Explicaciones de voto orales

– Propuesta de resolución: Prisioneros palestinos en cárceles israelíes (RC-B6-0343/2008)

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Deseo expresar que la resolución del Parlamento Europeo sobre Israel y Palestina no es muy oportuna si tenemos en cuenta la evolución reciente de los acontecimientos, con la liberación la semana pasada por parte de Israel de otros 198 prisioneros palestinos. Tal gesto es una prueba de la voluntad de Israel de establecer una confianza mutua en el proceso de paz, a pesar de las duras críticas de los ciudadanos israelíes.

Lo mismo puede afirmarse del reciente intercambio de prisioneros en la frontera con Líbano. Es, no cabe duda, muy triste que en las prisiones israelíes siga habiendo jóvenes palestinos. En todo caso, la razón principal es que las organizaciones terroristas están explotándoles, incitando el odio y la determinación de matar. En los últimos ocho años, hasta el 16 % de los kamikazes y asesinos potenciales han sido menores de edad, y se ha producido una acusada tendencia descendente en este sentido. La formación y la educación de los niños son factores clave que pueden tener una influencia notable en la futura evolución de la coexistencia entre israelíes y palestinos.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, con esta resolución en particular, el Parlamento demuestra que no adopta una posición neutral en el sumamente complejo conflicto en Oriente Próximo, que no es una parte neutral. Muy al contrario, este Parlamento se coloca sistemáticamente del lado de los palestinos contra los Israelíes.

Evidentemente, a este Parlamento no le basta con que todos los años decenas de millones de euros de los contribuyentes europeos desaparezcan en el pozo sin fondo, corrupto y antioccidental de los Territorios palestinos. Evidentemente, a este Parlamento no le basta con que las ONG que abiertamente –y subrayo esto: abiertamente– aprueban y justifican los atentados terroristas se patrocinen, de nuevo, con millones de euros de los contribuyentes europeos. Es esto, literalmente, lo que pide ahora el Parlamento pide en una resolución para la liberación de terroristas convictos. Puede que sea una posición políticamente correcta; pero creo que no tardaremos mucho en lamentarlo.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, también voté contra la resolución sobre los prisioneros palestinos en Israel, porque, como mínimo, transmite la idea –y voy a decirlo de manera amable– que nosotros, como Parlamento Europeo, no somos realmente serios cuando condenamos el terrorismo. La resolución aboga por la liberación de personas que han participado en actividades terroristas. Al menos una de ellas es responsable de la muerte de varios ciudadanos israelíes. De modo que la aprobación de la resolución no sólo no beneficia la credibilidad del Parlamento, sino que, algo mucho peor, mina la lucha contra el terrorismo en general.

− Informe: Hélène Flautre (A6-309/2008)

  Véronique De Keyser (PSE). - (FR) Señor Presidente, en el informe Flautre voté a favor de las enmiendas 4 y 5, que no prosperaron y que atañen a Israel. Deseo explicar mis motivos: las enmiendas no se refieren en absoluto a sanciones contra Israel; más bien se refieren –en particular la enmienda 5– a las vulneraciones del Derecho internacional por parte de Israel, ampliamente documentadas.

Quisiera decir que me opongo en general a las sanciones, ya se impongan a los palestinos o a Israel. Lo que lamento, sin embargo, es que esta enmienda, que trataba de las iniciativas que podrían adoptarse con respecto a Israel, en contraposición con las sanciones, no se mantuviera. Si abandonamos la idea de que es necesario que nosotros, en la Unión Europea, adoptemos iniciativas para prevenir las violaciones de los derechos humanos, es que estamos fallando a nuestro sistema democrático.

Me gustaría también decir que, al defender esta opinión, no criticamos al pueblo judío, puesto que merecen todo nuestro aprecio y condenamos todas las formas de antisemitismo. No criticamos al Estado de Israel, ya que apoyamos su existencia y deseamos que sea seguro, pero nos oponemos a aquellos que están minando desde dentro la democracia en Israel, un asunto completamente diferente. Es más, respaldamos a todas las ONG israelíes que trabajan para promover los derechos humanos y el Derecho internacional.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, en el debate de ayer ya tuve la oportunidad de mencionar brevemente que el informe Flautre sobre la política de derechos humanos de la Unión Europea es realmente un documento bastante bueno y equilibrado. Sin embargo, lo que lamento es que no incluya ninguna referencia explícita al problema y el peligro de la islamización en Europa y en el mundo. Esta islamización es innegable y entraña riesgos para diversos valores europeos y occidentales muy esenciales, para los derechos fundamentales y para los derechos humanos. Estoy pensando en primer lugar en la importante separación entre Iglesia y Estado, y, en especial, en la igualdad entre hombres y mujeres.

El informe tampoco se muestra muy severo con los propios países islámicos, aunque en algunos de ellos, que suelen considerarse países desarrollados, y en otros, que son países muy ricos –países petrolíferos como Arabia Saudí– siguen produciéndose situaciones inadmisibles, desde el comercio real de esclavos y la esclavitud hasta la excepcionalmente extendida y degradante discriminación contra la mujer. Esto, sin duda, debe mejorarse en un informe posterior.

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Señor Presidente, el informe de la señora Flautre bien podría ser uno de los más significativos de los adoptados en esta este periodo parcial de sesiones. Este informe trata de las sanciones, un instrumento del que nosotros, la Comunidad Europea, no podemos prescindir. No obstante, debemos usar este instrumento siempre con sumo cuidado, de manera muy flexible y, a ser posible, en raras ocasiones, para evitar que se degrade o sufra una inflación sui generis .

No obstante, deseo advertir contra aplicar normas dobles en el uso de esto instrumento. Las sanciones no solo deben servir de amenaza para los países pequeños y pobres que infringen los derechos humanos. Los países más ricos y más grandes que sean buenos socios empresariales para la Unión Europea también deberían estar expuestos a la amenaza de las sanciones y deber ser conscientes de que la Unión Europea puede recurrir a ellas.

– Propuesta de resolución: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la mortalidad materna (RC-B6-0377/2008)

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Considero que la propuesta de resolución común para evaluar el ODM 5 sobre la mortalidad materna es muy equilibrada.

Estoy de acuerdo con el punto de la resolución en el que se afirma que la salud materna es el área en la que menos progreso se ha registrado de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ya que no es en absoluto probable que se logren progresos en esta área para 2015, en especial en el África subsahariana y el sur de Asia, estoy de acuerdo en que debemos tomar medidas.

Me preocupan en particular las cuatro enmiendas propuestas en nombre de los grupos ALDE y Grupos de GUE/NGL, forzando una vez más al Parlamento Europeo para que adopte decisiones sobre asuntos que entran dentro de la competencia de los Estados miembros. Esto incluye el consentimiento de los abortos seguros y legales. Lamentablemente, estas enmiendas se han aceptado en la votación de hoy.

Cada Estado miembro de la UE tiene un criterio diferente de la interrupción artificial del embarazo y, por consiguiente, adoptan decisiones sobre este problema de conformidad con el principio de la subsidiariedad. Incluso el referéndum sobre el Tratado de Lisboa fracasó en la cuestión del aborto en la Irlanda católica, el aborto está prohibido en Polonia y Eslovaquia adopta una postura diferente sobre el asunto. Por eso he votado contra esta propuesta de resolución.

  Frank Vanhecke (NI). -(NL) Señor Presidente, he votado en contra de esta resolución, no sólo porque me opongo realmente a la propaganda sobre el aborto que contiene, sino, en igual medida al menos, porque considero que la posición del Parlamento en general en este tema es bastante hipócrita. Por un lado, el Parlamento dice acertadamente que debe procurarse por todos los medios conseguir una importante reducción de la mortalidad materna en los países en desarrollo, pero, por otro lado, el Parlamento sigue argumentando en otros foros a favor de la creciente la inmigración legal cada vez mayor y de las propuestas de la Comisión Europea para la denominada Tarjeta Azul. Es precisamente esta política de inmigración la que causa una enorme fuga de cerebros de los países en desarrollo a los países occidentales, y es precisamente esta política la que está robando a los países en desarrollo los mejores trabajadores que tanto necesitan, incluidos los profesionales sanitarios, los médicos y las , enfermeras, mucho más necesarios en África que en Occidente. Me niego a respaldar una posición tan hipócrita.

  Daniel Hannan (NI). - Señor Presidente, tomo la palabra para ofrecer una explicación de voto sobre nuestra resolución en relación con la salud materna. Tendremos que esperar para ver qué postura adopta la Cámara sobre los valores tradicionales, pero al menos se ha pronunciado con claridad sobre la cuestión de la maternidad.

No obstante, no tomo la palabra con ánimo de crítica para preguntar por qué sentimos la necesidad de pronunciarnos sobre estas cuestiones. Son cuestiones sensibles, íntimas y, para muchos de nuestros electores, éticas. Deberían abordarse adecuadamente por medio de los procedimientos democráticos nacionales de los Estados miembros. Al expresarnos como lo hemos hecho esta tarde, hemos mostrado presunción, arrogancia y deseo de atribuir poder al centro y pasar por alto las tradiciones nacionales de nuestros miembros constituyentes. Si se observa esa resolución, se entiende por qué las instituciones de la Unión Europea suscitan tanto rechazo y desconfianza a los votantes.

  Linda McAvan (PSE). - Señor Presidente, creo que Daniel Hannan no ha entendido el asunto. Esta resolución trata en realidad de la reunión de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y lo que pretende es ejercer presión sobre los dirigentes mundiales para que se tome en serio el ODM 5 sobre la salud materna: de eso es de lo que trata. No tiene nada que ver con el aborto en Polonia o en Irlanda. Trata del acceso a los derechos de maternidad. Sin embargo, mi explicación de voto no trataba de eso.

Lo que quería decir era que una de las cosas más tristes que he visto en mi vida fue en Addis Abeba, en el hospital para fístulas al que fuimos con algunas colegas como parte de la delegación de países ACP. Había unas mujeres jóvenes –de hecho, no tenían más de 13 o 14 años– que guardaban cola en varias filas y observamos que, por debajo de ellas, corría un reguero de orina calle abajo. Guardaban cola y había una corriente de la orina porque habían desarrollado una fístula vaginal debido a la falta de atención médica durante el parto en zonas remotas de Etiopía.

Creo que es de extremada importancia que la Unión Europea invierta en una adecuada salud materna en algunos de los países más pobres del mundo. Es una desgracia que se avance tan poco en este Objetivo de Desarrollo del Milenio, que es uno de los más importantes. Espero que esto les sirva a nuestros negociadores, como Glenys Kinnock, cuando vayan a Nueva York.

También pienso que personas como Daniel Hannan deberían realmente leer e informarse de lo que sucede en este Parlamento.

− Informe: Syed Kamall (A6-0283/2008)

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Señor Presidente, esto es un informe particularmente importante. Las economías desarrolladas se caracterizan por su elevada demanda de servicios. Los servicios determinan el nivel de vida y de de bienestar de las sociedades. Hay un aumento constante de la demanda en el desarrollo de servicios vinculados a la tecnología moderna y en los servicios de alta calidad que cumplen con las normas y con las expectativas de sus usuarios.

El crecimiento del PIB depende cada vez más del tamaño del sector de los servicios. Los servicios representan una proporción significativa del comercio. Esta parte del mercado crece constantemente. Por eso han suscitado un amplio debate las condiciones y los principios de la liberalización del comercio de los servicios a escala mundial en el marco de la OMC. Hay muchos tipos de servicios muy lucrativos, en particular, los que llenan nichos específicos. Esta es una de las razones de que la liberalización del comercio de los servicios avance con lentitud y de que genere tanta resistencia. Antes de concluir desearía decir que vivimos unos tiempos en los que los servicios son los indicadores principales del desarrollo.

− Informe: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Señor Presidente, he votado a favor de la adopción del informe sobre la política portuaria europea, porque aborda muchas cuestiones de importancia para ese sector de la economía. Son temas también relevantes para Polonia.

Me pregunto cómo podrían aplicarse estos textos a la situación de los astilleros polacos de Gdansk, Gdynia y Szczeczin. Los procedimientos relativos a las ayudas estatales a los astilleros polacos llevan ya bastante tiempo en trámite en la Comisión Europea. El astillero de Szczeczin es el quinto mayor de Europa y está atravesando serias dificultades, al igual que el astillero de Gdynia. Todo esto se debe una serie de problemas que se han planteado con el transcurso de los años y que son consecuencia del cambio de régimen económico y de la situación internacional, como ya señalé ayer al hacer uso de la palabra.

En cuanto a la situación actual de los astilleros polacos, la Comisión opina que no representan una fuente de empleo. No están expuestos a la competencia desleal. Podría sonar extraño. Además, se ha propuesto el cierre de dos rampas de botadura para alcanzar el máximo potencial, algo sencillamente ridículo. El plan de reestructuración para estos astilleros se rechaza siempre, lo que acabará llevándoles a la quiebra, en vez de ayudar al sector europeo de la construcción de barcos para recuperar su lugar en el mundo.

  Presidente. − Deseo recordar a aquéllos que no hayan podido hacer uso de la palabra que pueden presentar una declaración escrita que les permitirá dejar constancia de su explicación de voto.

Explicaciones escritas de voto

− Informe: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

  Glyn Ford (PSE), por escrito. − Agradezco al señor Kirkhope su informe, que ayudará a prestar un mejor servicio a los consumidores. Por el momento, el precio que pagan los consumidores por un billete a otro Estado miembro depende del país en el que lo adquieran. En mi país, Inglaterra, pago el mismo precio por un billete, con independencia de si lo compro en la ciudad de partida, en la de destino o en otra. No veo ninguna razón en absoluto para que este criterio no se aplique en toda la Unión.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) Voto a favor del informe de Timothy Kirkhope sobre el código de conducta para los sistemas informatizados de reserva.

El nuevo código de conducta estimulará la competencia entre los sistemas informáticos de reserva, lo que beneficiará al precio y la calidad de los servicios. Las disposiciones actuales son anticuadas, puesto que casi el 40 % de las reservas se realizan ahora a través de sitios web alternativos, en los que se prescinde de los gastos de reserva. El nuevo código beneficiará a los consumidores gracias al aumento de la competencia y la reducción de las tasas, ahora que las compañías aéreas de bajo coste se incluyen también en el sistema de reservas.

Para ofrecer a clientes la mejor información y protección posibles en relación con las prácticas anticompetitivas, la prestación de los servicios debe ampliarse, regularse y controlarse a escala de la UE. Es importante, por consiguiente, que los precios de los vuelos que aparecen en los principales anuncios publicitarios comprendan el precio total del vuelo incluidos todos los impuestos y tasas, de modo que no se engañe al cliente con ofertas especiales que en realidad no se ofrecen. Lo mismo puede decirse de la lista de emisiones de CO2 y del consumo de combustible: ambos aspectos deben estar claros para el consumidor. La oferta alternativa de ferrocarril para vuelos inferiores a 90 minutos ofrece al cliente otra opción y le permite realizar una elección informada.

  David Martin (PSE), por escrito. − Al actualizar el código de conducta para los sistemas informatizados de reserva (SIR) se garantiza que estos sistemas para los servicios de transporte aéreo cumplen el principio de la competencia leal. No obstante, temo que la vaguedad de la definición de «participación en el capital» de una empresa como la «influencia decisiva» en el SIR que tenga la compañía aérea causará confusión y permitirá la distorsión de la competencia. Este informe debe ocuparse de beneficiar al consumidor y estos criterios se reflejan en mi voto.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) El sistema informatizado de reserva es una plataforma que reúne a los proveedores de transporte aéreo y ferroviario que se usa para la venta de billetes por la prestación de sus servicios. El informe sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo tenía como fin modificar las disposiciones vigentes en la actualidad y redoblar la competencia a través de un sistema informatizado de reservas.

El código de conducta se actualizó para mejorar transparencia y también evitar abuso de mercados y distorsión de la competencia. Voté en contra del informe sobre el código para los sistemas informatizados de reserva porque yo estaba a favor de remitirlo al Comité de Transporte y Turismo.

En mi opinión, muchos de los conceptos del informe de la Comisión están mal definidos. Esto es especialmente cierto con respecto al concepto clave de compañía matriz. Por consiguiente, creo que no se está velando plenamente por los intereses de los consumidores dentro del mercado común europeo.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), por escrito. − (RO) He votado por la devolución a la Comisión del Reglamento sobre el sistema informatizado de reserva porque contiene todavía términos ambiguos, que pueden dar lugar diferentes interpretaciones de los textos. Una reglamentación es obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembro y, por este motivo, el texto debe ser preciso.

Creo que la publicación de una especificación en la que se explique la interpretación facilitada por la Comisión Europea a ciertas definiciones del Reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de su entrada en vigor no es una solución aceptable. Las instituciones europeas se han comprometido con un proceso de simplificación legislativa y, en especial, de estabilidad legislativa.

No cabe duda de que es necesaria una actualización y mejora del Reglamento sobre el sistema informatizado de reserva, y aprecio el trabajo de todos los colegas de la comisión. No obstante, considero que habría sido preciso aumentar la claridad del texto para garantizar el marco jurídico estable necesario para el buen funcionamiento del sector del transporte aéreo de pasajeros.

  Ewa Tomaszewska (UEN), por escrito. − (PL) En el curso de la votación nominal y con respecto a la enmienda 48, he votado en contra de la violación de la igualdad de derechos para entidades en competencia que representa elegir tres países de la Unión Europea y garantizarles una posición privilegiada en el mercado. Lamentablemente, mi equipo de votación falló y mis esfuerzos para que se solucionara la situación no se atendieron. Me gustaría que quedara constancia de que he votado en contra de la segunda mitad de la enmienda en cuestión.

− Informe: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Defender los derechos humanos en el mundo que nos rodea es una de las labores políticas de la Unión Europea en su calidad de unidad de valores. Sin embargo, ante la Lista de Junio, esto no debe usarse para intentar aplicar una política exterior a escala comunitaria y así usurpar la soberanía en materia de política exterior de los Estados miembros.

Por consiguiente, apreciamos que el BEI establezca prioridades en la concesión de créditos que promuevan el desarrollo de la democracia y la estabilidad en Asia central, pero nos oponemos a la tendencia por la que el BEI se convierte en un instrumento para multiplicar las ambiciones de política exterior de la UE.

Tras un minucioso examen hemos decidido votar a favor de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión, a pesar de que algunas de las enmiendas no se ajustan precisamente a nuestros principios a este respecto.

− Propuesta de resolución: Prisioneros palestinos en cárceles israelíes (RC-B6-0343/2008)

  Alessandro Battilocchio (PSE), por escrito. − (IT) Señor Presidente, he votado a favor de este documento, pero deseo señalar que es la enésima vez que se esta Cámara aprueba un texto para que se respeten los derechos humanos en esta parte del mundo. ¿Qué efecto tienen nuestras declaraciones? Muy poco, lamentablemente, aparte de expresar la solidaridad política.

Si Europa desea ser creíble en esta materia, debe hablar con una voz única y colocar seguridad internacional por encima de los intereses nacionales individuales. Creo que es vital a lograr un equilibrio entre dos requisitos: para los palestinos, un estado libre e independiente; para los israelíes, la seguridad de vivir en su propio territorio, sin ataques ni amenazas. Si los dos aspectos se separan, se hace bastante difícil encontrar una postura creíble y una solución duradera. Espero que en el futuro esta Unión Europea que tenemos, tan interesada por la paz en una parte del mundo tan próxima a nosotros, pueda desempeñar un papel como mediadora más eficaz que el que ha tenido en el pasado.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Hemos votado a favor de la resolución de compromiso, no porque estemos de acuerdo con todos sus puntos o con el texto, sino porque creemos que puede ayudar a denunciar la inadmisible situación de los prisioneros políticos palestinos en las cárceles israelíes.

Israel, con el apoyo y la connivencia de los Estados Unidos y sus aliados, está ocupando ilegalmente los territorios palestinos, ha levantado asentamientos y un muro de división y está asesinando, deteniendo, atacando y explotando a los palestinos, al tiempo que infringe sistemáticamente el Derecho internacional y desoye los derechos inalienables de estas personas a su Estado soberano, viable e independiente.

En las cárceles israelíes hay en torno a 10 000 palestinos detenidos en la actualidad, incluidos cientos de niños, en unas condiciones inhumanas y sometidos a tratos humillantes y degradantes, así como a malos tratos, incluida la tortura. A la mayoría de ellos se les prohíbe recibir visitas de sus familiares. Muchas detenciones son «administrativas», sin acusación ni juicio.

Israel retiene en sus cárceles a cerca de un tercio de los miembros electos del Consejo Legislativo Palestino, así como a otros funcionarios palestinos electos locales.

El encarcelamiento de activistas palestinos es un instrumento utilizado para combatir la resistencia legítima del pueblo palestino y para perpetuar la ocupación israelí.

Cualquier solución justa, viable y duradera para poner fin a la ocupación israelí de los territorios ocupados exige la liberación de todos los prisioneros políticos palestinos por parte de Israel.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EL) La resolución que nos ocupa es inadmisible, puesto que absuelve esencialmente a Israel del genocidio del pueblo palestino y de la ocupación de sus territorios.

El apartado 4, por ejemplo, apoya la lucha de Israel contra el terrorismo. Por lo tanto, califica de terroristas a personas que luchan por la libertad, que se oponen a la ocupación de sus territorios por el ejército israelí y al bloqueo económico, social y político, y a los ataques de represalia que sufren. Hay niños pequeños entre las víctimas, en la Franja de Gaza, por ejemplo, porque el Gobierno elegido no es del agrado de los israelíes, los Estados Unidos y la UE.

Es más, en el apartado 7 se insta provocativamente a la Autoridad Palestina a que ponga bajo control policial la resistencia del pueblo palestino. Incluso acusa a los antiguos prisioneros, en especial a los niños pequeños, de atentados violentos o terroristas.

Es vergonzoso hacer tales imputaciones. En cambio, el Parlamento Europeo debería exigir la retirada de Israel de los territorios ocupados de Cisjordania. Debe demolerse el muro de la vergüenza de Jerusalén, deben cesar los ataques asesinos contra la población civil, las mujeres y los niños, y debe liberarse a todos los prisioneros políticos. El Parlamento Europeo ha de exigir el cumplimiento por parte de Israel de los principios del Derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) La situación de Israel y Palestina es complicada. Para Israel resulta problemático abordar la enorme inseguridad creada por su entorno. Como buen amigo de Israel, lo sé muy bien. Sin embargo, siempre es importante defender el Derecho internacional. Por consiguiente, decidí participar en las negociaciones sobre la resolución del Parlamento Europeo relativa a la situación de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes.

A través de estas negociaciones el resultado final se hizo considerablemente más equilibrado, con lo cual, finalmente, apoyé la resolución. En mi opinión es importante no condenar a Israel, como ocurrió con el informe de la señora Flautre sobre la evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos, en el que los hechos no se habían estudiado. Por consiguiente, he votado en contra de eso.

  Marek Siwiec (PSE), por escrito. − (PL) La resolución sobre la situación de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes adoptada por el Parlamento Europeo es tendenciosa y, por tanto, no representa un reflejo exacto del conflicto en Oriente Próximo. La resolución no toma en cuenta en absoluto el contexto político o el hecho de que las autoridades israelíes necesitan poder garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Israel sigue estando bajo la amenaza constante de actos terroristas originados en los territorios palestinos, a pesar de las negociaciones de la paz en curso y los gestos de buena voluntad como la reciente decisión de liberar a 198 prisioneros palestinos. Israel es el único país democrático de la región y está abordando esta amenaza con métodos y recursos democráticos.

La resolución condena a las autoridades israelíes por utilizar métodos inapropiados para tratar a los menores. Sin embargo, no menciona que, según informes de Amnistía Internacional, organizaciones terroristas como la Brigada de Mártires de Al-Aqsa, Hamás, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina recluten a menores y los utilicen como mensajeros. En algunos casos a los menores también se les asignan misiones de combate o se les usa para perpetrar ataques terroristas contra soldados israelíes y la población civil.

La forma tan tendenciosa e incompleta de tratar la cuestión de los prisioneros palestinos es lo que explica mi voto en contra de esta resolución.

- Informe: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

  Slavi Binev (NI), por escrito. (BG) Señor Presidente, respetados colegas, el informe de la señora Hélène Flautre trata de las sanciones que han de adoptar la Unión Europea con respecto a cualquier violación de los derechos humanos, independientemente de la parte del mundo en la que suceda. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestra propia casa? Una vez más, quisiera llamar su atención hacia las acciones sin precedentes de la coalición dominante en Bulgaria.

El 30 de julio, día en que se había planteado un voto de censura [en el Parlamento Búlgaro], se usó la fuerza policial contra el diputado al PE Dimiter Stoyanov. A pesar de que los nombres de los «ayudantes» uniformados se averiguaron de inmediato, hasta la fecha no se ha impuesto ninguna sanción ni se ha expresado ninguna excusa, aunque sí hay una arrogancia desbordante en el intento de encubrir el caso.

La conducta de los funcionarios del Ministerio de Interior demuestra que eran conscientes de a quién estaban golpeando, en particular porque Stoyanov mostró su tarjeta de identificación como diputado al PE todo el tiempo y explicó en repetidas ocasiones quién era.

La detención ilegal y la paliza recibida por un diputado al Parlamento Europeo es algo que no ha ocurrido en los 50 años de historia de esta institución. El caso de nuestro compañero es un golpe peligroso a los principios fundadores de la democracia europea contemporánea. Es una intrusión directa y evidente en los derechos personales.

Después de que el aparato represivo de la coalición dominante no respetara la condición de diputado al PE de Dimiter Stoyanov, ¿qué puede esperar el ciudadano ordinario de Bulgaria?

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Dado que resulta imposible abordar en una explicación de voto todos los temas importantes planteados en el informe, en particular, los muchos a los que nos oponemos totalmente, tal vez el mejor enfoque sea usar el ejemplo del voto de las enmiendas propuestas en la sesión plenaria para destacar el objetivo central de este instrumento político de la UE.

A pesar de que en el informe se hace referencia a diversos países, la mayoría del Parlamento rechazó dos de las enmiendas propuestas que consideraban que:

- «...las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el Gobierno palestino formado en febrero de 2006 tras unas elecciones que la UE reconoció como libres y democráticas, han minado la uniformidad de la política de la Unión y han resultado seriamente contraproducentes, puesto que ha empeorado la situación política y humanitaria»;

- «...la violación permanente del Derecho internacional por parte de Israel exige medidas urgentes de la Unión».

¿Qué mejor ejemplo cabe para mostrar que el objetivo de las sanciones de la UE es una interferencia inadmisible, aplicada, desde luego, con «un doble rasero». En otras palabras, las sanciones se están utilizando como un medio de presión y de interferencia política para proteger a los «amigos» y criticar a «otros» que la UE (y los Estados Unidos) señalan como blanco.

Por esto hemos votado en contra del informe.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − En el contexto de la Política Exterior y de Seguridad Común, la UE aplica medidas restrictivas, o sanciones, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la PESC. Las política de sanciones actual de la UE adolece de excesivos casos ad hoc, lo que suele dar lugar a incoherencia e incongruencia. Creo que la Comisión debe desempeñar una función más proactiva al definir una política de la UE clara sobre las sanciones.

Creo que el PE debe ser muy preciso cuando se hable de las sanciones, y en especial cuando se exija a la UE que emprenda medidas en respuesta a las violaciones del Derecho internacional, como hizo la Cámara en este informe sobre Israel. Creo que antes de pedir a la UE que imponga cualquier sanción, debemos estar bien informados de los incumplimientos concretos del Derecho internacional y abstenernos de realizar afirmaciones de carácter genérico. Si hay casos objetivos, han de especificarse en el texto o presentarse en una nota a pie de página en el documento respectivo.

  David Martin (PSE), por escrito. − He votado a favor del informe de Hélène Flautre sobre la sobre la evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos. Recibo con beneplácito el enfoque equilibrado de la ponente por considerarlo una herramienta importante de la política común exterior y de seguridad de la UE. Las sanciones deben imponerse caso por caso y dirigirse a objetivos concretos de modo que no afecte a las partes inocentes. Me complace que el informe de la señora Flautre aborde adecuadamente estos aspectos.

  Zita Pleštinská (PPE-DE), por escrito. − (SK) La UE considera que el respeto de los derechos humanos es el principio más importante y, por tanto, incluye cláusulas sobre los derechos humanos y los mecanismos de aplicación en todos los nuevos acuerdos bilaterales celebrados con terceros países.

La eficacia política de las sanciones y sus consecuencias negativas se someten hoy a debate. Somos particularmente conscientes de esto cuando la UE ha adoptar un punto de vista con respecto al conflicto del Cáucaso.

En consecuencia, he acogido con agrado y votado a favor del informe de Hélène Flautre, que adopta una nueva filosofía en relación con la aplicación de sanciones y un cambio de ideas en el ámbito de los derechos humanos.

Necesitamos una política de sanciones eficaz, de modo que no se apliquen «dobles raseros», basados, por ejemplo, en la importancia estratégica del socio, como en el caso de Rusia y China.

Debemos usar documentos de estrategia para los diferentes países y otros tipos de documentos similares como base para la elaboración de una estrategia coherente en relación con los derechos humanos en el país y la situación con respecto a la democracia. Debemos usar información objetiva y actualizada obtenida a partir de los representantes de organizaciones locales y no gubernamentales. Debemos apoyar a la sociedad civil y fijar como objetivo a los culpables de los conflictos, por ejemplo, mediante la congelación de activos y la prohibición de viajar. Las sanciones no deben afectar a las personas más pobres.

Creo firmemente que la política de sanciones no será más eficaz hasta que se incorpora a una estrategia comunitaria integrada sobre derechos humanos. Las sanciones sólo serán eficaces cuando ayuden a cambiar las relaciones y, en consecuencia, a resolver conflictos.

  Pierre Schapira (PSE), por escrito. -(FR) Después de las elecciones legislativas en Palestina de febrero de 2006, fui uno de los primeros en afirmar, tanto en Jerusalén como en el Parlamento, que no debíamos imponer sanciones contra el Gobierno, porque sería el pueblo palestino el que las sufriría. Cierto es que tenemos que aceptar que la situación política en los Territorios se ha deteriorado por completo, en especial entre Al Fatah y Hamás, pero esta crisis política no puede atribuirse exclusivamente a las sanciones europeas. Por este motivo me he abstenido de votar la enmienda 4.

Deseo asimismo declarar que condeno firmemente la violación permanente del Derecho internacional por parte de Israel, pero lamento que el texto del informe no mencione esas violaciones cuando las cometen otros países de Oriente Próximo. Esto parece ser un caso de doble rasero, y de ahí mi voto en contra de la enmienda 5.

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. − (DA) A pesar de que hay aspectos del informe de la señora Flautre que son dignos de crítica, he votado a favor del informe para mostrar el respaldo a la batalla por los derechos humanos.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) Las sanciones impuestas por la Unión Europea son instrumentos que aseguran la eficacia de la PESC. Tal vez sean herramientas diplomáticas, pero son sobre todo económicas y sirven para garantizar el cumplimiento de los principios fundamentales del Derecho internacional, la democracia y los derechos humanos.

La ponente solicita que se realice un análisis exhaustivo y pormenorizado de las medidas restrictivas existentes, y creo que está en lo cierto. Deben redactarse principios adecuados para la imposición de sanciones, de modo que éstas sólo se usen después de realizado un análisis individual detallado.

Por otra parte, creo también que debe darse prioridad al desarrollo de sanciones económicas que no repercutan negativamente en la sociedad y que no violen los derechos humanos de los ciudadanos de los países sancionados. Esto es particularmente necesario en relación con la costumbre de realizar listas negras. Por eso respaldé asimismo el informe para la evaluación de las sanciones de la UE en relación con el ámbito de los derechos humanos.

Si resultara necesario imponer sanciones, creo que es importante introducir medidas positivas para ayudar a los ciudadanos de los países en los que se han impuesto medidas restrictivas.

  Charles Tannock (PPE-DE), por escrito. − Mis colegas conservadores británicos y yo apoyamos sinceramente los derechos humanos para todos. Respaldamos la idea de un régimen de sanciones de la Política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE que se aplique con un criterio unánime de dirigirse a los agresores más flagrantes de los derechos humanos en el mundo, a condición de que el Reino Unido pueda siempre ejercer un veto a este respecto. Deploramos asimismo la manera incoherente en que se han aplicado y su vulnerabilidad a cualquier incumplimiento, por ejemplo, el modo en que se ha permitido al Presidente Mugabe la entrada a la UE en varias ocasiones, a pesar de la prohibición de viajar que pesa sobre su régimen.

Lamentablemente, el informe Flautre va más lejos, puesto que reconoce el derecho del Tribunal Europeo de Justicia a dictaminar sobre la lista de organizaciones terroristas prohibidas —que debe seguir siendo una decisión política, no judicial— y solicita que el Tratado de Lisboa debe hacer más eficaces las sanciones de la UE a los abusos contra los derechos humanos. Insta a que el Parlamento Europeo supervise los servicios de seguridad de los Estados miembros y haga obligatorio el código de conducta sobre exportaciones de armas. Por esas razones no apoyamos el informe.

  Ewa Tomaszewska (UEN), por escrito. − (PL) He votado en contra del párrafo 57 en la votación nominal. Lamentablemente, mi equipo de votación no funcionó. No se atendieron mis esfuerzos para que se solucionara la situación, como ya sucedió en otras cinco votaciones nominales. Me gustaría que quedara constancia de que he votado en contra del texto original del párrafo 57 del documento.

- Propuesta de resolución: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la salud materna (RC-B6-0377/2008)

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), por escrito. (FR) En el documento, el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio —reducir la mortalidad materna en un 75 % entre el momento actual y 2015— era claramente una de las metas más alcanzables.

De hecho, era el que más retrasado estaba. He aquí un hecho concluyente: en el África subsaharina, una de cada 16 mujeres muere en el parto. Esta cifra apenas ha cambiado en 20 años.

¿En qué otro lugar del planeta podría encontrarse un desajuste tan notable como el del ámbito de la salud humana? Además, cuando muere la madre, las probabilidades de que el niño muera también se multiplican por diez.

En consecuencia, en nuestros supremos esfuerzos para lograr los ODM necesitamos prestar atención especial al número 5.

El propio G-ha captado por fin el mensaje. En su última reunión en Japón adoptó un «paquete de salud» encaminado a contratar y dar formación a un millón de profesionales de la salud para África con el fin de que el 80 % de las madres tengan ayuda durante el parto.

La pelota está ahora en el tejado de la UE.

La Comunidad necesita actuar simultáneamente y con verdadero fundamento en varias direcciones:

- información y educación para las mujeres;

- refuerzo de los sistemas de salud públicos en los países del sur;

- inversión masiva en recursos humanos en el área de la atención sanitaria.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Cada año se producen alrededor de 536 000 muertes derivadas de la maternidad (el 95 % de ellas en África y Asia meridional). Por cada mujer que muere, 20 o más sufren graves complicaciones, desde infecciones crónicas a lesiones discapacitantes, que podrían evitarse fácilmente si hubiera acceso universal a la atención ginecológica básica y de urgencia y a servicios de planificación familiar. Esto requiere un mayor apoyo de los países desarrollados.

Estas cifras son muy preocupantes e indican que la mortalidad materna (ODM 5) no sólo no esta en vías de alcanzarse en los países en desarrollo, sino que es también el único objetivo en el que no se está avanzando. Las cifras actuales son exactamente las mismas que las de hace 20 años.

El hecho es que la mortalidad materna podría evitarse prestando una mejor atención sanitaria y garantizando a todas las mujeres el acceso a una información y unos servicios completos en materia de salud sexual y reproductiva.

Por consiguiente, apoyamos la resolución adoptada y nos complace que nuestra propuesta de protección del acceso a una anticoncepción eficaz y al aborto legal y seguro se haya adoptado también en la sesión plenaria.

  Hélène Goudin y Nils Lundgren (IND/DEM), por escrito. − (SV) Es terrible que sea tan elevada la proporción de la población mundial que vive en situación de pobreza extrema, que las mujeres en estos países y regiones mueran en el embarazo o en el parto, y que haya tantas personas sin información sobre la anticoncepción segura ni acceso a la misma. Es una cuestión que se refiere al valor de la vida humana y a los derechos humanos universales e inviolables, en especial para las mujeres que viven en la pobreza.

Esta resolución incluye propuestas positivas —y necesarias—, pero también plantea cuestiones que no entran en el ámbito de competencias de la UE. Hemos decidido apoyar las propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres, en especial las relativas a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la resolución aborda también otros temas, algunos de los cuales se refieren a política exterior. En consecuencia, nos hemos abstenido en la votación final.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − La resolución del PE sobre la mortalidad materna es de suma importancia a la luz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y es un medio de transmisión de nuestro mensaje de que somos conscientes de la situación actual y de que exigimos que se adopten medidas para ayudar a millones de mujeres en los países en desarrollo. Apoyo firmemente la sugerencia de solicitar a la Comisión y al Consejo que se elaboren programas y políticas que ayuden a evitar la mortalidad materna, haciendo especial hincapié en el acceso a la información sobre la salud sexual y reproductiva, la alfabetización y la nutrición.

En el contexto de esta resolución, creo que el uso de anticonceptivos es muy importante para evitar enfermedades y embarazos no deseados y para reducir la mortalidad materna, pero, al mismo tiempo, estoy convencido de que no tenemos derecho a condenar o criticar a las Iglesias, que representan sólo una autoridad moral, no legislativa, y que promueven su fe pero no prohíben la elección personal. Además, hay Iglesias que no abordan las cuestiones de la anticoncepción ante sus feligreses.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. − (RO) He votado a favor de esta resolución porque la tasa de mortalidad materna es alta no sólo en los países en desarrollo, sino también en los nuevos Estados miembros de la UE.

Resulta preocupante que cada año haya 536 000 familias que se quedan sin el apoyo de la madre, lo que origina desajustes en la célula básica de la sociedad. Conocemos las causas y los métodos para luchar contra este fenómeno; la manera de organizar y planificar la actividad depende de nosotros.

Considero que debe hacerse hincapié principalmente en el acceso de las mujeres a la información sobre la una reproducción saludable. No podemos tener éxito en nuestras acciones a menos que las propias mujeres se den cuenta de los peligros a los que se exponen antes de o durante el embarazo. Asimismo debemos dedicar los máximos recursos disponibles a la prestación de servicios de calidad disponibles para todos.

  Toomas Savi (ALDE), por escrito. − Señor Presidente, habida cuenta de que he apoyado las enmiendas relativas a la condena de la «rega de mordaza global» de los Estados Unidos y a la prohibición del uso de anticonceptivos por parte de algunas Iglesias, he votado a favor de la resolución. Pero me ha sorprendido saber que algunos de mis colegas a quienes, por lo general, puede tomarse en serio, han dado prioridad a las afirmaciones del Papa sobre la salud y el bienestar de las personas de los países en desarrollo.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , por escrito. − (RO) El aumento de la tasa de mortalidad infantil y la disminución de la tasa de natalidad, por un lado, y el envejecimiento de la población, por otro, exigen medidas firmes y urgentes de los Estados miembros y de las instituciones europeas.

Voté a favor de la resolución sobre la mortalidad materna antes de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas de 25 de septiembre, celebrada para revisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debido al hecho de que en sus textos se solicita al Consejo y a la Comisión que amplíen las disposiciones sobre los servicios de salud materna y hagan hincapié en los programas de asistencia prenatal, nutrición materna, adecuada asistencia durante el parto de modo que se evite la realización innecesaria de cesáreas, asistencia posnatal y planificación familiar. A través de esta resolución solicitamos al Consejo y a la Comisión que garanticen que los servicios de salud reproductiva sean accesibles y de calidad.

Es importante asignar los máximos recursos disponibles a los programas y políticas sobre la prevención de la mortalidad materna.

También considero importante la financiación de actividades de planificación familiar con fondos públicos.

  Ewa Tomaszewska (UEN), por escrito. − (PL) La resolución incluye disposiciones que promueven indirectamente el aborto y otras que piden de forma abierta la legalización del aborto. La inclusión de afirmaciones sobre esta cuestión equivale a una violación del principio de subsidiariedad. Significa también que pueden usarse recursos financieros procedentes de las contribuciones a la Comunidad de Estados miembros en los que no está permitido el aborto para promover éste en terceros países.

Es una hipocresía justificar la participación en la propaganda a favor del aborto por lo que respecta a la promoción de la salud materna, y asignar recursos financieros al aborto, en lugar de dedicarlos a mejorar la salud materna. Por ello he votado en contra de la resolución.

  Anna Záborská (PPE-DE), por escrito. − (SK) He votado en contra de la resolución.

La protección de la salud materna es un requisito previo incondicional para la supervivencia de la humanidad.

Las madres en los países en desarrollo se enfrentan actualmente a una pandemia, sin acceso a la atención sanitaria básica, a aspirinas o a un vaso de agua potable. El Secretario General de las Naciones Unidas recalcó claramente que se dedica menos del 10 % del presupuesto a resolver los problemas que afectan a un 90 % de la población mundial. La neumonía, la diarrea infecciosa, la tuberculosis y la malaria —enfermedades que causan enormes problemas de salud en los países en desarrollo, pero que tienen tratamiento— se benefician de menos de 1 % del presupuesto.

Las Naciones Unidas han adoptado una estrategia que apoya el parto bajo control médico cualificado. El objetivo es limitar los riesgos de la maternidad, reducir la mortalidad infantil y dar acceso a los servicios.

Nuestra resolución, sin embargo, propone, entre otras cosas, la «prestación de servicios de interrupción del embarazo seguros y lo más amplios posibles» y lamenta la falta de prestación de servicios en el campo de la salud reproductiva. Pide al Consejo y a la Comisión que «garanticen que los servicios de salud reproductiva sean accesibles» y que «promuevan el acceso de todas las mujeres a una información y unos servicios completos en materia de salud sexual y reproductiva». Pide al Consejo y a la Comisión que intervengan en este ámbito, pero el aborto corresponde a la competencia exclusiva de los Estados miembros, no a la de la UE.

No podemos ofrecer a las madres de los países en desarrollo una visión de la protección de la salud poco clara, simplificada o, aun peor, ideológicamente tendenciosa.

- Informe: Syed Kamall (A6-0283/2008)

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que contempla la liberalización de los servicios a escala internacional y que tan fervientemente desea el ponente ver concluido, no es en realidad más que una «Directiva Bolkestein» a escala mundial. El «fontanero polaco» de antes, mañana será chino o pakistaní.

La única excepción se refiere a los servicios «servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales», que «no se suministran en condiciones comerciales ni en competencia con otros proveedores». En otras palabras, los únicos a los que no afectarán serán la policía, los tribunales, el servicio diplomático y el ejército. Por otro lado, el AGCS será otro paso para el desmantelamiento de los servicios públicos, un proceso iniciado por la Comisión hace unos 15 años en nombre de la competencia y del mercado único.

Hoy, la Unión Europea cree que goza de una ventaja competitiva y afirma que sus proveedores de servicios tienen un acceso inadecuado a los mercados terceros países. Sin embargo, el sector de los servicios acabará igual que nuestra industria, con deslocalizaciones y reducciones de personal y, de propina, la importación del dumping social. Situar las normas sociales, ambientales y de calidad con perspectiva —lo cual, según el ponente no debe representar un obstáculo para el comercio— contiene la semilla de una desintegración gradual del modelo europeo social y económico.

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A pesar de que se han eliminado alguno de sus aspectos más aspectos negativos y suavizado algunos de sus términos, que, aunque no ponen en duda el proceso de liberalización, intentan «humanizarlo», esta resolución sigue siendo, básicamente, un libro de texto en defensa de la liberalización de los servicios, incluidos los servicios públicos (supuestamente limitados, en su presentación, por la necesidad de un enfoque «diferenciado» de la liberalización).

Sin embargo, a pesar de la inquietud que siente una mayoría del Parlamento, la situación internacional actual no es la misma que la del comienzo de la Ronda de Doha en 2001, lo que significa que los Estados Unidos y la Unión Europea se esfuerzan por conseguir que la OMC imponga su programa de dominación económica en el mundo.

Sin embargo, a pesar de los fracasos sucesivos, la UE y los «socialdemócratas» Mandelson y Lamy están intentando de nuevo evitar que las negociaciones «descarrilen», para proteger y no perder el terreno ya ganado.

Como ya hemos dicho, el objetivo de los principales grupos económicos y financieros es controlar el comercio internacional, en un marco de competencia capitalista, control de las economías nacionales (agricultura, industria, servicios, trabajo, recursos naturales) y control de los propios Estados.

La liberalización representa un ataque a las victorias de los trabajadores y la soberanía de los pueblos, además de la la destrucción del medio ambiente.

Por eso hemos votado en contra de esta resolución.

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), por escrito. (PL) Los servicios representan más de las tres cuartas partes de la economía europea. El un sector de vital importancia para la competitividad y la innovación de la economía europea, que se basa en gran medida en el conocimiento. El funcionamiento eficaz del mercado interior de la Unión Europea en los servicios es muy importante para la competitividad de las empresas de la UE en el mercado mundial. La transposición y la aplicación apropiadas y oportunas serán esenciales para un funcionamiento sólido del mercado, en especial en el caso de la Directiva relativa a los servicios.

El comercio de servicios incluye en gran parte la transferencia del conocimiento especializado entre países. En consecuencia, el libre comercio de servicios desempeña un papel importante en todas las estrategias de desarrollo, puesto que facilita la transferencia rápida y eficaz de conocimientos técnicos a gran escala. Además, el acceso creciente al mercado de servicios representa una oportunidad no sólo para los países desarrollados, sino los países en desarrollo, a menudo privados del acceso a los conocimientos técnicos.

El acceso al mercado de servicios es una cuestión difícil en el contexto de las negociaciones en curso en la OMC. Debe tenerse presente, sin embargo, que las negociaciones sobre el comercio de servicios deben beneficiar los intereses de la UE así como promover el desarrollo de los países más pobres. Si se permite una inversión extranjera sustancial, podría ser precisamente la liberalización del comercio de servicios lo que tal vez facilitara una producción mayor y más sostenible, y la modernización de la infraestructura en todas las economías.

  David Martin (PSE), por escrito. − El informe del señor Kamall sobre el comercio de servicios examina los modos en que las empresas de la UE pueden tener acceso a los mercados de servicios de terceros países. En efecto, los servicios desempeñan un papel cada vez más importante en el comercio internacional. Por este motivo, precisamente, es importante distinguir entre servicios comercial y servicios públicos fundamentales. He aclarado esta cuestión en el sentido de mi voto.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. (EL) Con arreglo al AGCS, a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, y de coacciones y amenazas encubiertas o abiertas, la UE está fomentando que el capital penetre en los incipientes mercados de servicios de los países menos desarrollados para aumentar los beneficios y su propia influencia. El informe de la Comisión aplaude y apoya esta política.

Los bienes públicos básicos como el agua, la salud y el bienestar social, la educación, etc., están en el punto de mira de los monopolios, cuyo objetivo es liberalizar y abrir los mercados nacionales y privatizar las entidades. La reestructuración capitalista será aún más desastrosa para los trabajadores de los países más pobres.

La rivalidad de los centros imperialistas en combinación con la oposición de los países más pobres ha causado el fracaso de las últimas negociaciones de la OMC. Los centros del poder rivalizan entre sí para cerrar los acuerdos bilaterales y multilaterales en el intento de fortalecer su posición.

La atención se centra en la abolición directa e indirecta de los servicios públicos, en particular en los sectores lucrativos para el capital, y en la abolición de todas las barreras de seguridad. Son intentos de equiparar los servicios a los bienes básicos y de llevar a cabo negociaciones conjuntas sobre los productos agrícolas. Todo lo anterior no son más que ejemplos de la agresión imperialista capitalista europea, dispuesta a declarar la guerra para imponer sus alternativas.

  Tokia Saïfi (PPE-DE), por escrito. (FR) He votado a favor del informe sobre el comercio de servicios para instar a la Comisión a que, en sus negociaciones comerciales, desarrolle tanto la apertura progresiva y recíproca del acceso al mercado de servicios como una política para aumentar la transparencia. La Unión Europea, que es el mayor exportador y el mayor proveedor mundial de servicios, tiene que promover un mayor acceso al mercado de servicios tanto para las naciones desarrolladas como para los países en desarrollo.

No obstante, esta liberalización ha de ser progresiva y recíproca de manera que tenga en cuenta los diferentes intereses de los países pertinentes. Tuve estas consideraciones presentes al votar a favor de la enmienda 2, que destaca la necesidad de distinguir entre servicios comercial y no comerciales, así como de que se adopte un enfoque diferenciado al abrir los mercados a los servicios de interés general. También voté a favor de la enmienda 5 que, en el contexto del AAE, pide que se garanticen unos servicios públicos universales, accesibles y sostenibles para todos.

Por último, he votado a favor de la enmienda 7, que reconoce que ciertos productos, como el agua, deben considerarse un recurso público universal; con todo, deseo señalar que se requiere cierta prudencia al proponer la apertura de los mercados de servicios de este tipo.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. − (SV) El comercio de servicios es hoy una necesidad para todas las economías. Es imposible que ningún país logre el éxito económico con una infraestructura de servicios costosa e ineficaz. Los productores y los exportadores de textiles, tomates y otros productos no serán competitivos sin acceso a un sistema bancario eficiente y a unas compañías de seguros eficaces, y sin empresas de contabilidad, telecomunicaciones y sistemas de transporte.

Sin embargo, la oportunidad de ofrecer servicios públicos gestionados por empresas privadas es también crucial. La competencia en los sectores de la salud, la educación y las comunicaciones públicas mejora el servicio. Por consiguiente, he decidido apoyar el criterio de no hacer ninguna distinción categórica entre los servicios para uso privado o público, porque creo que la competencia en la esfera pública también contribuye a aumentar la eficiencia y mejorar el servicio. A mi entender es algo obvio, ya se refiera a nuestro mercado interior o al comercio de servicios en otros países fuera de las fronteras de la UE.

  Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. − (PL) El informe sobre el comercio de servicios tiene el objetivo de recalcar la función de este comercio como un sector instrumental en la creación de nuevos trabajos permanentes y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Estos servicios representan en la actualidad nada menos que el 75 % de PIB de la Unión Europea.

El ponente exige que el mercado del comercio de servicios se abra y se liberalice. No cabe duda de que es necesario abrir el mercado y mejorar la competitividad. No obstante, en mi opinión, la apertura del comercio de servicios no debe entenderse como privatización. Debe establecerse con claridad que la naturaleza de los servicios comerciales y la de los públicos es distinta. En consecuencia, también debe garantizarse que el enfoque adoptado para abrir el comercio de los servicios públicos sea muy diferente del adoptado para abrir el de los servicios comerciales.

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) , por escrito. − (RO) He votado a favor del informe sobre el comercio de servicios, que pone de relieve la importancia del comercio de servicios para la creación de trabajos.

La enmienda 2, presentada por el Grupo Socialista, subraya la necesidad de adoptar un enfoque diferenciado en el contexto de la apertura del mercado de los servicios de interés general y, en particular, la necesidad de distinguir entre servicios comerciales y no comerciales.

Considero sumamente importantes la enmienda 5, que pide que se garanticen unos servicios públicos universales, accesibles y sostenibles, a precios asequibles y de alta calidad para todos, y la enmienda 10, que insta a la Comisión a que adopte medidas más contundentes para luchar contra la falsificación, en particular por Internet, y pide a la Comisión que presente al Parlamento y el Consejo una propuesta con vistas a proporcionar a la Comunidad y a sus Estados miembros datos cualitativos y estadísticos a escala europea sobre falsificaciones, en especial por Internet.

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), por escrito. (PL) La denominada revolución de los servicios que lleva en marcha desde mediados del siglo XX ha hecho que los servicios se hayan convertido en el sector más importante de la economía para la mayoría de los países. Los avances tecnológicos, en particular, en las áreas de las telecomunicaciones y la tecnología de la información, han cambiado fundamentalmente la percepción de los servicios y su posible función en el comercio internacional. La drástica expansión del sistema mencionado unida a los adelantos tecnológicos han dado lugar a la ampliación del comercio internacional de servicios.

La participación de Polonia en el comercio internacional de servicios nunca ha sido muy grande. Lo mismo puede afirmarse de los demás países de Europa central y oriental. La razón debe buscarse, en gran parte, en el subdesarrollo del sector en las economías de planificación centralizada. Los cambios fundamentales en el desarrollo del sector de los servicios no empezaron hasta el período de transición que siguió a la era comunista, y continuaron en todo el proceso de adhesión a las Comunidades Europeas. Los cambios radicales en el sector de los servicios son ya evidentes. Es más, la integración de Polonia en las Comunidades y el consiguiente proceso de ajustar la economía polaca a los requisitos de la CE debe acelerar la tasa de desarrollo del sector de los servicios y brindar mayores oportunidades a Polonia para participar en el comercio internacional de servicios.

Por consiguiente, creo que la UE debe hacer todo lo posible por mejorar la calidad del comercio de servicios, puesto que es un sector que fomenta el bienestar y la creación de trabajos en todas las economías del mundo. Además, ayuda a acelerar el desarrollo.

- Informe: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Mientras que recibimos con agrado las inquietudes expresadas en el informe acerca de la necesidad de inversión en las regiones portuarias, la modernización tecnológica y la protección del medio ambiente, consideramos que el informe oculta el hecho de que uno de los objetivos de la Comisión Europea para una política portuaria futura es llevar adelante la liberalización de este servicio público estratégico en diversos Estados miembros.

Por tanto, lamentamos que se hayan rechazado nuestras propuestas, en la que:

- se subraya el rechazo de cualquier nuevo intento de liberalizar los servicios portuarios a escala de la UE mediante la aplicación de las normas de la competencia del mercado interior;

- se pide la adopción de iniciativas para combatir la inseguridad y los riesgos de accidente en el sector y para garantizar y asegurar el respeto de los derechos de los trabajadores portuarios, en particular, en materia de empleo, retribución justa, condiciones de trabajo dignas, bienestar social, convenios colectivos, derechos sindicales y formación profesional.

Las diversidades y complementariedades de los puertos europeos deben protegerse, y su gestión debe basarse en unos niveles elevados de calidad y seguridad, elementos estratégicos en el desarrollo económico. La apertura de la gestión de los puertos europeos a multinacionales, como parece estar sucediendo, devaluará las relaciones laborales y la negociación colectiva, y aumentará los riesgos de inseguridad en el sistema portuario, lo que posteriormente pondrá en tela de juicio la seguridad marítima.

Por eso nos hemos abstenido.

  Ona Juknevičienė (ALDE), por escrito. − Durante la votación he expresado mi posición haciéndolo en contra de las enmiendas del Grupo de GUE. El sector portuario es de crucial importancia para la Unión Europea desde los puntos de vista económicos, comerciales, sociales, ambientales y estratégicos. Sin embargo, teniendo presente la importancia del sector, no puedo apoyar el planteamiento con arreglo al que los puertos deben ser de propiedad pública.

Por el contrario, apoyo el derecho de los Estados miembros a tener en cuenta sus intereses al decidir si abren o no el sector portuario a liberalización. Las decisiones sobre si privatizar y/o aplicar asociaciones entre los sectores público y privado a los puertos son competencia de los Estados miembros y no podrán dirigirlas las instituciones europeas en tanto aquéllas se atengan a la legislación europea. De hecho, algunos puertos europeos ya los administran autoridades o empresas de terceros países. En mi opinión, al sector portuario, como a cualquier otro, debe permitírsele operar sobre una base competitiva equitativa.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista de Grecia votará en contra del informe porque respalda y sigue la línea argumental de la Comunicación de la Comisión sobre una política portuaria europea, que promueve el objetivo establecido por la UE de privatizar los puertos. La lucha de los trabajadores portuarios ha impedido hasta la fecha la privatización de los puertos, pero la UE no ha abandonado la idea, por ser un objetivo esencial del capital de la UE.

Esa es la razón de que la Comisión esté tratando ahora de favorecer dicha privatización por medio de la fragmentación; es decir, con la entrega de servicios portuarios rentables al capital. Al mismo tiempo, la UE ha puesto los ojos en las ayudas estatales a los puertos; está preparando su eliminación o reducción drástica, para allanar así el camino a su privatización. Los puertos representan sectores de importancia estratégica para la economía de los Estados miembros y están directamente vinculados a su capacidad de defensa y a su soberanía. Por este motivo, los planes para liberalizar los servicios portuarios y privatizar los puertos afectan no solo a los que trabajan en ellos, sino a toda la clase trabajadora y a las masas.

No es suficiente con que la clase obrera y los trabajadores en general se mantengan vigilantes y organicen su lucha sólo en contra de los planes de privatización; deben luchar también para que los puertos sean propiedad del pueblo en el marco de una economía popular autosuficiente y bajo autoridad popular.

- Informe: Michael Cramer (A6-0326/2008)

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. − (PT) A pesar de estar de acuerdo con los problemas planteados y las propuestas del informe, consideramos que no refleja los aspectos esenciales de la política nacional en este sector estratégico —con implicaciones sociales, económicas y ambientales—, sobre todo la necesidad de establecer ese sistema en un sector público fuerte y la necesidad de combatir la violación sistemática y el incumplimiento de los derechos de los trabajadores que se observa en algunos segmentos de este sector.

En consecuencia, consideramos que, al no abordar el aspecto central de las condiciones de trabajo de los profesionales en el sector, el informe no logra su objetivo. La práctica de la contratación temporal, que favorece el incumplimiento de los horarios de trabajo, los períodos de descanso y los convenios colectivos, además de constituir una violación de los derechos de los trabajadores, cuestiona su propia seguridad (y la de terceros). Por eso es necesario que pongamos freno a la destrucción de empleo y a la creciente inseguridad de las relaciones laborales, y que promovamos la plena integración de los trabajadores en las plantillas de las empresas y la dignificación de sus carreras y salarios.

Discrepamos también con la insistencia que se hace en la aplicación de los principios de «el usuario paga» y «el que contamina paga», puesto que el consumidor final es el principal afectado por estas medidas, que sólo benefician a los que tienen capacidad financiera para «usar» o «contaminar», sin contribuir necesariamente a una mejora significativa en el transporte de mercancías.

  Jörg Leichtfried (PSE), por escrito. − (DE) Voy a votar a favor del informe de Michael Cramer sobre un sistema de logística y transporte de mercancías sostenible y eficiente en Europa.

Este sistema realiza una importante contribución para reforzar y ampliar la posición de Europa como una economía internacionalmente competitiva, pero sin que eso se haga a expensas del medio ambiente y de los ciudadanos. Los «corredores verdes» son un concepto fundamental para optimizar el transporte en Europa y hacerlo de la forma más sostenible posible. Nuestro objetivo es reducir todos los tipos de contaminación, aumentando al mismo tiempo el uso de fuentes de energía renovables.

En este contexto, la inversión en nuevas tecnologías como la «adaptación de la velocidad» por ordenador en el transporte de mercancías y el apoyo a otros medios de transporte distintos al transporte por carretera, realiza una contribución importante y marca la dirección que debemos tomar.

La armonización de la gestión y los procedimientos administrativos a escala europea harán también que el sistema europeo de transporte sea mejor y más eficiente. La prosperidad de Europa exige una economía competitiva e innovadora. El presente informe realiza una contribución importante al logro de ese objetivo.

  Bogusław Liberadzki (PSE), por escrito. – (PL) Estoy de acuerdo con las opiniones expresadas por el señor Cramer, sobre todo con la necesidad de mejorar la eficiencia, la integración y la sostenibilidad del transporte de mercancías en Europa.

Respaldo asimismo todas las medidas propuestas para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Esas medidas consisten en prestar atención a los corredores de transporte y dar apoyo a las tecnologías innovadoras, a las infraestructuras innovadoras y a una gestión más eficiente del transporte de mercancías. Se ha mencionado también la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y la cadena de transporte de mercancías, y de hacer más atractivo el transporte que no depende de la red de carreteras. Comparto todos estos puntos de vista. En mi opinión, las prioridades identificadas por el ponente deben contribuir significativamente a mejorar el transporte de mercancías en Europa.

- Informe: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

  Liam Aylward (UEN), por escrito. − (EN) Mis colegas y yo celebramos el renovado interés que suscita la investigación de los riesgos potenciales para la salud asociados a la exposición prolongada a campos electromagnéticos. En lo que respecta a esos efectos en la salud, la cautela es esencial. Se trata de una cuestión que a mí me ha preocupado personalmente y que ya quise plantear en enero de este año. En mi carta al anterior Comisario Kyprianou, llamé su atención sobre el hecho de que no se ha realizado ninguna revisión de esta cuestión desde el 12 de julio de 1999, a pesar de haberse previsto una revisión cinco años después de esa fecha.

He votado a favor del informe Ries, en el que se reconoce que el informe de 1999 se ha quedado obsoleto ante la aparición de nuevas tecnologías. Sin embargo, he votado en contra de la enmienda que propone la imposición de unos límites armonizados más estrictos sobre la emisión de determinadas ondas electromagnéticas. Dicha emisión plantea un problema de salud y, por tanto, un problema para Irlanda. El Gobierno irlandés ha publicado un informe reciente en el que se concluye que, de momento, no se han demostrado efectos adversos para la salud a corto o largo plazo. Ha adoptado ya las directrices ICNIRP que limitan la exposición de la población y de los trabajadores a campos electromagnéticos, y que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Irlanda necesita gobernar para Irlanda y se deja guiar por la OMS.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Hemos votado a favor de este informe, a pesar de que contiene algunas contradicciones. Sin embargo, hay aspectos muy positivos que son importantes, sobre todo su defensa del principio de cautela, confirmando que éste debe constituir uno de los pilares de las políticas comunitarias en materia de salud y medio ambiente.

De igual modo, el informe hace algunas críticas al Plan de Acción, sobre todo cuando se refiere a que «lleva consigo los gérmenes del fracaso, ya que sólo tiene por objeto acompañar a las políticas comunitarias existentes, no se basa en una política de prevención destinada a reducir las enfermedades vinculadas a los factores medioambientales y no persigue ningún objetivo claro y cifrado.»

El informe insiste también en que la Comisión Europea debe tener en cuenta la importancia económica de las PYME y ofrecerlas asistencia técnica para ayudarlas a cumplir las normas vinculantes en materia de salud medioambiental y animarlas a introducir otros cambios que son positivos para la salud ambiental y que repercuten en la actividad de las empresas.

  David Martin (PSE), por escrito. − (EN) He votado a favor del informe de Frédérique Ries sobre la revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010. Apoyo la propuesta de centrar el plan de acción en la calidad del aire interior y exterior y en los productos químicos. El hecho de que todos los productores o importadores estén obligados a demostrar la seguridad de sus productos antes de poder comercializarlos es también un paso positivo para asegurar la debida protección de los consumidores y del medio ambiente.

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El uso inconsciente de los recursos naturales con fines lucrativos, la reestructuración capitalista, la liberalización de los mercados y la privatización de la energía, el transporte y las telecomunicaciones, están causando la destrucción del medio ambiente. Junto con el deterioro de las condiciones de trabajo y la privatización de la salud, el bienestar y la seguridad, estamos viento un aumento de los problemas de salud en general, sobre todo los relacionados con riesgos ambientales. La comercialización de los servicios de salud y la política medioambiental de la UE que, con el sistema de comercio de derechos de contaminación y el principio de quien contamina paga, están convirtiendo el medio ambiente en un artículo de consumo, no pueden prevenir los riesgos y las enfermedades, ni pueden siquiera controlarlos en beneficio de los trabajadores, porque su principal objetivo es aumentar los beneficios del capital.

El informe es correcto en sus conclusiones sobre la aplicación de los principios de la prevención y la protección; la ausencia de medidas sólidas y estrictas; la necesidad de estudios integrales basados en los grupos más vulnerables; la salud mental, y los efectos de los campos magnéticos, etc. Sin embargo, termina con una serie de propuestas regidas por la política de la UE favorable a los monopolios, como más reducciones de impuestos e incentivos económicos para las empresas. Esta es una justificación para transferir la responsabilidad de la protección al individuo.

  Rovana Plumb (PSE), por escrito. − (RO) El entusiasmo de febrero de 2005, cuando se aprobó el «Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010» se ha disipado sin que se hayan logrado muchas de las acciones propuestas. Es sumamente necesario que se cumplan esos plazos y se lleven a cabo las acciones propuestas, especialmente este decenio en que el mayor reto para la salud humana, en el ámbito de la protección medioambiental, es la adaptación al cambio climático.

Los segmentos menos favorecidos de la sociedad, así como los biológicamente más frágiles (niños, mujeres embarazadas y personas mayores) serán más vulnerables a estos efectos.

Debe prestarse especial atención a los aspectos sociales de la adaptación, incluidos los riesgos relacionados con el empleo y los efectos sobre las condiciones de vida y de vivienda.

La prevención de los efectos negativos sobre la salud humana causados por unos fenómenos climáticos extremos es esencial y, en este sentido, se pide a la Comisión que elabore guías de buenas prácticas en donde se expliquen las intervenciones que las autoridades regionales y locales deberían realizar en colaboración con otras instituciones, así como programas de educación y sensibilización de la población respecto a la necesidad de adaptación a los efectos del cambio climático.