en los siete últimos años han reducido a la mitad el plazo de tiempo medio necesario para la transmisión de la propiedad, logrando así aumentar la transparencia, disminuir la corrupción y simplificar la recaudación de ingresos; hace hincapié en que la política de desarrollo debería conceder una gran prioridad al establecimiento y la mejora de los registros catastrales de los países en desarrollo;

26.  Recuerda que la seguridad de la tenencia de la tierra puede protegerse de diversas formas, a condición de que los derechos de los usuarios y propietarios de la tierra sean claros; recuerda que, además de con títulos formales, la seguridad puede lograrse mediante contratos de alquiler a largo plazo claros, o mediante el reconocimiento formal de los derechos consuetudinarios y los asentamientos informales, con mecanismos accesibles y eficaces de resolución de litigios; pide a la UE que canalice la ayuda hacia la creación de capacidades y programas de formación en materia de ordenación del territorio con objeto de asegurar los derechos territoriales para los grupos pobres y vulnerables, también mediante estudios catastrales, el registro de la propiedad y esfuerzos dirigidos al equipamiento de la instituciones educativas en los países en desarrollo;

27.  Pide a la UE que refuerce la capacidad de los órganos judiciales de los países en desarrollo para ejecutar eficazmente la legislación en materia de propiedad, a fin de resolver los litigios por la propiedad de las tierras y gestionar las expropiaciones, como parte de un planteamiento holístico orientado a la consolidación de los sistemas judiciales y del Estado de Derecho;

28.  Pide a la UE que ayude a los países en desarrollo con la aplicación de sus reformas agrarias, a fin de promover, en particular, la participación de todas las partes interesadas en combinación con programas de sensibilización, de modo que se respeten plenamente los derechos de todas las partes implicadas, y especialmente los de las personas pobres y vulnerables; cita el ejemplo de Madagascar y las oficinas locales de propiedad de la tierra, que muestra que unas iniciativas locales sencillas han facilitado en gran medida el registro de los títulos de propiedad;

29.  Hace hincapié en que la elaboración de políticas presupuestarias saneadas en los países en desarrollo mediante el refuerzo del registro de las tierras y la delimitación de las funciones de tasación aumenta significativamente los ingresos anuales obtenidos con las transacciones de tierras, como en el caso de Tailandia, donde estos ingresos se sextuplicaron en un periodo de diez años;

30.  Señala que el reconocimiento formal de los derechos territoriales de las mujeres no implica automáticamente una aplicación efectiva de dichos derechos; pide a la UE que preste especial atención, en sus programas de reforma agraria, a la vulnerabilidad de las mujeres ante los cambios en la estructura familiar, al grado en que las mujeres pueden ejercer sus derechos y a garantizar que, en la práctica, las escrituras de las viviendas contengan el nombre de ambos cónyuges en el título del terreno;

31.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a través de sus políticas humanitarias y de desarrollo, velen por que los países en desarrollo adopten medidas legislativas para promover la igualdad de género y prevenir la discriminación en materia de derechos de propiedad por motivos de origen étnico, raza y estado civil, y eluciden cómo eliminar las importantes restricciones sociales, políticas y culturales a la adquisición de derechos sobre la tierra;

32.  Pide a las delegaciones de la UE en los países en desarrollo que lleven a cabo un seguimiento de los derechos de propiedad de la mujer para velar por su respeto, protegiendo así a las mujeres del riesgo de pobreza y exclusión social;

33.  Pide a la UE que apoye los esfuerzos de los países en desarrollo por reformar los mercados de arrendamiento de tierras con el fin de permitir a la población pobre el acceso a las tierras y fomentar el crecimiento, evitando la imposición de restricciones excesivas a los mercados de arrendamiento;

Los derechos territoriales, incluidos los derechos de propiedad, como núcleo de la política de desarrollo de la UE

34.  Destaca que las adquisiciones de tierras a gran escala son consecuencia directa, entre otros factores, de una gobernanza territorial deficiente en los países en desarrollo; subraya que la UE debe contribuir a la creación de las capacidades institucionales necesarias para la concesión de derechos territoriales seguros a fin de hacer frente al rentismo parasitario y a la inercia burocrática, así como a las prácticas corruptas e irresponsables;

35.  Alaba la participación de la UE en las iniciativas agrarias a escala mundial; destaca que, como principal agente mundial en materia de desarrollo, la UE tiene la capacidad para ampliar su planteamiento, actualmente limitado, en lo que respecta tanto al ámbito de aplicación como a la visibilidad, con vistas a abordar el problema de la tenencia de la tierra;

36.  Señala que, junto con la mejora de los regímenes de derechos de propiedad en los países en desarrollo, la UE debe garantizar a las personas el acceso a la protección social y a los regímenes de seguros, con objeto de proteger sus medios de vida y sus activos en caso de catástrofes o crisis;

37.  Solicita la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques;

38.  Insta a la Comisión a que cree una línea presupuestaria claramente definida, pasando de una perspectiva a pequeña escala a una reforma de la gobernanza territorial a largo plazo, con vistas a racionalizar la tenencia de la tierra;

39.  Hace hincapié en que el reto de proporcionar derechos territoriales seguros a las personas desplazadas y los refugiados puede cobrar peso bajo la presión del cambio climático; insta a la UE, a este respecto, a que refuerce su ayuda en lo tocante a la inclusión de los derechos territoriales en las respuestas humanitarias y de desarrollo a catástrofes o conflictos civiles, de manera que las políticas territoriales garanticen, de manera equitativa, derechos territoriales seguros a los distintos grupos étnicos, sociales o generacionales;

40.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la posición de las mujeres en lo relativo a sus derechos y el acceso a la tierra, la herencia, el crédito y el ahorro en las fases posteriores a un conflicto, en particular en aquellos países en los que los derechos de las mujeres no son jurídicamente vinculantes y no están reconocidos socialmente y donde unas leyes sesgadas de género, las actitudes tradicionales respecto de las mujeres y las jerarquías sociales dominadas por hombres dificultan el acceso de las mujeres a la igualdad y la justicia en sus derechos; pide a la UE que promueva la participación de la entidad ONU Mujeres, creada recientemente, en este ámbito;

41.  Acoge con satisfacción la Iniciativa para aumentar la transparencia de las transacciones de tierras, lanzada por el G-8 en junio de 2013, sobre la base de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, así como el reconocimiento de que la transparencia en relación con la propiedad de empresas y terrenos, en combinación con unos derechos de propiedad seguros y unas instituciones sólidas, resulta crucial para la mitigación de la pobreza; hace hincapié, no obstante, en la necesidad de redoblar los esfuerzos para facilitar la aplicación de una reforma agraria eficaz;

42.  Confirma el objetivo de la UE de reducir la pobreza en todo el mundo en el contexto del desarrollo sostenible, y reitera que la UE debe incluir un fuerte componente de género en todas sus políticas y prácticas en sus relaciones con los países en desarrollo(6) ;

43.  Destaca que conviene apuntalar las políticas para situar al mismo nivel el acceso de las mujeres y los hombres a la propiedad en los países en desarrollo; considera que esta perspectiva debe tenerse presente en los programas por país e ir flanqueada de los mecanismos pertinentes de asistencia financiera (como el ahorro, el crédito, las subvenciones, el microcrédito y los seguros); opina que reforzando esas políticas se contribuirá a la capacitación de las mujeres y de las ONG y a promover el empresariado femenino; considera que esas políticas contribuirán a mejorar los conocimientos jurídicos y financieros de las mujeres, apoyar la educación de las niñas, aumentar la difusión y accesibilidad de la información y establecer servicios de asistencia jurídica y formación sobre la sensibilidad de género para los proveedores de servicios financieros;

44.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que favorezcan activamente, en el marco de sus actuaciones de ayuda al desarrollo, la iniciativa empresarial y los derechos de propiedad de las mujeres, como parte del proceso de refuerzo de la independencia de las mujeres con respecto a sus maridos y de fortalecimiento de las economías de sus países;

45.  Recuerda que el 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, y pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que promuevan campañas de sensibilización en los países en desarrollo;

o
o   o

46.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente del Banco Mundial, a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1)DO C 56 E de 26.2.2013, p. 75.
(2) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Informe de Política nº 5, Perspectivas económicas y sociales, Agosto de 2009.
(3) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Etiopía, http://ethiopia.usaid.gov/programs/feed-future-initiative/projects/land-administration-nurture-development-land.
(4) http://www.landmatrix.org/get-the-idea/global-map-investments/
(5) Informe del Banco Mundial titulado «Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World» (Haciendo negocios en un mundo más transparente), Washington D.C., 2012.
(6) DO C 46 de 24.2.2006.

Última actualización: 5 de septiembre de 2017Aviso jurídico