Propiedad intelectual
Esta ficha informativa explica el marco de la Unión para los derechos de propiedad intelectual, que incluyen la propiedad industrial y comercial (patentes, marcas, dibujos y modelos, secretos comerciales e indicaciones geográficas) y los derechos de autor. También describe el papel del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la armonización del Derecho de la propiedad intelectual.
Base jurídica
Los artículos 114 y 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) regulan la armonización de la legislación en materia de propiedad intelectual y la creación de derechos de propiedad intelectual a escala de la UE.
Objetivos
A pesar de que los derechos de propiedad intelectual e industrial (DPII) se rigen por los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, también están sujetos al Derecho de la Unión. En el artículo 118 del TFUE se dispone que, en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de un Derecho de la propiedad intelectual de la Unión para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión. La actividad legislativa de la Unión en este terreno tiene el objetivo, principalmente, de armonizar determinados derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión a través de la creación de su propio sistema, como sucede en el caso de la marca y del diseño registrado de la Unión Europea, desde 2023, también en el de las patentes. Muchos de los instrumentos de la Unión reflejan las obligaciones internacionales que incumben a los Estados miembros en virtud de los Convenios de Berna y Roma, así como del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio y de los Tratados internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996.
Resultados
A. Armonización legislativa
1. Marcas, dibujos y modelos
En la Unión, el marco jurídico relativo a las marcas se basa en un sistema de cuatro niveles para el registro de marcas, incluido los sistemas nacionales de marcas armonizados mediante la Directiva sobre las marcas (Directiva (UE) 2015/2436 cuyo objetivo es la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas). Además de la vía nacional (registro para la protección de una marca a través de un organismo nacional de registro, la protección de una marca en la Unión también es posible a través de la vía del Benelux, la marca de la Unión (creada en 1994) y de la vía internacional. El Reglamento sobre la marca de la Unión (Reglamento (UE) 2017/1001) codifica y sustituye todos los reglamentos anteriores sobre la marca de la Unión. La codificación se llevó a cabo en aras de la claridad, habida cuenta de que el sistema de marcas de la Unión ya había sido objeto de modificaciones sustanciales en varias ocasiones. La marca de la Unión tiene carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la UE. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE) es la responsable de gestionar las marcas y los dibujos y modelos de la Unión. El Reglamento sobre la marca de la Unión también establece los importes de las tasas que se han de abonar a la Oficina. Estos se fijan a un nivel que garantiza que los ingresos resultantes cubran los gastos de la OPIUE y complementen los sistemas existentes de marcas nacionales.
El Reglamento sobre los dibujos y modelos de la Unión Europea (Reglamento (CE) n.o 6/2002) estableció un sistema comunitario de protección de dibujos y modelos. En los últimos años, la UE ha modernizado su marco normativo en materia de dibujos y modelos a través del paquete de reformas legislativas de 2024, mediante el cual se revisa la normativa con el fin de reforzar y armonizar las medidas destinadas a la protección de los dibujos y modelos en beneficio de los diseñadores independientes, así como las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las industrias en las que los dibujos y modelos cobran especial relevancia. El Reglamento sobre los dibujos y modelos de la UE (Reglamento (UE) 2024/2822) entró en vigor el 1 de mayo de 2025 y tiene por objeto garantizar que el sistema de protección de los dibujos y modelos se adapte a la era digital, y ampliar los conceptos y las definiciones de modo que puedan aplicarse mejor en las circunstancias presentes y futuras. Asimismo, su objetivo es mejorar la accesibilidad, la eficacia y la asequibilidad de los sistemas de protección de los dibujos y modelos, mediante la simplificación de los procedimientos para las pymes y las industrias intensivas en dibujos y modelos y la optimización de la cuantía y la estructura de las tasas que deben abonarse.
La Directiva sobre dibujos y modelos (Directiva (UE) 2024/2823) tiene por objeto lograr que el sistema de protección de dibujos y modelos esté adaptado a la era digital (especialmente a la llegada de las impresoras 3D) y resulte notablemente más accesible y eficiente, todo ello mediante una reducción de los costes, una simplificación de los procedimientos al hacerlos más ágiles y predecibles y una mayor seguridad jurídica. Los Estados miembros están obligados a incorporar la Directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 9 de diciembre de 2027.
La Decisión 2006/954/CE del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1891/2006 del Consejo, vincularon el sistema de registro de los dibujos o modelos de la Unión al sistema internacional de registro de dibujos y modelos industriales de la OMPI.
2. Derechos de autor y derechos afines
Los derechos de autor permiten a profesionales de los ámbitos de la escritura, la composición musical, el arte y el cine, entre otros, obtener una retribución por su obra y la protección de esta. Las tecnologías digitales han cambiado profundamente la manera en que se producen y distribuyen los contenidos creativos, así como el acceso a esos contenidos. La normativa de la Unión en materia de derechos de autor abarca trece Directivas y dos Reglamentos que armonizan los derechos esenciales de autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores y organismos de radiodifusión. Al establecer normas de la Unión, se reducen las discrepancias nacionales, se garantiza el nivel de protección necesario para fomentar la creatividad y la inversión en ella, se promueve la diversidad cultural y se facilita el acceso de los consumidores y de las empresas a los contenidos y servicios digitales en todo el mercado interior.
a. Derechos de autor
La Directiva sobre derechos de autor (Directiva (UE) 2019/790) armoniza la normativa en la Unión para los consumidores, los creadores y las empresas. Esta Directiva establece una protección adicional de los derechos de autor para las editoriales de prensa y una remuneración equitativa por los contenidos protegidos por derechos de autor. También introdujo la responsabilidad jurídica de las plataformas en línea en relación con el uso y la carga de contenidos protegidos por derechos de autor en sus sitios web. Sin embargo, los nuevos requisitos no afectarán a la carga no comercial de obras protegidas por derechos de autor para enciclopedias en línea, como Wikipedia. La Directiva relativa a las transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión (Directiva (UE) 2019/789 (Directiva CabSat II)) tiene por objeto aumentar el número de programas de radio y televisión en línea a disposición de los consumidores de la UE. Esta Directiva establece el principio del país de origen a fin de facilitar la concesión de licencias de derechos para determinados programas que los organismos de radiodifusión ofrecen en sus plataformas en línea (por ejemplo, la emisión simultánea y los servicios en diferido). Los organismos de radiodifusión tienen que obtener permisos relativos a los derechos de autor en su país de establecimiento en la Unión, para ofrecer en línea, en todos los países de la Unión, programas de radio, programas de televisión de noticias y actualidad y producciones propias financiadas en su totalidad por el organismo.
La Directiva (UE) 2017/1564 sobre el acceso a los libros y otro material impreso, permite el uso de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos en formatos adecuados.
El Reglamento relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea (Reglamento (UE) 2017/1128,) tiene por objeto garantizar que los consumidores que compran películas, retransmisiones deportivas, música, libros electrónicos y juegos, o se abonan a estos, puedan disfrutar de estos contenidos en sus desplazamientos a otros Estados miembros.
b. Período de protección de los derechos de autor y derechos afines
Los derechos de autor y derechos afines están protegidos durante la vida del autor o creador y durante 70 años después de su muerte. La Directiva de 2011 sobre el plazo de protección del derecho de autor (Directiva 2011/77/UE) amplió la protección de derechos de autor para artistas intérpretes o ejecutantes de grabaciones sonoras de cincuenta a setenta años tras la fecha de grabación, y para autores de música, como compositores y letristas, a setenta años tras el fallecimiento del autor. Este plazo de setenta años se ha convertido en una norma internacional para la protección de las grabaciones sonoras. En la actualidad, sesenta y cuatro países de todo el mundo protegen las grabaciones sonoras durante setenta años o más.
c. Programas informáticos y bases de datos
La Directiva sobre la protección jurídica de los programas de ordenador (Directiva 2009/24/CE) impone a los Estados miembros el deber de proteger los programas informáticos a través de derechos de autor en la medida en que están considerados como obras literarias en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. La Directiva de las bases de datos (Directiva 1996/9/CE) se contempla la protección jurídica de las bases de datos, que se definen como «las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma». Esta Directiva establece que las bases de datos están protegidas tanto mediante derechos de autor en lo referente a la creación intelectual como mediante un derecho sui generis que protege lo invertido (capital, recursos humanos, esfuerzo y energía) en la obtención, la verificación o la presentación del contenido de una base de datos.
El Reglamento de Datos (Reglamento (UE) 2023/2854) establece normas sobre el intercambio de datos generados por productos conectados o servicios relacionados, como el internet de las cosas y las máquinas industriales. Exige la divulgación y publicación de determinados datos aunque estén protegidos por secretos comerciales, derechos de autor u otros derechos de la propiedad intelectual e industrial del titular de datos o de un tercero, y permite a los usuarios acceder a los datos que generan. Establece nuevas normas que especifican quién puede acceder a los datos generados dentro de la Unión y utilizarlos en todos los sectores económicos.
En 2022, el Reglamento de Gobernanza de Datos (Reglamento (UE) 2022/868) establecerá unos mecanismos sólidos que facilitarán la reutilización de determinadas categorías de datos protegidos del sector público, aumentarán la confianza en los servicios de intermediación de datos y fomentarán la cesión altruista de datos en toda la UE.
El proyecto de ley propuesto conocido como «ómnibus VII» constituye un paquete legislativo diseñado a fin de simplificar y consolidar la normativa digital de la Unión, en particular el Reglamento de Datos y el Reglamento de Gobernanza de Datos. Uno de los aspectos más importantes del Reglamento Ómnibus Digital, propuesto por la Comisión el 19 de noviembre de 2025, radica en la armonización de las disposiciones con el Reglamento de Datos y el Reglamento de Gobernanza de Datos. El objetivo de esta revisión consiste en crear una base coherente para la economía de los datos europea que combine la protección de datos y la innovación. Además, pretende reducir la complejidad mediante la consolidación de las normas y la estandarización de la terminología. Las negociaciones tripartitas entre el Consejo y el Parlamento concluyeron con un acuerdo provisional sobre el paquete. El acuerdo debe ahora ser adoptado formalmente por las dos instituciones (también conocidas como colegisladores).
d. Derecho de alquiler y préstamo
La Directiva sobre alquiler y préstamo (Directiva 2006/115/CE) fue un instrumento legislativo temprano de la UE sobre los derechos de autor que adoptó un enfoque horizontal. Introdujo un derecho irrenunciable a la remuneración, ya que el esfuerzo creativo y artístico de autores e intérpretes exige unos ingresos suficientes y las inversiones necesarias para la producción de fonogramas y películas son especialmente cuantiosas.
e. Entidades de gestión colectiva
Para la difusión de contenidos protegidos por derechos de autor y derechos afines, es preciso que sus titulares obtengan una licencia sobre esos derechos. Las personas titulares pueden confiar sus derechos a una entidad de gestión colectiva para que los gestione en su nombre. La entidad está obligada a gestionar dichos derechos a menos que tenga motivos justificados para rechazar la gestión. La Directiva sobre la gestión colectiva de los derechos de autor (Directiva 2014/26/UE) establece los requisitos dirigidos a las entidades de gestión colectiva con vistas a garantizar un elevado nivel de gobernanza, gestión financiera, transparencia e información. Tiene por objeto garantizar que las personas titulares de los derechos tengan voz en la gestión de sus derechos y mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva mediante normas a escala de la Unión. Los Estados miembros deben garantizar que las entidades de gestión colectiva actúen en el mejor interés de las personas titulares cuyos derechos representan.
3. Patentes
Una patente es un título jurídico que puede otorgarse por una invención de carácter técnico siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y pueda tener una aplicación industrial. La patente da derecho a la persona propietaria a impedir que otras fabriquen, utilicen o vendan una invención sin permiso. Las patentes animan a las empresas a hacer la inversión necesaria en innovación y funcionan como incentivo para que las personas y las empresas dediquen recursos a la investigación y al desarrollo. En Europa, las invenciones técnicas pueden protegerse mediante patentes nacionales, concedidas por las autoridades nacionales competentes, o mediante patentes europeas, concedidas de manera centralizada por la Oficina Europea de Patentes. Esta última es la rama ejecutiva de la Organización Europea de Patentes, que cuenta en la actualidad con treinta y nueve Estados contratantes. La Unión, como tal, no es miembro de dicha Organización.
Tras años de debate entre los Estados miembros, el Parlamento y el Consejo aprobaron la base jurídica para la creación de una patente europea con efecto unitario (patente unitaria) en 2012. En consecuencia, un acuerdo internacional entre los Estados miembros establece una jurisdicción única y especializada en materia de patentes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 5 de mayo de 2015 en los asuntos C-146/13 y C-147/13, confirmó el paquete de la patente unitaria, que despejó el camino para una patente verdaderamente europea.
Desde su entrada en vigor el 1 de junio de 2023, la patente unitaria europea, concedida por la Oficina Europea de Patentes, ha proporcionado una protección uniforme con igual efecto en todos los países de la Unión participantes. Las empresas tienen la posibilidad de proteger sus invenciones en todos los Estados miembros de la Unión mediante una verdadera patente de la Unión. También pueden impugnar y defender las patentes unitarias iniciando un único procedimiento judicial ante el Tribunal Unificado de Patentes (TUP). De esta manera, se optimiza el sistema y se ahorra en costes de traducción. En el Acuerdo sobre un TUP se dispone que debe respetarse la primacía del Derecho de la Unión (artículo 20 de este Acuerdo) y que las decisiones del TJUE son vinculantes para el TUP. El TUP tiene actualmente jurisdicción sobre 18 Estados miembros de la UE. Consta de un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría. El Tribunal de Primera Instancia tiene una estructura descentralizada y comprende una división central en París con una sección en Múnich y Milán, así como una división regional y varias locales en toda Europa. El Tribunal de Apelación tiene su sede en Luxemburgo y se pronuncia sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia y sobre los recursos de revisión de las resoluciones definitivas del Tribunal. Las salas del Tribunal de Apelación tendrán una composición plurinacional y estarán constituidas por tres jueces con formación jurídica y dos jueces con formación técnica, titulación y experiencia en el ámbito de la tecnología de que se trate, conforme al artículo 9, apartado 1, del Acuerdo sobre un TUP.
4. Secretos comerciales
La práctica de mantener la confidencialidad de la información comercial (los «conocimientos técnicos») se remonta a siglos atrás. Numerosos países disponen de instrumentos jurídicos para la protección de los secretos comerciales, sean o no considerados derechos de propiedad intelectual e industrial. El grado de protección concedida a la información confidencial no es comparable con el existente en otros ámbitos del Derecho de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales, pero, en principio, puede aplicarse de forma indefinida, y no solo durante un tiempo limitado. La protección otorgada a los secretos comerciales varía de un país a otro en mayor medida que en otros ámbitos del Derecho sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial y puede resultar incluso más ventajosa y económica que procurar una protección de patentes formal. En 2016 se adoptó una Directiva relativa a la protección de los secretos comerciales, a saber, la Directiva (UE) 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
5. Derechos de propiedad intelectual e industrial relativos a las variedades vegetales
La protección de las variedades vegetales, también conocida como «derecho de obtención vegetal», es una forma de DPII reconocida a la persona que obtiene una nueva variedad vegetal. El sistema de la Unión de protección de las variedades vegetales, basado en los principios del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, contribuye al desarrollo de la agricultura y la horticultura. La normativa de la Unión estableció un sistema específico de protección de los derechos sobre las variedades vegetales. El sistema permite que se reconozcan derechos de propiedad intelectual e industrial sobre las variedades vegetales. La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales implementa y aplica este sistema.
6. Indicaciones geográficas
En el marco del sistema agrícola de derechos de la propiedad intelectual e industrial de la Unión, los nombres de productos registrados como indicaciones geográficas (IG) disfrutan de protección legal contra imitaciones y abusos en la Unión y en los terceros países con los que se han firmado acuerdos específicos de protección. Puede concederse una IG a los nombres de productos que tengan una vinculación específica con el lugar de producción. Este reconocimiento permite que los consumidores tengan confianza en los productos y los identifiquen, y, asimismo, ayuda a los agentes productores a comercializarlos mejor. Las IG están reconocidas como propiedad intelectual y desempeñan un papel de importancia creciente en las negociaciones comerciales entre la Unión y terceros países. Por ejemplo, los Estados Unidos siguen preocupados por la protección de las IG por parte de la Unión, que afecta tanto a la protección de las marcas comerciales estadounidenses como al acceso al mercado de los productos estadounidenses que utilizan nombres comunes en los mercados de la Unión y de terceros países[1]. El Reglamento relativo a las indicaciones geográficas de los productos alcohólicos y agrícolas (Reglamento (UE) 2024/1143) identifica los productos que tienen cualidades, características o una reputación debido a factores naturales y humanos vinculados a su lugar de origen. Los nombres de los productos para los que se ha presentado una solicitud de registro o que han sido reconocidos como IG figuran en los registros de las IG. En 2023 se aprobó un reglamento parecido, el Reglamento relativo a la protección de las IG de productos artesanales e industriales (Reglamento (UE) 2023/2411). Protege los productos industriales asociados con su IG de producción (como los cuchillos de Albacete, el cristal de Bohemia o la porcelana de Limoges) una protección similar a la que se da a los alimentos o bebidas producidas regionalmente.
A nivel internacional, la Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra (Decisión (UE) 2019/1754) designa a la OPIUE como autoridad competente para las IG. Los Estados Unidos siguen muy preocupados por el resultado de las negociaciones de la OMPI de 2015 sobre la ampliación del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen.
7. Lucha contra la falsificación
Según las estimaciones, las importaciones a la Unión de mercancías falsificadas y pirateadas representan aproximadamente 85 000 millones EUR (hasta el 5 % de las importaciones totales). En todo el mundo, el comercio de mercancías pirateadas representa el 2,5 % del comercio y asciende a hasta 338 000 millones EUR, lo que ocasiona importantes daños a titulares de derechos, Gobiernos y economías.
Como las disparidades nacionales existentes entre los diferentes regímenes sancionadores de la falsificación dificultaban la lucha eficaz contra ese tipo de delito en los Estados miembros, el Parlamento y el Consejo adoptaron en un primer momento una Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (Directiva 2004/48/CE). Esta Directiva tiene por objeto reforzar la lucha contra la piratería y la falsificación a través de la aproximación de las legislaciones nacionales, a fin de garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado único, y prevé medidas, procedimientos y mecanismos de reparación de naturaleza civil y administrativa. El Reglamento relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (Reglamento (UE) n.o 608/2013) establece las normas de procedimiento destinadas a dichas autoridades para vigilar el respeto de los DPII en relación con las mercancías que estén sujetas a vigilancia aduanera o a controles aduaneros.
B. Concepto de «agotamiento» de los derechos
1. Definición
El concepto de «agotamiento» de los derechos es una doctrina del Derecho que se aplica a todos los ámbitos de la propiedad industrial significa que, una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual o industrial (por ejemplo, una patente) haya sido comercializado por su titular o con su consentimiento, se dice que ese derecho de propiedad intelectual e industrial está agotado. En la Unión, el TJUE siempre ha interpretado los Tratados en el sentido de que los derechos conferidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial se agotan dentro del mercado único en virtud de la comercialización de las mercancías en cuestión (por el titular de los derechos o con su consentimiento). El titular de un derecho de propiedad intelectual e industrial, ya sea industrial o comercial, protegido por la legislación de un Estado miembro no puede invocar dicha legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro.
2. Límites
El «agotamiento» de los derechos de la Unión no se aplica en caso de comercialización de productos falsificados o productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo (artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC). En 1999, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró, en la sentencia del asunto C-173/98 (Sebago Inc. y Ancienne Maison Dubois & Fils SA/GB-Unic SA), que los Estados miembros no están autorizados a disponer en sus legislaciones nacionales el agotamiento de los derechos de una marca en relación con productos comercializados en un tercer país.
3. Actos jurídicos en este ámbito
Las normas de la Unión sobre el agotamiento son en gran medida fruto de la jurisprudencia del TJUE que interpreta el artículo 34 del TFUE, relativo a las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas entre los Estados miembros[2]. Esta jurisprudencia se refleja en cada uno de los actos legislativos de la Unión en materia de Derechos de propiedad intelectual e industrial.
C. Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
En 2012, el TJUE confirmó, en el apartado 32 de su resolución en el asunto C-406/10 (SAS Institute Inc./World Programming Ltd), que, de conformidad con la Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador (Directiva 91/250/CEE; modificada por la Directiva 2009/24/CE, únicamente la expresión de un programa de ordenador está protegida por los derechos de autor, sin que las ideas y los principios que sirven de base a la lógica, los algoritmos y los lenguajes de programación estén protegidos con arreglo a dicha Directiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea destacó que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en el marco de un programa informático para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de tal programa en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE (apartado 39).
En su sentencia en el asunto C-160/15 (GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV), el Tribunal declaró que la publicación en un sitio web de un hipervínculo que remite a otro sitio web en el que se han colocado obras protegidas por derechos de autor sin consentimiento de este no constituye una «comunicación al público» cuando la persona que coloca ese enlace actúa sin ánimo de lucro y no conoce el carácter ilegal de la publicación de esas obras.
En su sentencia en el asunto C-484/14 (Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment Germany GmbH), el Tribunal consideró que poner una red inalámbrica a disposición del público en general de manera gratuita al objeto de llamar la atención de posibles clientes a los bienes y servicios de un comercio constituye un «servicio de la sociedad de la información» en el sentido de la Directiva sobre el comercio electrónico (Directiva 2000/31/CE), y confirmó que, cuando se cumplen determinados requisitos, los prestadores de servicios que facilitan acceso a una red de comunicaciones no pueden ser considerados responsables de los datos transmitidos. En consecuencia, las personas titulares de los derechos no pueden solicitar una indemnización argumentando que esa red ha sido utilizada por terceros para infringir sus derechos. La protección de la conexión a internet mediante una contraseña garantiza el equilibrio entre, por un lado, los derechos de propiedad intelectual e industrial de las personas titulares y, por otro, la libertad de empresa del agente proveedor que suministra el acceso y la libertad de información de las personas usuarias de la red.
En su sentencia en el asunto C-265/19 (Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic Performance (Ireland) Ltd y otros), el TJUE declaró que un Estado miembro no puede denegar a artistas intérpretes o ejecutantes de terceros países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo el derecho a una remuneración invocando la cláusula de reciprocidad del Tratado de la OMPI. Todos los productores y artistas intérpretes o ejecutantes de grabaciones sonoras de las partes contratantes en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas tienen derecho a una remuneración equitativa. En respuesta a la sentencia del TJUE, la Comisión, el 11 de septiembre de 2023, abrió una consulta sobre las condiciones de remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes de música y los productores discográficos de países no pertenecientes a la Unión por la música grabada reproducida en la Unión debido a las preocupaciones de las partes interesadas estadounidenses sobre la retención de los derechos de autor de los Estados miembros de la Unión a los productores e intérpretes estadounidenses.
Papel del Parlamento Europeo
La propiedad intelectual aporta un valor añadido a las empresas y las economías de la Unión Europea. Su protección uniforme y su aplicación contribuyen a promover la innovación y el crecimiento económico. Así pues, el Parlamento se esfuerza por armonizar los derechos de propiedad intelectual e industrial a través de la creación de un sistema de la Unión Europea único en paralelo a los sistemas nacionales, como sucede en el caso de la marca y los dibujos y modelos de la Unión Europea, así como de la patente europea unitaria.
A través de sus diversas resoluciones sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial, en particular sobre la protección jurídica de las bases de datos, de las invenciones biotecnológicas y de los derechos de autor, el Parlamento ha defendido la armonización progresiva de los derechos de propiedad intelectual. También se ha opuesto a que se patenten elementos del cuerpo humano. El 27 de febrero de 2014, el Parlamento aprobó una Resolución de propia iniciativa sobre los cánones por copia privada (el derecho a realizar copias privadas de contenido adquirido legalmente), dada la gran importancia económica que ha adquirido la copia privada digital debido a los avances técnicos. Asimismo, ha participado de manera decidida en la redacción del Tratado de la OMPI relativo a las excepciones sobre los derechos de autor para personas con deficiencia visual (Tratado de Marrakech).
Durante la revisión de las normas de la Unión en materia de derechos de autor (véase la sección sobre derechos de autor), se produjo un acalorado debate público centrado en los artículos 11 y 13 de la propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital. Dicho debate culminó con una votación en el Parlamento que respaldó los esfuerzos por crear un nuevo derecho para que los agentes editores de medios de comunicación puedan obtener remuneración por los contenidos presentes en ciertas grandes plataformas de información, así como de un nuevo derecho para facilitar el seguimiento de las infracciones de los derechos de autor en internet. El sector creativo acogió estas propuestas con satisfacción, mientras que los representantes de las empresas tecnológicas las criticaron duramente.
El 10 de marzo de 2026, el Parlamento aprobó una Resolución sobre los derechos de autor y la inteligencia artificial generativa: oportunidades y desafíos, basada en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI). La Resolución pide transparencia, una remuneración justa y la posibilidad de que los titulares de derechos impidan el uso de sus contenidos protegidos en el entrenamiento de la inteligencia artificial (IA). Un estudio llevado a cabo para la Comisión de Asuntos Jurídicos titulado «Metaverse» del Parlamento indica que la inteligencia artificial (IA) supone nuevos desafíos para la protección de los derechos de autor, en particular en lo que se refiere al aprendizaje no divulgado de la IA basado en material o datos protegidos por derechos de autor y la posterior generación de contenidos a través de esta IA. El Departamento Temático de Justicia, Libertades Civiles y Asuntos Institucionales del Parlamento organizó un taller especializado sobre IA generativa y derechos de autor a fin de respaldar la labor de la Comisión de Asuntos Jurídicos en este ámbito[3].
Además, la investigación preparada para el Parlamento indica que una serie de acuerdos contractuales facilitan la eliminación de los derechos de propiedad intelectual e industrial relacionados con los datos o permiten la adquisición de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los interesados. Esto puede ocurrir sobre la base de que las obras se publicaron en una plataforma concreta o de que se produjo una creación o invención en el marco de un contrato de prestación de servicios. Dichas disposiciones incluyen:
- disposiciones jurídicas que privan a los creadores de los derechos de propiedad intelectual e industrial o les obligan a conceder licencias no remuneradas con respecto a contenidos colocados en los servicios y servidores de las plataformas digitales, o a transferir dichos derechos a las plataformas;
- contratos «buy-out» (de compra total de derechos) a través de los cuales las plataformas se apropian de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los creadores;
- disposiciones jurídicas que privan a los empleados, inventores o creadores de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre contenidos creados en el marco de su empleo o servicio, o que transfieren tales derechos al empleador («work for hire»)[4].
Esta ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Justicia, Libertades Civiles y Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo. Para más información, véase el sitio web de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Jagoda Karolina MACIEJEWSKA / JEREMY JULIAN OKORN / Mariusz MACIEJEWSKI