Estado de derecho: nuevo mecanismo para proteger el presupuesto y los valores de la UE
La UE ha aprobado nuevas medidas que permiten vincular el desembolso de los fondos europeos con el respeto al Estado de derecho por parte de los países miembros.
El Parlamento Europeo aprobó en el pleno del 16 de diciembre de 2020 un acuerdo, alcanzado junto al Consejo, por el que se establece un mecanismo que permitirá la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de derecho en los países miembros.
La decisión de suspender los pagos la tomará el Consejo por mayoría cualificada según la propuesta de la Comisión.
Las nuevas reglas se aplicarn desde el 1 de enero de 2021. Polonia y Hungría llevaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea este mecanismo alegando que la UE no tiene competencia para definir ese concepto ni para establecer las condiciones que evalúen su cumplimiento, pero esto no anula su aplicación.
El Parlamento defiende que el mecanismo está en marcha y la Comisión tiene la obligación legal de defender los intereses financieros de la UE. En dos resoluciones aprobadas en marzo y en julio de 2021,el Parlamento sostiene que está dispuesto a emprender acciones legales contra la Comisión si no cumple con sus obligaciones.
Los eurodiputados ya habían advertido en la sesión plenaria de octubre que los valores europeos estaban en peligro. También incidieron en que los fondos de la UE, procedentes tanto del presupuesto a largo plazo como del plan de recuperación aprobado para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, no deberían ponerse en manos de “quienes trabajan en contra de la democracia y los derechos fundamentales en Europa”.
Los eurodiputados reclamaron en una resolución aprobada el 7 de octubre de 2020 reforzar el Estado de derecho a través de un nuevo mecanismo y de la imposición de estrictas sanciones a aquellas naciones que violen este principio fundamental de la Unión Europea. Así, insistieron en que las instituciones comunitarias deben acordar reglas claras que vinculen el acceso a los fondos de la UE con el respeto al Estado de derecho.
“Un mecanismo que nunca puede activarse en la práctica debido a puertas traseras o procesos indecisos solo beneficia los intereses de aquellos que no desean que se tomen medidas”, aseveró el eurodiputado finlandés Petri Sarvamaa, del Grupo Popular Europeo.
¿Qué es el Estado de Derecho?
El Estado de derecho se recoge en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la UE. Significa que los Gobiernos deben estar sujetos a la ley, que no deben tomar decisiones arbitrarias y que los ciudadanos deben tener el derecho de impugnar sus actos en tribunales independientes.
Asimismo, consagra la lucha contra la corrupción, que favorece injustamente a unos en detrimento de otros. También protege la libertad de los medios de comunicación y asegura que el público esté debidamente informado sobre la acción del Gobierno.
El Estado de derecho es una preocupación que comparten todos los europeos. Acorde con la encuesta del Eurobarómetro de 2019, al menos el 85% de los ciudadanos de toda la UE considera “esencial” o “importante” cada uno de los diferentes aspectos del Estado de derecho. Otro sondeo, de octubre de 2020, destaca que el 77% de los europeos respalda la idea de conceder fondos de la UE a los Estados miembros bajo la condición de que el Gobierno del país respete el Estado de derecho y los principios democráticos.
Mecanismos existentes de la UE que protegen el Estado de derecho
La Unión Europea ya cuenta con herramientas a su disposición para proteger el Estado de derecho. Sin ir más lejos, la Comisión publicó el pasado 30 de septiembre el primer informe anual sobre el Estado de derecho, que supervisa la evolución tanto positiva como negativa del Estado de derecho en todos los Estados miembros. Este mecanismo ha estado observando a Rumanía y Bulgaria desde que se unieron a la UE en 2007.
Además, existe un diálogo abierto sobre el Estado de derecho en el Consejo Europeo. La actual presidencia alemana del Consejo celebró por primera vez debates específicos por país en noviembre, comenzando con cinco países de la UE.
En paralelo, si la Comisión tiene sospechas de que un Estado miembro está violando la ley de la UE, el órgano puede iniciar procedimientos de infracción que pueden dar lugar a sanciones financieras determinadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otro procedimiento, en virtud del Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, permite al Consejo formular recomendaciones o decidir por unanimidad sobre las sanciones contra un Estado miembro, incluida la suspensión de los derechos de membresía.
Nuevas medidas
Sin embargo, los eurodiputados insistieron en que estas herramientas son insuficientes. Si bien hay audiencias en curso en el Consejo en virtud del Artículo 7 con respecto a Polonia y Hungría, el Parlamento lamentó la falta de avances significativos por parte de estos dos Estados miembros en solucionar los problemas relativos a esta cuestión.
En el debate celebrado el 5 de octubre de 2020, los europarlamentarios acogieron con satisfacción el informe anual sobre el Estado de derecho presentado por la Comisión, pero pidieron más medidas para reforzarlo. “La supervisión por sí sola no devolverá la independencia judicial en Polonia, ni salvará los medios independientes en Hungría”, apuntó el eurodiputado eslovaco Michal Šimečka, de Renew Europe.
El informe, elaborado por Šimečka, se aprobó el 7 de octubre, en el que pide un mecanismo que consolide los instrumentos existentes y establezca un Ciclo de Seguimiento Anual, con recomendaciones específicas para cada país, plazos y objetivos de implementación. Este ciclo debería servir como base para activar el Artículo 7 o suspender los fondos presupuestarios de un Estado miembro.
Protección de los intereses financieros de la UE
La corrupción o la falta de tribunales independientes pueden significar la falta de protección contra el uso indebido del dinero de la UE asignado a un Estado miembro. Por ello, la Comisión presentó una propuesta legislativa en 2018 que tiene como objetivo defender los intereses financieros de la UE si se detectan deficiencias en el Estado de derecho.
El Parlamento fijó su posición sobre la propuesta a principios de 2019. El documento estaba vinculado al resultado de las negociaciones sobre el presupuesto a largo plazo de la UE y el Parlamento insistió en que un acuerdo sobre el presupuesto 2021-2027 solo era posible si había avances suficientes en esta legislación.
Los líderes de la UE acordaron en julio de 2020 introducir esa condicionalidad relativa al Estado de derecho. Es decir, hacer que la recepción de fondos de la UE dependa de su respeto por el mismo.
Acuerdo con el Consejo
Los ponentes del informe del Parlamento, el eurodiputado Petri Sarvamaa y la eurodiputada socialista española Eider Gardiazabal Rubial, comenzaron las negociaciones con el Consejo en octubre y llegaron a un acuerdo el 5 de noviembre de 2020.
Los negociadores del Parlamento lograron una interpretación más amplia de violación del Estado de derecho. Ésta permitirá la activación de la cláusula no solo cuando ésta ponga en riesgo la buena utilización de los fondos de la UE, como sucede con los casos de corrupción y fraude, sino que también cubrirá las infracciones sistémicas de los valores fundamentales, como la democracia o la independencia del poder judicial, cuando las mismas afecten o corran el riesgo de afectar a la gestión de los fondos de la UE.
El acuerdo también protege a los destinatarios finales de los fondos, como las ONG, agricultores o estudiantes, que tendrán la posibilidad de presentar una queja a la Comisión a través de una plataforma web, que les ayudará a garantizar que reciban las cantidades debidas, incluso si sus Gobiernos no están actuando adecuadamente. "Para nosotros era fundamental que los beneficiarios no sean castigados por culpa de las malas acciones de sus Gobiernos y que siguieran recibiendo los fondos que les habían prometido", explicó Gardiazabal.
