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Los derechos humanos como elemento central de la política exterior

El Parlamento Europeo ha luchado siempre por la defensa y promoción de los derechos humanos tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Hoy en día, gracias al impulso de los diputados, los derechos humanos constituyen el elemento central de la política exterior de la Unión.

El diálogo sobre los derechos humanos no debe convertirse en tema de tertulia de café ni limitarse a intercambiar puntos de vista sobre las diferencias culturales e históricas de los pueblos. Tales son los términos en que se ha expresado francamente el último informe que el Parlamento ha aprobado sobre el estado de los derechos humanos en el mundo durante 2002. Los diputados han pedido con frecuencia al Consejo y a la Comisión que refuercen sus exigencias en la materia con ocasión del diálogo político, de la concesión de ayudas o de la conclusión de acuerdos con países terceros.

Fines y medios

Los diputados europeos luchan desde hace décadas por situar la promoción de los derechos humanos y de la democracia en el centro de la política exterior de la Unión. Estas reivindicaciones han cristalizado en los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, que han creado las bases jurídicas necesarias para dicho fin. Además, ha sido el Parlamento el que ha creado la línea presupuestaria que permite a la Unión financiar proyectos en ámbitos tan diversos como la educación cívica, el desarrollo de unos medios de comunicación independientes, la prevención de la violencia contra las mujeres, la formación de servicios de policía, etc.

Una cláusula sistemática

El Parlamento Europeo también ha insistido en que la Unión incluya sistemáticamente una cláusula relativa a los derechos humanos en los acuerdos que concluye con países terceros. Esta cláusula impone condiciones a la aplicación de los acuerdos: dicho de otro modo, los acuerdos pueden suspenderse si el país tercero en cuestión no respeta los derechos humanos. Esta política se ha ido desarrollando progresivamente durante los años 1990 y se ha aplicado sistemáticamente a partir de 1995. Unos 30 acuerdos concluidos antes de 1995 y unos 20 aplicados posteriormente contienen dicha cláusula.

Pero no basta con proclamar principios o compromisos: hay que ponerlos en práctica. Para los diputados, el respeto efectivo de esta cláusula depende sobre todo de la voluntad política de los Estados miembros, cuyos intereses particulares impiden en ocasiones que la Unión actúe con eficacia. Para reducir este tipo de desajuste, el Parlamento considera que esta cláusula debería contar con un mecanismo de aplicación bien definido, para mantener la presión sobre los países terceros. El Parlamento también lamenta no haber podido participar en mayor medida en la toma de decisiones relativas a las consultas o a la suspensión de acuerdos bilaterales a causa de violaciones de los derechos humanos.

Pero el Parlamento dispone de un arma importante: el dictamen conforme que debe emitir y sin el cual estos acuerdos bilaterales no podrían aplicarse. A veces ha ocurrido que, sin llegar a denegar su dictamen conforme, el Parlamento lo ha ido aplazando con objeto de hacer presión sobre un país tercero. En 1993, por ejemplo, así ocurrió a propósito de un acuerdo con Siria, y todo hace pensar que esta presión contribuyó a hacer posible la emigración de un gran número de judíos sirios. Este margen de maniobra también permite organizar audiencias en las que se invita a autoridades políticas de terceros Estados para incitarles a aclarar y reforzar sus políticas en materia de derechos humanos. A veces, el Parlamento Europeo ha adjuntado a su dictamen conforme una resolución donde se recogen sus reivindicaciones. Así ocurrió, durante la presente legislatura, con los acuerdos de asociación con Egipto y el Líbano, así como con Argelia, caso en que una delegación del Parlamento Europeo visitó el país para examinar la situación sobre el terreno. En el caso del Pakistán, el acuerdo está en suspenso a causa de la degradación de los derechos humanos que se ha constatado en dicho país.

Una vigilancia constante

En cada período mensual de sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo se celebra un debate de actualidad sobre casos de violaciones de los derechos humanos en el mundo y se aprueban resoluciones. Los diputados se muestran especialmente atentos y críticos en materia de libertad de expresión y de prensa, de celebración de elecciones realmente democráticas o de procesos judiciales equitativos. De esta manera, se ha denunciado a determinados gobiernos autoritarios por las violencias o intimidaciones perpetradas contra las fuerzas de oposición, y sus vivas reacciones conducen a pensar que la vigilancia del Parlamento Europeo constituye un modo de presión moral útil. A menudo las presiones de los diputados han hecho que las autoridades de ciertos países revisen su actitud respecto de ciertos militantes de los derechos humanos o de miembros de la oposición, como en los casos de Ryad al-Turk en Siria, de Saad Eddin Ibrahim en Egipto o de Hamma Hammani en Túnez.

Todos los años, el Parlamento examina también el estado de los derechos humanos en el mundo. En el informe anual al respecto, debatido en sesión plenaria y acompañado de una resolución, el Parlamento subraya los hechos inaceptables y sugiere acciones específicas para reforzar la eficacia y la coherencia de la Unión en este ámbito. El último de estos informes sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, el relativo a 2002 (debatido en septiembre de 2003), subraya en especial que la intolerancia religiosa constituye una amenaza para la paz en el mundo. El informe sobre 2001 insistió, por su parte, en la condena del tráfico de seres humanos y el terrorismo, y el informe del año 2000 destacó la libertad de expresión y de los medios de comunicación.

Un compromiso concreto

Aparte de estos debates mensuales e informes anuales, el Parlamento ha apoyado con frecuencia el envío de observadores de la Unión cuando se celebran elecciones en ciertos países terceros y ha participado a menudo en las misiones de observación. Estas misiones han estado presididas por diputados del PE. Sin embargo, los diputados consideran que dichas misiones no deberían limitarse a meras acciones puntuales durante los periodos electorales y piden que se efectúe un trabajo de seguimiento de los mismos.

Durante los últimos años, el Parlamento ha pedido y apoyado sanciones (como el embargo de armamento o la suspensión de la ayuda comunitaria) contra los países que violan persistentemente los derechos humanos. Así ha sido en especial en los casos de Zimbabwe, Haití, Liberia, Somalia, la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Indonesia o Moldova. En 2002, y para ser coherente con sus principios políticos, el Parlamento se negó a permitir que entraran en sus locales, donde se celebraba la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE, dos delegados de Zimbabwe a los que se había denegado el visado, lo que condujo a la anulación pura y simple de esa reunión.



  
Ponentes:
  
Informe anual 1999-2000: Matti Wuori (Greens/EFA, FIN)
Informe anual 2001: Johan Van Hecke (ELDR, B)
Informe anual 2002: Bob van den Bos (ELDR, NL)
Informe anual 1999-2000
Informe anual 2001
Informe anual 2002
Informe anual 999-2000 (texto aprobado por el PE)
Informe anual 2001 (texto aprobado por el PE)
Informe anual 2002 (texto aprobado por el PE)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004