Procedimiento : 2011/2181(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0051/2012

Textos presentados :

A7-0051/2012

Debates :

PV 28/03/2012 - 23
CRE 28/03/2012 - 23

Votaciones :

PV 29/03/2012 - 9.15
CRE 29/03/2012 - 9.15
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2012)0118

INFORME     
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8 de marzo de 2012
PE 475.797v02-00 A7-0051/2012

sobre una normativa de gobierno corporativo para las empresas europeas

(2011/2181(INI))

Comisión de Asuntos Jurídicos

Ponente: Sebastian Valentin Bodu

Ponente de opinión (*):

Ashley Fox, Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – artículo 50 del Reglamento

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
 OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios*
 OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
 OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
 OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
 RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una normativa de gobierno corporativo para las empresas europeas

(2011/2181(INI))

El Parlamento Europeo,

–   Visto el Libro Verde de la Comisión, de 5 de abril de 2011, sobre la normativa de gobierno corporativo de la UE (COM(2011)0164),

–   Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre las cuestiones deontológicas relativas a la gestión de las empresas(1),

–   Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–   Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0051/2012),

Enfoque general

1.  Acoge con satisfacción la revisión por parte de la Comisión de la normativa de gobierno corporativo de la UE iniciada por el Libro Blanco;

2.  Lamenta, no obstante, que se hayan dejado fuera del Libro Verde cuestiones importantes de gobierno corporativo tales como la toma de decisiones en los consejos de administración, la responsabilidad y la independencia de los consejeros, los conflictos de intereses o la participación de las partes interesadas;

3.  Lamenta que el Libro Verde se centre en el sistema de estructura unitaria y no trate el sistema dual, también muy representado en Europa; hace hincapié en que la Comisión, en su examen del marco europeo de gobierno corporativo, debe tener en cuenta los derechos y las obligaciones encomendados a los distintos órganos empresariales por la legislación nacional y, en particular, las diferencias entre los sistemas de estructura unitaria y los sistemas duales; en lo sucesivo, utiliza la expresión «consejo de administración» para hacer referencia a la función de vigilancia de los consejeros, que, en un sistema dual, corresponde por lo general al consejo de supervisión;

4.  Subraya la importancia de crear en la UE un sector empresarial más transparente, estable, fiable y responsable con una mejora del gobierno corporativo; considera que el sector empresarial debe ser capaz de tener en cuenta las preocupaciones sociales, éticas y medioambientales en sus prácticas y demostrar su responsabilidad hacia los trabajadores, los accionistas y hacia la sociedad en general, además de garantizar unos mejores resultados económicos y la creación de puestos de trabajo dignos;

5.  Considera, no obstante, que el buen gobierno por sí mismo no puede evitar que se asuman riesgos excesivos; pide, por tanto, auditorías independientes y normas que respeten las diferentes culturas empresariales en la UE;

6.  Subraya que es un requisito indispensable de buen gobierno corporativo que la empresa actúe con transparencia y responda de su acción ante sus empleados, ante los accionistas y, llegado el caso, ante los demás participantes;

7.  Considera que deben adoptarse la definición y los Principios de Gobierno Corporativo de 2004 de la OCDE, que define el gobierno corporativo como una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas;

8.  Opina que avanzando por la estela trazada por la crisis financiera se pueden extraer lecciones de los principales fallos del mundo empresarial;

9.  Subraya, en este sentido, que debe atraerse la atención sobre el importante papel que desempeñan los diferentes comités (los comités de auditoría y, en la medida en que existan en los Estados miembros, los comités de remuneración y nombramiento) en el buen gobierno de una empresa y pide a la Comisión que refuerce su papel;

10. Considera que debe aplicarse un conjunto básico de medidas de gobierno corporativo de la UE a todas las empresas cotizadas; señala que estas medidas deben ser proporcionales al tamaño, complejidad y tipo de la empresa;

11. Considera que las iniciativas en materia de gobierno corporativo deben avanzar en paralelo a las iniciativas de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas; estima que, dadas las circunstancias socioeconómicas actuales, la responsabilidad social de las empresas podría combinarse con el gobierno corporativo con miras a forjar vínculos más estrechos entre las empresas y el entorno social en el que se desarrollan y ejercen sus actividades;

12. Destaca que la iniciativa «Juego limpio financiero» es un ejemplo de práctica de buen gobierno corporativo en el deporte; pide que otros sectores y las autoridades públicas sigan explorando estas medidas con miras a aplicar algunos de sus principios fundamentales;

13. Insta a la Comisión a que someta cada propuesta legislativa en materia de gobierno corporativo a una evaluación de impacto que se centre en los objetivos perseguidos y en la necesidad de mantener la competitividad de las empresas;

Consejos de administración

14. Subraya que, en general, en los sistemas de estructura unitaria debe haber una demarcación clara entre las funciones del presidente del consejo de administración y del director general; señala, no obstante, que esta norma debe ser proporcional al tamaño y a las peculiaridades de la empresa;

15. Señala que los consejos de administración deben incluir personas independientes con una mezcla de cualificaciones, experiencias y antecedentes, que este aspecto de su composición debe adaptarse a la complejidad de las actividades de la empresa, y que es responsabilidad de los accionistas garantizar el correcto equilibrio de cualificaciones en el consejo de administración;

16. Opina que las políticas de contratación, cuando se utilicen, deben ser específicas y deben someterse a un planteamiento del tipo «cumplir o explicar»; subraya que la redacción y la aprobación de documentos políticos de este tipo incumben exclusivamente a los accionistas;

17. Pide a las empresas que apliquen unos métodos transparentes y fundados en el mérito en el ámbito de los recursos humanos y que desarrollen y promuevan con eficiencia los talentos y capacidades de hombres y mujeres; destaca que las empresas deben velar por la igualdad de trato y de oportunidades para hombres y mujeres en el trabajo y contribuir a un equilibro adecuado entre la vida laboral y la vida profesional para hombres y mujeres;

18. Subraya la importancia de que en los consejos de administración de las empresas esté representado un conjunto amplio y variado de capacidades y competencias; recuerda que reducir a las personas a meros representantes de grupos específicos definidos según el género, la edad o la pertenencia étnica, no redunda en el interés de estas personas;

19. Subraya que los consejeros deben dedicar suficiente tiempo al ejercicio de sus funciones; considera, no obstante, que no son aconsejables las normas «de talla única»; cree que debe animarse a los Estados miembros a poner límites al número de consejos de administración de los que puede formar parte un consejero; señala que ello contribuiría a aumentar la frecuencia de las reuniones de consejo y a mejorar la calidad de los órganos de supervisión internos; destaca la importancia de que reinen una transparencia y una apertura plenas sobre otros compromisos asumidos por los consejeros;

20. Conviene en que las evaluaciones externas efectuadas a intervalos regulares son herramientas útiles para evaluar la eficacia de las prácticas en materia de gobierno corporativo; opina, no obstante, que estas evaluaciones no deben tener carácter obligatorio;

21. Considera que los miembros de los consejos de administración y de supervisión han de recibir la formación profesional y de perfeccionamiento necesaria para ejercer sus funciones, y que para ello deberán recibir, en su caso, el apoyo adecuado de las empresas;

22. Se declara favorable a la publicación de las políticas de remuneración y los informes anuales en materia de remuneración, que deben ser sometidos a la aprobación de la asamblea de accionistas; hace hincapié, sin embargo, en que debe permitirse a los Estados miembros ir más allá y establecer requisitos relativos a la divulgación de las remuneraciones particulares de los cargos ejecutivos y no ejecutivos, lo que puede contribuir a aumentar la transparencia;

23. Opina que deben establecerse una vigilancia estricta y nuevas normas para prohibir las malas prácticas en materia de salarios, primas y compensaciones de ejecutivos de empresas que, pertenezcan o no al sector financiero, hayan sido rescatadas por el gobierno de un Estado miembro; considera que, en caso necesario, deben emprenderse acciones judiciales para evitar el mal uso de los fondos de rescate públicos;

24. Pide que se adopten políticas de remuneración sostenibles a largo plazo y basadas en el funcionamiento a largo plazo del individuo y de su empresa;

25. Considera que los aumentos de la remuneración de los administradores deben ser compatibles con la viabilidad a largo plazo de sus empresas;

26. Apoya la introducción de elementos de sostenibilidad a largo plazo en la remuneración variable de los directivos, como supeditar un porcentaje de su remuneración variable al cumplimiento los objetivos de responsabilidad social de las empresas, por ejemplo los objetivos de salud y seguridad en el lugar de trabajo y de satisfacción de los empleados con su trabajo;

27. Observa que el consejo de administración es el órgano al que incumbe examinar y aprobar la estrategia de la empresa, que incluye su enfoque del riesgo, y que debe dar cuenta de ello de manera significativa a los accionistas, en la medida de lo posible sin divulgar información que pueda perjudicar a la empresa, por ejemplo en relación con sus competidores; considera que deben incluirse los riesgos medioambientales y sociales, puesto que tienen un impacto material en la empresa, como ya lo exige la legislación de la UE;

Accionistas

28. Considera que conviene alentar a los accionistas a implicarse en la empresa reforzando su papel, pero que esta implicación debe ser una opción voluntaria y nunca una obligación;

29. Opina, no obstante, que las medidas de incentivo de la inversión a largo plazo deben considerarse también un requisito para la plena transparencia del voto de los accionistas prestatarios, aparte del de los accionistas titulares; considera que debe reconsiderarse el comportamiento de los inversores institucionales encaminado a crear liquidez y mantener buenas calificaciones, ya que solo fomenta la tenencia de acciones a corto plazo por dichos inversores;

30. Considera que la Directiva sobre los derechos de los accionistas(2) respalda el principio de igualdad de trato entre accionistas y que, por lo tanto, todos los accionistas (institucionales o no) tienen derecho a recibir la misma información de la empresa, independientemente de la participación que tengan en ella;

31. Pide a la Comisión que presente propuestas proporcionadas de orientaciones a escala europea sobre la naturaleza de la información facilitada a los accionistas en los informes anuales de las empresas; considera que esta información debe ser de alta calidad y muy esclarecedora;

32. Entiende que los mercados adolecen de carencias en los enfoques a largo plazo; pide a la Comisión que pase revista a toda la legislación pertinente para averiguar si hay exigencias que se han añadido inopinadamente a los enfoques a corto plazo; celebra, en particular, la propuesta de la Comisión de renunciar a exigir, en el marco de la Directiva sobre la Transparencia, la presentación de informes trimestrales, que, si bien abren perspectivas comerciales a corto plazo, aportan poco a la información de los accionistas;

33. Expresa su satisfacción por el desarrollo a escala de la Unión Europea de un código de buenas prácticas («stewardship codes») para accionistas institucionales; considera que un código europeo de buenas prácticas podría desarrollarse sobre la base de modelos existentes y en colaboración con las autoridades nacionales;

34. Subraya que los inversores institucionales tienen el deber fundamental de proteger sus inversiones y son responsables de vigilar al gestor de activos que han designado en lo que respecta a sus estrategias, costes, negociaciones y el grado de implicación de este gestor en empresas donde se ha invertido y, por lo tanto, deben exigirle una transparencia adecuada en la ejecución de las obligaciones fiduciarias;

35. Opina, a este respecto, que los inversores institucionales deben tener libertad para diseñar las estructuras de incentivación relevantes en su relación profesional con los gestores de activos;

36. Señala que los conflictos de intereses, incluidos los de naturaleza potencial, deben ser siempre divulgados y que es necesaria una acción adecuada a nivel de la UE;

37. Pide a la Comisión que modifique la Directiva sobre los derechos de los accionistas de manera que se determine por qué medios puede seguir reforzándose la participación de los accionistas; considera, a este respecto, que la Comisión debe analizar, mediante una evaluación de impacto, la función del voto electrónico en las juntas generales de las sociedades cotizadas para fomentar la participación de los accionistas, en particular de los accionistas transfronterizos;

38. Recuerda a la Comisión que es necesario definir claramente la noción de «acción concertada», ya que la falta de normas uniformes constituye uno de los principales obstáculos a la cooperación entre accionistas;

39. Considera que los asesores de voto desempeñan un papel muy importante, pero que sus actividades están a menudo sujetas a conflictos de intereses; pide a la Comisión que siga reglamentando la actividad de los asesores de voto, prestando especial atención a las cuestiones de transparencia y conflicto de intereses; considera que debe prohibirse que los asesores de voto presten servicios de asesoría en las empresas en las que se ha realizado la inversión;

40. Considera que las sociedades deben tener la posibilidad de escoger entre un régimen de acciones nominales y un régimen de acciones al portador; considera, que si optan por las acciones nominales, las sociedades deben tener derecho a conocer la identidad de los propietarios de las mismas y que deben establecerse a escala de la UE unos requisitos mínimos de armonización para la divulgación de las participaciones significativas; considera que ello debe hacerse sin perjuicio del derecho de los propietarios de acciones al portador a no revelar su identidad;

41. Señala que, aunque la protección de los accionistas minoritarios es una cuestión que se rige por las disposiciones nacionales relativas al derecho de sociedades, la acción de la Unión podría ser útil para fomentar el voto por procuración;

42. Hace suyas las directrices para empresas cotizadas contenidas en la declaración emitida por el Foro Europeo de Gobierno Corporativo sobre transacciones entre partes relacionadas, de 10 de marzo de 2011; alienta a la Comisión a tomar medidas a nivel de la UE con un acto no vinculante, como una recomendación;

43. Considera que la cuestión de los regímenes de participación de los empleados en el capital debe ser regulada al nivel de Estado miembro y ser objeto de negociación entre empleadores y empleados; opina que la posibilidad de participar en dicho régimen debe tener siempre carácter voluntario;

El marco «cumplir o explicarse»

44.  Considera que el sistema «cumplir o explicarse» es una herramienta útil en el gobierno corporativo; se declara a favor de una adhesión obligatoria al código nacional de gobierno corporativo o al código de conducta adoptado por una empresa; considera que toda desviación respecto del código de conducta debe ser objeto de explicaciones satisfactorias y que, además de estas explicaciones, la medida alternativa de gobierno corporativo adoptada debe ser descrita y explicada;

45. Hace hincapié en la necesidad de mejorar el funcionamiento y el cumplimiento de las normas y recomendaciones existentes en el ámbito del gobierno corporativo, en lugar de imponer normas europeas vinculantes en esta materia;

46. Opina que los códigos de buenas prácticas pueden fomentar cambios de conducta, y que el margen de flexibilidad que dejan los códigos posibilita la innovación basada en las mejores prácticas a escala de la UE; estima que el intercambio de mejores prácticas mejorará el gobierno corporativo en la UE;

o

o o

47. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1)

Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0165.

(2)

Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas


OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios* (21.12.2011)

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre una normativa de gobierno corporativo para las empresas europeas

(2011/2181(INI))

Ponente de opinión (*): Ashley Fox

(*) Procedimiento de comisiones asociadas – Artículo 50 del Reglamento

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Valora positivamente el Libro Verde de la Comisión sobre una normativa de gobierno corporativo de la UE; opina que es conveniente aplicar un enfoque proporcional y flexible con respecto al gobierno corporativo de las empresas, dada la variedad de normativas nacionales vigentes y de empresas que cotizan en bolsa; recomienda evitar excesivas cargas burocráticas, en vistas de los ambiciosos objetivos de crecimiento fijados por la Agenda 2020 y de las disposiciones de la Directiva 2006/46/CE;

2. Considera que las empresas deberían aplicar programas (formación, sesiones de información, boletines periódicos, etc.) enfocados a una mayor concienciación, participación y responsabilización de los accionistas e impulsar en este contexto el intercambio sobre buenas prácticas, siempre que no se convierta en una excesiva carga para las empresas;

3. Subraya que un principio ineludible de una empresa bien gobernada debe actuar con transparencia y responder de su acción ante sus empleados, los accionistas y, llegado el caso, ante los demás participantes;

4. Opina que avanzando por la estela trazada por la crisis financiera se pueden extraer lecciones de los principales fallos del mundo empresarial;

5. Recomienda, sin embargo, proceder con cierta cautela y evaluar escrupulosamente cada iniciativa sobre el trasfondo de los objetivos a alcanzar y el balance de costes y beneficios de las distintas propuestas;

6. No considera que un enfoque de talla única sea el más adecuado, habida cuenta de la considerable variedad de empresas existentes en Europa y, en particular, de la diferencia entre las empresas que cotizan en bolsa y las que no cotizan; apuesta por el principio de «cumplir o explicar», en combinación con códigos de buenas practicas, reglamentos específicos basados en principios, y una mayor supervisión a escala nacional y de la UE, velando por que la información y las explicaciones de las empresas sean fiables y de calidad y faciliten su análisis por el accionariado; considera que se deberían adoptar medidas coercitivas cuando las empresas incumplan los códigos pertinentes sin dar explicaciones convincentes, y que los casos de incumplimiento deberían darse a conocer a la opinión pública; opina que si en el caso de las empresas sistémicas se apuesta en mayor medida por la aplicación del principio «cumplir o explicar», será preciso velar por que la explicación sea apta para satisfacer a la autoridad reglamentaria pertinente, por la calidad del razonamiento y por contener la información que los accionistas necesitan para decidir si la aceptan;

7. Destaca que el Libro Verde se refiere únicamente a las empresas que cotizan en bolsa, y opina que la aplicación de los principios de buena gobernanza también puede ser beneficiosa para las empresas que no cotizan; encarece a la Comisión que en cooperación con las organizaciones empresariales desarrolle orientaciones no vinculantes para estas empresas;

8. Destaca que para desarrollar mayor eficacia, el principio «cumplir o explicar» debería incluir lo que se puede llamar la «presión de homólogos», mediante la revelación de los informes de control de las empresas;

9. Considera que convendría facilitar la identificación de los accionistas para estimular el diálogo entre las empresas y sus accionistas y reducir el riesgo de abuso relacionado con el «voto vacío»;

10. Coincide con la Comisión en la necesidad de incrementar el nivel de identificación de los accionistas, y se felicita por ende de las propuestas contenidas en la Directiva sobre transparencia; pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que concedan a los emisores el derecho a conocer la identidad de sus accionistas nacionales;

11. Opina que los códigos de buenas prácticas pueden fomentar cambios de conducta, y que el margen de flexibilidad que deja un código de conducta permite promover propuestas innovadoras y sacar partido de las mejores prácticas a escala de la UE; estima que el intercambio de mejores prácticas mejorará el gobierno corporativo en la UE;

12. Considera preciso consolidar los códigos existentes, ejercer una supervisión más efectiva sobre los mismos y velar por la calidad de las explicaciones dadas; subraya que los accionistas, tanto si forman parte del grupo mayoritario como si pertenecen a una minoría, deben desempeñar un papel efectivo en el régimen de gobierno de las empresas y contribuir en mayor medida a un gobierno corporativo responsable, siendo oportuno alentarlos a tomar en consideración los resultados económicos de la empresa a largo plazo; considera que en la junta general, los accionistas deberían poder rechazar, entre otras cosas, la política de remuneraciones del consejo de administración; opina que los accionistas deberían informar a los órganos reguladores cuando una compañía se aparte del código de buenas prácticas sin dar razones convincentes;

13. Acusa una falta de progreso en el equilibrio entre hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas; pide a la Comisión que exija de las empresas que cotizan en bolsa que en sus informes anuales expongan sus políticas sobre diversidad, incluida la política de género, los objetivos que se han fijado para poner en práctica esta política, y los avances realizados para alcanzarlos; insiste en que la gestión empresarial y las políticas de remuneración deben respetar y fomentar el principio de igualdad de trato de hombres y mujeres consignado en las directivas de la Unión Europea;

14. Reconoce que la transparencia es necesaria, en particular, para las transacciones con partes vinculadas, y que las transacciones de importancia que impliquen a una parte vinculada deberían ser notificadas a la autoridad competente e ir acompañadas de la certificación de un asesor independiente que confirme que la transacción es justa y razonable, o ser objeto de un voto de los accionistas, del que estaría excluida la parte vinculada; propone que la AEVM emita recomendaciones sobre los umbrales a aplicar, en consulta con las autoridades nacionales competentes;

15. Subraya que una empresa bien gobernada debe ser responsable y transparente ante sus accionistas y, cuando proceda, ante otras partes interesadas; reitera que los administradores ejecutivos de las empresas deben tener en cuenta los intereses a largo plazo y de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones, a fin de limitar los riesgos al mínimo;

16. Expresa su satisfacción por el desarrollo a escala de la Unión Europea de un código de buenas prácticas («stewardship codes») para accionistas institucionales; considera que un código europeo de buenas prácticas podría desarrollarse sobre la base de modelos existentes y en colaboración con las autoridades nacionales;

17. Entiende que los mercados adolecen de carencias en los enfoques a largo plazo; pide a la Comisión que pase revista a toda la legislación pertinente para averiguar si hay exigencias que se han añadido inopinadamente a los enfoques a corto plazo; celebra, en particular, la propuesta de la Comisión de renunciar a exigir, en el marco de la Directiva sobre la Transparencia, la presentación de informes trimestrales, que si bien abren perspectivas comerciales a corto plazo, aportan poco a la información de los accionistas.

18. Subraya que los consejeros de las empresas deben ser seleccionados sobre la base de un amplio conjunto de criterios, entre los cuales deben figurar la experiencia y las cualificaciones específicas;

19. Considera que es muy importante garantizar que los consejeros no ejecutivos dediquen suficiente tiempo a las tareas de control y supervisión de las respectivas empresas, y, por consiguiente, que el número de mandatos que un consejero no ejecutivo puede desempeñar debe guardar relación con el tamaño y la complejidad de la empresa y las responsabilidades adicionales vinculadas a las funciones ejercidas, y por ende, debe estar limitado;

20. Subraya que las funciones de director general y de presidente del consejo de administración debieran estar separadas, y que solo en circunstancias excepcionales deben poder recaer en la misma persona;

21. Pide que se establezca un período de carencia para los directivos ejecutivos cuando aceptan un nombramiento como consejeros no ejecutivos en la misma empresa, a fin de garantizar que la supervisión por personal no ejecutivo se efectúe con las debidas garantías de independencia;

22. Valora positivamente la recomendación de la Comisión de que las empresas revelen sus políticas de remuneración, den a conocer las remuneraciones de sus directivos y publiquen los resultados de las votaciones de la junta de accionistas sobre el particular; se adhiere al principio de publicidad de los sueldos tanto de los directores ejecutivos como de los directivos no ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa;

23. Sostiene que si bien, en muchos casos, el riesgo es un elemento consustancial de la actividad empresarial, es importante que el consejo de administración defina con claridad la política de riesgos de la empresa y garantice un control adecuado e independiente de los procedimientos de gestión del riesgo;

24. Destaca las múltiples ventajas asociadas a la participación de los asalariados en el capital, que fomenta la productividad y contribuye a una mayor identificación del trabajador con la empresa; pide a la Comisión que coopere con los Estados miembros para ampliar y fomentar la participación de los asalariados en el capital.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

20.12.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

26

5

12

Miembros presentes en la votación final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Saïd El Khadraoui, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann


OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (7.12.2011)

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre una normativa de gobierno corporativo para las empresas europeas

(2011/2181(INI))

Ponente de opinión: Ole Christensen

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.   Subraya la importancia de crear en la UE un sector empresarial más transparente, estable, fiable y responsable con una mejora del gobierno corporativo; considera que el sector empresarial debe ser capaz de tener en cuenta las preocupaciones sociales, éticas y medioambientales en sus prácticas y demostrar su responsabilidad hacia los trabajadores, los accionistas y hacia la sociedad en general, además de garantizar unos mejores resultados económicos y la creación de puestos de trabajo dignos;

2.   Considera, no obstante, que el buen gobierno por sí mismo no puede evitar que se asuman riesgos excesivos; pide, por tanto, auditorías independientes y normas que respeten las diferentes culturas empresariales en la UE;

3.   Opina que, tras la crisis financiera, se pueden aprender lecciones de las principales quiebras en el mundo empresarial;

4.   Señala que la finalidad de un marco de gobierno corporativo es crear y garantizar un entorno empresarial sólido donde la responsabilidad y el respeto por el trabajo estén en equilibrio con un desarrollo de las empresas consistente, que cree más puestos de trabajo y conduzca a una estabilidad económica y social;

5.   Señala que el gobierno corporativo debe facilitar las relaciones con las diferentes partes interesadas de la empresa, entre ellas los trabajadores, que contribuyen al éxito y al rendimiento de su empresa y dependen de estos; recuerda, por consiguiente, la importancia del diálogo regular y la implicación de los trabajadores en los asuntos de una empresa, que puede adoptar la forma de cogestión en el gobierno corporativo, tal y como se define en el European Industrial Relations Dictionary (Diccionario Europeo de Relaciones Laborales)(1) y expresa su decepción por que se haya subestimado este aspecto en el Libro Verde;

6.   Considera que deben adoptarse la definición y los Principios de Gobierno Corporativo de 2004 de la OCDE, que define el gobierno corporativo como una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas;

7.   Subraya que la regulación eficaz del gobierno corporativo debe basarse en principios como la claridad, la armonización, la transparencia, el cumplimiento y la sanción, en el funcionamiento efectivo del consejo de administración, en una implicación adecuada de los accionistas y en la supervisión y aplicación eficientes de los códigos de gobierno corporativo;

8.   Hace hincapié en la necesidad de mejorar el funcionamiento y el cumplimiento de las normas y recomendaciones existentes en el ámbito del gobierno corporativo, en lugar de imponer normas europeas vinculantes en esta materia;

9.   Insta a la Comisión a que someta cada propuesta legislativa en materia de gobierno corporativo a una evaluación de impacto, que se centre en la los objetivos perseguidos y la necesidad de mantener de la competitividad de las empresas;

10. Apoya un régimen diferenciado y proporcionado para pequeñas y medianas empresas cotizadas;

11. Considera que un enfoque de talla única no es útil, habida cuenta de la gran diversidad de empresas que hay en Europa y, en especial, de la diferencia entre las empresas que cotizan y las que no cotizan en bolsa;

12. Está convencido de que los códigos de conducta voluntarios son la manera más eficaz de lograr un buen gobierno corporativo;

13. Considera que las iniciativas en materia de gobierno corporativo deben avanzar en paralelo a las iniciativas de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas; estima que, dadas las circunstancias socioeconómicas actuales, la responsabilidad social de las empresas podría combinarse con el gobierno corporativo con miras a forjar vínculos más estrechos entre las empresas y el entorno social en el que se desarrollan y ejercen sus actividades;

14. Considera que se debe promover y reforzar la información, la consulta y la participación en la toma de decisiones de los trabajadores de acuerdo con la legislación europea y nacional, con especial atención a las PYME; cree que se pueden utilizar unos niveles más altos de participación como herramienta de motivación para los trabajadores y que sus conocimientos específicos sobre el funcionamiento interno de las empresas pueden permitir que los representantes de los trabajadores contribuyan de manera significativa a la diversidad y la calidad en los órganos de vigilancia, contribuyendo también de este modo a la sostenibilidad a largo plazo de las estrategias empresariales;

15. Pide que exista una mayor diversidad en los consejos y estructuras de supervisión y dirección, incluidas una mayor diversidad de género y una mayor complementariedad de las aptitudes, competencias y experiencias individuales, de tal modo que se saque provecho de diferentes puntos de vista, debates y desafíos, talentos y estilos de liderazgo en los puestos de mayor responsabilidad de las empresas;

16. Pone de relieve la importancia de una mayor participación femenina en los consejos de administración y otros puestos directivos, tal y como dispone la Carta de las mujeres de la Comisión; observa que los Estados miembros y las empresas han adoptado diversas medidas para que aumente la participación femenina en los consejos de administración entre las que se incluyen las cuotas de género; subraya, sin embargo, que, además de las prácticas existentes, también se requiere adoptar medidas para la diversidad y la conciliación de la vida profesional con la vida privada así como ofrecer orientación profesional interna; alienta a las empresas a que se adhieran a la iniciativa «Compromiso relativo a la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas europeas», presentada por la Comisión el 1 de marzo de 2011, y cumplan con los objetivos de esta;

17. Considera necesaria una mayor transparencia en el proceso de contratación de ejecutivos de alto nivel y señala que los perfiles de los miembros, las diferentes experiencias en liderazgo y las trayectorias profesionales internacionales, nacionales o regionales pueden contribuir a mejorar la funcionalidad efectiva del consejo de administración;

18. Considera que los miembros de los consejos de administración y de supervisión han de recibir la formación profesional y de perfeccionamiento necesaria para ejercer sus funciones, y que para ello deberán recibir, en su caso, el apoyo adecuado de las empresas;

19. Cree que es importante garantizar que todos los accionistas sean tratados de manera igualitaria y justa, dado que la protección de los accionistas minoritarios resulta muy complicada en Europa, donde los accionistas minoritarios encuentran dificultades a la hora de ver representados sus intereses en aquellas empresas que cuentan con accionistas dominantes;

20. Pide que existan políticas de remuneración sostenibles a largo plazo que deben basarse en el funcionamiento a largo plazo del individuo y de su empresa; estima que la inclusión de opciones sobre acciones como parte de los sistemas de remuneración se debe minimizar; apoya, sin embargo la promoción de programas voluntarios de propiedad de acciones para los trabajadores, programas que han de estar abiertos a todos los empleados de una empresa y que han de ser evaluados de forma minuciosa con el fin de evitar la exposición al riesgo derivado de la falta de diversificación para los empleados; considera que la propiedad de acciones por parte de los empleados debe permitir que estos participen en los beneficios sin que ello sustituya en modo alguno su remuneración salarial ni supongan un obstáculo a la negociación colectiva;

21. Apoya la introducción de elementos de sostenibilidad a largo plazo en la remuneración variable de los directivos, como supeditar un porcentaje de su remuneración variable al cumplimiento los objetivos de responsabilidad social de las empresas, por ejemplo los objetivos de salud y seguridad en el lugar de trabajo, satisfacción de los empleados en el trabajo, etc.;

22. Apoya la aplicación plena y obligatoria de las siguientes medidas:

      –  divulgación anual de las políticas y los sistemas de remuneración de los ejecutivos y de los perfiles de riesgo de la empresa;

      –  evaluación externa del consejo de administración y de las juntas directivas de las sociedades cotizadas, que se ha de llevar a cabo al menos cada tres años, junto con una evaluación (anual) realizada por el propio consejo de administración, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión(2);

      –  divulgación de las actividades comerciales de todos los miembros del consejo de administración, incluidos todos los cargos en otros consejos de administración;

      –  divulgación de una comparación de los niveles salariales por género;

23. Cree que es necesario adoptar medidas para mejorar la transparencia en el gobierno corporativo y el régimen para la revelación de datos no financieros; considera que deberían ser proporcionales al tamaño de la empresa y no crear nuevas cargas administrativas para las PYME, que son una fuente principal de empleo en la UE;

24. Estima que las empresas que no cumplan con los códigos de gobierno corporativo deberán facilitar explicaciones detalladas sobre el porqué de tales decisiones con arreglo al principio «cumplir o dar explicaciones» y también tendrán que describir las soluciones alternativas que han adoptado al respecto; considera que este principio «cumplir o dar explicaciones» puede dar muchos mejores resultados con un sistema de seguimiento donde se priorice la transparencia y la información fiable de alta calidad;

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

5.12.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

37

0

6

Miembros presentes en la votación final

Regina Bastos, Edit Bauer, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Julie Girling, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sergio Gutiérrez Prieto, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Phil Prendergast

(1)

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound).

(2)

Recomendación 2005/162/CE de la Comisión, de 15 de febrero de 2005, relativa al papel de los administradores no ejecutivos o supervisores y al de los comités de consejos de administración o de supervisión, aplicables a las empresas que cotizan en bolsa, DO L 52 de 25.2.2005, p. 51.


OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (21.12.2011)

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre una normativa de gobierno corporativo para las empresas europeas

(2011/2181(INI))

Ponente de opinión: Lena Kolarska-Bobińska

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Acoge favorablemente el Libro Verde de la Comisión, pero subraya que el marco revisado debe sustentarse en instrumentos de ejecución eficaces y medidas concretas, así como en una supervisión reforzada a nivel nacional y de la UE, para evitar el riesgo de que los consejos de administración se limiten a adoptarlo solo como una cuestión de forma; considera que este marco revisado también debe tener en cuenta que el Derecho de sociedades en los Estados miembros deriva de tradiciones y principios jurídicos distintos, y que estas diferencias deben respetarse, trabajando a la vez hacia un modelo mínimo de gobierno corporativo de la UE que permita, entre otros aspectos, una perspectiva a largo plazo para la participación de los empleados en los consejos de administración de las empresas;

2.  Opina que las medidas de ejecución deben incluir:

· Medidas para reforzar la responsabilidad individual de los miembros de los consejos de administración y de las empresas, incluida la posibilidad de establecer sistemas nacionales de sanciones que sean acordes con las distintas tradiciones judiciales.

· Una conferencia anual de los presidentes de los consejos de administración corporativos, con un premio para el buen gobierno,

· La obligación para los miembros de los consejos de administración de cumplir determinados requisitos de forma y de capacidad, y de publicar las vacantes en los consejos de administración,

· Medidas sobre el acceso del público a la información sobre actividades no declaradas, conflictos de interés y las transacciones realizadas entre empresas matrices y filiales,

· Un informe anual de la Comisión en el que se denuncie de forma individualizada la falta de aplicación del gobierno corporativo;

3.  Reconoce que, aunque acoge favorablemente los acuerdos voluntarios de las empresas sobre el principio de «cumplir o explicar» y alienta la expansión de estos compromisos a nivel de la UE, la crisis financiera ha planteado interrogantes sobre su efectividad; opina que la Comisión debe realizar una evaluación de la aplicación de las cláusulas del principio de «cumplir o explicar» y de la medida en que estas cláusulas u otras cláusulas alternativas deben incluirse en los marcos de la UE, ya sea de forma voluntaria u obligatoria;

4.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, cuando adopten medidas en el ámbito del gobierno corporativo, tengan en cuenta el tamaño y los resultados de las empresas, con el fin de no crear obstáculos para una gestión eficaz de las PYME;

5.  Insiste en que es absolutamente necesario que las funciones de presidente y de consejero delegado estén definidas y separadas, al menos en las empresas de más de 50 empleados y con resultados superiores a 1 millón de euros;

6.  Apoya la exigencia de publicar la política sobre diversidad y pide que se tomen medidas concretas para aumentar de la representación de las mujeres en los consejos de administración, preferiblemente a través de instrumentos de Derecho indicativo; subraya igualmente la necesidad de adoptar las medidas correspondientes, como, por ejemplo, guarderías, para poder hacer realidad la igualdad de género;

7.  Considera, aunque respeta la competencia de junta anual de accionistas de una empresa para nombrar a los miembros de su consejo de administración, que el número de puestos ocupados por consejeros en distintas empresas al mismo tiempo debe limitarse, y que la inclusión de «directores en la sombra» debe eliminarse;

8.  Apoya que, antes de la reelección del consejo de administración, se adopte un informe de evaluación sobre su actuación, destinado a los accionistas;

9.  Considera que la gestión de riesgos debe estar en el centro del gobierno corporativo, y que debe considerarse como una de las principales responsabilidades de los directivos y del consejo de administración; opina que la gestión del riesgo también debe incluir los riesgos no financieros, como los relacionados con los daños al medio ambiente y las violaciones de los derechos humanos;

10. Opina que los consejos de administración deben tomar las medidas adecuadas para contrarrestar el predominio de la visión a corto plazo en el gobierno corporativo, en particular en lo que se refiere a la concepción de los contratos de gestión de activos;

11. Propugna un mecanismo europeo que ayude a los emisores a identificar a sus accionistas para facilitar el diálogo sobre los asuntos de gobierno corporativo y excluya los posibles abusos derivados del «voto vacío»; considera que los accionistas deben poder jugar un papel central en el gobierno de las empresas y contribuir de forma más activa a un gobierno corporativo responsable;

12.  Apoya una mayor protección de los accionistas minoritarios, que incluya medidas para evitar los abusos y aliente a los accionistas a centrarse en los resultados financieros a largo plazo de la empresa;

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

20.12.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

39

4

2

Miembros presentes en la votación final

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Michael Theurer, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Reinhard Bütikofer, António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Andrzej Grzyb, Seán Kelly, Werner Langen, Vladimír Remek


OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (24.1.2012)

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre una normativa de gobierno corporativo para las empresas europeas

(2011/2181(INI))

Ponente de opinión: Constance Le Grip

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1.  Opina que el gobierno corporativo eficaz debe contribuir a la promoción de un crecimiento sostenible y de la responsabilidad social en el mercado único y estar orientado hacia la competitividad y las estrategias de inversión a largo plazo;

2.  Opina que, tal como también señala la Comisión en su Comunicación de 27 de octubre de 2010 «Hacia un Acta del Mercado Único»(1), es primordial que las empresas europeas se comporten con la máxima responsabilidad, tanto frente a sus empleados y accionistas como frente a la sociedad en general;

3.  Pide a la comunidad empresarial que asuma la responsabilidad que le corresponde y que refuerce su compromiso en relación con la promoción de un consumo sostenible como elemento integrante de las estrategias empresariales;

4.  Pide a las empresas y a los accionistas que aumenten la diversidad profesional, social y cultural en los consejos de administración de las empresas a fin de favorecer el debate y la aparición de nuevas ideas; pone de relieve que la diversidad es una baza importante para una toma de decisiones más representativa en los puestos directivos de las empresas;

5.  Subraya que es importante valorar la implicación de los accionistas para facilitar estrategias de inversión a largo plazo y evitar los planteamientos a corto plazo inadecuados por parte de los inversores, ya que tales planteamientos comprometen en ocasiones la continuidad de las empresas en cuestión y, por extensión, la de los pequeños accionistas, los asalariados y los consumidores;

6.  Recomienda que los Estados miembros examinen si las empresas facilitan a sus accionarios los informes adecuados relativos al gobierno corporativo para garantizar una transparencia plena y mejorar el grado de conocimiento de los accionistas sobre las prácticas de gobierno corporativo contribuyendo, de este modo, a la protección de los accionistas y de los ciudadanos frente a la asunción de riesgos y una visión a corto plazo;

7.  Considera que es preciso aumentar la participación de los empleados en los procesos decisorios de las empresas, por ejemplo mediante la posibilidad de que se conviertan en accionistas, para reforzar la motivación y garantizar la cohesión en las empresas;

8.  Reitera enérgicamente que la gestión empresarial y la política de remuneración deben ser sólidas y responsables, y respetar los principios de equidad salarial y de igualdad de trato de hombres y mujeres, en virtud de las disposiciones europeas vigentes; pide a la Comisión que proponga medidas para garantizar una representación más equilibrada de las mujeres en los consejos de administración con el objetivo de alcanzar una participación mínima del 40 % por parte de cada género antes de 2020;

9.  Propone que entre las medidas que pueden adoptarse en relación con una representación más equilibrada de las mujeres en los consejos de administración figuren, entre otras, la necesidad de que los comités de nombramiento indiquen, al presentar sus propuestas, qué han hecho para alcanzar este objetivo, la promoción de sistemas de comparación recíproca en relación con los consejos de administración públicos y privados, la formación de los miembros de los comités de nombramiento, la creación de listas de candidatas competentes, y el fomento de procedimientos de contratación abiertos frente a nombramientos no transparentes; pide a la Comisión que solicite a las empresas que coticen en Bolsa que en sus informes anuales expongan sus políticas sobre diversidad, incluyendo la igualdad de género, los objetivos que se han marcado para poner en práctica esa política, y los avances realizados para alcanzar esos objetivos; insiste en que la gestión empresarial y las políticas de remuneración deben respetar y fomentar el principio de igualdad de trato de hombres y mujeres recogido en las directivas de la Unión Europea;

10. Hace hincapié en que debe reforzarse el papel de los accionistas en el desarrollo de una política de remuneración de los consejeros;

11. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión en apoyo del voto transnacional de los accionistas como instrumento para eliminar las barreras a la cooperación entre accionistas en el mercado interior, siempre que ello se lleve a cabo de modo transparente y seguro;

12. Celebra la recomendación de la Comisión de que las empresas publiquen sus políticas de remuneración y los resultados de las votaciones de los accionistas al respecto, y de que creen comités de remuneración independientes;

13. Pide a la Comisión que presente propuestas proporcionadas de orientaciones a escala europea sobre la naturaleza de la información divulgada a los accionistas en los informes anuales de las empresas; considera que esta información debe ser de alta calidad y muy esclarecedora;

14. Pide a la Comisión que adapte las medidas relativas al buen gobierno corporativo a las características y necesidades de las PYME, teniendo en cuenta que sus recursos son limitados, en particular en los ámbitos de la administración y de los recursos humanos.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

24.1.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

35

2

0

Miembros presentes en la votación final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Simon Busuttil, Ashley Fox, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt

(1)

COM(2010)0608.


RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

1.3.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

14

9

0

Miembros presentes en la votación final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Oreste Rossi, Jacek Włosowicz

Última actualización: 15 de marzo de 2012Aviso jurídico