8ª legislatura María Teresa GIMÉNEZ BARBAT

. – En nuestro espíritu de mantener la propuesta de Resolución común, fruto del consenso entre los grupos políticos, votamos en contra de las enmiendas propuestas por el Grupo S&D considerando que:
- son inicialmente inadmisibles, además de incongruentes con las propias decisiones del Grupo S&D, que parece desconocer lo que ya reconoció el pasado 4 de febrero de 2019, reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. De forma mantenida y continua, las enmiendas socialistas, se refieren al Gobierno de facto como «Gobierno de Venezuela» y, al legitimo Gobierno, lo denomina «oposición».
- las enmiendas 1 y 2 son sustancialmente iguales y están perfectamente cubiertas por nuestro apartado 8, en el que insistimos que la única solución a esta crisis debe de ser pacífica;
- las enmiendas 3, 4, 5, 6 y 7 están perfectamente recogidas en los apartados 13 (pidiendo que el Grupo de Contacto Internacional colabore con el Grupo de Lima), 15 (multilateralismo en el marco de las Naciones Unidas) y en el considerando C (rechazo de la ayuda humanitaria por el régimen de Nicolás Maduro).

Las personas intersexuales, nacidas con una mezcla considerada ambigua de rasgos anatómicos femeninos y masculinos, según estimaciones podrían llegar a constituir hasta el 1,5 % de la población.
Saludamos la protección de los derechos de las personas intersexuales, en particular el derecho de los niños y sus padres y tutores a recibir información adecuada sobre las consecuencias de cualquier cirugía «normalizadora» de su sexo.
Entendemos también que las recomendaciones de esta propuesta de Resolución acerca de «despatologizar» o «desmedicalizar» la intersexualidad no se aplicarán a patologías o anomalías claramente definidas por la comunidad médica y que pueden requerir intervenciones de probada eficacia.

La marihuana aún es considerada como una sustancia peligrosa y sin valor médico por los organismos internacionales y nacionales competentes. Sus efectos adversos en la salud son conocidos y cuantiosos, y la evidencia sobre sus supuestos beneficios terapéuticos aún es escasa.
Por otra parte, las experiencias parciales de legalización no arrojan resultados positivos unánimes para la salud pública. Según estudios, la legalización del cannabis perjudica el rendimiento escolar, no reduce los accidentes de tráfico, ni los crímenes violentos o contra la propiedad.
En cuanto a su uso médico, si bien la Resolución se cuida de distinguirla de su uso «recreativo», en la práctica hay evidencia de que no están separados. Un estudio reciente basado en Estados Unidos, por ejemplo, nota que «más de la mitad de los usuarios de cannabis médico utiliza el cannabis para uso recreativo, una proporción de uso indebido mucho más alto al observado en otras prescripciones médicas».
Los efectos adversos del consumo marihuana sobre la salud, las consecuencias de su legalización en la salud pública, la falta de evidencia sobre su uso terapéutico o la asociación de facto entre consumo «médico» y «recreativo», en conjunto inclinan a extremar el principio de precaución.