El Congreso debate mañana la aplicación de medidas hipotecarias aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana, jueves, si convalida o deroga el Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.

El objetivo es establecer una regla que permita hacer constar en los registros, a través de una "nota marginal", "la prohibición de disponer de las fincas, bienes o derechos cuando existan indicios racionales de que la persona titular de los mismos es una de las que se encuentran en la lista de personas sancionadas", elaborada al amparo del Reglamento (UE) número 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014.

Además, este real decreto-ley establece un procedimiento específico para realizar los pagos atrasados, así como los futuros, de nóminas del personal y otras obligaciones de las representaciones españolas en el exterior que, debido a la situación actual, no están recibiendo los oportunos libramientos de fondos desde España.

El Real Decreto-Ley se aprueba en el marco de las sanciones financieras internacionales impuestas por la Unión Europea con motivo de la guerra en Ucrania. Tras su entrada en vigor el pasado 28 de abril, el pleno debe ahora decidir si convalida o deroga la norma.

Precursores de explosivos

En la misma sesión, el pleno del Congreso debatirá la totalidad del Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos, una norma que regula la comercialización y el uso de sustancias químicas legales pero que pueden utilizarse para la fabricación casera de artefactos explosivos con los que cometer diferentes actos delictivos.

Su objetivo es limitar el acceso de los particulares a los precursores de explosivos. Se establecen así dos clases de precursores, los restringidos, cuya adquisición por un particular por encima de ciertos niveles de concentración sigue exigiendo licencia previa, y los notificables, que pueden ser adquiridos sin licencia pero cuya compra está sujeta a controles sobre quienes los comercializan y sobre quienes los adquieren.

También se distingue entre compradores particulares, obligados a obtener una licencia previa para adquirir precursores restringidos, y profesionales, que no deberán obtener una licencia pero sí acreditar su condición de usuario profesional. Todos estos compradores deberán cumplimentar y entregar al operador que realice la venta una declaración de cliente con datos particulares y comunicar cada operación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.

El proyecto de ley incorpora a la legislación interna las disposiciones del Reglamento (UE) 2019/1148, de 20 de junio de 2019, sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos. Aunque esa norma europea es de aplicación directa desde el pasado 1 de febrero de 2021, era necesario adaptar la normativa interna española a las nuevas medidas incluidas en el mismo.