Más de la mitad de los electores europeos son... electoras. Sin embargo, en la Unión Europea las mujeres siguen estando claramente infrarrepresentadas en los cargos dotados de poder de decisión. Desde hace varias legislaturas, el Parlamento Europeo milita a favor de una mayor participación de las mujeres en la vida política y en los procesos de decisión. En la perspectiva de las elecciones europeas de 2004, los diputados han hecho un llamamiento a los partidos políticos para que éstos incorporen más resueltamente mujeres a sus listas. También han reforzado la estrategia comunitaria en pro de una representación más equilibrada de las mujeres en la economía y en la vida social y cultural.
En la Unión Europea, la proporción media de mujeres en los gobiernos y los parlamentos nacionales es del 25 %, aproximadamente . La proporción más elevada se da en los países nórdicos, donde las políticas de igualdad se aplican desde hace más tiempo y con mayor decisión: un 43,5 % de mujeres en el Parlamento sueco en 2003, un 38 % en Dinamarca y un 37,5 % en Finlandia. En el otro extremo de la escala, Italia cuenta solamente con un 11,5 % de diputadas al Parlamento nacional; Grecia, sólo con un 8,7 %. En los gobiernos, la presencia femenina más fuerte se observa también en Suecia y Finlandia, con un 52,6 % y un 44,4 % de los cargos oficiales, respectivamente, frente a una media del 23 % en los gobiernos de los Estados miembros.
Se pide a los partidos que se feminicen
En el Parlamento Europeo, la proporción de mujeres es superior a la media de los parlamentos nacionales. Tras las primeras elecciones por sufragio universal directo, celebradas en 1979, había 69 diputadas para 410 escaños; esto es, el 16,8 %. Esta proporción pasó al 29,8 % en 1999 e incluso al 31 % en 2003, a raíz de distintos cambios de titulares de escaños en el curso de la legislatura. Pero estas cifras siguen siendo insuficientes. En 2001, el Parlamento propuso una representación mínima del 40 % para cualquiera de los dos sexos en todos los ámbitos políticos y en todas las comisiones, a escala europea, nacional e internacional.
Sin embargo, este objetivo corre peligro de resultar inaccesible después de la ampliación, ya que en los diez nuevos países adherentes la representación de las mujeres en la política es todavía más escasa. Así, por ejemplo, los diez nuevos Estados miembros, a quienes se invitó a enviar observadores a partir de mayo de 2003, sólo han destacado a un 14 % de mujeres, cifra reveladora y alarmante que puede presagiar una representación menor de las mujeres en la asamblea electa de la Unión de los Veinticinco. Asimismo, en una resolución aprobada en noviembre de 2003, el Parlamento invita a los partidos, en el conjunto de la Unión ampliada, a implantar sistemas de cuotas, como el denominado sistema de "cremallera", en los que las listas estén formadas alternativamente por hombres y por mujeres, o a adoptar medidas para fomentar una participación más equilibrada. Para el Parlamento, la presencia de mujeres en las listas electorales europeas debería ser por lo menos del 30 % en los 25 Estados. A los partidos políticos se les invita a revisar sus estructuras internas, que a menudo constituyen obstáculos a una participación equitativa de las mujeres. A los Estados miembros se les pide que desarrollen campañas de sensibilización.
En una resolución aprobada en 2001 sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de decisión, el Parlamento insistía en la necesidad de promover el principio de igualdad no sólo en la vida política o económica, sino también en la enseñanza y la formación, para ofrecer iguales oportunidades a hombres y mujeres. Asimismo, subrayaba la imperiosa necesidad de mejorar los sistemas de acogida y atención a los niños y a las otras personas dependientes de las unidades familiares, para que las obligaciones familiares no constituyeran sistemáticamente un obstáculo al desarrollo profesional de las mujeres.
En 2002, en otra resolución, el Parlamento expresaba su inquietud por la infrarrepresentación de la mujer en los niveles de dirección de los interlocutores sociales: las mujeres representan el 42 % de la población activa y el 40 % de los afiliados a sindicatos; es decir, en este terreno las mujeres todavía están peor representadas que en el de la política. En la misma resolución se instaba a los interlocutores sociales a desarrollar acciones positivas para aumentar de manera efectiva la representación y la participación de la mujer en la vida social y económica.
La igualdad, valor fundamental
Aunque la Convención sobre el futuro de Europa sigue siendo, muy mayoritariamente, cosa de hombres, con sólo 17 mujeres de un total de 105 miembros efectivos, la igualdad entre hombres y mujeres pudo incluirse en los objetivos fundamentales asignados a la Unión en el proyecto de Constitución. Pero para muchos diputados europeos eso era aún muy poco. Los representantes del Parlamento prosiguieron su labor en la Conferencia Intergubernamental con el fin de elevar este principio al rango de valor fundamental (artículo 2 del proyecto de Constitución) y no al de mero objetivo (artículo 3). Lo consiguieron durante la Presidencia italiana, ya que en la última versión del texto, en el artículo 2, se mencionan entre los valores de la Unión los del pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
Una estrategia comunitaria
En 2000, la Unión Europea aprobó un programa de acción comunitario de cinco años (2001-2005) para promover de manera concreta la igualdad entre los hombres y las mujeres. La Comisión, que propuso este programa atendiendo a una solicitud expresa del Parlamento, lo dotó de créditos por valor de 50 millones de euros. El programa, abierto desde su inicio a la participación de los países candidatos, tiene por objetivo promover y difundir los valores y las prácticas en los que se fundamenta la igualdad entre las mujeres y los hombres y conseguir que las partes interesadas comprendan mejor y combatan con más eficacia los fenómenos de discriminación directa e indirecta, no sólo en la vida económica, social y política, sino también en los medios de comunicación, la educación, la salud o los deportes. Para ello, el programa financia acciones de sensibilización, campañas de información, actividades transnacionales e intercambios de experiencias.
El Parlamento insistió en que deseaba ser informado cada año acerca de la situación y los resultados del programa, desempeñando su función de vigilancia para traducir en hechos aún más concretos los compromisos adquiridos. El Parlamento ha acogido con satisfacción las prioridades de acción adoptadas (igualdad de remuneraciones en 2001, articulación entre la vida profesional y la vida privada en 2002, participación de las mujeres en la toma de decisiones en 2003), pero también ha instado a la Comisión a proponer medidas legislativas complementarias, en particular para reducir las diferencias de sueldos, recoger datos estadísticos de mejor calidad e integrar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de respeto de los derechos humanos de la mujer en la política de cooperación de la Unión con los países terceros.
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