| La política social y de empleo ha sido durante mucho tiempo el pariente pobre de la construcción europea. Pero el desfase existente con las prioridades económicas se ha reducido progresivamente. Fue principalmente con el Tratado de Amsterdam, en 1997, que el empleo se convirtió realmente en una cuestión "de interés comunitario". En 1997 se lanzó también la Estrategia Europea de Empleo (EEE), en virtud de la cual los Estados miembros coordinan sus actuaciones. Cada año, se someten al Parlamento las líneas directrices que los Estados se han marcado y éste hace valer sus prioridades, especialmente en lo que respecta a la creación de empleos de calidad y a la no discriminación de las mujeres o de los trabajadores de edad avanzada.
En noviembre de 2003, en la Unión de los 15, se encontraban en paro 14,3 millones de europeos, es decir, un 8 % de la población activa. En los países adherentes, la situación es peor: la tasa media de desempleo asciende al 14,4 %, lo que aboga en favor de un aumento de los esfuerzos destinados a fomentar la cohesión social de la Unión, ya que, desde el 1 de mayo de 2004, los nuevos Estados miembros están plenamente integrados en la Estrategia Europea de Empleo, en la que la cohesión es un elemento esencial.
Una toma de conciencia colectiva
Aunque las situaciones concretas varían de un Estado miembro a otro, todos los gobiernos se ven confrontados con los mismos desafíos: envejecimiento de las poblaciones, disparidades regionales, necesidad de asegurar el carácter sostenible de los sistemas sociales en un entorno económico a veces desfavorable, etc. Al afrontar estos desafíos, el modelo social europeo sale a veces malparado pero sigue siendo una referencia común, reiterada por otra parte en el proyecto de Constitución elaborado por la Convención. Este modelo social europeo abarca aspectos tan variados como la educación y la formación, la no discriminación, el diálogo entre sindicatos y patronal, la previsión y la protección social, etc.
Para proteger y modernizar este modelo, para favorecer el empleo y la inclusión social, los Estados miembros adoptaron, en una cumbre europea especial celebrada en Luxemburgo en 1997, la Estrategia Europea de Empleo (EEE). Su objetivo era el fomento de la convergencia de las políticas del mercado de trabajo y la mejora estructural de estos mercados, así como la creación de mayor número de empleos y de mejor calidad.
En la cumbre de Lisboa, de marzo de 2000, se estableció una estrategia de mayor alcance destinada no sólo a hacer de Europa la economía más competitiva del mundo en 2010, sino también una economía que sea "capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social". Su objetivo declarado es el avance hacia al pleno empleo.
Balance esperanzador, continuación del esfuerzo
En 2002 se estableció un primer balance esperanzador de la EEE. El índice de empleo global de la UE había pasado del 62,4 % en 1999 al 64,2 % en 2002, pero esta cifra sigue siendo aún demasiado baja. En los países adherentes, el índice de empleo en 2002 era del 56,1 %, en tanto que el objetivo fijado en Lisboa es alcanzar, para el conjunto de la Unión, el 70 % en 2010. En 2003, cuatro países habían alcanzado este objetivo: Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido. Otra consecuencia de la primera evaluación de 2002 fue la convergencia de esfuerzos hacia tres objetivos principales: el pleno empleo, la calidad y la productividad del trabajo, la cohesión y la inserción social.
El desempleo de larga duración afecta a muchos Estados miembros y tiene como consecuencia la exclusión. En 2002, un 3 % de la población activa de la UE se encontraba en paro desde hacía por lo menos 12 meses. Por esta razón, la Estrategia Europea pide a los gobiernos que adopten medidas activas para garantizar que se ofrezca a todos los parados un nuevo punto de partida (principalmente a través de una formación o una reconversión) antes de que lleven doce meses sin empleo y, para los jóvenes, antes de los seis meses.
Prioridades del Parlamento
El Parlamento Europeo se pronuncia cada año sobre las líneas directrices. En su último informe, los diputados insistieron particularmente en la necesidad de aumentar la oferta de estructuras de acogida para los niños de corta edad (para atenuar uno de los obstáculos al empleo de las mujeres), en el desarrollo de estrategias locales y regionales, en la reducción de las cargas fiscales (sobre todo para las pequeñas empresas), en una formación en el seno de las empresas, en la formación de los trabajadores de edad avanzada y en la reducción del trabajo no declarado.
El Parlamento siempre ha subrayado que no basta con crear empleos: hay que velar también por su calidad. Esta exigencia ha quedado integrada en la Estrategia. Los Estados miembros se han comprometido a aumentar las inversiones en recursos humanos, formación y educación a lo largo de toda la vida, tal como había solicitado el PE en diversas ocasiones. Uno de los objetivos actuales es que la proporción de personas de 22 años que hayan finalizado la enseñanza secundaria superior sea por lo menos del 85 % en la UE en 2010.
El PE considera esencial que las acciones en favor de la inserción social vayan acompañadas de presupuestos suficientes y que las políticas de formación respondan también a las necesidades de las personas más expuestas a la exclusión social, como las personas de edad avanzada, con discapacidad o los migrantes. Con arreglo a la estrategia de Lisboa, el índice de empleo de los trabajadores de edad avanzada (de 55 a 64 años) deberá haber aumentado en un 50 % en 2010. En 2003, cuatro países (Dinamarca, Portugal, Suecia y el Reino Unido) ya han alcanzado este objetivo, pero en otros cinco (Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Austria) el índice de empleo de los trabajadores de edad avanzada sigue siendo inferior al 33 %. En los países adherentes, este índice era del 30,6 % en 2002.
Hace años que el Parlamento pide sin cesar medidas suplementarias para luchar contra las desigualdades que subsisten entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. En noviembre de 2003, en la UE de los 15, la tasa de desempleo era del 8,9 % para las mujeres y del 7,3 % para los hombres. En 2001, una de cada seis mujeres de edad comprendida entre los 25 y los 54 años estaba inactiva a causa de sus responsabilidades familiares. El objetivo de la estrategia europea es conseguir que el índice de empleo de las mujeres sea superior al 60 % en 2010. Pero en 2003, sólo cuatro países (Dinamarca, los Países Bajos, Austria y Portugal) han alcanzado este objetivo (véase también nuestra ficha "Igualdad de oportunidades en el trabajo").
¿Es suficiente con la coordinación?
El método que permite que los Estados miembros coordinen voluntariamente algunas de sus políticas sin generar legislación europea vinculante (en un ámbito que, en gran medida, sigue siendo de competencia nacional y regional) es conocido como "método abierto de coordinación". Se aplica también a las políticas económicas. En un informe de 2003, el Parlamento Europeo expresó sus temores ante la falta de control democrático de este procedimiento, que no contempla oficialmente la participación del PE. Por ello, el Parlamento pedía que el Derecho primario precisara el lugar que ocupa este método entre los instrumentos comunitarios y el modo de participación de los diferentes actores.
Sin embargo, en opinión del PE, el proyecto de Constitución no ha aportado una respuesta satisfactoria a esta cuestión. Aunque los diputados han expresado su agrado por la relevancia que concede el proyecto a cuestiones como el empleo, la igualdad de sexos o el desarrollo sostenible, se han mostrado preocupados por el mantenimiento del método de coordinación en su estado actual, sin participación del PE. En cuanto a las líneas directrices propiamente dichas, el Parlamento seguiría siendo simplemente objeto de "consulta".
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