Contratación pública
Esta ficha temática explica las normas de la UE en materia de contratación pública, es decir, el proceso mediante el cual las autoridades públicas —como organismos de la Administración nacional o entes locales— adquieren obras, bienes o servicios a las empresas. Resume el marco jurídico, los principales procedimientos y las recientes reformas políticas, que incluyen medidas relativas a la digitalización, la sostenibilidad y la contratación pública internacional. Destaca, asimismo, el papel del Parlamento Europeo en la configuración y revisión del marco de contratación pública de la Unión.
Base jurídica
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: sus artículos 26 y 114 constituyen la base jurídica del mercado único y establecen normas comunes de la Unión necesarias para su funcionamiento, también en el ámbito de la contratación pública; los artículos 34, 56, 57 y 62, por su parte, garantizan que los contratos públicos estén abiertos a la competencia transfronteriza en el ámbito de los bienes y servicios; por último, el artículo 53, apartado 1, proporciona la base jurídica para coordinar las normas nacionales que afectan al acceso a las actividades económicas.
Objetivos de las normas de contratación pública de la UE
La finalidad de las normas de contratación pública de la UE es garantizar que los contratos públicos (es decir, los contratos adjudicados por las autoridades públicas a empresas para el suministro de obras, productos o servicios) se adjudiquen de manera justa y eficiente en todo el mercado único abierto de la Unión.
Sus principales objetivos son:
- garantizar la igualdad de trato y la transparencia en la adjudicación de contratos públicos;
- abrir los mercados nacionales de contratación pública a la competencia en toda la UE;
- ayudar a las autoridades a obtener la mejor relación calidad-precio en el gasto público;
- reducir los riesgos de fraude y corrupción;
- apoyar objetivos políticos más amplios, como la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.
- la Directiva sobre contratación pública;
- la Directiva de servicios públicos, relativa a la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales;
- la Directiva sobre contratos de concesión, por la que se establece un marco jurídico adecuado para la adjudicación de concesiones que garantiza a todos los operadores económicos de la Unión un acceso efectivo y no discriminatorio al mercado y proporciona mayor seguridad jurídica en lo relativo a las disposiciones legales aplicables. Las concesiones son contratos adjudicados por una autoridad pública a una o más empresas para la realización de obras o servicios (por ejemplo, el mantenimiento y la gestión de autopistas). Las empresas adjudicatarias de una concesión son remuneradas principalmente mediante la autorización para gestionar y explotar la obra o el servicio correspondiente.
- En el «procedimiento abierto», cualquier empresa interesada puede presentar una oferta.
- En el «procedimiento restringido» solo se permite presentar ofertas a los candidatos invitados.
- En el «procedimiento de licitación con negociación», cualquier empresa puede solicitar la participación, pero solo están autorizadas a presentar ofertas las invitadas a ello tras una evaluación.
- El «diálogo competitivo» se aplica en situaciones en las que las autoridades públicas licitadoras no pueden definir sus necesidades; solamente participan en el diálogo candidatos invitados. El contrato se adjudica sobre la base de la mejor relación calidad-precio.
- El procedimiento de «asociación para la innovación» se destina a soluciones innovadoras que aún no están en el mercado. La autoridad colabora con una o varias entidades de investigación y desarrollo para negociar una solución novedosa durante la licitación.
- una Resolución sobre nuevos aspectos de la política de contratación pública (18 de mayo de 2010);
- una Resolución sobre la igualdad de acceso a los mercados del sector público en la UE y en terceros países (12 de mayo de 2011);
- una Resolución sobre la modernización de la contratación pública (25 de octubre de 2011).
La contratación pública representa alrededor del 14 % del PIB de la Unión y resulta especialmente importante en sectores como la construcción, la energía y las telecomunicaciones. Por lo tanto, es un motor fundamental del crecimiento económico, la creación de empleo y la innovación en el mercado único de la UE. Abrir la contratación pública a la competencia dentro del mercado único ayuda a las autoridades públicas a obtener la mejor relación calidad-precio, apoya la competitividad de las empresas de la UE y promueve procedimientos de adjudicación transparentes y eficientes.
Los primeros actos legislativos en materia de contratación pública
La Comunidad Europea adoptó legislación destinada a coordinar las normativas nacionales, imponiendo obligaciones respecto a la publicidad de las licitaciones y a los criterios objetivos aplicados para el examen de las ofertas. A partir de la década de 1960 se adoptaron varios actos jurídicos relativos a la contratación pública, pero posteriormente la Comunidad decidió simplificar y coordinar la legislación en este ámbito y adoptó la Directiva sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (Directiva 2004/18/CE) y la Directiva sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (Directiva 2004/17/CE). Algunos años después, otra Directiva introdujo normas específicas para la contratación pública en el ámbito de la defensa (Directiva 2009/81/CE), destinadas a facilitar el acceso a los mercados de la defensa de otros Estados miembros.
Reforma de la política de contratación pública
En 2014, el Parlamento y el Consejo adoptaron un nuevo paquete en materia de contratación pública que incluía tres Directivas:
En 2012, la Comisión propuso un Reglamento sobre la política de contratación pública internacional. Su objetivo era aclarar las normas que rigen el acceso al mercado único de la UE en el ámbito de la contratación pública y los procedimientos para las empresas, los bienes y los servicios procedentes de fuera de la Unión. También se proponía fortalecer la posición de la Unión a la hora de negociar el acceso de sus empresas, bienes y servicios a los mercados de contratación pública de terceros países. Un punto muerto en las negociaciones dio lugar a una nueva propuesta de la Comisión en 2016. El 23 de junio de 2022, el Parlamento y el Consejo firmaron el Instrumento de contratación internacional (ICI), que pretende promover la apertura mundial de los mercados de contratación pública.
Además, el 12 de julio de 2023 entró en vigor el Reglamento (UE) 2022/2560 sobre subvenciones extranjeras, que permite a la Comisión hacer frente a las distorsiones y garantizar unas condiciones de competencia equitativas para todas las empresas que operan en el mercado único. La nueva normativa permite a la Comisión actuar ante las subvenciones extranjeras en procedimientos de contratación pública obligando a los compradores del sector público de la Unión a excluir de los procedimientos de contratación pública a los operadores económicos que hayan recibido subvenciones extranjeras distorsionadoras.
En abril de 2012, la Comisión adoptó una estrategia para la contratación pública electrónica con el objetivo de alcanzar la plena implantación de la contratación pública electrónica a mediados de 2016. El 16 de abril de 2014, el Parlamento y el Consejo adoptaron una Directiva relativa a la facturación electrónica en la contratación pública.
El 3 de octubre de 2017, la Comisión publicó dos Comunicaciones, tituladas respectivamente «Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa» y «Apoyar la inversión mediante una evaluación voluntaria previa de los aspectos de contratación de los grandes proyectos de infraestructura». Con el fin de seguir mejorando la contratación pública europea en el marco del paquete de medidas de la estrategia de contratación pública, también publicó una Recomendación sobre la profesionalización de la contratación pública.
En sus orientaciones políticas para la Comisión Europea 2024-2029, la entonces candidata a presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció una revisión de las Directivas sobre contratación pública para permitir que se dé preferencia a los productos de la Unión en la contratación pública en determinados sectores estratégicos, garantizar el valor añadido de la Unión y la seguridad del suministro de tecnologías, productos y servicios cruciales, así como modernizar y simplificar las normas de contratación pública. El 13 de diciembre de 2024, la Comisión puso en marcha una evaluación de las tres Directivas principales sobre contratación pública (la Directiva sobre contratación pública, la Directiva sobre servicios públicos y la Directiva sobre contratos de concesión). El propósito de esta evaluación era analizar el funcionamiento e impacto de estas Directivas en toda la Unión y valorar si siguen siendo aptas para su finalidad, si cumplen los objetivos previstos a un coste mínimo y si son adecuadas para hacer frente a los retos actuales.
Procedimientos de contratación pública
Los procedimientos deben respetar los principios del Derecho de la Unión, en particular la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. Principios como la igualdad de trato, la no discriminación y la transparencia son esenciales, y deben respetarse la competencia, la confidencialidad y la eficiencia.
A. Tipos de procedimiento
Las licitaciones se ajustan a diversos tipos de procedimiento, sobre la base de un sistema de umbrales. En las Directivas se indican los métodos para calcular el valor estimado de cada contrato público, así como los procedimientos correspondientes.
En casos especiales, los contratos pueden adjudicarse sin publicación previa.
B. Criterios para la adjudicación de contratos
Los poderes adjudicadores están obligados a adjudicar los contratos públicos sobre la base del criterio de la «oferta económicamente más ventajosa», introducido en la reforma de las normas de contratación pública. En lugar de tomar en consideración solamente el precio más bajo, la oferta económicamente más ventajosa hace hincapié en la mejor relación calidad-precio teniendo en cuenta los factores de calidad, ambientales y sociales, los costes del ciclo de vida y la innovación.
C. Normas de publicidad y de transparencia
Los procedimientos de contratación pública deben garantizar la transparencia necesaria en todas sus fases, lo que se consigue gracias a la publicación de los elementos esenciales de los procedimientos de contratación y a la publicación de información sobre los candidatos y licitadores, así como a la aportación de documentación suficiente sobre todas las fases del procedimiento.
D. Vías de recurso en caso de incumplimiento de contrato
La Directiva sobre procedimientos de recurso de 2007 garantiza un sistema eficaz de recurso en caso de incumplimiento de las normas de contratación pública. Introduce el «plazo suspensivo», que, tras una decisión de adjudicación de contrato, concede a los licitadores un mínimo de diez días para revisar la decisión antes de que las autoridades firmen el contrato, un plazo que les da margen para impugnar la decisión.
E. Otros aspectos de la contratación pública
Las normas establecidas en 2014 ponen énfasis en la inclusión social y simplifican los contratos de servicios. Su objetivo es reducir la burocracia, ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) mediante el «documento europeo único de contratación» y fomentar la división de los contratos en lotes. Dan prioridad a la contratación pública electrónica e indican técnicas específicas para ella. Las Directivas reconocen las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de contratación interna y refuerzan la normativa contra los conflictos de intereses y la corrupción.
Además, las normas hacen hincapié en la contratación pública ecológica; tienen en cuenta el impacto ambiental y permiten referencias a la etiqueta ecológica. En la Comunicación de la Comisión titulada «Contratación pública para un medio ambiente mejor», la contratación pública ecológica se define como «un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar». La Comisión viene desarrollando criterios voluntarios de contratación pública ecológica para varios grupos de productos y propone criterios y objetivos mínimos obligatorios en materia de contratación pública ecológica en la legislación sectorial, como la Directiva sobre vehículos limpios (Directiva (UE) 2019/1161), el Reglamento sobre diseño ecológico, el nuevo Reglamento sobre productos de construcción y el Reglamento sobre envases y residuos de envases.
Tras la adopción del Plan de Acción para la Economía Circular de 2020, la Comisión publicó el 11 de marzo de 2020 un documento de trabajo sobre los criterios de contratación pública ecológica de la Unión para centros de datos, salas de servidores y servicios en la nube con el fin de garantizar que los equipos y servicios de los centros de datos se adquieran de manera respetuosa con el medio ambiente, en consonancia con los objetivos de la Unión en materia de energía, cambio climático y eficiencia en el uso de los recursos.
En respuesta a la pandemia de COVID-19, la Comisión propuso el programa UEproSalud, destinado a aumentar significativamente el presupuesto para la contratación pública en el ámbito de la salud, en particular en cuanto a medicamentos, vacunas y sistemas de datos sanitarios. El Reglamento por el que se establece el programa UEproSalud para el período 2021-2027 entró en vigor el 1 de enero de 2021. La Comisión proporcionó nuevas orientaciones para compradores del sector público para la adquisición rápida de equipos esenciales, puso en marcha cinco contrataciones conjuntas de equipos de protección individual con Estados miembros e insistió en la digitalización de la contratación pública a través de plataformas nacionales de contratación electrónica, como parte de su estrategia más amplia de recuperación tras la COVID-19.
En cuanto a la contratación pública en el ámbito de la defensa, en octubre de 2023 se adoptó el Reglamento sobre EDIRPA, por el que se establece un Instrumento para el refuerzo de la industria Europea de defensa mediante las adquisiciones en común. El objetivo de dicho Reglamento es impulsar sustancialmente el gasto en defensa, promover inversiones colaborativas en proyectos conjuntos, mejorar la adquisición conjunta de capacidades de defensa, reforzar las inversiones en diversas capacidades de misión, aprovechar las sinergias, estimular la innovación y reforzar la industria europea de la defensa, haciendo hincapié en el apoyo a las pymes.
Papel del Parlamento Europeo
El Parlamento desempeñó un papel central en la adopción del paquete legislativo sobre contratación pública de 2014. Ha pedido reiteradamente normas más sencillas, una mayor seguridad jurídica, un mejor acceso para las pymes, un uso más amplio de las herramientas digitales y un mayor apoyo a la sostenibilidad en la contratación pública.
Antes de aprobar el paquete legislativo sobre contratación pública el 15 de enero de 2014, el Parlamento había aprobado varias Resoluciones, entre ellas:
Como parte de los esfuerzos para seguir mejorando la contratación pública en la Unión, el Parlamento aprobó una Resolución sobre el paquete de medidas de la estrategia de contratación pública el 4 de octubre de 2018. Esta Resolución, basada en un análisis del marco jurídico de la contratación pública en la UE, pedía una mejor utilización de las tecnologías digitales en la contratación pública en la Unión, medidas de facilitación para las pymes y las empresas de la economía social, un mejor acceso para los proveedores de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros países y la profesionalización de los compradores. En noviembre de 2020, un estudio sobre los obstáculos jurídicos nacionales a las normas del mercado único constató que las disparidades entre los Estados miembros en cuanto a profesionalidad en el ámbito de la contratación pública explicaban en gran medida el acceso desigual a esta.
Un estudio sobre la contratación pública en la Unión estimó que la actividad legislativa reciente del Parlamento ha generado hasta 2 880 millones EUR anuales. Al mismo tiempo, las Directivas de 2014 sobre contratación pública han conllevado un aumento de los valores de adjudicación totales, que han pasado de menos de 200 000 millones EUR a aproximadamente 525 000 millones EUR.
En abril de 2020, un briefing sobre el marco de contratación pública de la Unión analizó como dicho marco contribuye a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y la Estrategia de la Economía Circular. Este trabajo de investigación fue solicitado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento y sirvió de base para una Resolución titulada «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores», aprobada el 25 de noviembre de 2020.
El 22 de febrero de 2021 se presentó a la Comisión IMCO un estudio sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado único. En él se proponían enfoques políticos para futuras crisis, como fondos reservados para el desarrollo de vacunas y la coordinación de normas a escala de la Unión. En el estudio se puso de relieve que los Estados miembros vieron rápidamente la importancia de coordinar los esfuerzos en la adquisición de equipos médicos y de protección individual debido a la intensidad de la crisis.
El 1 de diciembre de 2021, la Comisión IMCO organizó una audiencia pública sobre contratación pública sostenible en asociación con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria con el objetivo de examinar cómo la contratación pública podía apoyar los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Un estudio de mayo de 2022 para la Comisión IMCO titulado «The Digital Single Market and the digitalisation of the public sector» exploró el potencial de una plataforma de la Unión en el ámbito de las tecnologías de las administraciones públicas a la hora de modernizar el sector público.
El 9 de septiembre de 2025, el Parlamento aprobó una Resolución sobre contratación pública en la que pedía a la Comisión que simplificara el marco actual mediante una reducción de la burocracia y las cargas normativas, manteniendo al mismo tiempo unas normas sociales y ambientales estrictas e impulsando la competitividad de la Unión.
El 14 de octubre de 2025, la Comisión publicó su evaluación de las tres Directivas de la Unión sobre contratación pública. La evaluación, que abarca el período 2016-2024, forma parte de los preparativos para la próxima ley de contratación pública, prevista para el segundo trimestre de 2026, y sigue las directrices para la mejora de la legislación. La evaluación se debatió en la Comisión IMCO el 11 de noviembre de 2025 durante un intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea.
Esta ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Economía y Crecimiento del Parlamento Europeo. Para más información sobre este tema, véase la página web de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
Georgios ATHANASIADIS