| Las minas antipersonas causan todos los años numerosas víctimas y ello ocurre a menudo en los países más pobres. La Unión Europea ha decidido asumir mayores obligaciones internacionales que las establecidas por el Convenio de Ottawa y reforzar la coherencia y la eficacia de su acción contra esta calamidad. El Parlamento Europeo, que siempre ha estado muy implicado en ese terreno, ha logrado que la legislación comunitaria aprobada en 2001 exija, en el marco de una estrategia global de prevención, la eliminación de las existencias de minas en poder de los Estados miembros. Asimismo, y por insistencia del Parlamento, se ha dotado a la acción contra las minas antipersonas de una línea presupuestaria específica.
Las minas antipersonas, que no distinguen entre militares y civiles, a menudo explotan en zonas en que la población civil intenta superar las consecuencias de un conflicto armado. Estas minas constituyen una amenaza permanente durante largos años a menos que sean eliminadas o neutralizadas.
Alertados por las organizaciones de la sociedad civil, 122 países firmaron el Convenio de Ottawa en diciembre de 1997. Desde entonces, los Estados signatarios del Convenio han destruido más de 30 millones de minas. Aunque más de 110 países no utilicen hoy en día las minas antipersonas, queda mucho por hacer. Hoy en día, unos 65 países siguen estando expuestos a esta calamidad. Cada año, se calcula que hay entre 15 000 y 20 000 nuevas víctimas de las minas terrestres antipersonas, de las cuales un gran número son civiles, niños incluidos. Las minas no solamente provocan pérdidas de vidas humanas y mutilaciones atroces sino que también dificultan la recuperación económica y social de los países en que se han desarrollado conflictos o guerras civiles.
Un presupuesto de 140 millones de euros
El Reglamento negociado entre el Consejo y el Parlamento, sobre la base de una propuesta de la Comisión, abarca varios objetivos esenciales. En primer lugar, la creación de una línea presupuestaria y de un instrumento jurídico para asignar un máximo de recursos a las operaciones de eliminación de las minas, al apoyo a las víctimas, a la educación y a la búsqueda de instrumentos más eficientes. Para el período que va de 2002 a 2009, se ha asignado un presupuesto de 140 millones de euros enteramente dedicado a la lucha contra las minas antipersonas. Esta financiación específica garantiza la continuidad de la política de la Unión sin necesidad de negociar nuevas asignaciones presupuestarias todos los años. La lucha contra las minas antipersonas, dada la amplitud mundial y la gravedad del problema, exige unos procedimientos de toma de decisiones adaptados al problema: eficaces, flexibles y, si procede, rápidos. Existen otros instrumentos complementarios y la Unión consagra a esta lucha una financiación total de unos 240 millones de euros.
Un segundo objetivo consiste en hacer frente a situaciones de urgencia humanitaria, tomando medidas preventivas contra las mutilaciones y las muertes, y aportando ayuda a la rehabilitación de las víctimas. Pero las minas terrestres antipersonas y otras municiones sin explotar constituyen un obstáculo estructural para el restablecimiento de una actividad económica y social normal. Esta dificultad exige un compromiso a largo plazo que la ayuda humanitaria de emergencia o la reconstrucción no pueden ofrecer a las víctimas.
La estrategia de la Unión consiste en dar prioridad a la formación para apoyar los esfuerzos locales en los países afectados. El enfoque del Parlamento ha consistido en dar prioridad a la estrategia civil, que hoy en día constituye una práctica muy extendida en el trabajo de la comunidad internacional. Además, los eurodiputados consideran que la formación de personal especializado permitirá, por un lado, que la población local lleve a cabo una política de prevención y, por otro, reforzar la eficacia de las estructuras internacionales existentes.
Acciones concretas
Las operaciones financiadas por el Reglamento comunitario incluyen acciones tales como la concienciación frente al problema de las minas, la formación de personal especializado, la localización y demarcación de las zonas sospechosas, la detección, la neutralización y la destrucción de las minas enterradas en el suelo, la destrucción de las existencias, la asistencia a las víctimas y a su rehabilitación y su reinserción socioeconómica y, finalmente, la gestión de la información al respecto. La Unión presta también apoyo financiero a socios tales como las organizaciones no gubernamentales y las agencias que disponen de unos conocimientos especializados. Finalmente, el presupuesto también sirve para financiar un equipamiento adaptado a la lucha contra las minas en los países afectados, equipamiento que es muy diferente según el tipo de terreno en que se hayan colocado las minas.
Más recientemente, en una Resolución del 22 de abril de 2004, el Parlamento Europeo ha invitado de nuevo a todos los Estados a firmar y ratificar el Convenio de Ottawa. En concreto, ha pedido a los Estados Unidos que reflexionen sobre su intención de no firmar dicho Convenio. El Parlamento espera que todas las partes, y en concreto otras partes distintas de los Estados, firmen un compromiso para la prohibición total de las minas antipersonas.
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