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Discurso
del Presidente del Parlamento Europeo
Klaus Hänsch
ante el Consejo Europeo
pronunciado el viernes 9 y el
sábado 10 de diciembre de 1994
en Essen
Se considerará texto oficial de este discurso
el texto efectivamente pronunciado
Señor Presidente del Consejo Europeo,
Señoras y Señores,
No esperen de mí que les presente un catálogo de las reivindicaciones del Parlamento Europeo, ni esperen que formule queja alguna sobre la falta de derechos del Parlamento Europeo. Agradezco la oportunidad que me brindan de poder presentarles las posiciones de la mayoría del órgano de la Unión, que, al igual que ustedes, puede apoyarse en una legitimidad democrática adquirida mediante elecciones.
I.
El Tratado de Maastricht está en vigor desde hace un año. En una serie de aspectos ha venido a demostrar que es mejor que la fama que lo precede. Gracias a este Tratado, el Parlamento Europeo ha obtenido facultades de codecisión. El Parlamento debe aprovechar ahora estas nuevas facultades y darles cumplimiento si quiere verlas ampliadas en 1996. Por ello, el Parlamento comenzó justo antes de sus elecciones la reforma de su propio trabajo, con el objeto de convertirse en un órgano más efectivo y transparente. No solamente hemos perfeccionado los procedimientos de trabajo y mejorado la presencia, sino que hemos establecido nuestras prioridades orientándolas a aprovechar nuestras facultades de codecisión (con arreglo al artículo 189B del Tratado de la Unión) en el proceso legislativo de la Comunidad. A continuación se han concluido ya 20 actos jurídicos (de los cuales sólo 6 requirieron un procedimiento de conciliación entre el Consejo y el Parlamento). De otros 98 actos, 58 carecen todavía de posición común del Consejo. El Parlamento está dispuesto y preparado para hacerse cargo del complicado procedimiento estipulado en el artículo 189B hasta 1996, de forma que la participación parlamentaria garantizada en el Tratado se aplique y la capacidad de decisión de la Unión no se vea debilitada, en cualquier caso no por culpa del Parlamento.
La participación del Parlamento en la consulta para la designación del Presidente de la Comisión ha sido de tal naturaleza -sobre todo tras las irritaciones producidas por la designación de los candidatos- que le ha permitido alcanzar un peso político que va mucho más allá de una simple consulta.
El voto de aprobación sobre la totalidad de la Comisión irá precedido de consultas públicas de los diversos candidatos realizadas por la comisiones del Parlamento. Esto servirá para sentar un precedente de futuro. Resulta obvio que entre la Comisión y el Parlamento queda establecida una nueva relación a raíz de este nuevo procedimiento.
Permítanme que aproveche la ocasión para agradecerles a ustedes y al Presidente Delors el hecho de aceptar mi decisión -tras algunas vacilaciones iniciales- de llevar a cabo el voto de aprobación en enero en lugar de diciembre y de prolongar con ello en dos semanas la vigencia de la antigua Comisión. De esta forma, el Parlamento puede conseguir que los nuevos colegas de Austria, Finlandia y Suecia participen en el voto de aprobación de la nueva Comisión con plenas facultades.
En lo que se refiere a la realización del Tratado de Maastricht, he de recordar en cualquier caso que tenemos todavía una serie de acuerdos interinstitucionales que concluir -algunos de ellos, así lo esperamos- todavía bajo la Presidencia alemana del Consejo.
Nuestras primeras experiencias con el Tratado de Maastricht no son negativas. No obstante, solamente en el primer pilar pueden señalarse claros progresos, a pesar de algunas deficiencias. En la política exterior y de seguridad común, sobre todo en la política de asuntos interiores y justicia, no puede hablarse precisamente de progresos.
El Parlamento muestra su preocupación por el hecho de que la Unión fracase en la seguridad interior, en un ámbito político que es tan importante, y con razón, para los ciudadanos. Se ha venido a demostrar que la cooperación intergubernamental no es el mejor instrumento para conseguir la adopción de decisiones conjuntas. El Parlamento reclama del Convenio Europol que -como se espera- haga realidad por fin la libre circulación de personas dentro de la Unión con arreglo a los compromisos contraídos por los Estados miembros.
No quiero silenciar tampoco los aspectos positivos: el Parlamento Europeo pide desde hace muchos años que se luche contra el racismo y la xenofobia también en el ámbito de la Unión. Con la creación de la Comisión consultiva contra el racismo y la xenofobia se ha dado un importante primer paso. Demos ahora el segundo. Denle luz verde, de acuerdo con la propuesta de esta Comisión, a una legislación de la Unión que permita hacer frente al racismo y la xenofobia en los Estados miembros de forma coordinada y eficaz.
Una Unión Europea eficiente debe emplear sus medios con arreglo a sus objetivos y controlar este aspecto de forma eficaz. Asimismo debe impedir el fraude múltiple que origina desvíos en la concesión de fondos comunitarios. Quiero recordar que, junto a los mecanismos tradicionales de control, existe ahora también la posibilidad de que el Tribunal de Justicia imponga sumas a tanto alzado o multas coercitivas.
La gran parte de los gastos de la Unión Europea es gestionada por las administraciones nacionales. Por ello, en la mayor parte de los casos son las administraciones nacionales el objeto del fraude. Por este motivo resulta todavía más urgente establecer una estrecha cooperación entre la Unión y los Estados miembros a la hora de luchar contra el fraude.
Propongo que organicemos una conferencia -Congreso Europeo- en la que se convoque a especialistas de los diversos sectores con el objetivo de coordinar mejor su labor y de garantizar una lucha auténtica y conjunta contra el fraude en el empleo de fondos de la Unión en todos los niveles.
II.
Desde su constitución la Comunidad se ha mostrado partidaria de la difusión del bienestar.
Por este motivo, aunque no el único, la Comunidad ha conseguido durante tres decenios el apoyo de una gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos de los Estados miembros de la Unión.
La Comunidad tiene ahora que mostrar una vía de salida al desempleo estructural y debe situar la creación de puestos de trabajo en el centro de su actuación si quiere conservar este apoyo.
Hay por lo menos 18 millones de mujeres y hombres parados en nuestra Unión que no son solamente 18 millones de personas destinadas a la pobreza, la exclusión y la humillación personal y familiar. El desempleo de larga duración mina también la confianza en la justicia y la democracia y con ello en la estabilidad de nuestras sociedades.
En 1993 concedieron ustedes durante la Cumbre de Copenhague la máxima prioridad a una forma de actuación conjunta de la Unión y de los Estados miembros para luchar contra el paro en nuestros pueblos. Con ello vincularon ustedes el prestigio de la Unión al éxito de la política de empleo. Han despertado expectativas que no deben defraudar.
El Libro Blanco de la Comisión sobre "crecimiento, competitividad y empleo" mostró la forma en que la Unión Europea puede contribuir a la lucha contra el desempleo y al mismo tiempo puso en claro que la principal responsabilidad corresponde a los Estados miembros.
Nadie puede dejar de comprender la dificultad que supone crear 15 millones de nuevos puestos de trabajo hasta el año 2000, pero si para 1996 no podemos por lo menos mostrar los primeros éxitos, no vamos a necesitar dirigirnos a los pueblos con los resultados de la Conferencia intergubernamental. Porque en ese momento les serán completamente indiferente los hermosos objetivos, los modelos de integración y las construcciones institucionales que les proponemos para la futura Unión.
Ciertamente Europa atraviesa un momento de relanzamiento económico aún más potente que el esperado a principios de este año. No obstante, el desempleo ha seguido siendo insoportablemente elevado y no hay nada que indique que pueda disminuir gracias a una nueva coyuntura.
Los principales recursos europeos, es decir, la voluntad y la capacidad de las personas para trabajar, siguen sin ser utilizados de forma satisfactoria.
El relanzamiento económico se basa todavía muy poco en los propios esfuerzos y excesivamente en una demanda creciente de bienes y servicios europeos, sobre todo procedente de los países en desarrollo de Asia, la Europa Central y del Este y América Latina. Sabemos que no podemos fiarnos de este impulso procedente del exterior y que esto no es suficiente para garantizar de forma duradera nuestra competitividad a escala mundial.
Si el mercado europeo absorbe más del 90% de nuestra producción de bienes y servicios, debemos utilizar este potencial primeramente para fortalecimiento y beneficio del crecimiento y el empleo.
El Parlamento Europeo insiste en que se adopten realmente las medidas propuestas por la Comisión en el Libro Blanco y en el plan de acción. Éste es nuestro apremiante llamamiento. No podemos dejarnos deslumbrar por la coyuntura actual. No podemos perder de vista, en una época de crisis, la reestructuración de la economía europea que se ha reconocido como necesaria.
Por ello, se trata en primer lugar de tener en cuenta la creciente demanda de trabajo y servicios altamente cualificados mediante la ampliación de las capacidades de formación y formación continuada en los Estados miembros.
En segundo lugar, resulta necesario movilizar la inversión del excedente de ahorros en el sector privado -5 a 6% del PNB-, en nuevos puestos de trabajo. Con ello podríamos convertir a millones de personas de beneficiarios de prestaciones sociales en integrantes del mercado económico.
Ello podría ayudarnos no solamente a ir eliminando poco a poco el déficit público, sino que crearía asimismo, en tercer lugar, las condiciones políticas para posteriores descensos en los intereses y permitiría más inversiones en la modernización de la producción europea.
Al Parlamento Europeo no le interesan -como algunos podrían pretender- las estrategias neokeynesianas de relanzamiento de la coyuntura. Le interesa que la política de la Unión sirva para reactivar las inversiones en sectores que fortalezcan la competitividad de la economía europea.
Se trata de una serie de grandes proyectos para la sociedad del siglo XXI que deben garantizar nuestro propio futuro y el de nuestros hijos. Cuando los ciudadanos en los Estados miembros relacionen en el futuro a la Unión Europea con estos proyectos, conseguiremos asimismo atraerlos hacia el proyecto de la unidad de Europa.
Por tanto, el Parlamento Europeo apoya el plan de acción de la Comisión, apoya la financiación propuesta de las redes transeuropeas, incluso más allá de la ortodoxia del presupuesto comunitario.
Sabemos que no podemos financiar todo y que no deberíamos financiarlo todo, pero que por lo menos deberíamos financiar esto.
Los trabajos previos realizados por el Grupo Christophersen deberían trasladarse sin demora al proceso legislativo normal, para que los órganos de la Unión puedan debatirlos públicamente, aprobarlos y financiarlos.
Cuando invirtamos en una renovación de las estructuras de nuestra economía, deberíamos hacerlo de forma que mejoremos también nuestro balance medioambiental.
¿Qué nos impide vincular las fascinantes perspectivas de los grandes proyectos en los ámbitos de los transportes, la producción de energía y las telecomunicaciones con la renovación ecológica?
Solamente trabajando juntos podremos modificar nuestro sistema fiscal de forma que se reduzca la carga de impuestos y derechos que se aplica al trabajo y se grave el consumo de energía y del medio ambiente. El Parlamento Europeo solicita la introducción del impuesto sobre el CO2. Dejen el camino libre para ello y empecemos a limpiar nuestros mares, el mar Báltico, el mar del Norte y el mar Mediterráneo, un gran proyecto que depende en menor medida de los fondos que de la coordinación y la unión de la voluntad política.
Todos juntos disponemos de un radio de acción mayor del que a veces se supone. Nuestras empresas tienen un carácter más europeo que global, lo que permite que llevemos a cabo todos juntos una política de empleo activa y que todos juntos establezcamos mayores niveles medioambientales.
Ciertamente hemos de tener en cuenta lo que nos podemos permitir. Ciertamente los productos europeos no pueden llegar a ser tan caros que queden desplazados por competidores con normas más reducidas. Pero estos competidores deben actuar también en nuestro mercado en el que deberán cumplir nuestras normas comunes. Y además: estableciendo unos niveles medioambientales más elevados creamos asimismo nuevos mercados en los que las empresas europeas puedan tener un papel dirigente.
III.
Los referéndums celebrados en Austria, Finlandia y Suecia han venido a subrayar de forma clara el atractivo de la Unión. Su atractivo sigue siendo además el mismo hacia el este y hacia el sur.
Ante las solicitudes de adhesión de Chipre y Malta la Comisión ha reaccionado positivamente, y el Parlamento se ha declarado partidario de las mismas. En Copenhague, el Consejo abrió en 1993 la perspectiva de la adhesión a los Estados asociados de la Europa Central y del Este. No se trata ya de si queremos "profundizar o ampliar" la Unión. Nos hemos situado ante la decisión de si queremos profundizarla o diluirla en una simple zona de libre comercio. Si el precio de la ampliación ha de ser el debilitamiento o la desaparición de la Unión existente, es un precio que no debería pagarse. Sería demasiado alto, no solamente para los Estados miembros actuales, sino asimismo para los que se adhirieran. Porque precisamente esos Estados quieren integrarse en una Unión que funcione. Precisamente esos Estados necesitan una Unión solidaria.
Por tanto, no solamente los Estados de la Europa Central y del Este deben cumplir las condiciones para la adhesión, sino que asimismo la Unión debe ser capaz de soportar esta adhesión: esto es válido asimismo para el perfeccionamiento de nuestros procedimientos de decisión, para la flexibilización de nuestras políticas comunitarias, para la precisión y aplicación del principio de subsidiariedad y para la difusión de la legitimación parlamentaria de la política de la Unión.
Esto es válido asimismo para la reforma de la Política Agrícola Común y de los Fondos estructurales, cuya financiación no puede quedar garantizada si, simplemente, los incluimos sin reforma alguna en una Unión ampliada.
El Parlamento considera que la ampliación de la Unión es deseable e inevitable. Para ello sabemos que necesitamos tiempo para la adhesión plena de más Estados miembros europeos y que todavía han de recorrerse más etapas.
Podemos seguir ampliando y desarrollando los vínculos ya existentes. El Parlamento Europeo defiende un diálogo estructurado y la creación de una red cada vez más tupida de acuerdos bilaterales. Debemos hacer todo lo posible para ampliar y profundizar nuestras relaciones con las regiones vecinas de la forma cuidadosa y dinámica posible. Esto es válido únicamente para los países de la Europa Central y Oriental, sino, en especial, para toda la cuenca del Mediterráneo.
En lo que se refiere a las relaciones con los Estados de la Europa Central y Oriental con vistas a la ampliación, desearía hacer dos propuestas. El año que viene quiero debatir con los Presidentes de los Parlamentos de los Estados de la Europa Central y Oriental la forma en que podemos dotar a la cooperación parlamentaria de un marco conjunto y fijo, que ya ha comenzado con nuestras comisiones parlamentarias mixtas, y ampliar los contactos ya existentes.
Y en 1996, la Unión podría sentar un nuevo precedente eficaz: el Tratado de Maastricht permite únicamente hasta la fecha la asociación de terceros Estados al Tratado CE, es decir, como asociación económica. Hagamos posible mediante una pequeña modificación del Tratado de la Unión la asociación también a la Unión Europea y con ello a la política exterior y de seguridad común y a la cooperación en la política interior y de justicia.
Finalmente desearía agradecer a la Presidencia del Consejo, al Canciller Kohl y al Ministro de Asuntos Exteriores Kinkel y a todos sus colaboradores los esfuerzos que han realizado para profundizar las relaciones del Consejo con el Parlamento Europeo con el pensamiento puesto en la cooperación. Contamos con que seguiremos desarrollando estas relaciones bajo la Presidencia francesa atendiendo a las diferentes labores que a cada uno corresponden y a las que debemos dar cumplimiento en la Unión.
© Parlamento europeo: 1998
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