Discurso
del Presidente del Parlamento Europeo,
Sr. KLAUS HÄNSCH,
ante el Consejo europeo
Lunes 26 y martes 27 de junio de 1995
Cannes

La versión oficial es la efectivamente pronunciada.


Señor Presidente del Consejo europeo,

Señoras y Señores:

En primer lugar quisiera expresarle, Señor Presidente del Consejo, la felicitación del Parlamento Europeo y la mía propia por su elección como Presidente de la República Francesa.

Inmediatamente después de entrar en funciones, me ha llamado usted a participar en los trabajos de su Presidencia del Consejo, en gesto inequívoco que le agradezco muy personalmente.

I.

Hace dos años y medio, en Edimburgo, el Consejo europeo declaró que el desarrollo de las redes transeuropeas constituiría una aportación decisiva a la mejora de la competitividad en el mercado internacional y a la lucha contra el desempleo.

Hace dos años, en Copenhague, el Consejo europeo otorgó la máxima prioridad a la aplicación de un procedimiento coordinado entre la Unión Europea y los Estados miembros para la lucha contra el desempleo en nuestros países.

Hace un año y medio, la Comisión europea presentó su Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo y expuso las medidas que podían y debían adoptarse en estas materias.

Hace seis meses, el Consejo europeo de Essen seleccionó catorce proyectos prioritarios relacionados con el desarrollo de las redes transeuropeas.

Hoy sigue sin haberse puesto en marcha ninguno de ellos.

El Parlamento Europeo espera que este Consejo europeo haga que se acometan por fin los proyectos que ya estén maduros.

Es mejor empezar con tres o cuatro que esperar a que el último de los catorce haya pasado la fase de planeamiento y esté asegurado el último detalle de su financiación.

Huelga decir que la participación en el desarrollo de las redes transeuropeas sólo es una de las diversas contribuciones que la Unión Europea debe aportar a la lucha contra el desempleo estructural.

No hay que dejarse deslumbrar por el relanzamiento de la actividad económica.

Siguen siendo necesarias las medidas de reestructuración de la economía europea cuya necesidad se proclamó durante la etapa de crisis.

Las propuestas del Libro Blanco no han perdido actualidad.

La política de la Unión debe revitalizar las inversiones en los ámbitos que fortalezcan la competitividad de la economía europea.

Asimismo, hay que invertir en el desarrollo de la formación profesional y la formación continuada.

Además, hay que descargar de tasas y gravámenes el empleo del trabajo humano y encarecer el consumo de bienes escasos como la energía, las materias primas y el medio ambiente.

.***

La supresión de normas superfluas, tanto en el plano europeo como en el nacional, es, ciertamente, otro de los factores de mejora de la competitividad de la economía europea.

El informe del grupo Molitor no resulta apropiado para este fin.

Esperamos que la Comisión presente las correspondientes propuestas.

Su derecho de iniciativa no puede sufrir merma alguna.

Si se trata de simplificar la normativa europea, nuestra respuesta es "sí".

Si se trata de rebajar unas normas y niveles acordados conjuntamente, nuestra respuesta es "no".

La desregulación no puede convertirse en una nueva ideología.

El propio mercado interior ya ha sido, en efecto, la mayor obra de desregulación de la historia de la economía europea, puesto que sus disposiciones reemplazan a quince normativas nacionales distintas.

Si en el futuro volviéramos a substituir la normativa comunitaria por quince normativas nacionales, el resultado sería todo lo contrario de una desregulación.

II.

Con la inspiración y la orientación del Consejo Europeo, la Unión Europea ha logrado definir importantes planteamientos en pro de una mayor coordinación y unidad de la política exterior y de seguridad.

El Parlamento Europeo reconoce este hecho. Usted, Señor Presidente, sabe mejor que nadie que la influencia que ejerce la Unión Europea en el mundo todavía no se corresponde con su peso económico ni con su responsabilidad política.

Entre los instrumentos clásicos de la política exterior está también el empleo de medios financieros.

El imperativo de reducción de costes hace que disminuya también la cuantía de los recursos que podrían destinarse a los países de la Europa central y oriental y a los del Mediterráneo, así como al Fondo Europeo de Desarrollo.

Pero el Parlamento no puede permitir que en una Unión de quince Estados miembros la financiación del octavo Fondo Europeo de Desarrollo decrezca, en términos reales, en relación con la que se le reservaba en la Unión de los Doce.

El Parlamento contribuirá, en el marco del debate presupuestario, a asegurar la capacidad financiera de acción de la política exterior europea.

Para ello hará uso de todos los derechos de que goza, a fin de mantener el compromiso financiero que la Unión ha contraído frente a los Estados ACP.

La ayuda al desarrollo a tenor del Convenio de Lomé no es una gratificación ni una donación caritativa de la Unión Europea, sino una parte de la política exterior común que redunda en interés de todos los europeos.

Sin duda, debe examinarse una y otra vez la eficacia de la ayuda europea al desarrollo.

No obstante, el Parlamento Europeo considera que la adopción de planteamientos bilaterales para la ayuda común no es el camino adecuado.

Ya no es posible pedir un mayor grado de comunidad de la política exterior e impulsar al mismo tiempo la bilateralización de las ayudas al desarrollo.

Sin duda, para determinar la clave de reparto de las cargas que significa la financiación de importantes actividades de la Comunidad deben tomarse adecuadamente en consideración las aportaciones ya hechas por los Estados miembros y sus futuras capacidades.

Pero la Unión no puede sustraerse a la responsabilidad que le incumbe en la escena internacional por culpa de una disputa sobre el reparto de cargas financieras.

Ustedes deben decidir ahora acerca del reparto de 500 millones de ecus a lo largo de un período de cinco años.

En el mismo período, habremos gastado 5.000 millones de ecus en subvencionar el cultivo del tabaco en la Unión.

***

El Parlamento Europeo comparte con usted y con todos los ciudadanos y las ciudadanas de Europa el horror y la vergüenza que produce nuestra incapacidad de poner fin a la guerra en los Balcanes.

Detrás de las críticas formuladas por muchas personas se esconde la inquietud que inspira la posibilidad de que una Europa incapaz de imponer el derecho frente a la violencia se vea obligada a sufrir esta misma violencia en el futuro.

El Parlamento Europeo apoya todas las medidas encaminadas a dar a los cascos azules la posibilidad de cumplir de manera segura, en nombre de las Naciones Unidas, la misión que tienen encomendada.

Porque si no logramos ajustar los medios a nuestro mandato, llegará el día en que tengamos que ajustar el mandato a nuestros medios.

No obstante, quisiera rechazar categóricamente, en nombre del Parlamento, las afirmaciones hechas por cuantos hablan de fracaso de la Unión Europea y de sus Estados miembros en la ex Yugoslavia.

Pero deberíamos explicar a los ciudadanos de la Unión Europea con mayor claridad que hasta ahora que la política que, basándose en razones fundadas, no quiere ni puede combatir a la guerra con la guerra choca, por este mismo hecho, con los límites de sus posibilidades.

.***

No pretendo restar un ápice a la importancia fundamental que se concederá a la guerra de Bosnia en los debates que ustedes van a desarrollar en Cannes y que este conflicto tiene para la política de la Unión Europea.

Permítanme, sin embargo, dirigir la atención del Consejo europeo hacia una región de Africa. Las noticias que nos llegan de allí indican que en Burundi amenaza estallar una guerra civil cuya violencia podría superar todo lo conocido hasta ahora.

El Parlamento Europeo les insta a hacer todo lo posible, sin demora y con la mayor energía, por impedir, en colaboración con las Naciones Unidas, que haya un baño de sangre en aquel país.

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III.

El Parlamento Europeo insiste en la necesidad de mantener los criterios y el calendario de la tercera fase de la Unión monetaria.

Así, puede ser que esta Unión no llegue hasta 1999.

Para la introducción de la moneda común debe regir este principio: la seguridad está por encima de la rapidez.

Pero la política de los Estados miembros y de la Unión no puede suscitar la menor duda en cuanto a la decisión común de alcanzar los objetivos definidos en el Tratado. Es necesario un debate sobre problemas técnicos y de calendario.

El Libro Verde de la Comisión es, en este sentido, una aportación destacada.

También es necesario reflexionar acerca de las consecuencias que todo ello tendrá para las monedas nacionales que al principio no quieran o no puedan integrarse en el sistema.

Pero es más necesario todavía que las Instituciones de la Unión y los Gobiernos nacionales hagan un importante esfuerzo político por superar las barreras psicológicas que, en la mente de los ciudadanos, obstaculizan la introducción de la moneda común.

Ni la entrada en vigor del Tratado de Roma, ni la realización del mercado interior, ni la apertura de las fronteras interiores pueden compararse en importancia con la entrada en la tercera fase de la Unión monetaria.

La introducción de la moneda común posee una dimensión muy distinta de la de todas las decisiones adoptadas hasta ahora en el proceso de unidad europea.

Por vez primera, una decisión de dimensión europea afecta directamente a todos los ciudadanos a título individual, les resulta inmediatamente perceptible y palpable.

Debemos poner en marcha una campaña de información antes de 1999.

En ella deberían abordarse las necesidades de información y los malentendidos que persisten entre los ciudadanos; aunque puedan parecer triviales, son una realidad.

Si la elección de un nombre artificial para la moneda común choca con resistencias, lo mejor será dejar que los ciudadanos den a la moneda europea el nombre que prefieran darle en sus respectivas lenguas nacionales.

Busquemos inspiración en un británico: William Shakespeare. "Pues ¿qué hay dentro de un nombre? Aun llevando otro nombre, la rosa tendría la misma fragancia."

Los ciudadanos franceses seguirán llamando "franco" a la moneda europea; los alemanes, "marco"; y los neerlandeses, "florín", aunque los expertos coloquen el prefijo "euro-" delante de cada denominación.

Al mismo tiempo, los ciudadanos observarán con satisfacción el hecho de que sus billetes tengan el mismo valor en Francia que en Alemania, y en Alemania el mismo valor que en los Países Bajos, por ejemplo.

Al fin y al cabo, al Sol se le dan distintos nombres en los Países Bajos, en Suecia, en España, en Francia y en Alemania, y no por ello deja de ser el mismo astro.

Es cierto que las barreras que se levantan frente a la introducción de la moneda común son distintas en cada Estado de la Unión.

A pesar de todo, hay un hecho indudable: la Unión monetaria no se hace para los bancos ni para los políticos, sino para los ciudadanos y ciudadanas, que deberán adoptar la nueva moneda en sus respectivos medios sociales, económicos y culturales; unos cuyas características no están determinadas de forma directa y visible por lo que suceda en la Unión Europea.

Los ciudadanos sólo aceptarán una moneda europea común en su vida cotidiana si observan, al mismo tiempo, que para las cuestiones vitales para Europa se pone en práctica una política europea común.

Esto reza tanto para la modernización de la economía europea y para la lucha contra el desempleo como para los grandes temas de la protección del medio ambiente.

Y se aplica igualmente a la lucha común contra la delincuencia internacional organizada, al igual que a la política exterior y de seguridad.

IV.

El Parlamento Europeo sigue preocupado por la posibilidad de que la Unión fracase justamente en el ámbito de la seguridad interior, esto es, en el sector de la política que tanta importancia ha adquirido tras la apertura de las fronteras interiores.

En Essen, el Consejo europeo acordó que el Convenio para la creación de Europol se concluyera con ocasión del Consejo europeo de Cannes, a más tardar.

El Convenio no se ha concluido.

El Parlamento Europeo espera que el Convenio prometido se celebre aquí en Cannes, y que establezca que los litigios relacionados con su interpretación puedan resolverse en el Tribunal Europeo de Justicia.

Por lo demás, las dificultades surgidas en la elaboración del Convenio ponen de manifiesto la insuficiencia de la estructura de pilares consagrada en el Tratado de Maastricht.

Es necesaria la cooperación en las políticas de Interior y Justicia.

Sin embargo, esta cooperación no debe servir para trasladar al terreno interburocrático las decisiones que puedan afectar a la esfera personal, protegida por normas de rango constitucional, de los ciudadanos y ciudadanas de Europa.

La cooperación no debe dar como resultado la pérdida de los controles parlamentarios y jurídicos a escala nacional ni a escala europea.

El Parlamento Europeo sigue concediendo gran importancia financiera y política a la lucha contra el fraude en el uso de los recursos financieros comunitarios en la Unión y en cada uno de sus Estados miembros.

Sin embargo, sólo podremos satisfacer las expectativas despertadas si se nos conceden las posibilidades jurídicas necesarias para ello.

La lucha contra el fraude y el abuso no sólo constituye un imperativo jurídico y moral, sino también práctico: se trata de evitar la pérdida de 1.000 millones de ecus al año, por lo menos, desviados en perjuicio de los contribuyentes europeos.

Igualmente perjudica a los contribuyentes europeos, aunque en medida mucho menor, el despilfarro de recursos presupuestarios que resulta de la coexistencia de servicios equivalentes en el Consejo, la Comisión y el Parlamento en Bruselas.

Las tres instituciones podrían ahorrar cerca de 100 millones de ecus en los próximos cinco años si alcanzaran un mayor grado de sinergia entre sus respectivos servicios.

Por iniciativa del Parlamento se han iniciado los trabajos encaminados a crear una cooperación interinstitucional en cuestiones técnicas y favorecer la utilización común de determinados servicios.

Nos gustaría que estos trabajos avanzaran a buen ritmo y concluyeran en fecha próxima.

Para ello, el Consejo debería cesar en su actitud obstruccionista.

V.

El Parlamento Europeo ha hecho uso de sus derechos de manera mucho más resuelta y consecuente que hasta ahora.

Con las audiencias públicas de los candidatos a miembros de la Comisión y la votación de confianza para la investidura de ésta, el Parlamento Europeo no sólo ha fortalecido su propia posición, sino que ha proporcionado a la Comisión una base de legitimación más amplia.

Estamos remediando las insuficiencias del procedimiento y superando el bloqueo político opuesto a la elección del Defensor del Pueblo europeo.

Sin duda, el procedimiento de codecisión acusa insuficiencias, pero éstas pueden superarse en 1996 en el marco de la reforma del Tratado.

Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el procedimiento de codecisión se ha aplicado a 31 proyectos legislativos.

Existe unanimidad en cuanto a la mejora considerable que se observa en los textos aprobados en el procedimiento de conciliación.

Y, desde luego, el procedimiento de codecisión no presenta el inconveniente que muchos vaticinaban: la labor legislativa de la Unión no ha sido frenada por la intervención del Parlamento Europeo.

De los 104 proyectos legislativos en curso, tres cuartas partes están actualmente en manos del Consejo.

VI.

El grupo de reflexión para la preparación de la Conferencia Intergubernamental de 1996 ya ha iniciado sus trabajos.

El grupo fundamenta su actividad en el mandato que le otorgó el Consejo europeo de Corfú.

Este mandato deberá constituir igualmente el marco en el que el grupo de reflexión concluya sus trabajos.

Las reformas propuestas por el Parlamento Europeo son limitadas en número, pero afectan a cuestiones fundamentales.

Con quince Estados miembros, la Unión debe mantener su capacidad de acción para poder dar entrada en ella a otros Estados miembros.

La Unión no necesita nuevas transferencias de soberanía de los Estados miembros, sino que debe poder ejercer de manera más transparente, eficaz, eficiente y democrática las potestades con las que ya cuenta.

Uno de los principales defectos de la actual estructura de las Instituciones y de lo que se denomina falsamente equilibrio entre ellas es que los ciudadanos y ciudadanas de Europa no aciertan a distinguir quién decide en Bruselas, cuándo lo decide, qué decide y con qué legitimación.

Por ello, la Unión necesita

  • decisiones por mayoría en el Consejo para todos los ámbitos de la actividad legislativa normal;
  • la disminución del número de procedimientos de decisión de los veintidós actuales a tres, y
  • la codecisión del Parlamento Europeo en todos los ámbitos de la actividad legislativa en los que el Consejo pueda decidir por mayoría.

La cuestión fundamental de la que deberá ocuparse la Conferencia Intergubernamental deberá ocuparse será la reforma de las Instituciones.

No obstante, sabemos que a las personas no puede conquistárselas con reformas institucionales.

Sólo podremos conquistarlas con una política que muestre sin lugar a dudas que la Unión aporta una contribución indispensable a la solución de los grandes problemas del final de este siglo.

Por último, permítanme expresar mi agradecimiento a la Presidencia del Consejo:

A usted, Señor Presidente, pero también a su predecesor, el Presidente Mitterrand, por la disposición a cooperar con el Parlamento Europeo en el respeto de las diferencias de funciones y puntos de vista.

Confiamos en que esta cooperación se intensifique con la Presidencia española del Consejo en una etapa muy importante para la Unión; una etapa en la que seguirá desarrollándose la política mediterránea y se preparará la Conferencia Intergubernamental de 1996.


© Parlamento europeo: 1998