La Unión Europea y sus Estados miembros son actualmente los mayores prestadores mundiales de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria. La lucha contra la pobreza es el objetivo fundamental de la cooperación europea. Para alcanzar esta meta, los diputados han insistido principalmente en la mejora de los sistemas de educación y de salud. La actividad de la legislatura ha estado marcada por la descentralización de la política de desarrollo, con el fin de aproximarla a la situación sobre el terreno y a las necesidades de las poblaciones. El Parlamento, en cuyas manos están tanto el poder legislativo como el presupuestario, orienta esta política comunitaria.
En el mundo, unos 800 millones de personas, entre ellas 200 millones de niños, sufren malnutrición crónica y el 20% de la población mundial vive con menos de un dólar por día. Además, la casi totalidad de estas personas se encuentra en los países en desarrollo, al igual que el 90% de los enfermos de sida. La Unión Europea ha construido en los últimos 40 años una política voluntarista para reducir las desigualdades existentes entre el Norte y el Sur. La CEE ha celebrado acuerdos con un buen número de países en desarrollo a partir de los años 60, antes de que, con el Tratado de Maastricht, la política de cooperación al desarrollo se convirtiera en una política autónoma. La Comunidad debe tener en cuenta los objetivos de la política de desarrollo en sus otras políticas y debe coordinar su acción con la de los Estados miembros, los terceros países y las organizaciones internacionales.
Una ayuda descentralizada y diversificada
Los planteamientos de la política de desarrollo y cooperación están sufriendo una evolución para acercarse cada vez más a la situación sobre el terreno y a los beneficiarios de la ayuda. Actualmente hay que hacer todo tipo de esfuerzos para que la sociedad civil de los países en cuestión y de la UE estén más estrechamente asociadas al desarrollo. De este modo, no sólo las autoridades públicas, sino también las asociaciones profesionales, los sindicatos, las escuelas e instituciones culturales, las iglesias o las organizaciones de poblaciones indígenas, pueden percibir una ayuda financiera comunitaria directa.
Los diputados han insistido en que, entre las organizaciones beneficiarias de la descentralización, figuren movimientos sociales que luchan por la democratización y los derechos humanos, en particular los derechos sociales. Para los diputados, la Comisión, al elaborar las estrategias de desarrollo, debe consultar también a los actores no estatales. El apoyo a las ONG y el respeto de los derechos humanos se encuentran, año tras año, entre las prioridades presupuestarias que esgrime el Parlamento ante el Consejo de Ministros. La cooperación ya no ha de ser una simple parcela de las relaciones entre Estados.
Por otra parte, la generosidad de los países donantes no siempre está libre de todo egoísmo: la mayor parte de la ayuda pública al desarrollo sirve para financiar la compra de bienes y servicios a los donantes. La desvinculación de la ayuda consiste en poner fin a este vínculo, más o menos directo, que existe entre la concesión de ayuda y la firma de contratos. Los diputados han solicitado la desvinculación de la totalidad de la ayuda pública al desarrollo en un plazo de cinco años.
Prioridad a la salud y a la educación
Entre los numerosos temas abordados por el Parlamento durante esta legislatura, la salud y la educación han revestido particular importancia. La lucha contra las enfermedades relacionadas con la pobreza -el sida, la tuberculosis y el paludismo- es una urgencia mundial. Los estragos causados por el sida en África anulan los esfuerzos de desarrollo emprendidos desde hace años. Por ello, los diputados han apoyado la creación de un fondo mundial de lucha contra estas enfermedades y han aumentado sensiblemente la contribución comunitaria. Se han esforzado por recordar en diversas ocasiones que un mejor acceso a la información y a los cuidados servirá de ayuda para luchar a la vez contra la pandemia del sida y contra la pobreza.
Para los diputados, la reducción de la pobreza sólo será una realidad cuando un número máximo de personas tengan acceso a unos servicios sanitarios adecuados y a la educación. En distintas ocasiones, se han referido a la importancia de la educación básica y piden que se haga el máximo esfuerzo para alcanzar los objetivos del Milenio en la materia, es decir, que todos los niños asistan a la escuela primaria en 2015. Actualmente existen 113 millones de menores sin escolarizar, niñas en su gran mayoría, y en los países en desarrollo hay 860 millones de personas analfabetas. El Parlamento desea que se destine a la educación el 8 % del presupuesto de la Comisión para cuestiones de desarrollo, frente al 4 % de 2001. Ello se refiere tanto a la educación como a la alfabetización de adultos, especialmente mujeres.
La ayuda humanitaria: ¿un escaparate para la acción exterior de la UE?
ECHO, la Oficina humanitaria comunitaria, fundada en 1992, se ha convertido en el principal donante de ayuda humanitaria a escala mundial, con unas prestaciones superiores a los 600 millones de euros en 2003. Este órgano de la Comisión fue creado a instancias del Parlamento Europeo. ECHO evalúa las necesidades en términos de ayuda humanitaria y financia organizaciones con las que se asocia para actuar sobre el terreno. En su calidad de autoridad presupuestaria, el Parlamento insiste todos los años en que se aumenten los créditos asignados. Mediante sus resoluciones sobre las actividades de ECHO, ejerce presión sobre la elección de prioridades y recuerda el principio de neutralidad de la ayuda humanitaria.
Una de las cuestiones que preocupan a los diputados es la falta de visibilidad de la acción de ECHO. Son en gran medida los fondos comunitarios y por tanto los contribuyentes europeos, que la mayoría de las veces no saben que es así quienes financian las raciones alimentarias distribuidas a los niños de África por unas ONG bien conocidas en cambio por el gran público, o por las agencias de las Naciones Unidas.
Euromed: la asociación euromediterránea sobre el terreno
A finales de 1995, se lanzó el proceso de Barcelona entre la Unión Europea y doce Estados mediterráneos: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Malta, Marruecos, los Territorios Palestinos, Siria, Túnez y Turquía. Dos de ellos, Malta y Chipre, han ingresado en la UE el 1 de mayo de 2004 y Turquía es candidata a la adhesión. Por otra parte, Libia anunció a finales de febrero de 2004 que estaba dispuesta a unirse al proceso de Barcelona. El objetivo de la asociación es reforzar el diálogo político y el desarrollo económico para garantizar la paz y la prosperidad de la región. Al igual que el Acuerdo de Cotonú para los países ACP (véase también nuestra ficha "UE-ACP"), la asociación euromediterránea insiste en el papel de la sociedad civil. A la larga, debe establecerse una zona de libre cambio entre todos los socios. Actualmente la asociación se traduce en una serie de acuerdos de asociación celebrados entre la UE y los diferentes Estados mediterráneos. El programa MEDA es el instrumento financiero que debe servir de ayuda para la transición económica de los países socios. Su presupuesto para el período 2000-2006 asciende a 5 350 millones de euros. Por otra parte, están los préstamos que puede conceder el Banco Europeo de Inversiones.
Esta asociación y su evolución afectan igualmente al Parlamento. Existía ya un Foro, del que formaban parte diputados de todos los Estados de la UE y del Mediterráneo y también diputados del PE. En la Conferencia Ministerial de Nápoles, de diciembre de 2003, se decidió convertir el Foro en una verdadera Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM), cuya primera reunión se celebró en Atenas los días 22 y 23 de marzo de 2004. Con este cambio, debería producirse una mayor participación de los parlamentarios, entre los que figuran 45 diputados europeos (sobre un total de 240 miembros), que podrán expresarse regularmente sobre todas las cuestiones relacionadas con la asociación euromediterránea.
|