Presidente. − El próximo punto del orden del día se refiere al debate de la pregunta oral a la Comisión sobre el marco común de referencia para el Derecho contractual europeo, presentada por el señor Lehne en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, (O-0072/2008 - B6-0456/2008).

  Hans-Peter Mayer, ponente de opinión. − (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, con el proyecto de marco común de referencia, los trabajos relativos al Derecho civil europeo han llegado a un punto álgido, al menos de momento. Se trata, por supuesto, de un proyecto elaborado por especialistas jurídicos, que todavía debe debatirse políticamente. El objetivo de este debate, por tanto, es tratar de poner en marcha una amplia discusión política sobre el futuro del Derecho privado europeo. El Parlamento quiere llegar a una situación en la que todas las partes interesadas intervengan en el debate, pero, para que esto suceda, debemos asegurarnos de que el documento académico, que actualmente sólo está disponible en inglés, se traduzca también a otras lenguas oficiales.

Señor Comisario, los fondos destinados a la traducción en 2008 no se han utilizado todavía. Necesitamos esas traducciones para que haya un diálogo paneuropeo adecuado sobre el futuro del Derecho civil europeo. No basta sólo con traducir el próximo documento de la Comisión, aunque evidentemente se deba hacer. La Comisión ha iniciado internamente un proceso de selección, intentando hacer una criba de las normas del marco de referencia académico y escogiendo lo que debe incluirse en el texto de la Comisión.

Celebramos que todas las direcciones generales pertinentes intervengan en este proceso de selección. Sin embargo, quiero subrayar que el proyecto de «Derecho contractual europeo» debería ser dirigido realmente por la DG de Justicia y Asuntos de Interior, dado que el marco de referencia no trata sólo del Derecho contractual de los consumidores, sino que también va encaminado a facilitar que las PYME den forma a sus contratos transfronterizos con socios comerciales que no sean consumidores.

Precisamente porque el Marco Común de Referencia (MCR) también debe tener en cuenta los intereses de las PYME, en los últimos meses la Comisión ha organizado talleres problemas concretos en el ámbito de las relaciones empresa-empresa (B2B), talleres cuyos resultados deben igualmente tenerse en cuenta en el próximo texto de la Comisión.

En la resolución decimos, además, que la versión final del marco de referencia académico podría desempeñar una función de «caja de herramientas»; en realidad lo ha hecho ya en la práctica, simplemente en virtud de su publicación. El legislador comunitario deberá asegurarse de que, en el futuro, los actos jurídicos en el campo del Derecho comunitario privado se basen en el MCR.

Ese marco común de referencia se podrá convertir en el futuro en un instrumento opcional; las partes podrían entonces elegir un sistema alternativo de Derecho civil para regular sus relaciones jurídicas. Es un paso que se deberá dar para resolver unos problemas que, claramente, seguimos teniendo en la esfera del mercado interior.

Sin embargo, para dar un impulso a las transacciones jurídicas en el mercado interior, un instrumento opcional debe ir más allá del Derecho contractual general. Por ejemplo, además de normas que regulen la celebración de contratos de venta, tendrá que haber normas sobre transmisiones patrimoniales y sobre la anulación de transmisiones de activos que no tengan un fundamento jurídica sólido: en otras palabras, un Derecho de obligaciones.

El Parlamento tiene un especial interés en que la Comisión le consulte y cuente con él en todas las etapas del proceso de selección. Sin duda tendremos que pensar en cómo mejorar, en el futuro, la importancia de este proyecto, especialmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Pero la Comisión tiene que empezar ya a pensar qué tipo de mecanismo necesitamos para que el nuevo documento de la Comisión pueda tener en cuenta la evolución futura. En el actual proceso de selección, la Comisión debe empezar ya a examinar, en su planificación, los cambios que se recogerán en la versión definitiva del marco de referencia académico.

Todo esto demuestra que este marco común de referencia nos está llevando a territorios inexplorados del Derecho contractual europeo. El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo deben comprometerse de forma clara con este proyecto, que es probable que sea la iniciativa de mayor importancia de cara a la siguiente legislatura. Es un proyecto que ofrece beneficios para todos: para los consumidores, porque pronto podrán ir de compras por Europa con el respaldo del Derecho contractual europeo, y para las empresas, porque con esta mayor seguridad jurídica podrán explotar nuevos mercados y, puesto que habrá un conjunto uniforme de normas, podrán lograr considerables ahorros de costes.

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, la Comisión en su conjunto acoge muy favorablemente el interés que está demostrando el Parlamento por el Marco Común de Referencia o, tal como me referiré a él en su forma abreviada, el MCR. El MCR es un proyecto a largo plazo para mejorar la calidad y la coherencia de la legislación de la UE.

Permítanme que responda a sus preguntas a este respecto. En primer lugar, me gustaría decir que la Comisión, en efecto, tiene la intención de que su MCR se traduzca para que pueda ser examinado y aplicado con el fin de mejorar la calidad de la legislación en materia de Derecho contractual de la UE y hacerla más coherente.

Sin embargo, este razonamiento no es aplicable al proyecto académico preliminar. Lo más probable es que el MCR de la Comisión sea considerablemente más breve que el proyecto académico. Dado el enorme trabajo que habrá ya que dedicar para traducir el MCR, no tiene sentido emplear unos valiosos recursos de traducción en traducir partes de un proyecto académico que no son pertinentes para los fines del MCR.

Actualmente la Comisión está procediendo a seleccionar aquellas partes del MCR académico que son pertinentes para el MCR final de la Comisión, teniendo en cuenta sus objetivos de política. En este proceso de selección intervienen todas las direcciones generales interesadas según sus ámbitos de competencia, incluida, por supuesto, la DG JAI. La selección definitiva se someterá a la consulta de las otras instituciones, incluidos el Parlamento y las partes interesadas.

La Comisión, por supuesto, velará por que los resultados de los seminarios que se organizaron en 2007 se tengan en cuenta en el MCR.

La Comisión ha concebido siempre el MCR como una herramienta para legislar mejor. El MCR debería contener un conjunto de definiciones, de principios generales y de normas tipo en el ámbito del Derecho contractual. La Comisión no ha decidido aún qué temas de Derecho contractual debería abarcar el MCR.

Al adoptar la decisión sobre el MCR, la Comisión tendrá en cuenta la postura del Parlamento y del Consejo.

Como ya he mencionado, la Comisión seguramente acortará el proyecto académico actual y probablemente será necesario modificar el resto del texto a fin de que resulte útil para la adopción de políticas. Aunque sea prematuro decirlo, es probable que el MCR constituya una herramienta legislativa de carácter no vinculante.

La Comisión comprende plenamente que el Parlamento desee que se le mantenga informado y que se cuente con él para la labor en curso sobre el MCR. Celebramos la participación del Parlamento en el proceso y dependemos mucho de esa participación. La Comisión seguirá manteniendo informado al Parlamento sobre la evolución de la manera más apropiada, en particular a través del grupo de trabajo del Parlamento dedicado al MCR, y consultará al Parlamento y a todas las partes interesadas sobre los resultados de su proceso de selección preliminar.

Una vez ultimado el MCR de la Comisión, ésta decidirá sobre la necesidad de mantenerlo actualizado y sobre el mejor mecanismo posible para hacerlo.

Me gustaría terminar dándoles las gracias por el apoyo del Parlamento al trabajo de la Comisión en este importante asunto.

  Jacques Toubon, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (FR) Señor Presidente, nuestro colega el señor Meyer ha indicado correctamente los retos que conlleva este asunto. Querría decir a la Comisaria que entiendo su respuesta técnica acerca de las traducciones, pero lo que el señor Meyer ha dicho sobre este tema encarna perfectamente el auténtico problema: ¿cómo se pasa de un trabajo académico a una decisión política y después a una decisión jurídica?

Creo que es absolutamente esencial que todo el mundo entienda esto, porque es necesario que este proyecto de marco común de referencia (MCR) que les fue presentado a ustedes al final del año pasado se considere en relación con todo el trabajo realizado sobre este tema, y no sólo el borrador en sí que se les ha presentado. Por ejemplo, es evidente que hay que elegir entre dirigirse hacia un Derecho de obligaciones o hacia un Derecho contractual. Hay varias escuelas de pensamiento al respecto, pero nosotros debemos hacer la elección y, para hacerlo, naturalmente, tendrá que haber varias propuestas sobre la mesa. Igualmente, hay que plantearse si el contenido del MCR estará limitado y será, por tanto, vinculante o si tendrá un contenido general y, por lo tanto, mucho más indicativo.

Por todo ello necesitamos todo un conjunto de informaciones y, por supuesto, es esencial que el Parlamento pueda hacer su trabajo, y que lo pueda hacer desde una etapa muy temprana. Por ello —y concluyo sobre este aspecto de forma muy práctica— es muy importante que participen numerosos diputados en la audiencia que la Comisión organizará con expertos a comienzos de octubre y en la conferencia que la Presidencia francesa de la Unión Europea celebrará en París los días 23 y 24 de octubre. Este tema merece un debate abierto y transparente que vaya más allá de los expertos y en el que participen todos los responsables de las decisiones políticas.

  Manuel Medina Ortega, en nombre del Grupo PSE. – (ES) Señor Presidente, estoy de acuerdo con las observaciones del señor Toubon, es decir, con que el trabajo del grupo académico sobre el marco común de referencias es un trabajo evidentemente valioso y muy serio. Pero ¿cómo se pasa de ese trabajo académico a unas propuestas de carácter político? Sobre la base de la utilización de un solo idioma y, posiblemente, de una sola dirección de carácter teórico.

Aun reconociendo el trabajo de carácter interno que se ha hecho, señora Comisaria, creo que tenemos que pasar a una fase posterior, a una fase de participación del Parlamento y de los sectores interesados, no sólo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas empresas, de los sindicatos y de otro tipo de operadores económicos.

El Grupo socialista ha presentado una enmienda para ampliar la participación en este proyecto en una etapa inicial, para lo cual, desde luego, necesitaríamos una traducción del texto, aunque fuera un texto resumido. En segundo lugar, ese texto puede ser, en efecto, la base de un elemento opcional pero, para hacerlo, hay que precisar primero cuál es el contenido.

En definitiva, el debate tiene que servir para que la opinión pública europea sepa que la Comisión está trabajando sobre un proyecto, pero la Comisión, como parte del conjunto de instituciones europeas, no puede guardarse el proyecto entre las manos: ha llegado el momento de que la Comisión comparta esos conocimientos con el Parlamento Europeo y con el público en general. Repito: sindicatos, empresarios, pequeños empresarios, otros operadores económicos y ciudadanos en general.

La reglamentación del marco contractual afecta al conjunto de la ciudadanía europea y la elaboración de un posible código de Derecho sustantivo requeriría la participación del mayor número de sectores posibles, lo cual, sin una traducción a todos los idiomas de la Unión Europea, sería imposible. Y sin una mayor participación de otros sectores también sería imposible.

  Diana Wallis, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, la Comisaria ha contestado algunas de las preguntas formuladas por mis colegas. Sin embargo, este es un proyecto de gran importancia para todas nuestras instituciones, y ahora estamos llegando a su fase política, y a las grandes cuestiones relativas a la legitimidad democrática de la creación de un MCR. Ha habido muchas consultas, con muchos grupos de trabajo y muchos sectores interesados, de las que podemos aprender mucho, pero ahora es el momento de tomar decisiones, y necesitamos un proceso que sea abierto, incluyente y coherente.

La Comisión está realizando, acertadamente, un proceso de selección antes de presentar un Libro Blanco. Sin embargo, el proceso debe ser lo más incluyente posible y, como es lógico, nos preocupa la cuestión de las lenguas utilizadas, ya que, si esto fuera legislación convencional, estaría disponible en todos los idiomas. ¿Puede el Parlamento tener la seguridad de que en la fase del Libro Blanco seguirá siendo posible cambiar la selección si lo considera apropiado?

Este es el meollo de la cuestión a la que nos enfrentamos. ¿Descartará el Libro Blanco un proceso legislativo o similar, o vamos a abordar un proceso legislativo diferente cada vez que, en el futuro, examinemos algo que tenga que ver con el Derecho contractual? La cuestión se reduce a saber si será o no vinculante. Parece que el Consejo opina que debería ser de carácter no vinculante y voluntario. En tal caso, es discutible si realmente necesitamos un proceso de selección. Se puede dejar todo abierto y celebrar el debate político cada vez que, en el futuro, se plantee una cuestión de Derecho contractual en una propuesta legislativa. Por el contrario, si ahora estamos creando algo vinculante —y es bien sabido que esto es lo que prefiere el Parlamento, y no un instrumento opcional— entonces tendremos que celebrar algunos debates políticos incluyentes muy serios sobre el contenido y el alcance, que nos conduzcan a la siguiente serie de preguntas sobre el fundamento jurídico y la participación del Parlamento como algo más que un mero consultor.

  Ieke van den Burg (PSE). – (NL) Señor Presidente, respaldo lo que han dicho los anteriores oradores y me gustaría destacar dos puntos en particular. Uno es cómo garantizamos que realmente haya un proceso de consulta incluyente y democrático, en el que no sólo desempeñe un papel este Parlamento, sino también los parlamentos nacionales, y en el que se pueda consultar a todas las partes interesadas. Me preocupa especialmente si esta consulta será equilibrada y si, por ejemplo, las organizaciones de consumidores, las pequeñas y medianas empresas, los sindicatos y otros interesados podrán aportar sus conocimientos especializados y compensarlos, para que también puedan desempeñar un papel real en este proceso de consulta.

La Comisión tiene una responsabilidad a este respecto, así que le querría preguntar cómo se propone apoyarlo. Quiero pedir al Parlamento que apoye una enmienda que presentamos sobre este punto.

El otro punto se refiere a la amplitud de la selección. Me pregunto si realmente deberíamos descartar ciertas cosas en el punto 12. En la fase en la que nos encontramos tiene más sentido mantener estas cosas sin decidir.

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, he seguido este debate con gran interés, pero a veces he tenido la impresión de que las diversas reuniones conjuntas entre la Comisión de Asuntos Jurídicos y la de Mercado Interior y Protección del Consumidor no se hubieran celebrado. Sí, señora van den Burg, hemos observado —también entre nuestros colegas de las comisiones parlamentarias— que es sumamente difícil, en los distintos eventos, encontrar el interés y los conocimientos especializados que se requieren para esta importante iniciativa de política jurídica en Europa. En mi opinión, no compete sólo a la Comisión, sino que también corresponde a los parlamentarios el garantizar que las asociaciones pertinentes, los sindicatos, los trabajadores y las PYME participen en este debate lo antes posible.

Sin embargo, también opino —y avalo plenamente lo que ha dicho Hans-Peter Mayer sobre este punto, al que también ha hecho referencia Jacques Toubon— que, por supuesto, esta participación temprana de las diversas partes interesadas sólo puede tener éxito si los fundamentos jurídicos están disponibles en todas las lenguas. No me sorprenden ni la respuesta de la Comisaria ni su retirada a la posición de que los documentos académicos disponibles no son más que una base técnica para la elaboración de la posición del Libro Blanco. No obstante, en este difícil proceso, yo le diría a la Comisaria que, en mi opinión, sí es necesario traducir también estas bases de las recomendaciones de su Libro Blanco, ya que es la única manera de garantizar un debate con sentido. Por lo tanto, creo que la propuesta apunta en la dirección correcta y quiero pedir a la Comisaria que adopte medidas de apoyo adecuadas en este contexto.

  Meglena Kuneva, Miembro de la Comisión. − Señor Presidente, todas las observaciones de sus Señorías han sido muy juiciosas y han estado muy bien presentadas. Me gustaría destacar que la decisión de traducir sólo algunas partes del texto académico es una decisión política. Lo es porque no se traducirán las áreas que no sean útiles para los fines del MCR. Siento repetirme, pero es muy importante subrayar que el MCR será una «caja de herramientas» por naturaleza, y el Parlamento participará plenamente en la decisión sobre qué partes del documento se deberán traducir.

También quisiera informarles de las reuniones programadas por la Presidencia francesa, que ha previsto dos reuniones del Comité de Derecho Civil para el 5 de septiembre y el 3 de noviembre, con el fin de examinar la selección de los capítulos del proyecto de MCR académico para el futuro MCR de la Comisión. Como pueden ver, nada está grabado en piedra. Tanto el Parlamento como la Comisión pueden participar plenamente y hacer el trabajo juntos. El resultado de estos debates debería aprobarse en forma de conclusiones del Consejo JAI en diciembre de 2008. Esto nos ofrece una seguridad suficiente de que el proceso incluye verdaderamente a todas las partes interesadas. Con respecto a la observación de la señora van den Burg, le aseguro que el proceso de consulta será amplio e incluyente.

He recibido comentarios de los medios académicos, que han anunciado que traducirán su proyecto, lo cual significa que definitivamente habrá versiones en francés, alemán e inglés. Esto, junto a los esfuerzos de la Comisión, garantiza que el proyecto estará seguro disponible en esas tres lenguas. La Comisión tiene un claro interés en trabajar junto con el Parlamento, que tanto ha apoyado este proyecto, y con el Consejo, para que haya un alcance adecuado, con versiones traducidas de la parte académica ya ultimada del proyecto.

  Presidente. − He recibido una propuesta de resolución⁽¹⁾ de conformidad con el artículo 108, apartado 5, del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación se celebrará el miércoles.