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Luchar contra el terrorismo
sin dejar de proteger las libertades ciudadanas

Europa comenzó a buscar medios más eficaces para luchar contra el terrorismo incluso antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Después de aquel día, la Unión Europea intensificó rápidamente sus esfuerzos y buscó una cooperación más estrecha con los Estados Unidos. Sin embargo, tan sólo unos cuantos meses después, algunas personas empezaron a pensar que el enfoque de los Estados Unidos en relación a este problema podría constituir una amenaza para los derechos individuales. Así, los diputados al Parlamento Europeo se han esforzado por lograr un equilibrio entre seguridad y libertades ciudadanas.

Ya al principio de la presente legislatura, los diputados al Parlamento Europeo se mostraron preocupados por el incremento de las actividades terroristas en la UE y por la inadecuación de las formas tradicionales de cooperación judicial y policial. El 5 de septiembre de 2001, esto es, apenas unos días antes de los ataques terroristas que conmocionaron al mundo, los diputados al Parlamento Europeo aprobaron una resolución que contenía una serie de recomendaciones sobre la función de la UE en la lucha antiterrorista. Instaron al Consejo a establecer una orden de detención europea como medio de lucha contra el terrorismo, y pidieron definiciones a nivel europeo de lo que debe considerarse como terrorista, así como normas comunes sobre las condenas por este tipo de delitos. El Parlamento opinó que deberían abolirse los procedimientos de extradición y que los Estados miembros deberían establecer el reconocimiento mutuo de las decisiones tomadas en relación a actos terroristas. Los eurodiputados también pidieron a los Estados miembros de la UE la adopción de medidas comunes para compensar a las víctimas. Muchas de estas medidas fueron incorporadas en la legislación europea.

Bloqueo de los fondos de terroristas

Inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, la Unión Europea aumentó sin demora sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. El 1 de octubre de ese año, la Comisión Europea presentó propuestas para bloquear las cuentas de 27 individuos y organizaciones de los que se sospechaba su implicación en los ataques. Consultó al Parlamento acerca de estas propuestas y éste las aceptó de inmediato, aprobando la normativa tan sólo tres días después de haberse publicado. Sin embargo, los eurodiputados opinaron que el bloqueo de cuentas debería ser transitorio, dado que la normativa se había elaborado con premura y necesitaría una mejora. También argumentaron que el Reglamento debería expirar a finales de 2003 y someterse a revisión en el plazo de un año. El Consejo examinó con atención las peticiones del Parlamento y las incorporó en la normativa definitiva.

Creciente preocupación sobre los derechos de los ciudadanos

En noviembre de 2001, se consultó al Parlamento sobre una nueva ley para la lucha contra el terrorismo. Pero los diputados al Parlamento Europeo ya se habían dado cuenta de las amplias repercusiones de la cuestión. Por un lado, votaron a favor de considerar la cooperación y la defensa del terrorismo como actos punibles por la ley y recomendaron que los delitos contra las fuerzas militares se considerasen circunstancia agravante. También pidieron que la definición de acto terrorista incluyese los secuestros de aviones y barcos así como la diseminación de sustancias químicas o biológicas peligrosas.

Pero, por otro lado, el Parlamento también sugirió modificaciones en la redacción de la nueva normativa para evitar que ciertos delitos menores o ciertas actividades políticas (incluyendo protestas públicas y sindicales legítimas) fuesen consideradas actos terroristas. El Consejo prestó atención a las peticiones del Parlamento, y se esforzó por establecer un equilibrio entre la lucha eficaz contra los actos terroristas y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Al final, el Consejo modificó en gran medida el proyecto de normativa y consultó de nuevo con el Parlamento acerca del nuevo texto. En febrero de 2002, los eurodiputados dieron su apoyo a la nueva y mejorada versión de la ley.

Acuerdos entre los Estados Unidos y la Unión Europea en materia de extradición y de cooperación judicial

En 2003, el Consejo concluyó dos acuerdos con los Estados Unidos sobre extradición y cooperación judicial. El Parlamento expresó reservas acerca de la falta de control democrático sobre dichos acuerdos. Aunque evidentemente no se oponían a los esfuerzos norteamericanos para luchar contra el terrorismo, los eurodiputados aprobaron una resolución pidiendo que Estados Unidos comunicase a los Estados miembros de la UE las pruebas de que dispusiese sobre casos concretos. Esto haría posible que los ciudadanos de la UE que hubiesen cometido un delito en territorio europeo fuesen juzgados en su propio país, en lugar de ser extraditados a Estados Unidos. Además, dijo el Parlamento, el acuerdo debería prohibir expresamente la extradición a Estados Unidos en caso de que las personas extraditadas corriesen el riesgo de ser condenadas a la pena capital. En caso de solicitudes de extradición concurrentes, debería darse prioridad a las solicitudes procedentes de la Corte Penal Internacional o de los Estados miembros de la UE sobre las recibidas de Estados Unidos.

Los eurodiputados solicitaron que antes de la ratificación de los acuerdos por parte de los Estados miembros se elaborase un estudio detallado sobre el posible impacto de la legislación estadounidense. El Parlamento también pidió el establecimiento de un comité interparlamentario para controlar la aplicación de los acuerdos. Finalmente, los diputados al PE instaron a las autoridades de la UE a condicionar la firma de los acuerdos al logro de una solución equilibrada sobre la situación de los ciudadanos europeos detenidos en Guantánamo. Los eurodiputados consideran inaceptable que ciudadanos europeos puedan quedar detenidos sin acusaciones concretas sólo por el hecho de que Estados Unidos sospeche su vinculación con actos terroristas.

Creciente oposición al enfoque de los Estados Unidos

Durante 2003, el enfoque de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo encontró una creciente oposición en el Parlamento Europeo. En ese año, Estados Unidos pidió que las líneas aéreas europeas comunicasen datos de pasajeros de naturaleza personal a las autoridades norteamericanas. Estados Unidos pedía 39 tipos de información, tales como los números de teléfono y las preferencias culinarias de los pasajeros de vuelos transatlánticos. El objeto consistía en identificar a los terroristas que trataban de entrar en el país norteamericano. Sin embargo, la comunicación de esta clase de datos constituye una violación de la normativa europea sobre la confidencialidad de los datos personales y los eurodiputados temían que pudiera sacrificarse dicha normativa en aras de la lucha contra el terrorismo. Así, en octubre de 2003, el Parlamento aprobó por abrumadora mayoría una resolución en la que pide que sólo se comuniquen a terceras partes datos de los pasajeros de carácter personal en caso de que no exista discriminación contra los pasajeros no norteamericanos, si éstos dan un consentimiento informado y si existen procedimientos de recurso. Los eurodiputados también pidieron que se evalúe la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo de acuerdo con su eficacia y su respeto de los derechos fundamentales. En la resolución se expresa la conclusión de que, por el momento, no es posible considerar que la protección de datos personales ofrecida por las autoridades norteamericanas sea la adecuada.

En diciembre de 2003, el comisario Bolkestein comunicó a los eurodiputados que Estados Unidos había decidio hacer importantes concesiones y que la presión del Parlamento había sido crucial para lograrlo. Se habían establecido límites claros al tipo de información que puede ser transferida, y que pasó a ser una lista de 34 categorías en lugar de 39. Estados Unidos acabó accediendo a guardar los datos durante un periodo de tres años y medio en lugar de 50 como se había pedido inicialmente. Además el uso que pueda hacerse de dicha información se había delimitado, se había establecido que la legislación se revisará conjuntamente con las autoridades de la UE al menos una vez al año y cualquier ciudadano europeo cuyas quejas al departamento de Seguridad Interior americano no se hayan resuelto satisfactoriamente tendría derecho a estar representado por las autoridades comunitarias de protección de datos. A pesar de todo, el Parlamento consideró que el acuerdo todavía violaba en parte los derechos de los ciudadanos en cuanto a la protección de datos. Como consecuencia, en abril de 2004 decidió finalmente pedir consejo al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del acuerdo internacional con las leyes europeas de protección de datos. Esta petición, sin embargo, no pudo por sí sola impedir la firma del acuerdo, que se llevó a cabo un mes más tarde. Ahora se espera que el Parlamento solicite al Tribunal de Justicia que anule el acuerdo.



  
Ponentes:
  
Transmisión de datos personales por las compañías aéreas en vuelos trasatlánticos: estado de las negociaciones con los EE.UU.: Johanna L.A. Boogerd-Quaak (ELDR, NL)
Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América: Jorge Salvador Hernández Mollar (EPP-ED, E)
Papel de la Unión en la lucha contra el terrorismo: Graham R. Watson (ELDR, UK)
Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo: Graham R. Watson (ELDR, UK)
Reglamento del Consejo sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo: procedimiento sin ponente
  
Diario oficial - Textos legislativos finales
  
Transmisión de datos personales por las compañías aéreas en vuelos trasatlánticos: estado de las negociaciones con los EE.UU. - texto aprobado por el Parlamento
Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América - texto aprobado por el Parlamento
Papel de la Unión en la lucha contra el terrorismo - texto aprobado por el Parlamento
Decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo
Reglamento del Consejo sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004