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Mientras que se rechaza el Estatuto de los diputados, se aprueba el Estatuto de los partidos políticos a nivel europeo

Sorprendentemente, algunos de los rasgos de la actividad del Parlamento Europeo siguen teniendo un carácter "nacional" y no "europeo". Los eurodiputados no reciben la misma retribución, dado que son remunerados por el Estado miembro del que proceden y ganan lo mismo que los diputados de sus parlamentos nacionales. Y, en el caso de las elecciones europeas, los partidos nacionales todavía no han sido sustituidos por partidos políticos a escala europea. Por el momento, han fracasado los esfuerzos por establecer una remuneración y unas condiciones uniformes para todos los eurodiputados. Pero se ha progresado en la creación de partidos políticos a escala europea.

Los diputados al Parlamento Europeo se rigen por un conjunto de normas que regulan su condición, su remuneración y gastos, así como la inmunidad parlamentaria de que gozan frente a acciones legales y otros asuntos. En algunos casos están sometidos a su propio ordenamiento jurídico nacional, mientras que en otros se rigen por la normativa de la Unión Europea. Esto da lugar a todo tipo de anomalías. Por ejemplo, un eurodiputado español recibe la misma remuneración que los diputados a Cortes, mientras que un eurodiputado alemán recibe la misma remuneración que un diputado del Bundestag. Y los eurodiputados no sólo son remunerados por sus países de origen, sino que también están sometidos a diferentes impuestos nacionales. Sin embargo, hacen el mismo trabajo y todos desarrollan su actividad principalmente en Bruselas y Estrasburgo.

Desde hace tiempo se han desarrollado esfuerzos por lograr un "Estatuto común" o conjunto uniforme de reglas para suprimir las diferencias de trato. Sin embargo, la aprobación del Estatuto no sólo depende del Parlamento Europeo sino también de los gobiernos nacionales. Los eurodiputados pensaron que estaban a punto de concluir este asunto cuando, en junio de 2003, el Parlamento aprobó un proyecto de Estatuto de los diputados, después de haber intentado lograr durante años un compromiso aceptable para los Gobiernos, que son quienes deciden en el seno del Consejo de Ministros. Sin embargo, el Consejo anunció que no aceptaba tres puntos del proyecto de Estatuto: la edad de jubilación para los eurodiputados, el régimen fiscal de su remuneración y ciertos asuntos relacionados con los privilegios y las inmunidades que, según el Consejo, sólo podían modificarse sobre la base de negociaciones entre los Gobiernos de la Unión Europea.

El Parlamento respondió mediante una nueva votación en diciembre de 2003 por la que decidió, por una amplia mayoría, suprimir los puntos controvertidos. Tras aceptar el deseo de varios Gobiernos de poder someter a impuesto nacional las remuneraciones de los eurodiputados, pese al hecho de que, cuando se adopte el Estatuto de los diputados, percibirán su remuneración del presupuesto de la Unión Europea, el Parlamento no sólo aceptó que estuviesen sujetos a un impuesto europeo sino también a los impuestos nacionales. La única condición que pusieron los eurodiputados fue que no hubiese doble imposición (argumento aceptado por el Consejo). El Parlamento aceptó tratar del asunto de los privilegios e inmunidades separadamente, pidiendo a los Estados miembros la revisión del protocolo correspondiente de 1965. Finalmente, los eurodiputados propusieron un compromiso sobre la cuestión de la edad de jubilación, que la Presidencia italiana de la UE a la sazón consideró aceptable: los eurodiputados podrán jubilarse a partir de los 63 años (en vez de los 65 años como proponía el Consejo y de los 60 años como propuso el Parlamento en junio).

Daba la impresión de que, veinticinco años después de las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo, todos sus miembros estarían regidos por las mismas normas para el ejercicio de sus funciones. Pero, sorprendentemente y en el último momento, durante la reunión del Consejo de 26 de enero 2004, reunión en que se debía aprobar el proyecto de Estatuto, varios ministros se opusieron al nivel de las remuneraciones propuestas para los eurodiputados, establecido en la mitad de la remuneración de los jueces del Tribunal Europeo de Justicia y que hasta entonces nadie había objetado. Como consecuencia de ello, naufragó el Estatuto por entero y será el nuevo Parlamento el que tenga que volver a intentar llevarlo a buen puerto.

Estatuto de los partidos políticos a escala europea

Mejor destino ha tenido el Estatuto sobre la constitución y la financiación de los partidos políticos a escala europea. Actualmente, se elige a los eurodiputados como representantes de partidos políticos nacionales, aunque, una vez en Bruselas, en general actúan integrados en uno de los "grupos parlamentarios", que representan determinadas ideologías del espectro político y que reúnen a los partidos nacionales correspondientes. Al margen del Parlamento Europeo, hace tiempo que algunos de los partidos más importantes establecieron federaciones a nivel europeo, aunque sin tener la coherencia y el impacto de los partidos políticos. Sin embargo, con el tiempo, se han constituido una serie de partidos políticos a nivel europeo, como el PPE (demócratas cristianos/centro-derecha), el Partido de los Socialistas Europeos, el ELDR (liberales), la Alianza Libre Europea (fundamentalmente partidos regionalistas) y los Verdes, estando otros partidos en proceso de formación.

Se considera que sería útil que los partidos políticos a escala europea tuviesen un mayor relieve, especialmente para contrarrestar la tendencia que se registra en las elecciones europeas de polemizar más sobre asuntos nacionales que sobre asuntos europeos. Por supuesto, el Tratado de la Comunidad Europea establece que "Los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la integración en la Unión. Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión". A pesar de la importancia que se otorga a los partidos políticos a escala europea, se tardó cierto tiempo, aunque no tanto como en el caso del Estatuto de los diputados, en alcanzar un acuerdo entre los Gobiernos de la UE y entre el Parlamento y los Gobiernos de la UE sobre las normas relativas al reconocimiento de los partidos europeos, que supondrá la financiación de estos partidos por parte del presupuesto de la UE.

El Reglamento relativo a los partidos políticos a escala europea, que entrará en vigor en junio de 2004 tras las elecciones europeas, establece que, para lograr el reconocimiento como tales y, en consecuencia, su financiación por parte del presupuesto de la UE, un partido político a escala europea debe estar representado, en por lo menos una cuarta parte de los Estados miembros, por diputados al Parlamento Europeo, o en los parlamentos nacionales o asambleas regionales. Alternativamente, debe haber obtenido, en por lo menos una cuarta parte de los Estados miembros, un 3% como mínimo de los votos emitidos en las últimas elecciones europeas celebradas. Además, un partido político a escala europea debe respetar los principios de la UE, esto es, la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho.

El presupuesto de la UE asigna anualmente 8,4 millones de euros para la constitución de partidos políticos a escala europea. De dicha cantidad, un 15% se distribuirá por partes iguales entre los partidos que se constituyan, y el resto se distribuirá en proporción al número de escaños que obtengan en el Parlamento Europeo. Para recibir financiación del presupuesto comunitario, todo partido político a escala europea debe presentar anualmente en el Parlamento Europeo un formulario de solicitud. La financiación que reciban sólo podrá utilizarse para el pago de gastos directamente relacionados con los objetivos establecidos en su programa político y no podrán utilizarla para la financiación directa o indirecta de sus partidos políticos nacionales.

Asimismo, todo partido político a escala europea debe publicar anualmente sus ingresos y gastos y declarar sus fuentes de financiación, proporcionando una lista de sus donantes y de las donaciones recibidas de cada uno de ellos, salvo las que no superen los 500 euros. Estos partidos no podrán aceptar donaciones anónimas, donaciones de organismos en los que el Estado posea más del 50% del capital ni donaciones de personas físicas o jurídicas superiores a los 12 000 euros anuales.



 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004