La política de inmigración

Esta ficha temática explica la política de inmigración de la Unión y su objetivo de establecer un enfoque prospectivo, global y equilibrado, basado en la solidaridad, para gestionar tanto la inmigración legal como la irregular. Introduce las prioridades de la política y presenta los avances estratégicos y legislativos más importantes relacionados con la migración y el asilo, la inmigración y la integración. Concluye describiendo el papel del Parlamento Europeo en la elaboración de la legislación en este ámbito.

Base jurídica

  • Los artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) definen la política común de inmigración de la Unión. El artículo 80 del TFUE establece que las políticas de inmigración se regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros (países de la Unión), también en el aspecto financiero.
  • Competencias de la Unión en el ámbito de la política de inmigración

    La competencia se refiere a la facultad conferida a la Unión por los Tratados para actuar en ámbitos políticos específicos.

    Inmigración legal: La Unión está facultada para establecer las condiciones en las que se permite a un nacional de un tercer país entrar y residir legalmente en un Estado miembro, también con fines de reagrupación familiar. Los Estados miembros conservan el derecho a fijar cuotas para la admisión de personas procedentes de terceros países que buscan empleo.

    Integración: La Unión puede fomentar y apoyar la acción de los Estados miembros destinada a propiciar la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en su territorio. No obstante, la legislación de la Unión no prevé la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales.

    Lucha contra la inmigración irregular: La Unión está obligada a impedir y reducir la inmigración irregular, sobre todo mediante una política eficaz de retorno, respetando siempre los derechos fundamentales.

    Acuerdos de readmisión: La Unión tiene la autoridad para llegar a acuerdos con terceros países para la readmisión, en sus países de origen o procedencia, de nacionales de terceros países que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada, presencia o residencia en el territorio de uno de los Estado miembro.

    Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea goza de plenas competencias jurisdiccionales en el ámbito de la inmigración y el asilo.

    Objetivos de la política de inmigración de la Unión

    La Unión tiene como objetivo establecer un enfoque equilibrado para gestionar la inmigración legal y luchar contra la inmigración irregular. Una gestión adecuada de los flujos migratorios implica:

    • garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros;
    • reforzar las medidas de lucha contra la inmigración irregular, incluidos la trata y el tráfico de personas;
    • promover una cooperación más estrecha con países no pertenecientes a la Unión en todos los ámbitos.
    • La Unión busca establecer un nivel uniforme de derechos y obligaciones de los inmigrantes legales comparable al de los ciudadanos de la Unión.

      Formulación de políticas

      A. Estrategias y prioridades de la política de inmigración de la Unión

      El 19 de diciembre de 2024, el Consejo Europeo refrendó las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia para el período 2024-2029, que sustituyen a las orientaciones estratégicas para el período 2014-2020. Las nuevas orientaciones hacen hincapié en la importancia de utilizar la política de visados de la Unión de manera estratégica, prevenir el abuso del régimen de visados de la Unión, establecer nuevas asociaciones con los países de origen y tránsito, luchar contra la delincuencia organizada y reflexionar sobre todos los aspectos del Derecho penal y civil de la Unión.

      En enero de 2026, la Comisión adoptó la primera estrategia de visados de la Unión, para abordar la política de visados de manera más estratégica. Su objetivo es reforzar el control de seguridad, facilitar el acceso a las personas que contribuyen a la economía y la sociedad de la Unión y hacer que la política de visados sea más inteligente a través de la innovación.

      1. Un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo

      En septiembre de 2020, la Comisión publicó su propuesta de Pacto sobre Migración y Asilo. Tras varios años de negociaciones, el nuevo pacto se adoptó en mayo de 2024. Se trata de una de las reformas más significativas de la política de migración de la Unión. Su objetivo es integrar el procedimiento de asilo en la gestión de la migración, vinculándolo al control previo y a los retornos, al tiempo que abarca la gestión de las fronteras exteriores, una previsión más sólida, la preparación y respuesta ante las crisis junto con un mecanismo de solidaridad, así como las relaciones exteriores con los principales países de origen y de tránsito fuera de la Unión (4.2.2).

      Los actos jurídicos adoptados por el Parlamento y por el Consejo en 2024 como parte del pacto son los siguientes:

      • el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración;
      • el Reglamento sobre el procedimiento de asilo y el Reglamento sobre el procedimiento fronterizo de retorno;
      • el Reglamento sobre situaciones de crisis y fuerza mayor;
      • un Reglamento Eurodac, la base de datos biométricos de la Unión para la gestión del asilo y la migración;
      • el nuevo Reglamento de triaje;
      • el Reglamento de reconocimiento que sustituye a la Directiva de reconocimiento de 2011;
      • la Directiva revisada sobre las condiciones de acogida;
      • el Reglamento sobre el reasentamiento.
      • Para garantizar la eficiencia, el nuevo pacto introduce normas armonizadas en materia de asilo, normas claras para el procesamiento de las solicitudes y salvaguardias contra los abusos. El nuevo marco de solidaridad permite a los Estados miembros apoyarse mutuamente: los Estados miembros se comprometen a un ciclo de solidaridad cada año, a través del cual establecen un conjunto de contribuciones (reubicaciones, contribuciones financieras o asistencia operativa) para apoyar a los Estados miembros que se enfrentan a una presión migratoria particular. Este contingente de solidaridad se establecerá cada año mediante una Decisión de Ejecución del Consejo. El Consejo acordó el primer contingente de solidaridad para mediados de 2026 a finales de 2025, concluyendo así el primer ciclo de solidaridad.

        Las normas del Pacto comenzarán a aplicarse a mediados de 2026, salvo el Reglamento sobre el reasentamiento, que ya está en vigor.

        Como resultado clave del Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión publicó su primer Informe europeo anual sobre asilo y migración en noviembre de 2025. En enero de 2026, presentó la primera Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración. Esta estrategia va más allá de la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo a mediados de 2026, y propone el camino a seguir para:

        • prevenir la migración ilegal y poner fin a las actividades de las redes delictivas de tráfico ilícito;
        • proteger a las personas que huyen de la guerra y la persecución, evitando al mismo tiempo el abuso del sistema de asilo;
        • atraer talento a la Unión para impulsar la competitividad de su economía.
        • B. Otros cambios legislativos

          Desde 2008 se ha adoptado importante legislación en materia de inmigración.

          1. Inmigración legal

          Tras las dificultades halladas hasta entonces a la hora de adoptar una norma general que cubriese toda la inmigración laboral en la Unión, el enfoque actual consiste en adoptar legislación específica por sectores, por categorías de migrantes, con el fin de establecer una política de inmigración legal a escala de la Unión.

          Mediante la Directiva inicial de 2009 relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado, se creó la «tarjeta azul UE», un procedimiento abreviado de expedición de un permiso especial de residencia y de trabajo con unas condiciones más atractivas que permite a los trabajadores de terceros países acceder a un empleo altamente cualificado en los Estados miembros. Las normas se revisaron dos veces después de 2009, la última en 2021. La Directiva sobre la tarjeta azul de la UE de 2021 contempla criterios de admisión más flexibles (basta con un contrato de trabajo válido o una oferta firme de empleo de seis meses), al tiempo que se reduce el umbral mínimo para los salarios que los solicitantes deben ganar para poder optar a la tarjeta azul y se facilita a los titulares de la tarjeta azul viajar entre los Estados miembros y reunirse con sus familias.

          La Directiva de 2011 sobre el permiso único establece un procedimiento común y simplificado para los nacionales de terceros países que soliciten un permiso de residencia y de trabajo en un Estado miembro, así como un conjunto común de derechos que han de concederse a los inmigrantes legales. El informe de ejecución de la Comisión sobre el procedimiento único de solicitud, adoptado en marzo de 2019, concluyó que la falta de información de los nacionales de terceros países sobre sus derechos obstaculiza el objetivo de la Directiva de promover su integración y luchar contra su discriminación. En abril de 2022, la Comisión propuso una revisión de la Directiva con el fin de simplificar y aclarar su alcance. El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo político en diciembre de 2023. La nueva Directiva sobre el permiso único, adoptada en 2024, racionaliza el proceso de obtención del permiso único de trabajo y residencia para solicitantes y empleadores e introduce nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de los trabajadores de terceros países contra la explotación.

          La Directiva por la que se establecen las condiciones para el empleo como trabajadores temporeros de nacionales de terceros países se adoptó en febrero de 2014. Se autoriza a los trabajadores temporeros migrantes a permanecer temporalmente de manera legal en la Unión durante un período máximo de entre cinco y nueve meses (variable en función del Estado miembro) para realizar una labor relacionada con la estación o época del año, sin perder por ello su residencia principal en un tercer país. La Directiva precisa asimismo el conjunto de derechos que asiste a estos trabajadores migrantes. En julio de 2020, la Comisión publicó las directrices relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia de COVID-19.

          La Directiva relativa a los traslados intraempresariales, por la que se establecen las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países, se adoptó el 15 de mayo de 2014. Con esta Directiva se facilita que las empresas y las multinacionales puedan destinar temporalmente a directivos, especialistas y trabajadores en formación a las sucursales y filiales ubicadas en la Unión.

          La Directiva relativa a los requisitos de entrada y residencia con fines de investigación, estudios y prácticas se adoptó en mayo de 2016. Sustituyó a los instrumentos anteriores relativos a estudiantes e investigadores, ampliando su alcance para incluir también voluntariado, programas de intercambio de alumnos, proyectos educativos y colocación au pair, y simplificando su aplicación.

          El estatuto de los nacionales de terceros países que son residentes de larga duración en la Unión sigue estando regulado por la Directiva del Consejo sobre residencia de larga duración, modificada en 2011 con el fin de extender su ámbito de aplicación a los refugiados y otros beneficiarios de protección internacional. El informe de ejecución de marzo de 2019 sobre la aplicación de dicha Directiva concluyó que, en lugar de promover activamente el estatuto europeo de residencia de larga duración, los Estados miembros expiden principalmente permisos nacionales de residencia de larga duración, y solo unos pocos nacionales de terceros países ejercen su derecho a trasladarse a otros Estados miembros. En abril de 2022, la Comisión propuso una revisión de la Directiva sobre residencia de larga duración, con el objetivo de crear un verdadero estatuto de residente de larga duración en la Unión, en particular reforzando el derecho de los residentes de larga duración a circular y trabajar en otros Estados miembros. El 30 de noviembre de 2023, el Parlamento y el Consejo entablaron negociaciones interinstitucionales que siguen en curso.

          El 15 de noviembre de 2023, la Comisión presentó el paquete de movilidad de las capacidades y el talento, que incluye una propuesta de Reserva de Talentos de la Unión. Esta Reserva de Talentos de la Unión fomenta la migración legal al proporcionar una plataforma en línea para que los demandantes de empleo de terceros países soliciten empleo en la Unión. El Reglamento por el que se establece una Reserva de Talentos de la Unión fue adoptado por el Parlamento y el Consejo en marzo de 2026.

          2. Integración

          La Directiva del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar establece disposiciones relativas al derecho a la reagrupación familiar, que van más allá del derecho al respeto de la vida privada y familiar del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El informe de ejecución de 2008 concluyó que esta Directiva no estaba siendo ni correcta ni plenamente aplicada en los Estados miembros. En consecuencia, la Comisión publicó en abril de 2014 una comunicación para orientar a los Estados miembros acerca de la aplicación del derecho a la reagrupación familiar. El segundo informe de ejecución, de marzo de 2019, concluyó que el estado de aplicación había mejorado desde 2008. Esto se debió en parte a los procedimientos de infracción incoados por la Comisión, al documento de orientación de 2014 y a las numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión.

          La competencia de la Unión en materia de integración es limitada. En julio de 2011 la Comisión adoptó la Agenda Europea para la Integración de los Nacionales de Terceros Países. En noviembre de 2020, la Comisión presentó un Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para 2021-2027, en el que se establecen un marco estratégico y medidas prácticas para ayudar a los Estados miembros a integrar e incluir a los 34 millones de nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión en los ámbitos de la educación, el empleo, la asistencia sanitaria y la vivienda. El plan reúne medidas de seguimiento y el uso de nuevas herramientas digitales, así como iniciativas encaminadas a fomentar la participación de los migrantes en la sociedad, aumentar las oportunidades para obtener financiación de la Unión y crear alianzas entre múltiples partes interesadas a distintos niveles de gobernanza. Entre los instrumentos existentes se encuentran el Foro Europeo de la Migración, el sitio web de la Comisión sobre la integración de los migrantes, la Red Europea de Integración y el grupo de expertos de la Comisión sobre las opiniones de los migrantes en el ámbito de la migración, el asilo y la integración, que se reunió por primera vez en noviembre de 2020 y ha celebrado reuniones periódicas desde entonces.

          Los instrumentos de financiación especializados para apoyar las políticas nacionales de integración se basan en el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo Social Europeo (FSE+) en el marco del marco financiero plurianual del período 2021-2027.

          3. Inmigración irregular

          La Unión ha adoptado importantes actos legislativos para luchar contra la inmigración irregular:

          • El paquete de medidas sobre la ayuda a la inmigración irregular incluye la Directiva del Consejo de 2002 que define el delito de ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares y la Decisión Marco del Consejo de 2002 que impone sanciones penales a esta conducta. El paquete de medidas se complementa con una Directiva del Consejo de 2004 relativa a la expedición de un permiso de residencia a las personas objeto de trata o tráfico ilícito que cooperen con las autoridades competentes (sobre la trata, véase también 4.2.6).
          • Los retos y las preocupaciones en relación con la aplicación del marco de la Unión contra el tráfico ilícito de migrantes han dado lugar a esfuerzos para revisar el marco. En septiembre de 2021, la Comisión adoptó un Plan de Acción de la Unión contra el Tráfico Ílícito de Migrantes (2021-2025). En noviembre de 2023, la Comisión presentó una propuesta de normas para prevenir y combatir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares en la Unión. La propuesta incluye una definición más clara del delito de tráfico de personas y sanciones armonizadas. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo está examinando actualmente esta propuesta. A raíz de otra propuesta de la Comisión en noviembre de 2023, el Parlamento y el Consejo adoptaron en 2025 un Reglamento relativo a la mejora de la cooperación policial para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Con ello se pretende reforzar el mandato de Europol para prevenir y combatir estos delitos.
          • La Directiva sobre retorno de 2008 contempla normas y procedimientos comunes de la Unión para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. En 2016, el Parlamento y el Consejo adoptaron un Reglamento relativo al establecimiento de un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Además, la renovada y reforzada Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) presta cada vez más asistencia a los Estados miembros en sus actividades relacionadas con el retorno.
          • En septiembre de 2018, la Comisión propuso una revisión de la Directiva sobre retorno para acelerar los procedimientos. Una evaluación de impacto del Parlamento sobre la propuesta de revisión de la Directiva sobre retorno concluyó que la propuesta conllevaría costes considerables para los Estados miembros debido a un mayor recurso al internamiento. No existían pruebas claras de que la propuesta pudiese aumentar la efectividad de los retornos, pero era probable que diese lugar a violaciones de los derechos fundamentales de los migrantes en situación irregular. En la Resolución del Parlamento sobre la aplicación de la Directiva sobre retorno (17 de diciembre de 2020) se subraya que la eficacia de la política de retorno de la Unión debe tener en cuenta el respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales.
          • Tras el informe del Parlamento sobre la propuesta de revisión de la Directiva sobre retorno, la Comisión retiró la propuesta y la sustituyó en marzo de 2025 por una propuesta de Reglamento sobre retorno. La presentación del presente Reglamento marca el inicio del nuevo enfoque europeo en materia de retornos, como se ha señalado en las Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2024-2029. El nuevo Reglamento propone la orden europea de retorno, que armoniza las decisiones de retorno en todos los Estados miembros garantizando que la orden de abandonar un país se aplique en toda la Unión. Las negociaciones sobre la propuesta de Reglamento sobre retorno están en curso. El Pacto sobre Migración y Asilo conduce a un mayor apoyo operativo a los Estados miembros, con Frontex como brazo operativo de la política de retorno de la Unión, además de la designación de un coordinador de retornos respaldado por una nueva Red de Alto Nivel para el Retorno.
          • En mayo de 2025, la Comisión también presentó una propuesta de Reglamento sobre la aplicación del concepto de «tercer país seguro». La propuesta tiene por objeto facilitar la aplicación de este concepto para acelerar los procesos de asilo y reducir la presión sobre los sistemas de asilo, preservando al mismo tiempo las garantías jurídicas de los solicitantes y garantizando el respeto de los derechos fundamentales. En este sentido, la Comisión propuso en abril de 2025 una propuesta de Reglamento sobre el establecimiento de una lista de países de origen seguros al nivel de la Unión. En febrero de 2026, el Parlamento y el Consejo adoptaron los siguientes dos Reglamentos:
          • La Directiva sobre sanciones a los empleadoresespecifica las sanciones y medidas aplicables en los Estados miembros a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular. El primer informe sobre su aplicación se presentó el 22 de mayo de 2014. Tras anunciar el Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la aplicación de la Directiva sobre sanciones a los empleadores en septiembre de 2021, con el objetivo de reforzar su aplicación protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes irregulares.
          • Desde 2001, los Estados miembros reconocen mutuamente sus respectivas decisiones en materia de expulsión (Directiva 2001/40/CE), por lo que la decisión de un Estado miembro de expulsar a un nacional de un tercer país presente en otro Estado miembro es respetada y ejecutada.
          • Al mismo tiempo, la Unión ha celebrado dieciocho acuerdos de readmisión con los países de origen y de tránsito para el retorno de los migrantes irregulares y coopera con estos países en la lucha contra la trata de seres humanos. Estos acuerdos prevén que los Comités Mixtos de Readmisión supervisen su aplicación. También están vinculados a acuerdos de facilitación de la expedición de visados, que tienen por objeto ofrecer los incentivos necesarios para las negociaciones de readmisión en el país no perteneciente a la Unión de que se trate sin aumentar la migración irregular.

            Reconociendo que los retornos efectivos requieren una cooperación más estrecha con países no pertenecientes a la Unión, la Comisión introdujo el Marco de Asociación en materia de Migración en 2016, lo que dio lugar a las primeras asociaciones en materia de migración con Etiopía, Mali, Níger, Nigeria y Senegal ese mismo año. Estas asociaciones reflejan el objetivo de celebrar acuerdos flexibles e incentivos adaptados para mejorar la cooperación en materia de retorno, al mismo tiempo que abordan desafíos más amplios relacionados con la migración. La Comisión también ha celebrado acuerdos informales sobre retorno y readmisión, que fueron criticados por el Parlamento en 2021 en una Resolución sobre la protección de los derechos humanos y la política exterior de la Unión en materia de migración, ya que escapan a sus competencias de control, lo que planteó cuestiones en materia de responsabilidad y transparencia. Mientras tanto, los Estados miembros siguen confiando en acuerdos bilaterales para alcanzar sus objetivos de retorno.

            La Comisión ha propuesto planes de acción de la Unión sobre el Mediterráneo Central (noviembre de 2022), la ruta de los Balcanes Occidentales (diciembre de 2022), las rutas del Mediterráneo Occidental y del Atlántico (junio de 2023) y la ruta del Mediterráneo Oriental (octubre de 2023). El 16 de octubre de 2025, la Comisión propuso un nuevo Pacto por el Mediterráneo con un tercer pilar sobre seguridad, preparación y gestión de la migración.

            Papel del Parlamento Europeo

            Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, el Parlamento Europeo ha participado activamente en la aprobación de nueva legislación relacionada con la inmigración. El procedimiento legislativo ordinario se aplica a las políticas en materia de inmigración tanto legal como irregular, por lo que el Parlamento Europeo colegisla con pleno derecho en pie de igualdad con el Consejo. Sin embargo, el Consejo adopta en solitario, previa consulta al Parlamento, las medidas provisionales necesarias en caso de afluencia repentina de nacionales de terceros países en un Estado miembro (artículo 78, apartado 3, del TFUE).

            El Parlamento también ha aprobado numerosas resoluciones de propia iniciativa sobre la migración. Entre ellas se incluyen las siguientes: