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Temas destacados 1999-2004

 
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Derecho de voto, peticiones, Defensor del Pueblo: la ciudadanía en acción

La ciudadanía de la Unión no reemplaza a la ciudadanía nacional sino que la complementa: este principio, consagrado por el Tratado de Amsterdam, figura en lugar preferente en el proyecto de Constitución elaborado por la Convención. Esta ciudadanía se ha ido construyendo a medida que se aprobaban los sucesivos Tratados. El derecho de voto en las elecciones municipales y europeas y la Carta de los Derechos Fundamentales son sus elementos más visibles. Por su parte, la Comisión de Peticiones del Parlamento y el Defensor del Pueblo Europeo están a la escucha y al servicio de los ciudadanos siempre que éstos consideren vulnerados sus derechos.

El concepto de "ciudadanía europea" fue introducido principalmente por el Tratado de Maastricht, en 1992. Algunos derechos vinculados al hecho de ser nacional de un Estado miembro de la Comunidad ya existían con anterioridad, como por ejemplo el derecho de libre circulación y estancia en todo el territorio comunitario o el derecho de acceso a los cargos públicos, a excepción de los que implicasen el ejercicio de la autoridad pública. Bajo el epígrafe "ciudadanía de la Unión", situado justo al principio del texto, el Tratado de Maastricht va mucho más lejos y reconoce los derecho de voto y elegibilidad en las elecciones municipales y europeas así como la protección diplomática y consular en países terceros, en virtud de la cual todo ciudadano de la Unión puede beneficiarse de intervenciones de los representantes de otros Estados miembros equivalentes a las que harían los diplomáticos de su propia nacionalidad. Por último, el Tratado de Maastricht instituye la figura del Defensor del Pueblo Europeo.

El proyecto de Constitución recoge todo este acervo y lo enriquece, especialmente al insertar en el Tratado la Carta de los Derechos Fundamentales ─entre ellos, el derecho a una buena administración─ y proclamando, ya en el artículo primero, que la Unión "nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un futuro común". Este principio de doble legitimidad ─la de los ciudadanos y los Estados de Europa─ sobre el que descansa la Unión da fe de la gradual evolución de su naturaleza. El derecho de voto y la Carta son objeto de otros artículos de nuestra serie. En éste, nos centraremos más concretamente en el derecho de petición y en el papel del Defensor del Pueblo.

Peticiones que no caen en saco roto

Los diputados, por su propia condición, escuchan a los ciudadanos que los han elegido. Por otra parte, tras instituirse el derecho de petición, el Parlamento se dotó de una Comisión de Peticiones cuya actividad no cesa de aumentar. Así, cuando concluya esta legislatura se habrán batido todos los récords, con más de 6000 peticiones. Estas peticiones proceden tanto de asociaciones como de particulares, que se quejan de la incorrecta aplicación del derecho comunitario, a menudo por los Estados miembros. Los reclamantes también pueden denunciar las posibles lagunas en las legislaciones europeas. Hay que precisar aquí que el derecho de petición o de recurrir al Defensor del Pueblo compete a toda persona física o jurídica residente o radicada en cualquiera de los Estados miembros, independientemente de su nacionalidad.

De estas 6000 peticiones, buena parte no son admisibles, ya por no responder a los criterios aplicables, ya por ser competencia del Defensor del Pueblo. Con todo, no son pocas a las que sí se da curso y que se plasman en resultados concretos en beneficio de los ciudadanos. En una cincuentena de casos, la Comisión, a instancias del Parlamento, que hizo suyas las quejas, llegó a plantear recurso ante el Tribunal de Justicia contra los Estados miembros que incumplían determinadas normas. Y en otros casos, más numerosos, se intervino ante las administraciones nacionales, lo que permitió resolver problemas en beneficio de todos. Se ha dado incluso el caso de que una petición acabara traduciéndose en la aprobación de nueva legislación vinculante para todos los ciudadanos de la Unión.

Los problemas planteados por los ciudadanos en las peticiones se refieren principalmente al medio ambiente, a la libre circulación de personas y bienes, a la seguridad social, al reconocimientos de títulos y cualificaciones y a la fiscalidad. Si bien la mayor parte de las peticiones se presentan a título individual, algunas pueden ir avaladas por un número de firmas verdaderamente impresionante. Así, una petición sobre la protección y conservación de los grandes simios llegó a recoger hasta 2 millones.

Algunos casos concretos

Queda claro que las peticiones deben versar sobre cuestiones que sean competencia de la Unión y que afecten a los peticionarios. Véase, por ejemplo, el caso de un ciudadano británico propietario de una casa de campo en Toscana y que quiere disponer de un coche durante sus vacaciones pero se encuentra con que las autoridades italianas solo autorizan la matriculación de vehículos a los residentes permanentes. La queja de este ciudadano es examinada por el Parlamento Europeo, que insta a la Comisión a actuar, ya que la situación descrita es contraria a los principios de no discriminación y de libre prestación de servicios. La Comisión inicia un procedimiento de infracción contra Italia. Este país acaba por aprobar una circular que permite matricular vehículos a todos los ciudadanos de la Unión con vínculos regulares con Italia.

Otro caso: un irlandés se dirige al Parlamento en relación con un proyecto de mejora viaria que pese a estar cofinanciado por la Unión se ha iniciado sin la previa realización de un estudio de impacto medioambiental. Intervienen entonces la Comisión de Peticiones del Parlamento y la Comisión Europea. Finalmente, el ministro irlandés competente en medio ambiente ordena la realización del citado estudio, para rectificar a continuación el proyecto en dos puntos, al objeto de reducir la contaminación acústica y reforzar la seguridad de los peatones.

Un caso más: un ciudadano alemán es contratado por una sociedad multinacional francesa para trabajar en Alemania. Este ciudadano paga sus cotizaciones sociales en Alemania. En un momento dado, la empresa es declarada en quiebra y ni las autoridades alemanas ni las francesas quieren pagar al trabajador las indemnizaciones a que tiene derecho. Alertada por el Parlamento, la Comisión solicita el dictamen del Tribunal de Justicia, puesto que no existe aún normativa europea al respecto. El reclamante percibe finalmente su indemnización, satisfecha por las autoridades francesas. Pero lo más importante es que a partir de ese momento la Unión reforzará su legislación para otorgar a los trabajadores una mejor protección en caso de insolvencia de sus empresas, especialmente si se trata de sociedades multinacionales. Cabe añadir aquí que el Parlamento Europeo desempeñó un papel fundamental en la elaboración de esta Directiva (véase nuestra ficha sobre la protección de los trabajadores).

En ocasiones las peticiones plantean problemas de tal importancia que el Parlamento se moviliza y decide elaborar un informe de propia iniciativa sobre la cuestión de que se trate. Así, por ejemplo, tenemos el caso de una petición, firmada por millares de mujeres, en la que se solicitaba la prohibición de los implantes mamarios de silicona por posibles riesgos graves para la salud. En un informe aprobado en 2001, el Parlamento, basándose en un estudio científico, pidió a la Comisión que se ocupara del tema. La Comisión pidió acto seguido a los Estados miembros que adoptaran medidas para informar mejor a las mujeres de los riesgos asociados a estos implantes y para garantizar un seguimiento y unos controles adecuados de las pacientes afectadas.

El Defensor del Pueblo, contra la mala administración

Si un ciudadano o una empresa entiende que un órgano comunitario ha incumplido sus obligaciones incurriendo en "mala administración", puede recurrir al Defensor del Pueblo Europeo. Existe "mala administración" siempre que un organismo público actúe en disconformidad con una norma o principio que le vincule. Puede tratarse, por ejemplo, de discriminación, de ausencia o denegación de información, de demoras abusivas, de abuso de poder, etc. En todos los casos, el Defensor del Pueblo tratará de encontrar soluciones al problema del reclamante.

El Defensor del Pueblo Europeo es elegido por el Parlamento y tiene su sede en las dependencias de esta institución en Estrasburgo, pero actúa con completa independencia e imparcialidad. En abril de 2003, Nikiforos Diamandouros accedió al cargo en sustitución del primer Defensor del Pueblo de la historia de las instituciones europeas, Jacob Södermann. Desde la creación de esta figura por el Tratado de Maastricht se han recibido ya más de 14000 quejas. En la mayor parte de los casos, las recomendaciones del Defensor han puesto en evidencia a la Comisión, dando lugar a veces a cuantiosas indemnizaciones en favor de los reclamantes.

Así pues, el Defensor del Pueblo viene a ser el "guardián" de la buena administración, y sus miles de intervenciones han contribuido a mejorar el funcionamiento de las instituciones y a tener más en cuenta los intereses de los ciudadanos. El Parlamento Europeo ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de elaborar un código de buena conducta administrativa idéntico, en la medida de lo posible, para todas las instituciones, ya que la mayor parte de éstas ya han adoptado sus propios códigos.



  
Ponentes:
  
Defensor del Pueblo: Código de buena conducta administrativa de los funcionarios, relaciones con el público: Roy Perry (EPP-ED, UK)
La institución de la petición en los albores del siglo XXI: Roy Perry (EPP-ED, UK)
La institución de la petición en los albores del siglo XXI: Margot Kessler (PES, D)
Defensor del Pueblo - Informe anual de actividad 1999: Astrid Thors (ELDR, FIN)
Acceso a los documentos - Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo : Astrid Thors (ELDR, FIN)
El derecho de petición del ciudadano europeo: Vitalino Gemelli (EPP-ED, I)
Implantes mamarios de silicona: Janelly Fourtou (EPP-ED, F)
Cómo presentar una petición al Parlamento Europeo
El Defensor del Pueblo Europeo
  
Diario Oficial - Textos legislativos finales:
  
Defensor del Pueblo: Código de buena conducta administrativa de los funcionarios, relaciones con el público - Texto aprobado por el Parlamento
La institución de la petición en los albores del siglo XXI - Texto aprobado por el Parlamento
Defensor del Pueblo - Informe anual de actividad 1999 - Texto aprobado por el Parlamento
Acceso a los documentos - Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo - Texto aprobado por el Parlamento
El derecho de petición del ciudadano europeo - Texto aprobado por el Parlamento
Implantes mamarios de silicona - Texto aprobado por el Parlamento

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004