CONSEJO EUROPEO DE DUBLÍN
13 y 14 de diciembre de 1996

CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA: ANEXOS

ANEXO I

CONSEJO ECOFIN
Dublín, 13 de diciembre de 1996

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INFORME (1) DEL CONSEJO ECOFIN AL CONSEJO EUROPEO
PREPARACIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA UEM

Contenido

Introducción

1. El Consejo Europeo de Madrid de hace un año confirmó que el 1 de enero de 1999 será la fecha en que comience la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) con arreglo a los criterios de convergencia, al calendario, a los protocolos y a los procedimientos que establece el Tratado (2) . Por lo tanto, el Consejo Europeo solicitó que el Consejo:

  • estudiase, junto con la Comisión y el Instituto Monetario Europeo (IME), en sus respectivos ámbitos de competencia, la gama de temas que plantea el hecho de que algunos países puedan no formar parte inicialmente del ámbito del euro; en particular, el estudio debería incluir los temas relacionados con la inestabilidad monetaria;
  • intentase hallar maneras para garantizar que, una vez comenzada la tercera fase, las finanzas públicas se mantengan sólidamente ajustadas a las obligaciones del Tratado. El Consejo Europeo declaró que la disciplina presupuestaria tiene primordial importancia tanto para el éxito de la Unión Económica y Monetaria como para la aceptación de la moneda única por parte del público. Tomó nota de que la Comisión tenía intención de presentar en 1996 sus conclusiones sobre las formas de garantizar la disciplina presupuestaria.

Solicitó que el Consejo informara sobre estos temas lo antes posible.

Además, el Consejo Europeo de Madrid solicitó que el Consejo completase, a más tardar para finales de 1996, la preparación técnica de un Reglamento del Consejo relativo al marco jurídico para el uso del euro.

2. Por consiguiente, el Consejo ha trabajado sobre los tres temas y espera poder decidir sobre ellos al mismo tiempo. Ha recibido una importante ayuda de la Comisión y del IME en sus respectivos ámbitos de competencia. El Consejo presentó un informe provisional al Consejo Europeo de Florencia en el que se instaba al Consejo a continuar trabajando con vistas a presentar al Consejo Europeo de Dublín conclusiones que mostraran progresos adicionales importantes. La reunión informal de Ministros y Gobernadores en Dublín, en el mes de septiembre, progresó más sobre estos temas. El 16 de octubre, la Comisión adoptó propuestas de legislación sobre el marco jurídico para el euro así como sobre disciplina presupuestaria durante la tercera fase. El Instituto Monetario Europeo ha preparado un informe sobre las relaciones monetarias y de los tipos de cambio durante la tercera fase, que el Consejo encomia y adjunta al presente informe.

3. Un mecanismo de tipos de cambio aportará a los Estados miembros que tengan excepciones una referencia para llevar a cabo en general políticas económicas sanas y en particular una política monetaria sana. Por consiguiente, el Consejo presenta propuestas para un nuevo mecanismo de tipos de cambio (MTC 2) en la tercera fase de la UEM. Los detalles se describen en el Capítulo I del presente informe y en el informe del IME.

4. El Consejo considera que existe un fuerte vínculo entre las cuestiones relacionadas con el tipo de cambio y la disciplina presupuestaria y, por tanto, ha estudiado paralelamente ambos temas. Sin un apoyo adecuado de la política fiscal y de otras políticas, la política monetaria no puede alcanzar su objetivo de estabilizar los precios y de garantizar una convergencia duradera que fomente unos tipos de cambio estables. Necesita un apoyo adecuado y continuo por parte de la política fiscal y de otras políticas. Por consiguiente, resulta esencial un Pacto de estabilidad y crecimiento para garantizar una estricta disciplina presupuestaria duradera.

El Consejo, en su informe provisional al Consejo Europeo de Florencia, ya presentó los grandes rasgos de dicho Pacto. Desde dicha reunión, el Consejo ha continuado trabajando sobre este tema, y en la actualidad está en condiciones de presentar sugerencias relativas a los elementos principales de un Pacto de estabilidad y crecimiento, incluida una posible resolución del Consejo Europeo, con arreglo a los procedimientos y principios del Tratado. Dichos elementos figuran en el Capítulo II del presente informe.

5. En su trabajo sobre el marco jurídico del euro, el Consejo ha confiado particularmente en la ayuda del IME y de la Comisión. La preparación técnica de la legislación adelantó significativamente en la reunión informal del Consejo del mes de septiembre. En el Capítulo III figura un informe sobre el estado de preparación de la legislación.

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I. Relaciones entre los Estados miembros que estén dentro y fuera del ámbito del euro durante la tercera fase

6. En su trabajo sobre la relación entre los Estados miembros que formen parte del ámbito del euro y los que no formen parte del mismo, el Consejo se guió por los principios establecidos en su informe provisional adoptado por el Consejo Europeo de Florencia. Allí se acordó lo siguiente:

  • que todos los Estados miembros, tanto si adoptan el euro como si no, tienen un fuerte interés común en el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y en el mecanismo de tipos de cambio. Como consecuencia, todos los Estados miembros participarán en el diálogo sobre las cuestiones planteadas por el paso a la tercera fase de la UEM, incluidas las monetarias y de tipos de cambio, así como las institucionales y presupuestarias;
  • que para el correcto funcionamiento del mercado único y para una mayor inversión, crecimiento y empleo es necesario un entorno económico estable, y que por tanto éste interesa a todos los Estados miembros.

7.A lo largo de los últimos meses, el Consejo ha proseguido sus trabajos sobre estos aspectos de las relaciones entre los Estados miembros que formen parte del ámbito del euro y los que no formen parte del mismo. Al hacerlo, ha procurado basarse en la unidad a la que ha llegado la Comunidad y reforzarla, y en particular garantizar que los órganos comunitarios competentes continúen funcionando de manera eficaz y armónica.

8. En el informe provisional del Consejo al Consejo Europeo de Florencia, se declaró que el correcto funcionamiento del mercado único no debe ponerse en peligro por los desajustes de los tipos de cambio reales, ni por fluctuaciones excesivas de los tipos de cambio nominales entre el euro y las demás divisas de la UE, lo que interrumpiría los flujos comerciales entre los Estados miembros. La convergencia duradera de los indicadores económicos fundamentales es un requisito previo para una estabilidad sostenible de los tipos de cambio. Para ello se está de acuerdo en que durante la tercera fase de la UEM todos los Estados miembros deberán aplicar políticas monetarias disciplinadas y responsables encaminadas a estabilizar los precios. La coordinación de las políticas monetarias en el marco del Consejo General del BCE desempeñará por lo tanto un papel principal. Para una estabilidad duradera de los tipos de cambio es por lo menos igualmente esencial que en todos los Estados miembros se apliquen políticas fiscales y estructurales sanas.

9. El informe adoptado en Florencia dejó también claro que el mecanismo de tipos de cambio podrá ayudar a garantizar que los Estados miembros orienten sus políticas hacia la estabilidad, fomenten la convergencia entre los Estados miembros que no participen en la moneda única y les ayuden de esta forma en sus esfuerzos para adoptar la moneda única. Simultáneamente, también podría protegerles a ellos y a los Estados miembros participantes de presiones injustificadas de los mercados de divisas. En estos casos, podrá ayudar a los Estados miembros no participantes, cuando se presione a sus monedas, a combinar respuestas políticas adecuadas, incluidas medidas relativas a los tipos de interés, con una intervención coordinada. Asimismo ayudaría a garantizar que los Estados miembros que deseen adoptar el euro después del 1 de enero de 1999 reciban un trato igual al de los que participaron inicialmente con respecto al cumplimiento de los criterios de convergencia.

10.A la vista de estas consideraciones, el Consejo Europeo aceptó que es verdaderamente adecuado que un nuevo mecanismo de tipos de cambio sustituya al actual MTC a partir del 1 de enero de 1999. El nuevo mecanismo plasmará la experiencia adquirida con el actual sistema y permitirá la continuidad. Será necesario permitir una flexibilidad suficiente, sobre todo para conciliar los distintos grados, ritmos y estrategias de la convergencia económica de los Estados miembros que no se incorporen al ámbito del euro y se unan al mecanismo ("los demás participantes"). Convertirse en miembro seguirá siendo voluntario. Con todo, se espera que los Estados miembros acogidos a una excepción adopten el mecanismo.

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El nuevo mecanismo de tipos de cambio (MTC 2)

11. El MTC 2 se basará en tipos centrales definidos respecto del euro, que será el centro del sistema. La banda de fluctuación normal será relativamente amplia, al igual que la actual. Mediante la aplicación de políticas económicas y monetarias orientadas a la estabilidad, los tipos centrales seguirán siendo la referencia para los Estados miembros participantes. Tanto los tipos centrales como la banda normal de fluctuación serán acordados entre los Ministros de los Estados miembros del ámbito del euro, el BCE y los Ministros y Gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros no adscritos al euro que participen en el nuevo mecanismo, y ello al término de un procedimiento conjunto en el que participará la Comisión Europea y previa consulta al Comité Económico y Financiero. Los Ministros y Gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros que no participen en el mecanismo de tipos de cambio no tendrán voto en este procedimiento.

12. Las intervenciones marginales serán, en principio, automáticas e ilimitadas, y se dispondrá de financiación a muy corto plazo. Sin embargo, el BCE y los bancos centrales de los otros participantes podrán suspender la intervención si ésta contraviniese el objetivo fundamental del mantenimiento de la estabilidad de precios. Deberá garantizarse que todo ajuste de los tipos centrales se realiza en el momento oportuno, para evitar así desajustes importantes. Todas las partes en el acuerdo, incluido el BCE, tendrían la facultad de iniciar un procedimiento confidencial para revisar los tipos centrales.

13. La cooperación en materia de política de tipos de cambio entre el BCE y los bancos centrales de los otros participantes podría fortalecerse aún más, por ejemplo, permitiendo vínculos cambiarios más estrechos entre el euro y las otras monedas incluidas en el MTC 2, en los casos y en la medida en que ello resulte conveniente teniendo en cuenta los progresos efectuados hacia la convergencia. El procedimiento aplicable dependería de la forma que adoptase ese vínculo más estrecho. Quien tomaría la iniciativa para establecer estos vínculos sería el Estado miembro interesado no incluido en el ámbito del euro. La existencia de dichos vínculos más estrechos, especialmente si conllevase bandas de fluctuación más estrechas, no afectaría a la interpretación del criterio de tipos de cambio contenido en el artículo 109 J del Tratado.

14. Al igual que el MTC 1, el MTC 2 exigirá la coordinación de las políticas económicas y monetarias. El Tratado ofrece una buena base de diálogo para garantizar la estabilidad.

  • Por lo que se refiere a las políticas económicas de los Estados miembros, el artículo 103 del Tratado define el marco de coordinación a escala comunitaria. Dispone que el Consejo debatirá y adoptará orientaciones generales para las políticas económicas, y establecerá una supervisión multilateral de la evolución económica y las políticas económicas para garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y una convergencia sostenida de los resultados económicos. Además, si hubiera Estados miembros fuera del ámbito del euro, y mientras ello sea así, el Comité Económico y Financiero tendrá como función asistir a los Ministros en la supervisión del funcionamiento del MTC 2 así como llevar un control de la situación monetaria y financiera de dichos Estados miembros e informar periódicamente al respecto al Consejo y a la Comisión.
  • Con respecto a los bancos centrales, el Consejo General del BCE supervisará el funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio y servirá de foro para la coordinación de la política monetaria y de tipos de cambio, así como para la administración del mecanismo de intervención y financiación.

Si bien a la hora de llevar a cabo todas estas tareas la estrecha cooperación entre los organismos comunitarios será necesaria y útil, el reparto de responsabilidades deberá respetar la independencia del BCE y de los BCN que no formen parte del ámbito del euro.

15. Las principales características operativas del nuevo mecanismo de tipos de cambio se describen en el documento del IME adjunto al presente informe.

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Un marco de estabilidad

16. Todos los Estados miembros tienen intereses y obligaciones comunes en el ámbito monetario. De hecho, el Tratado estipula que cada Estado miembro considerará su política de tipos de cambio como una cuestión de interés común. Como se reiteró en el informe del Consejo al Consejo Europeo de Florencia antes citado, uno de los requisitos previos para una estabilidad sostenible de los tipos de cambio es la convergencia duradera de los indicadores económicos fundamentales.

17. Los procedimientos de vigilancia descritos en el punto 14 servirán a todos los Estados miembros para garantizar que sus políticas nacionales se orientan a la estabilidad de precios y a unas finanzas públicas saneadas, creando así las condiciones para mantener estables los tipos de cambio. Si bien la adhesión al MTC 2 sigue siendo voluntaria, puede esperarse que los Estados miembros acogidos a una excepción adopten el mecanismo y tengan un tipo de cambio central respecto del euro, facilitando así un punto de referencia que será útil para juzgar la adecuación de sus políticas. Los Estados miembros que queden fuera del MTC 2 y que no posean, por lo tanto, un tipo central deberán presentar políticas para permitir una adecuada supervisión por parte del Consejo, que puede formular, en caso necesario, recomendaciones no vinculantes con arreglo al artículo 103 del Tratado CE, y del Consejo General del BCE. Esta supervisión tendrá por objetivo garantizar que sus políticas se orientan a la estabilidad, evitando así desajustes de los tipos reales de cambio y fluctuaciones excesivas del tipo de cambio nominal. De este modo, podrá hacerse efectiva la disposición del artículo 109 M del Tratado CE, por la cual cada Estado miembro considerará su política de tipos de cambio como una cuestión de interés común. Las políticas se expondrán en los programas de convergencia.

El Consejo y la Comisión siguen estudiando los métodos para supervisar de forma efectiva la evolución de los tipos de cambio.

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II. Garantizar la disciplina presupuestaria en la tercera fase de la UEM (Pacto de estabilidad y crecimiento)

18. El Tratado impone a los Estados miembros, en la tercera fase de la UEM, la obligación de evitar los déficit excesivos (3) . Unas finanzas públicas saneadas son cruciales para preservar condiciones económicas estables en los Estados miembros y en la Comunidad. Alivian la presión sobre la política monetaria y fomentan expectativas de inflación baja y estable de forma que puedan esperarse tipos de interés bajos. Son condición esencial para un crecimiento sostenible y no inflacionista y para un alto nivel de empleo.

19. Para ello, el Consejo propone adoptar normativas relativas al fortalecimiento de la vigilancia y de la disciplina presupuestaria, así como para acelerar y clarificar el procedimiento relativo a los déficit excesivos. Estas normativas, combinadas con una Resolución del Consejo Europeo, constituirán un Pacto de estabilidad y crecimiento. La Resolución expresaría el solemne compromiso político de la Comisión, del Consejo y de los Estados miembros en lo que se refiere a la aplicación estricta y oportuna del Pacto. El procedimiento de vigilancia y el procedimiento relativo a los déficit excesivos (excepto, en particular, las sanciones) serán comunes para todos los Estados miembros. Los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro estarán obligados a presentar programas de estabilidad y estarán sujetos a sanciones acordadas por no actuar de manera efectiva contra los déficit excesivos. En el procedimiento de vigilancia, los demás Estados miembros estarán obligados a presentar únicamente programas de convergencia. En el procedimiento relativo a los déficit excesivos no podrán aplicárseles sanciones.

20. En el presente capítulo del informe, el Consejo presenta los elementos principales del Pacto de estabilidad y crecimiento. Un pacto creíble y efectivo garantizará la disciplina presupuestaria en la tercera fase de la UEM con arreglo a los principios y procedimientos del Tratado, sin cambiar en absoluto los requisitos para la adopción del euro, ni en el primer grupo ni posteriormente.

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Vigilancia reforzada de las situaciones presupuestarias

21. Cada Estado miembro se comprometerá a conseguir a medio plazo una situación presupuestaria cercana al equilibrio o con superávit. Esto permitirá que funcionen los estabilizadores automáticos, cuando sea necesario, a lo largo de todo el ciclo económico sin superar el valor de referencia del déficit del 3%. Esto fue lo acordado en el Consejo Europeo de Florencia.

22. El Derecho derivado exigirá que los Estados miembros que adopten el euro presenten programas de estabilidad, en los que especificarán sus objetivos presupuestarios a medio plazo, junto con las medidas de ajuste para el superávit o el déficit público y las medidas previstas para el coeficiente de endeudamiento público. Además, los programas contendrán los supuestos principales sobre tendencias económicas así como un análisis de sensibilidad del déficit y de la situación de la deuda y una explicación acerca de lo que se está haciendo para alcanzar el objetivo.

23. La Comisión presentará una propuesta legislativa aparte que dispondrá que los Estados miembros que no pertenezcan al ámbito del euro deberán presentar programas de convergencia. La información que contendrán los programas, en lo que se refiere a la política presupuestaria, será similar a la de los programas de estabilidad.

24. Los Estados miembros se comprometerán a adoptar las acciones que crean necesarias para conseguir los objetivos de sus programas. Los programas de estabilidad y de convergencia serán plurianuales y se actualizarán cada año para tener en cuenta la última información disponible. Los Estados miembros harán públicos sus programas de estabilidad y de convergencia.

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Sistema de alerta rápida: control y vigilancia

25. La Comisión y el Consejo estudiarán dichos programas de estabilidad y de convergencia y supervisarán los resultados presupuestarios de los Estados miembros en relación a sus objetivos a medio plazo y medidas de ajuste, con vistas a alertar rápidamente de cualquier deterioro importante que pudiera llevar a un déficit excesivo. En estos casos el Consejo enviará recomendaciones a los Estados miembros que proceda.

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Procedimiento relativo a los déficit excesivos

26. La adhesión al objetivo de una sólida situación presupuestaria cercana al equilibrio o con superávit permitirá que los Estados miembros hagan frente a las fluctuaciones cíclicas normales y mantengan simultáneamente su déficit público por debajo del valor de referencia del 3%. Sin embargo, para evitar los déficit excesivos y garantizar que, cuando se produzcan, se eliminen rápidamente, será necesario establecer disposiciones detalladas para la aplicación del procedimiento relativo a los déficit excesivos. Un Reglamento del Consejo dispondrá la agilización y aclaración del procedimiento, en particular estableciendo definiciones claras y fijando fechas límite para las fases. Una vez que se haya decidido que un déficit excesivo persiste, y en la medida en que un Estado miembro haya incumplido la decisión establecida con arreglo al apartado 9 del artículo 104 C del Tratado, el Consejo, con arreglo al apartado 11 de dicho artículo, impondrá sanciones de acuerdo con una escala preestablecida. La Resolución del Consejo Europeo mencionada en el apartado 37 aportará las directrices políticas para aplicar de forma rápida y eficaz dicho procedimiento.

27. Un déficit público superior al valor de referencia del 3% se considerará excepcional cuando sea consecuencia de un acontecimiento inhabitual que escape al control del Estado miembro de que se trate y que tenga un gran impacto en la posición financiera de las administraciones públicas o cuando sea consecuencia de una recesión económica grave.

28. Se invitará a la Comisión a que participe en la Resolución del Consejo Europeo (véase apartado 37) para elaborar un informe siempre que el déficit público actual o previsto supere el valor de referencia del 3%, iniciando así el procedimiento a que se refiere el apartado 3 del artículo 104 C. Al elaborar dicho informe, la Comisión considerará, por norma general, que cuando el déficit supere el valor de referencia como consecuencia de una recesión económica, dicho déficit sólo será excepcional si se ha producido una caída anual del PIB real de al menos el 2%.

29. El Comité Económico y Financiero emitirá un dictamen sobre el informe de la Comisión en un plazo de dos semanas. Tomando plenamente en cuenta dicho dictamen y en caso de que considere que existe un déficit excesivo, la Comisión remitirá un dictamen y una recomendación al Consejo para que éste adopte una decisión. En caso de que la Comisión considere que un déficit no es excesivo, se la invitará a participar en la Resolución del Consejo Europeo para que presente por escrito al Consejo la motivación de su posición. El Consejo podrá así discutir el tema teniendo en cuenta tanto la posición de la Comisión como el dictamen del Comité Económico y Financiero. El Consejo podría decidir, por mayoría simple, pedir a la Comisión con arreglo al artículo 109 D que presente una recomendación. Se invitará a la Comisión a que participe en la Resolución del Consejo Europeo para que formule, por regla general, dicha recomendación en respuesta a la petición del Consejo.

30.A la hora de decidir, con arreglo al apartado 6 del artículo 104 C, sobre una recomendación de la Comisión en lo que se refiere a la existencia de un déficit excesivo, el Consejo tendrá en cuenta en su evaluación global cualquier observación efectuada por el Estado miembro que muestre que la caída anual del PIB real inferior al 2% es sin embargo excepcional a la luz de otras indicaciones en ese sentido, en particular a la brusquedad de la recesión o de las pérdidas de producción acumuladas respecto a tendencias históricas.

31. Cuando el Consejo decida declarar la existencia de un déficit excesivo, dirigirá al Estado miembro de que se trate recomendaciones " con vistas a poner fin a esta situación en un plazo determinado" (apartado 7 del artículo 104 C). En dichas recomendaciones se establecerán por tanto plazos claros para que: i) se tomen medidas efectivas (en un plazo de cuatro meses) y ii) se corrija el déficit excesivo durante el año siguiente a la determinación del déficit, a menos que concurran circunstancias excepcionales. El Consejo juzgará inicialmente si se han tomado medidas efectivas basándose en las decisiones hechas públicas del Gobierno.

32. Cuando un Estado miembro no actúe de acuerdo con las decisiones del Consejo correspondientes a los apartados 7 a 9 del artículo 104 C, el Consejo, de conformidad con el apartado 11 de dicho artículo, impondrá sanciones, entre las que podrá incluirse un depósito sin devengo de intereses. Dichas sanciones se impondrán durante los diez meses que sigan a la notificación de los datos que notifiquen la existencia de un déficit excesivo. De producirse un déficit planificado deliberadamente que el Consejo juzgue excesivo se aplicará un procedimiento acelerado.

33. El procedimiento sobre el déficit excesivo se mantendrá en suspenso cuando el Estado miembro en cuestión haya realmente adoptado, mediante decisión gubernamental formal, las medidas adecuadas para dar respuesta a una recomendación con arreglo al apartado 7 del artículo 104 C o a una advertencia formulada de acuerdo con el apartado 9 del mismo artículo. La Comisión y el Consejo supervisarán continuamente los progresos del Estado miembro hasta que el Consejo decida con arreglo al apartado 12 del artículo 104 C que el déficit excesivo se ha corregido. Si la medida no se aplica o resulta inadecuada, el procedimiento se reanudará de forma inmediata, lo cual dará lugar a que se impongan sanciones según el apartado 11 del artículo 104 C en los tres meses que sigan a la reanudación del procedimiento.

34. Si los datos efectivos demuestran que, en el plazo previsto en la Recomendación con arreglo al apartado 7 del artículo 104 C o en la advertencia formulada según el apartado 9 del artículo 104 C, no se ha corregido el déficit excesivo, el Consejo reanudará de forma inmediata el procedimiento sobre dicho déficit.

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Estructura y magnitud de las sanciones

35. Cuando se impongan sanciones por primera vez, éstas deberán incluir un depósito sin devengo de intereses que debería convertirse en multa si, al cabo de dos años, el déficit público del Estado miembro de que se trate sigue siendo excesivo. Cuando el déficit excesivo resulte del incumplimiento del valor de referencia del déficit público, la cantidad del depósito o de la multa se calculará a partir de un componente fijo igual al 0,2% del PIB y de un componente variable igual a una décima parte de la cantidad en que el déficit supere el valor de referencia del 3% del PIB. Para el importe anual de los depósitos, habrá un tope máximo del 0,5% del PIB. El importe de la sanción se basará en los resultados del año en que se haya registrado el déficit excesivo.

36. Sigue en estudio la utilización de los intereses de los depósitos y los ingresos por multas, partiendo de la idea de que no se incrementaría el gasto comunitario.

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Resolución del Consejo Europeo sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento

37. Cuando utilicen el margen que el Derecho derivado debe necesariamente otorgarles, el Consejo y la Comisión podrán recibir orientaciones del Consejo Europeo a través, por ejemplo, de una Resolución del Consejo Europeo. Esta Resolución constituirá una importante orientación política para la Comisión, el Consejo y los Estados miembros a la hora de aplicar los procedimientos. En dicha Resolución se invitará a todas las Partes a aplicar estrictamente el Tratado y las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento. La Comisión debería comprometerse claramente al respecto, y a elaborar un informe sobre la situación presupuestaria del país correspondiente, siempre que exista el riesgo de un déficit excesivo o el déficit público real o previsto exceda el valor de referencia.

Se invitaría al Consejo a tomar las decisiones oportunas para agilizar el procedimiento en la medida de lo posible. En caso de que, previa recomendación de la Comisión, el Consejo no actuara en ninguna fase del procedimiento, en la Resolución se solicitaría al Consejo que manifestase, siempre por escrito, las razones que justifican su decisión de no actuar y que hiciese público los votos emitidos por cada Estado miembro. La Resolución también recogería los acuerdos políticos sobre la aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento. Concretamente, en la Resolución se solicitaría al Consejo que decidiese en todos los supuestos la imposición de sanciones en caso de que un Estado miembro participante no adoptara las medidas necesarias para poner fin a la situación de déficit excesivo según las recomendaciones del Consejo.

Esta Resolución recogerá el compromiso por parte de los Estados miembros de no recurrir a las ventajas que establece el apartado 30 a menos que se hallen en una grave recesión. Al evaluar si la recesión económica es grave, los Estados miembros tomarán por norma general como referencia una caída anual del PIB real de al menos 0,75%.

En los considerandos del Reglamento del Consejo se haría referencia explícita a la Resolución.

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III. Legislación por la que se establece el marco jurídico para la utilización del euro

38. El marco jurídico para la utilización del euro es de máxima importancia pues abarca la lex monetae de la unión monetaria y las disposiciones jurídicas por las que la moneda única sustituirá a las monedas nacionales que participen y a la Unidad de Cuenta Europea (ECU).

En la reunión informal de Dublín, se convino en la necesidad imperiosa de aclarar cuanto antes algunos puntos sobre una base jurídica firme, en interés del buen funcionamiento de los mercados financieros.

39. Se decidió, por tanto, extraer las disposiciones de pronta aplicación y prever su rápida adopción mediante Reglamento del Consejo en virtud del artículo 235 del Tratado CE. Este Reglamento dispondrá, principalmente, la sustitución del ecu por el euro con un valor de uno por uno desde el principio de la tercera fase, la continuidad de los contratos una vez introducido el euro y las normas técnicas para los índices de conversión, además del redondeo. Todas las demás disposiciones se incluirán en un Reglamento del Consejo que se adoptará en virtud del apartado 4 del artículo 109 L del Tratado CE. A pesar de que el Consejo no podrá adoptar este Reglamento hasta principios de 1998, ya se están completando las primeras fases del proceso legislativo.

El citado Reglamento dispondrá concretamente que la moneda de los Estados miembros participantes será el euro desde el primer día de la tercera fase y que, durante un período transitorio, el euro se dividirá en unidades monetarias nacionales; también regulará la introducción de billetes y monedas en euros. Conforme al principio de "ni prohibición ni obligación", dicho acto regulará simultáneamente el uso del euro y de las unidades monetarias nacionales durante el período transitorio y garantizará que la legislación monetaria de los Estados miembros que participen siga aplicándose, sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento, durante dicho período, en que sólo tendrán curso legal los billetes y las monedas nacionales.

40. El 16 de octubre de 1996, la Comisión adoptó propuestas sobre estos dos Reglamentos. Esas propuestas han sido objeto de un estudio detenido por parte de un Grupo del Consejo. Existe ahora un texto de Reglamento basado en el artículo 235, tal como se convino en el Grupo del Consejo. El Grupo convino asimismo el texto del otro Reglamento. Las disposiciones de los artículos 10 y 11 del Reglamento basado en el apartado 4 del artículo 109 L del Tratado, sobre la circulación de los billetes y monedas en euro, contemplan una fecha que deberá decidirse, de conformidad con el escenario de Madrid, cuando se adopte el Reglamento: por motivos técnicos no es posible decidir esa fecha ahora. Se debe también seguir trabajando en el apartado 4 del artículo 8.

El Consejo, tras considerar los dictámenes del Parlamento Europeo y del IME, aprobó el texto de ambos Reglamentos el 12 de diciembre de 1996.

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IV. Conclusiones

41. Se invita al Consejo Europeo a que apruebe el presente informe. En espera de dicha aprobación, el Consejo propone las siguientes medidas:

a. Nuevo mecanismo de tipos de cambio

El Consejo presentará un proyecto de Resolución para su adopción por parte del Consejo Europeo del próximo mes de junio en la que se fijarán los elementos fundamentales del MCT 2. En esta Resolución, el Consejo Europeo seguirá el precedente sentado en 1978 en relación con el presente mecanismo. Al mismo tiempo, el IME preparará un proyecto de acuerdo entre bancos centrales que se presentará al Banco Central Europeo (BCE) y a los bancos centrales de los Estados miembros que no formen parte del ámbito del euro una vez creado el BCE.

b. Pacto de estabilidad y crecimiento

Después del Consejo Europeo de Dublín, el Consejo creará un Grupo que se encargará de estudiar a fondo las propuestas de la Comisión a fin de adoptar de forma inmediata los citados Reglamentos una vez el Consejo Europeo del próximo mes de junio haya adoptado la Resolución sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento, de la que el Consejo presentará un proyecto.

c. Marco jurídico para la utilización del euro

El Consejo adoptará el Reglamento urgente basado en el artículo 235 en fecha próxima. La adopción formal del Reglamento basado en el apartado 4 del artículo 109 L no será posible antes de 1998. En su conjunto, ambos Reglamentos establecen el marco jurídico para la utilización del euro.

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Anexo 1 del Anexo I: Decisiones que debe adoptar el Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, de conformidad con el apartado 3 del artículo 109 J del Tratado CE

Como parte de los preparativos para la tercera fase de la UEM y de conformidad con el apartado 2 del artículo 109 J, el Consejo debe evaluar a finales de 1996, para cada Estado miembro, si cumple las condiciones necesarias para la adopción de una moneda única, y si una mayoría de Estados miembros cumple las condiciones necesarias para la adopción de una moneda única, y recomendar sus conclusiones al Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno. En el Consejo Europeo de Madrid de hace un año ya quedó claro, como se confirmó en Florencia, que a finales de 1996 la mayoría de los Estados miembros no cumpliría las condiciones para la adopción de una moneda única, por lo que el 1 de enero de 1999 (última fecha prevista en el Tratado) sería la fecha de comienzo de la tercera fase de la UEM.

Como base para su Recomendación, el Consejo ha recibido informes de la Comisión y del IME según dispone el apartado 1 del artículo 109 J. Tal como establece el Tratado, estos informes incluyen un examen de la compatibilidad de la legislación nacional de cada Estado miembro, incluidos los Estatutos de su banco central nacional, con el artículo 107 y el artículo 108 del Tratado y con los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). Estos informes examinan también la consecución de un alto grado de convergencia sostenible, atendiendo al cumplimiento por parte de cada uno de los Estados miembros de cuatro criterios. Estos criterios se refieren a la estabilidad de los precios, la situación sostenible de las finanzas públicas, el respeto de los márgenes normales de fluctuación que establece el mecanismo de tipos de cambio del Sistema Monetario Europeo y los niveles de tipos de interés a largo plazo.

El Consejo aprovecha la ocasión para subrayar que son de estricto cumplimiento los cuatro criterios de convergencia sostenible y el requisito relativo a la independencia del banco central. Son factores esenciales para que la futura realización de la unión monetaria tenga garantías de estabilidad y el euro goce de su estatuto de moneda fuerte. También es importante que, cuando se apliquen los criterios a principios de 1998, se haga con vistas a garantizar la situación sostenible particularmente de las finanzas públicas y a que éstas no se vean afectadas por medidas de carácter temporal.

Los informes a que se refiere el apartado 1 del artículo 109 J indican que se han logrado avances importantes hacia el logro de la independencia de los bancos centrales nacionales, aunque en algunos Estados miembros aún no haya concluido el proceso. Asimismo, en relación con la convergencia, se han logrado avances pero aún queda mucho por hacer. En muchos países, la situación de las finanzas públicas sigue sin ser satisfactoria: ha habido mejoras en los últimos años, pero aún hay que hacer esfuerzos importantes para reducir el déficit público y la deuda.

Así, el Consejo (Ecofin) ha realizado, previa recomendación de la Comisión, la evaluación prevista en el apartado 2 del citado artículo, de la cual se desprende que, en estos momentos, no hay una mayoría de Estados miembros que cumpla las condiciones necesarias para adoptar una moneda única, y presenta al Consejo, en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, la Recomendación para que decida al respecto así como una Decisión por la que la Comunidad no iniciará la tercera fase de la UEM en 1997 y, por tanto, el procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 109 J se aplicará cuanto antes en 1998.

El Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, querrá también considerar el dictamen del Parlamento Europeo.


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Annexe 2 à l'ANNEXE I

INSTITUT MONETAIRE EUROPEEN
Rapport établi à l'intention du Conseil européen qui se réunira à Dublin les 13 et 14 décembre 1996

LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DES POLITIQUES MONETAIRES ET DE CHANGE ENTRE LES ETATS MEMBRES AYANT ADOPTE L'EURO ET LES AUTRES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE

Final: 7 octobre 1996

INTRODUCTION

Conformément au mandat que lui a donné le Conseil européen de Madrid, l'Institut monétaire européen (IME), s'appuyant sur l'accord dégagé lors de la réunion du Conseil européen à Florence (4) , ainsi que sur le large soutien exprimé lors de la réunion informelle du Conseil ECOFIN à Dublin (5) , a achevé la première phase de ses travaux préparatoires concernant les relations futures sur le plan monétaire et de la politique de change entre les Etats membres ayant adopté l'euro et les autres pays de l'Union européenne (UE). Le présent rapport traduit le large consensus obtenu au sein du Conseil de l'IME sur les objectifs, les principes et les principales caractéristiques de fonctionnement du nouveau mécanisme de change.

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I. OBJECTIFS, PRINCIPES ET STRUCTURE DU MECANISME

1. La nécessité d'une coopération dans le domaine des politiques monétaire et de change

La coordination étroite des politiques économiques entre les Etats membres ayant adopté l'euro et les autres pays de l'UE, dès le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM), est un problème d'intérêt commun et constitue un élément à part entière du processus d'achèvement de l'UEM. Pour que le bon fonctionnement et le développement du marché unique soient assurés, il importe tout particulièrement d'éviter des distorsions durables des taux de change réels entre l'euro et les autres monnaies de l'UE ainsi que des fluctuations excessives des cours de change nominaux, qui perturberaient les échanges commerciaux entre les Etats membres. Pour cette raison, chaque Etat membre est tenu, en vertu de l'article 109 M du traité, de traiter sa politique de change comme un problème d'intérêt commun.

Une convergence durable des données économiques fondamentales, notamment la stabilité des prix, est une condition nécessaire pour que la stabilité des taux de change soit assurée sur le long terme. Pour atteindre cet objectif, tous les Etats membres devront poursuivre, durant la troisième phase de l'UEM, des politiques monétaires rigoureuses et responsables axées sur la stabilité des prix. La coordination des politiques monétaires dans le cadre du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) jouera donc un rôle capital. La mise en oeuvre de politiques budgétaire et structurelle saines dans chaque Etat membre est au moins aussi indispensable pour l'obtention d'une stabilité durable des taux de change. L'expérience montre que, faute d'une convergence des données économiques fondamentales, toute tentative visant à coordonner les politiques de change est vouée à l'échec. La coopération en matière de change ne peut se substituer aux politiques économiques internes axées sur la stabilité.

L'objectif final de la coopération dans les domaines des politiques économique, monétaire et de change est de réaliser la convergence sur le plan de la stabilité macro-économique, qui conduirait à la stabilité des taux de change par rapport à l'euro. Un dispositif de change peut fournir un cadre de référence aux pays membres menant une politique économique saine orientée vers une convergence économique complète. Il peut contribuer à renforcer la crédibilité de celle-ci en fournissant un point d'ancrage aux anticipations des agents économiques. De plus, un tel accord peut offrir un dispositif permettant de contrer les pressions du marché qui ne sont pas justifiées au vu des données économiques fondamentales. En particulier, il est susceptible d'aider un pays membre dont la monnaie est soumise à des tensions à combiner des mesures correctrices appropriées, notamment des modifications de taux d'intérêt, avec des interventions coordonnées.

La coopération dans le domaine des politiques monétaire et de change doit être suffisamment souple pour tolérer des disparités et des stratégies différentes en matière de convergence économique. Les conclusions de la réunion du Conseil européen de Florence précisent que "la participation à celui-ci demeurerait facultative ; toutefois, on peut s'attendre à ce que les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation participent au mécanisme", dès qu'ils auront réalisé un degré de convergence économique satisfaisant. En outre, il faut que les divers mécanismes communautaires de coordination des politiques économiques et monétaires (voir chapitre II, paragraphe 2) fonctionnent de telle manière que l'on puisse examiner et suivre de près l'évolution des taux de change dans l'ensemble des autres pays de l'UE, qu'ils participent ou non au dispositif de change, en vue de satisfaire aux prescriptions de l'article 109 M du traité et d'assurer le bon fonctionnement du marché unique. Bien que le présent rapport soit consacré essentiellement au mécanisme de change, il convient de garder à l'esprit qu'il est nécessaire que l'ensemble du dispositif de coordination des politiques économiques ait une portée plus vaste.

2. Les principes d'un mécanisme de change pour la troisième phase

Pour concevoir un mécanisme de change pour la troisième phase, il faut prendre tout particulièrement en considération le nouvel environnement économique et institutionnel qui prévaudra probablement à ce moment-là. Cinq points principaux doivent retenir l'attention.

Premièrement, on doit préserver l'obligation statutaire pour la BCE de maintenir la stabilité des prix. Si des mesures visant à influencer les taux de change faisaient surgir des obstacles empêchant la Banque centrale européenne nou vellement créée de poursuivre son objectif principal, on se trouverait en présence d'une situation qui nuirait à la crédibilité de l'UEM. Ces considérations concernent également les banques centrales nationales des pays n'ayant pas adopté l'euro (6) , qui doivent aussi avoir pour objectif principal de maintenir la stabilité des prix.

En deuxième lieu, on s'attend à ce que l'euro joue un rôle de point d'ancrage dans la coopération en matière de politique monétaire et de change dans l'UE. Cette situation découlera naturellement, en tout premier lieu, de la stabilité de l'euro et du fait que les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation créeront probablement les conditions leur permettant d'adopter l'euro à une date ultérieure.

Troisième point, il faut donner au dispositif une souplesse suffisante, permettant notamment de tenir compte des disparités en matière de convergence économique dans les pays membres n'ayant pas adopté l'euro, qu'il s'agisse du degré de convergence réalisé, de la rapidité des progrès accomplis ou de la stratégie adoptée par chacun d'entre eux.

Quatrièmement, il importe de veiller à ce que les ajustements éventuels des cours centraux interviennent à temps afin d'éviter des distorsions importantes.

Enfin, on doit garantir, par principe, la continuité et l'égalité de traitement entre tous les pays membres en ce qui concerne le respect des critères de convergence, notamment celui relatif aux taux de change.

3. La structure générale du mécanisme

Compte tenu des compétences et des responsabilités respectives, il paraît opportun de conserver la structure à deux pilier de l'actuel mécanisme de change (MCE), qui est fondée sur deux accords parallèles entre les gouvernements, d'une part, et entre les banques centrales, d'autre part. Une résolution du Conseil européen constituerait l'assise du nouveau mécanisme tandis que les modalités de son fonctionnement seraient fixées dans le cadre d'un accord conclu entre la BCE et les banques centrales des pays n'ayant pas adopté l'euro.

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II. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE CHANGE

Eu égard aux principes énoncés plus haut, on pourrait concevoir le nouveau mécanisme de la manière suivante.

1. Les taux centraux et les marges de fluctuation

Le nouveau mécanisme de change serait fondé sur des taux centraux déterminés par rapport à l'euro pour chacune des monnaies des pays n'ayant pas adopté l'euro. On instituerait pour ces monnaies une marge de fluctuation uniforme de part et d'autre de leurs cours centraux. La largeur exacte de la bande n'a pas encore été fixée, mais cette dernière devrait être relativement large.

Si cela est jugé nécessaire, les pays membres n'ayant pas adopté l'euro pourraient instituer, sur une base bilatérale, des marges de fluctuation entre leurs monnaies et conclure des accords en matière d'intervention, dans le but de limiter les fluctuations excessives des taux de change bilatéraux. Préalablement à la conclusion de tels accords, les Etats membres concernés n'ayant pas adopté l'euro consulteraient de manière strictement confidentielle, toutes les autres parties au nouveau mécanisme de change.

La BCE, les ministres des pays membres ayant adopté l'euro et les ministres et les gouverneurs des banques centrales des pays membres n'ayant pas adopté l'euro fixeraient les taux centraux et les marges larges uniformes d'un commun accord selon une procédure commune à laquelle participerait la Commission européenne, après consultation du Comité économique et financier. Les ministres et les gouverneurs des banques centrales des autres pays de l'UE qui ne participent pas au mécanisme de change n'auront pas le droit de vote dans cette procédure.

La viabilité des rapports de change devra faire l'objet, en permanence, d'une surveillance étroite. Toutes les parties à l'accord, et notamment la BCE, auraient le droit d'entamer une procédure confidentielle visant à réexaminer les taux centraux.

2. La surveillance du fonctionnement du système

Conformément au traité, on envisagera la coordination, à l'intérieure de l'UE, des politiques monétaires et des politiques de change entre les pays ayant adopté l'euro et les Etats membres n'ayant pas adopté l'euro comme la continuation du mécanisme actuel. Le Comité économique et financier sera, conjointement avec la Commission européenne, impliqué dans la coordination des politiques économiques. En outre, si et tant que des Etats membres font l'objet d'une dérogation, le Comité économique et financier suivra la situation monétaire et financière de ces Etats (7) . Au niveau des banques centrales, le conseil général de la BCE supervisera le fonctionnement du dispositif de change et sera l'enceinte permettant d'assurer la coordination des politiques monétaire et de change ainsi que la gestion des mécanismes d'intervention et de financement (8) . Bien qu'une étroite coopération entre les organes communautaires soit nécessaire et utile dans l'exercice de ces diverses activités, la répartition des responsabilité devra se faire dans le respect de l'indépendance de la BCE et des banques centrales des pays n'ayant pas adopté l'euro.

3. Les interventions et les mécanismes de financement

En principe, les interventions de change et le financement - après une utilisation appropriée des réserves de change - aux limites larges uniformes seront automatiques et porteront sur des montants illimités. Les interventions doivent constituer un instrument de soutien, venant compléter d'autres mesures prises par les pouvoirs publics, et notamment la mise en oeuvre de politiques budgétaires et monétaires propices à la convergence économique.

La BCE et les banques centrales des pays membres n'ayant pas adopté l'euro auraient la possibilité de suspendre leurs interventions et leurs opérations de financement si celles-ci étaient susceptibles d'entrer en conflit avec leur objectif principal. Pour prendre leur décision quant à l'opportunité de recourir à cette clause de sauvegarde, la BCE ou la banque centrale d'un pays membre n'ayant pas adopté l'euro prendrait dûment en considération tous les éléments pertinents, notamment la nécessité de maintenir la stabilité des prix et le fonctionnement crédible du nouveau dispositif de change. Sans préjudice du jugement qu'elle portera en toute indépendance, conformément aux articles 105 et 107 du traité, sur la question de savoir si son objectif prioritaire est menacé, la BCE fondera sa décision sur des faits concrets et tiendra compte, à cet égard, des éventuelles conclusions émanant des autres organes compétents. Il ne paraît ni possible ni souhaitable de déterminer formellement et ex ante les circonstances particulières dans lesquelles la possibilité de suspendre les interventions pourrait être utilisée. La décision finale incomberait à la BCE ou à la banque centrale du pays concerné n'ayant pas adopté l'euro, mais il est entendu que, si elle dispose du temps nécessaire, la BCE ou la banque centrale nationale concernée manifesterait à l'avance, aussi tôt que possible, son intention de suspendre les interventions et le financement.

On garderait la possibilité de procéder à des interventions intramarginales coordonnées, qui seraient décidées par accord mutuel entre la BCE, en sa qualité de banque centrale émettrice de la monnaie d'intervention, et la banque centrale nationale concernée, parallèlement aux autres mesures appropriées prises par cette dernière. A l'instar de la procédure appliquée actuellement dans le MCE, les interventions intramarginales unilatérales, si elles dépassaient certains seuils, resteraient soumises à l'approbation préalable de la banque centrale émettrice de la monnaie d'intervention.

On conserverait le mécanisme de financement à très court terme (FTCT), qui sera adopté en conséquence. Seraient également maintenues la durée initiale (de deux mois et demi à trois mois et demi), ainsi que les règles régissant la prolongation des échéances des opérations de financement effectuées dans le cadre du FTCT (renouvelables deux fois pour trois mois jusqu'à certains plafonds et/ou sous réserve de l'accord de la banque centrale créditrice). De même que pour le MCE actuel, les encours d'opérations de financement seraient rémunérés à un taux de marché représentatif, correspondant à la durée et à la monnaie de libellé du crédit. Les encours de financement seraient libellés dans la monnaie de la banque centrale créditrice. Le règlement des encours au titre du FTCF se ferait dans la monnaie de la banque centrale créditrice, sauf accord contraire entre la banque centrale créditrice et la banque centrale débitrice.

On maintiendrait pour l'essentiel les règles actuelles du MCE régissant l'accès au FTCT pour les interventions intramarginales, et notamment l'accord prévoyant que l'accès est subordonné à une utilisation appropriée des réserves de change avant le recours au mécanisme. Dans un premier temps, on pourrait conserver les plafonds fixés pour l'accès, ceux-ci pouvant être ajustés au vu des enseignements qui seront tirés du fonctionnement du mécanisme.

Il convient d'abandonner le système de soutien monétaire à court terme (SMCT), dont l'utilité sur le plan pratique a été très limitée dans le passé. Dans la mesure où les quotes-parts du SMCT déterminent les montants des plafonds appliqués au FTCT, il se peut qu'il soit nécessaire de modifier ces derniers.

4. Le renforcement de la coopération dans le domaine des changes

Il serait possible de renforcer la coopération dans le domaine de la politique de change entre les banques centrales des pays n'ayant pas adopté l'euro et la BCE. Ce renforcement pourrait revêtir des formes différentes : le resserrement des liens pourrait impliquer, entre autres, un rétrécissement des marges - qui serait rendu public - avec interventions et financement automatiques aux limites étroites. Une autre possibilité consisterait à définir des zones-cibles informelles plus étroites, qui pourraient rester confidentielles, cette mesure s'accompagnant d'un plus grand rôle joué par les interventions intramarginales coordonnées. Il faut toutefois éviter la prolifération des liens ad hoc. A cet effet, un dispositif standard pourrait servir de cadre de référence pour le resserrement des liens avec les banques centrales des pays membres n'ayant pas adopté l'euro, qui auraient réalisé un degré de convergence suffisamment élevé. L'existence d'une coopération plus étroite n'affecterait pas l'interprétation du critère relatif aux taux de change définie à l'article 109 J du traité, notamment si elle impliquait un resserrement des marges de fluctuation.

Le resserrement des liens en matière de change serait décidé au coup par coup, à l'initiative de l'Etat membre intéressé n'ayant pas adopté l'euro. La procédure à appliquer dépendrait de la forme que pourrait prendre un lien plus étroit. Les dispositifs impliquant des marges plus étroites qui seraient rendues publiques, feraient l'objet d'un accord entre la BCE, les ministres des Etats membres ayant adopté l'euro et le ministre et le gouverneur de la banque centrale du pays membre concerné n'ayant pas adopté l'euro, après consultation des ministres des autres Etats membres n'ayant pas adopté l'euro et du conseil général de la BCE. Tous les autres dispositifs plus étroits revêtant un caractère plus informel feraient l'objet d'un accord entre la BCE et la banque centrale du pays membre concerné n'ayant pas adopté l'euro, après consultation des ministres de tous les Etats membres et du conseil général de la BCE.

Le resserrement des liens en matière de change dépendrait des progrès en matière de convergence économique, mais il ne devrait pas être considéré comme la seule stratégie pouvant être suivie par les Etats membres n'ayant pas adopté l'euro pour progresser dans la voie d'une convergence économique complète. Des liens plus étroits exigeraient un suivi constant de la viabilité des relations plus contraignantes dans le domaine de la politique de change, ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement par les autorités du pays membre n'ayant pas adopté l'euro. L'ensemble des parties ayant conclu d'un commun accord un dispositif de change plus étroit, et notamment la BCE, auraient le droit d'entamer une procédure confidentielle visant à réexaminer le bien-fondé du resserrement des liens en matière de change et pourraient, s'il y a lieu, suspendre les interventions et les opérations de financement si celles-ci étaient incompatibles avec l'objectif principal de la stabilité des prix.

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III. REMARQUES FINALES

Les principales caractéristiques du mécanisme appelé à remplacer l'actuel MCE doivent être annoncées bien avant que ne soient choisis les pays qui composeront le premier groupe d'Etats membres adoptant l'euro. Cette démarche rassurerait les marchés quant à la continuité de la coopération dans le domaine des politiques monétaire et de change au sein de l'UE, permettant ainsi à l'actuel MCE de conserver, durant la période transitoire, sa fonction vis-à-vis des monnaies de pays qui n'auront pas adopté l'euro. Elle pourrait aussi contribuer à dissiper les craintes que pourrait susciter sur les marchés la gestion des taux de change des monnaies des pays n'ayant pas adopté l'euro après le début de la troisième phase. Les modalités de fonctionnement ne seraient pas définies avant la mise en place de la BCE.

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ANEXO II: El desafío del empleo: Declaración de Dublín sobre el empleo

El empleo sigue siendo la primera prioridad de la Unión Europea y de los Estados miembros, así como su mayor desafío. La necesidad de una acción firme y constante nunca ha sido mayor. Aunque durante el pasado año en la Unión Europea en su conjunto se ha producido un ligero incremento del empleo, el Consejo Europeo sigue profundamente preocupado por la lentitud de esta evolución.

Hay, no obstante, claros motivos para el optimismo. Los cambios macroeconómicos, en forma de una inflación baja, la consolidación fiscal, la disminución de los tipos de interés, y el aumento de la confianza y de la rentabilidad de las inversiones, están creando las condiciones para generar más empleo y crecimiento.

La responsabilidad principal de la lucha contra el desempleo incumbe a los Estados miembros. Al mismo tiempo, la Unión deberá apoyar en la máxima medida posible los esfuerzos de los Estados miembros para fomentar el empleo y reducir al mínimo el desempleo. A este respecto, el Consejo Europeo reafirma su compromiso de desarrollar y profundizar la estrategia integrada para el empleo que ha venido desarrollando desde Essen, que abarca las políticas macroeconómicas y las políticas de reforma estructural, e insta a que se siga aplicando con determinación y coherencia.

En sus deliberaciones, el Consejo Europeo ha dado su respaldo al Informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre las medidas en favor del empleo preparado con arreglo a la estrategia de Essen y elaborado a partir del primer Informe de la Comisión sobre la iniciativa "Acción en favor del empleo en Europa: Pacto de confianza". También ha tenido en cuenta en sus deliberaciones el Memorándum del Presidente Chirac sobre un Modelo Social Europeo.

Al estudiar posibles acciones de la Unión, el Consejo Europeo ha tenido también en cuenta la contribución del Comité Permanente del Empleo y el resultado de la reunión de alto nivel que el Comité del Diálogo Social celebró en Dublín el 29 de noviembre.

Es necesario seguir aplicando políticas macroeconómicas orientadas hacia la estabilidad, el crecimiento y el empleo. Por consiguiente, el Consejo Europeo respalda a los Estados miembros en sus esfuerzos en pro de la consolidación presupuestaria. No hay ninguna incompatibilidad entre las políticas macroeconómicas y presupuestarias acertadas, por un lado, y un crecimiento fuerte y sostenible de la producción y del empleo, por otro. El Consejo Europeo insiste en que la reestructuración selectiva del gasto público debería desempeñar un papel de primer orden en el fomento del crecimiento y el empleo, especialmente a través de la inversión en recursos humanos y de políticas activas respecto al mercado laboral. El impacto positivo de unas políticas macroeconómicas adecuadas se realza cuando hay una mayor coordinación de las políticas económicas y estructurales, tal como expone el informe de la Comisión "Europa como entidad económica".

El comienzo de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la introducción del euro, de conformidad con las disposiciones del Tratado, supondrán la creación de una zona de estabilidad que consolidará y reforzará el mercado único mediante la eliminación de los costes de transacción y de los riesgos que suponen los tipos de cambio para el comercio, el turismo y la inversión entre los Estados miembros participantes. La UEM y el euro contribuirán significativamente a la generación del marco macroeconómico estable necesario para que el empleo sea sostenible.

Para garantizar que el crecimiento económico previsible en adelante produzca en materia de empleo los máximos beneficios, el Consejo Europeo respalda el enfoque esbozado en el Informe conjunto sobre el Empleo, así como la necesidad de perseguir, de acuerdo con las circunstancias nacionales, políticas de reforma estructural con objeto de corregir las deficiencias de los mercados laborales de Europa así como las del mercado único de bienes y servicios.

Debe aumentarse la eficacia del mercado laboral y la inversión en recursos humanos mediante:

  • el fomento de la formación permanente, con incentivos tanto para los empresarios como para los trabajadores,
  • el desarrollo de una política enérgica de recursos humanos a fin de dar respuesta a las exigencias de capacitación que plantea la nueva organización de la vida laboral, en la que imperan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
  • la creación de un mercado de trabajo más abierto al empleo mediante el incremento de la capacidad de respuesta de los individuos y las empresas respecto al cambio económico,
  • la modernización de la organización del trabajo y el incremento de la movilidad. Con este fin, los poderes públicos deberían tratar de combinar en sus políticas la protección de los trabajadores con una mayor flexibilidad.

En ello debería prestarse especial apoyo, sobre todo en aras de la igualdad, a los grupos vulnerables: las mujeres y los jóvenes en situación de desempleo y los desempleados de larga duración.

Se alienta a los Estados miembros a:

  • adoptar, con miras a impulsar la igualdad de oportunidades, las medidas necesarias para suprimir la segregación en el mercado laboral y velar por que la elevada participación de mujeres en el trabajo a tiempo parcial no les impida capacitarse para mejorar sus posibilidades futuras de colocación;
  • centrar la formación y la experiencia laboral en las necesidades específicas de los jóvenes, dar una salida concreta a las necesidades de los jóvenes que abandonan los estudios de forma prematura y estudiar medios de alentar a los jóvenes a aceptar un primer empleo; es especialmente valioso el acuerdo de los interlocutores sociales sobre la integración de los jóvenes en el mundo laboral;
  • emprender actuaciones en fases tempranas, dentro de un marco de medidas solidarias prácticas, para evitar que los desempleados deriven hacia el desempleo de larga duración, en particular completando la formación, cuando sea necesario, con asesoramiento individualizado.

Los regímenes fiscales y los sistemas de protección social deberían hacerse más favorables a la creación de empleo.

El Consejo Europeo recuerda la importancia que tiene para los Estados miembros la creación de un entorno fiscal que estimule la actividad empresarial y la creación de puestos de trabajo, así como una política de medio ambiente más eficaz. Más concretamente, los regímenes fiscales y de protección social deben hacerse más propicios a la creación de puestos de trabajo:

  • velando por que dichos regímenes proporcionen incentivos claros para que los solicitantes de empleo acepten los empleos o participen en otras actividades de fomento del empleo, y para que los empresarios contraten a más trabajadores;
  • desarrollando los regímenes de protección social de manera tal que no sólo faciliten a los desempleados una renta sustitutoria sino que favorezcan también activamente la participación en el trabajo o la preparación para el mismo, con objeto de fomentar más adecuadamente la reintegración y reducir la dependencia;
  • desarrollando regímenes de protección social capaces de adaptarse a los nuevos modelos de trabajo y que faciliten una protección social adecuada a las personas que efectúan esos nuevos tipos de trabajo.

Deberían intensificarse los esfuerzos para modernizar los mercados de bienes y servicios y explotar nuevas fuentes de empleo:

  • activando la aplicación de la legislación pendiente en materia de mercado interior a fin de aprovechar al máximo las ventajas del mercado único;
  • fomentando el desarrollo del sector de los servicios, con especial referencia a las PYME;
  • explotando nuevas fuentes de empleo. Los ámbitos de la protección del medio ambiente y de los servicios sociales ofrecen perspectivas particularmente prometedoras a este respecto.

Se debería impulsar la competitividad europea, mediante:

  • el desarrollo de la acotación comparativa como instrumento para controlar y evaluar periódicamente la competitividad de la UE respecto de las prácticas mundiales más adecuadas;
  • el esfuerzo por situarse en la vanguardia del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de vital importancia para el empleo y la competitividad; los Estados miembros, el Consejo, la Comisión y la industria deben redoblar esfuerzos para hacer frente al desafío de la Sociedad de la Información;
  • la prosecución del diálogo entre el Consejo y la Comisión a fin de mejorar la eficacia del control de las ayudas estatales y reforzar los mecanismos de control;
  • la aplicación de los programas de reciente aprobación destinados a seguir mejorando la competitividad de las PYME.

Debería potenciarse el desarrollo local:

  • reconociendo las posibilidades de impulsar el crecimiento del empleo que ofrecen, en particular, las nuevas formas de actividad laboral, delimitando más eficazmente las necesidades de los desempleados y apoyando el establecimiento y desarrollo de nuevas empresas mediante economías locales dinámicas;
  • asegurando el porvenir de las zonas rurales mediante la movilización de toda la economía rural;
  • fomentando en este ámbito el intercambio de las mejores prácticas y experiencias, para informar al Consejo Europeo sobre los resultados a finales de 1997;
  • movilizando los recursos y la contribución de todos los agentes que deban tenerse en cuenta, incluidos los poderes públicos y los interlocutores sociales a nivel local. En este sentido, el Consejo Europeo ha comprobado que muchos Estados miembros han estado impulsando las capacidades de las comunidades locales para participar activamente en su propio desarrollo y acoge favorablemente las reacciones positivas suscitadas por el desarrollo de pactos territoriales de empleo propuestos por la Comisión.

Conclusión

El Consejo Europeo insta a los Estados miembros a llevar adelante de manera resuelta y coherente sus esfuerzos destinados a aplicar la estrategia de Essen y, con ello, a conseguir una mejora duradera de las condiciones para generar empleo sostenible. En su sesión de diciembre de 1997 se propone analizar de nuevo la aplicación de dicha estrategia. Cuenta con que, en su informe conjunto para esa ocasión, el Consejo y la Comisión tratarán de determinar qué prácticas de los Estados miembros han demostrado ser más eficaces para aplicar la estrategia y señalarán los obstáculos estructurales que subsistan para reducir el desempleo.

El Consejo Europeo hace suyo el llamamiento que formula el Presidente de la Comisión en el documento relativo al Pacto de Confianza para que todos los agentes sociales y económicos, a saber, las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales y las Instituciones comunitarias, asuman plenamente sus responsabilidades con respecto al empleo en sus respectivas esferas de actuación. Dada la complementariedad de sus esfuerzos, deberían concertar su impulso a fin de crear las condiciones necesarias para el empleo.

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ANEXO III: Declaración del Consejo Europeo sobre la antigua Yugoslavia

Un año después de la firma, en París, del Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina, el Consejo Europeo se congratula de los avances realizados hasta la fecha en su aplicación, y en el proceso de paz más amplio en la antigua Yugoslavia. Rinde homenaje a los importantes logros de todas las organizaciones y agencias internacionales en Bosnia y Herzegovina durante 1996.

El Consejo Europeo suscribe plenamente los resultados de las reuniones ministeriales celebradas en París (14 de noviembre de 1996) y Londres (4-5 de diciembre de 1996). Apoya los principios rectores del Plan Bienal de Consolidación de la sociedad civil, así como los planes de acción pormenorizados, en los que se especifican las actividades y obligaciones de las autoridades de Bosnia y Herzegovina y de la comunidad internacional para 1997. Atribuye una importancia fundamental al objetivo de que las autoridades de Bosnia y Herzegovina asuman la responsabilidad máxima de los asuntos del país durante el período de consolidación.

El Consejo Europeo destaca la importancia que atribuye a la coordinación eficaz de los aspectos civiles de la aplicación durante el período de consolidación y, a este respecto, reitera el firme apoyo de la UE a las actividades del Alto Representante, cuyo papel de coordinación se ha reforzado para 1997. El rápido establecimiento de una relación formal entre la Misión de Control de la Comunidad Europea y el Alto Representante constituirá una demostración práctica más del apoyo de la Unión a dicha función. El Consejo Europeo también expresa su apoyo al papel que desempeña de forma continuada la OSCE, en particular en la supervisión de las elecciones municipales en 1997 y en relación con el Proceso de Estabilidad de Royaumont. El Consejo Europeo reitera su firme apoyo al Tribunal Penal Internacional y acuerda que aumentará la presión sobre las autoridades de Bosnia y Herzegovina y de otros Estados, en particular aquéllos que no hayan cumplido las órdenes de detención dictadas por el Tribunal, para que cooperen plenamente con el Tribunal, incluida la entrega de los acusados.

La recuperación económica y el regreso de los refugiados serán ámbitos prioritarios durante el período de consolidación. La UE está comprometida a seguir aportando una contribución sustancial al esfuerzo de reconstrucción económica en toda Bosnia y Herzegovina siempre que las propias autoridades de dicho país demuestren su compromiso con respecto al esfuerzo de reconstrucción y observen plenamente las disposiciones del Acuerdo de Paz. En este contexto, el Consejo Europeo se congratula de los planes de la Comisión Europea y del Banco Mundial de convocar otra Conferencia Internacional de Donantes a principios de 1997.

El Consejo Europeo insiste en la necesidad de crear y mantener las condiciones necesarias para propiciar el regreso de los refugiados y personas desplazadas a los lugares de su elección en Bosnia y Herzegovina. Se congratula de que la Comisión Europea, la Oficina del Alto Representante, el ACNUR y el BIRD, junto con los países de acogida y las autoridades de Bosnia y Herzegovina, vayan a trabajar juntos en la elaboración y aplicación de un plan coordinado para lograr dicho objetivo.

El compromiso de la UE para con la paz, la reconciliación y la estabilidad en Bosnia y Herzegovina ha quedado demostrado de forma muy concreta y eficaz en los esfuerzos de la Administración de la UE de Mostar y la Oficina del Enviado especial en dicha ciudad. El Consejo Europeo expresa su satisfacción de que se haya logrado el principal objetivo de la Administración UE de Mostar, a saber la creación de una base para una administración local unificada operativa en la ciudad, y que las autoridades elegidas allí puedan ya asumir la principal responsabilidad de la gestión de sus asuntos. No obstante, subsisten numerosos problemas en Mostar, tales como la continuación de las expulsiones, el hostigamiento, la intimidación y la influencia de la delincuencia organizada, y el hecho de que determinados partidos locales sigan obstruyendo los avances políticos. El Consejo Europeo hace un llamamiento a todas las partes para que trabajen juntas con miras a la reconciliación.

Reconociendo que seguirá siendo necesaria una presencia internacional para supervisar la realización del proceso de paz en Mostar y para consolidar los logros políticos y económicos dentro del marco de las estructuras generales de realización de la paz, apoya la decisión del Alto Representante de establecer una oficina en la ciudad.

El Consejo Europeo recuerda la posición de la UE por lo que se refiere a las relaciones futuras entre la Unión y los países de la antigua Yugoslavia. El desarrollo de las mismas estará supeditado a que se apoye plenamente el Acuerdo de Paz, incluido el respeto de Bosnia y Herzegovina como Estado independiente, democrático y multiétnico con fronteras seguras, a que se coopere plenamente con el Tribunal Penal Internacional y, cuando proceda, a que se apoye plenamente el Acuerdo Básico sobre la región de Eslavonia Oriental en Croacia. El respeto de las normas democráticas y de los derechos humanos y de las minorías son factores clave para la aplicación de este enfoque. El Consejo Europeo recuerda la intención del Consejo de estudiar propuestas de la Comisión Europea a la luz de sus debates en curso con los países de que se trata, relativas a relaciones contractuales en el contexto del enfoque regional de la Unión.

El Consejo Europeo recuerda las Declaraciones de la Presidencia de 22 de noviembre de 1996 relativas a las acciones de determinadas autoridades en Croacia y la República Federativa de Yugoslavia que, a juicio de la Unión, son contrarias al objetivo de avanzar hacia la democracia. En ambos países, la situación de los medios de comunicación independientes sigue siendo una fuente de preocupación.

El Consejo Europeo recuerda las conclusiones del Consejo de 6 de diciembre de 1996 en las que se condena la anulación de determinados resultados electorales en la República Federativa de Yugoslavia. Toma nota de que subsisten graves tensiones e insta a las autoridades de Belgrado a que demuestren su pleno respeto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías y su observancia de las normas democráticas, especialmente con respecto al proceso electoral. En este contexto el Consejo Europeo toma nota con interés de la invitación de Belgrado a la OSCE a que envíe una delegación para investigar los hechos de las recientes elecciones locales. La OSCE quizá considere necesario estudiar las condiciones de dicha misión, especialmente en relación con el derecho a recomendar que se deje sin efecto la anulación de las elecciones o que vuelvan a convocarse algunas de ellas. El Consejo Europeo atribuye importancia al diálogo entre todas las fuerzas políticas con derecho a representación parlamentaria con objeto de fijar unas reglas que rijan las elecciones de 1997. Hace un llamamiento a todas las partes para que den pruebas de moderación, se abstengan de recurrir a la fuerza y fomenten el diálogo. El respecto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías así como de las normas democráticas serán factores clave en la determinación de la futura relación de la Unión con dicho país y su integración ulterior en la comunidad internacional. El Consejo Europeo recuerda asimismo las condiciones establecidas en la Declaración de la Presidencia de 9 de abril de 1996 sobre las relaciones con la República Federativa de Yugoslavia, incluida la necesidad de conceder un amplio nivel de autonomía a Kosovo dentro de la República Federativa de Yugoslavia.

El Consejo toma nota de la situación actual de la aplicación del Acuerdo Básico sobre la región de Eslavonia Oriental en Croacia y reitera su pleno apoyo a los esfuerzos del Administrador Provisional de la ONU y su personal. La UE seguirá apoyando la rehabilitación económica y la reconstrucción de Eslavonia Oriental. Hace un llamamiento al Gobierno croata y a los dirigentes serbios locales a fin de que cooperen plenamente para garantizar la aplicación total del Acuerdo en 1997.

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ANEXO IV: Declaración del Consejo Europeo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo

  1. El Consejo Europeo expresa su apoyo al Enviado especial al proceso de paz en Oriente Próximo y acoge con satisfacción la disposición declarada por todas las partes a cooperar con él. Insta a todas las partes a que reconozcan su nombramiento como una demostración más del compromiso de la Unión en el fomento de la paz en Oriente Próximo.
  2. Recordando su Declaración de Florencia del 21 de junio y la Declaración del Consejo en Luxemburgo con fecha de 1 de octubre, confirma su respaldo a los principios fundamentales de un acuerdo justo y duradero en Oriente Próximo, a saber, paz a cambio de territorios y autodeterminación para los palestinos, con todo lo que ello implica.
  3. El Consejo Europeo manifiesta su seria preocupación por la continua deterioración del proceso de paz. Hace un llamamiento a todas las partes a fin de que intervengan activamente para desalentar la violencia y trabajen en pro de una reducción de la tensión de tal forma que las negociaciones puedan reanudarse en todos sus apartados de acuerdo con los principios de Madrid y los términos de la Declaración de principios.
  4. El Consejo Europeo solicita que se alcance una pronta resolución a la situación de punto muerto en la que se encuentra Hebrón, que se apliquen los demás elementos pendientes de los Acuerdos provisionales y que se reanuden en breve las negociaciones sobre el Estatuto permanente.
  5. La cuestión de los asentamientos está desgastando la confianza en el proceso de paz. Los asentamientos son contrarios al Derecho internacional y constituyen un importante obstáculo para la paz.
  6. El desarrollo social y económico de Palestina requiere el levantamiento inmediato del bloqueo. El Consejo Europeo insta a las autoridades israelíes a que eliminen todas las restricciones excepto en los casos en los que de forma evidente se vean comprometidos los legítimos intereses de seguridad de Israel, como en el caso de los actos de terrorismo. Las terribles consecuencias económicas, que alimentan el descontento y la violencia, han disipado el optimismo generado por el establecimiento de la autonomía palestina. El Consejo ha dado al Enviado especial instrucciones de fomentar la adopción de medidas concretas e inmediatas para tratar estas cuestiones.
  7. El Consejo Europeo insta al Gobierno de Israel y a las Autoridades palestinas a que cooperen a todos los niveles en beneficio de su seguridad y a que tomen todas las medidas necesarias para luchar contra los extremistas y combatir el terrorismo.
  8. Siguiendo el espíritu del Proceso de Barcelona, el Consejo Europeo hace un llamamiento a todos sus interlocutores mediterráneos que están celebrando Acuerdos de asociación euromediterráneos, a unirse a la Unión en un esfuerzo común para incrementar el desarrollo y la integración de la economía palestina dentro de la región. El Consejo Europeo recuerda que tanto el Acuerdo de asociación con la Autoridad palestina como el Acuerdo similar con Israel comprometen a las partes a fomentar el cumplimiento de las normas fundamentales de la democracia, incluidos el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

 

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NOTES

1. El contenido del presente informe está pendiente de reservas de estudio parlamentario.

2. El Consejo ha efectuado una primera evaluación con arreglo al apartado 2 del artículo 109 J del Tratado CE, y recomienda que se presenten sus conclusiones a la sesión del Consejo en su composición de Jefes de Estado y de Gobierno; véase el Anexo I del presente documento.

3. Con arreglo al artículo 5 del Protocolo 11, esta obligación no se aplicará al Reino Unido, a menos que éste notifique al Consejo que tiene intención de pasar a la tercera fase.

4. (1) Se reporter aux "Conclusions de la Présidence concernant le Conseil européen réuni les 21 et 22 juin 1996 à Florence" (SN 300/96), et notamment à l'annexe intitulée "Rapport sur l'état des travaux établi par le Conseil ECOFIN à l'intention du Conseil européen - Préparation à la troisième phase de l'Union économique et monétaire" (7940/96), en date du 4 juin 1996.

5. "La coopération dans le domaine des politiques monétaire et de change entre les Etats membres ayant adopté l'euro et les autres pays de l'Union européenne", Rapport devant être présenté lors de la réunion informelle du Conseil ECOFIN, du 20 au 22 septembre 1996, à Dublin, daté du 3 septembre 1996.

6. Dans un souci de simplicité, on a désigné ci-après les monnaies de l'UE et les pays de l'UE n'ayant pas adopté l'euro et qui participent au nouveau mécanisme de change par les termes "monnaies des pays n'ayant pas adopté l'euro" et "pays membres n'ayant pas adopté l'euro" respectivement. Les banques centrales nationales concernées sont dénommées "banques centrales des pays n'ayant pas adopté l'euro".

7. Voir l'article 109 C, paragraphe 4.

8. Voir l'article 44 des statuts du SEBC et de la BCE en conjonction avec l'article 4.1 des statuts de l'IME.


© Parlamento europeo: 1998