El Derecho de sociedades

La presente ficha temática explica el Derecho de sociedades de la Unión y la manera en la que se establecen normas comunes para las empresas en el mercado interior de la Unión. Describe la base jurídica y los objetivos destinados a facilitar la libertad de establecimiento y proteger a las partes interesadas. Abarca las principales normas sobre la constitución de sociedades, el capital, la información, las fusiones y la actividad transfronteriza, así como las formas jurídicas de la Unión tales como la Sociedad Anónima Europea. Asimismo, aborda los esfuerzos para digitalizar los procedimientos de las empresas y simplificar las actividades transfronterizas. Por último, destaca el papel del Parlamento Europeo en la mejora de la transparencia y el apoyo a unas normas empresariales justas y eficientes en la Unión.

Base jurídica

El artículo 49, artículo 50, apartado 1 y apartado 2, letra g), y artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) tratan la libertad de establecimiento de las empresas y los particulares en el seno del mercado único.

Objetivos

Un marco de gobernanza corporativo eficaz contribuye a crear un entorno empresarial positivo a escala de la Unión en el mercado interior. El objetivo de la armonización del Derecho de sociedades es promover la libertad de establecimiento (título IV, capítulo 2, del TFUE) y defender el derecho fundamental que se recoge en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, la libertad de empresa, dentro de los límites del artículo 17 de dicha Carta (Derecho a la propiedad) (4.1.2).

El artículo 49, párrafo segundo, del TFUE garantiza el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades (2.1.4).

En este ámbito, la legislación de la Unión tiene por objeto:

  • permitir que las empresas se establezcan en cualquier lugar de la Unión, a fin de garantizar la libre circulación de personas, servicios y capitales (2.1.3),
  • proteger a los accionistas y otras partes interesadas en las sociedades,
  • aumentar la competitividad de las empresas y
  • fomentar entre las empresas la cooperación transfronteriza (2.1.5).
  • El mercado interior fomenta la creación de empresas que operan en toda Europa. En la actualidad hay alrededor de veinticuatro millones de empresas registradas en la Unión, de las que aproximadamente el 80 % son sociedades de capital. Dado que entre el 98 % y el 99 % de las sociedades de capital son pymes, las empresas deben poder operar en toda la Unión con arreglo a un marco jurídico uniforme.

    Resultados

    A. Obligaciones mínimas comunes

    Aunque no existe un Derecho de sociedades europeo codificado como tal, la armonización de las normas nacionales en materia de Derecho de sociedades ha dado lugar a algunas normas mínimas en ámbitos como la protección de los intereses y los derechos de los accionistas, las normas sobre ofertas públicas de adquisición para las sociedades anónimas, la comunicación de información sobre las sucursales, las fusiones y escisiones, las normas mínimas relativas a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada, la información financiera y la contabilidad, el acceso más rápido y sencillo a la información sobre las sociedades y algunos requisitos de divulgación impuestos a las sociedades.

    En cualquier caso, el paquete de medidas relativas al Derecho de sociedades de 2019 optimizó las numerosas normas que se aplicaban previamente en el marco de diversos instrumentos de la Unión.

    1. Constitución de las sociedades, capital y requisitos de divulgación

    La Primera Directiva sobre Derecho de sociedades (Directiva 68/151/CEE) y la Segunda Directiva sobre Derecho de sociedades (Directiva 77/91/CEE) se encuentran entre los primeros actos legislativos que introdujeron normas armonizadas en materia de sociedades en todos los Estados miembros.

    La Primera Directiva sobre Derecho de sociedades, que se remonta a 1968, tuvo por objeto facilitar y agilizar el acceso a la información y las transacciones societarias, entre otros. También abordó la validez de las obligaciones contraídas por una sociedad y la nulidad de la sociedad. Se aplicó a todas las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada.

    La Segunda Directiva de Derecho de sociedades se aplicó únicamente a las sociedades anónimas. Estableció que la constitución de dichas sociedades debe exigir un capital social mínimo (actualmente de 25 000 EUR, en virtud de su artículo 6, ahora recogido en el artículo 45 de la Directiva (UE) 2017/1132), concebido como garantía de los acreedores y contrapartida de la responsabilidad limitada de los socios. También estableció normas sobre el mantenimiento y la modificación del capital, así como un contenido mínimo para las escrituras de constitución de dichas sociedades.

    La Directiva (UE) 2017/1132 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades modificó ambas Directivas. También introdujo requisitos de divulgación para las sucursales extranjeras de sociedades, que fueron modificadas por la Directiva (UE) 2019/1151 sobre la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades. Se aplica a sociedades de la Unión que tienen sucursales en otro país de la Unión, así como a sociedades de terceros países que tienen sucursales en la Unión.

    La Duodécima Directiva sobre el Derecho de sociedades (Directiva 2009/102/CE) establece un marco para las sociedades de responsabilidad limitada de socio único, cuyas acciones pertenecen en su totalidad a un único accionista.

    2. Funcionamiento de las sociedades que realizan actividades en varios países

    La Directiva 2011/96/UE sobre las sociedades matrices y filiales (modificada por la Directiva 2014/86/UE) introduce normas fiscales neutras respecto a la competencia para los grupos de sociedades que operan en Estados miembros diferentes. Impide la doble tributación de los beneficios distribuidos en forma de dividendos por una filial situada en un Estado miembro a su sociedad matriz establecida en otro (véase también la Directiva 2008/7/CE relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales).

    La Directiva 2004/25/CE relativa a las ofertas públicas de adquisición tiene como objetivo establecer unas directrices mínimas en materia de adquisición de sociedades sujetas al Derecho de un Estado miembro. Establece normas mínimas para las ofertas públicas de adquisición y los cambios de control, y su finalidad consiste en proteger a los accionistas minoritarios, los trabajadores y otras partes interesadas. Con el fin de permitir a las sociedades de capital ejercer su libertad de establecimiento en el seno del mercado único, la Directiva (UE) 2017/1132 establece la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades (registros mercantiles) y armoniza las garantías exigidas en toda la Unión para proteger los intereses de los accionistas y de terceros en caso de escisiones o fusiones nacionales, así como las fusiones transfronterizas de sociedades de capital y anónimas.

    Por otro lado, el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1042 relativo al sistema de interconexión de registros establece las especificaciones y procedimientos técnicos necesarios para el sistema de interconexión de los registros mercantiles.

    En diciembre de 2024, el Parlamento y el Consejo adoptaron la Directiva (UE) 2025/25 en lo que respecta a la ampliación y mejora del uso de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades. Modifica partes de la Directiva (UE) 2017/1132 y tiene por objeto mejorar la transparencia y la confianza en el entorno empresarial en el seno del mercado único haciendo pública más información en los registros mercantiles, garantizando al mismo tiempo que esta dicha información sea fiable y esté actualizada. La Directiva (UE) 2025/25 también introduce el certificado de sociedad de la UE para facilitar el establecimiento de filiales o sucursales en otros Estados miembros por parte de sociedades existentes. Entró en vigor el 30 de enero de 2025 y los Estados miembros tienen de plazo hasta el 31 de julio de 2027 para su transposición. Las medidas nacionales transpuestas se aplicarán a partir del 31 de julio de 2028 o, dependiendo de la disposición, a partir del 1 de agosto de 2029.

    3. Reestructuración de las sociedades (fusiones y escisiones, traslado de sedes)

    El traslado del domicilio social de una sociedad de capital de un Estado miembro a otro, así como su fusión o escisión, son aspectos inherentes a la libertad de establecimiento garantizada por los artículos 49 y 54 del TFUE (véase la sentencia C-210/06, Cartesio, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, apartados 111 a 113). No obstante, el principio de libertad de establecimiento no garantiza que una sociedad que se traslade de su Estado miembro de origen a otro Estado miembro pueda mantener su condición de sociedad regida por el Derecho nacional del Estado miembro con arreglo a cuya legislación fue constituida.

    Los socios y los terceros disponen de las mismas garantías en caso de reestructuración de las sociedades (fusiones y escisiones). Las normas relativas a las fusiones entre sociedades de capital y sociedades anónimas, así como su escisión, han sido modificadas por la Directiva (UE) 2017/1132, que también garantiza la protección de accionistas, acreedores y trabajadores.

    La posibilidad de operar más allá de las fronteras nacionales es una parte importante de la vida de una empresa y puede incluir la realización de una fusión, escisión o transformación transfronterizas, que suponga la posibilidad de sobrevivir y crecer, por ejemplo, aprovechando nuevas oportunidades de negocio en otros Estados miembros o adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. En relación con las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, en noviembre de 2019 el Parlamento y el Consejo adoptaron la Directiva (UE) 2019/2121, que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (Directiva sobre movilidad). Esta Directiva pretende eliminar los obstáculos injustificados a la libertad de establecimiento de las sociedades de la Unión en el seno del mercado único, facilitando a tal efecto las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, e introduce procedimientos exhaustivos respecto de estas operaciones, así como normas adicionales relativas a las fusiones transfronterizas de sociedades de capital constituidas en un Estado miembro de la Unión. Por otra parte, la Directiva esboza normas similares sobre los derechos de participación de los trabajadores, y pretende garantizar que a estos se les informe y consulte adecuadamente con respecto al impacto previsto de tales normas. Los derechos de los accionistas minoritarios y sin derecho a voto están más protegidos, y a los acreedores de las empresas afectadas se les ofrecen garantías más claras y fiables.

    Si bien las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas se rigen actualmente por la Directiva sobre movilidad, aún no se ha resuelto a nivel legislativo la cuestión de si una sociedad puede trasladar su domicilio social a escala transfronteriza sin transformarla en una sociedad sujeta al Derecho del Estado miembro de acogida. El asunto Polbud (C-106/16) ya había establecido que la libertad de establecimiento comprende el traslado transfronterizo del domicilio social de una sociedad a fin de transformarla en una sociedad sujeta al Derecho del Estado miembro de acogida, lo cual allana así el camino para la Directiva sobre movilidad.

    4. Garantías sobre la situación financiera de las sociedades

    Para garantizar que la información facilitada en los documentos contables sea equivalente en todos los Estados miembros, se adoptaron la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas y la Directiva 2013/34/UE sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas (Directiva sobre contabilidad). Las Directivas exigen que las cuentas de la empresa, como las cuentas anuales y las cuentas consolidadas, ofrezcan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Asimismo, establecen normas sobre la autorización de las personas responsables de llevar a cabo auditorías legales. El objetivo de la Directiva 2006/43/CE es reforzar la fiabilidad de los estados financieros de las sociedades estableciendo unas exigencias mínimas aplicables al control legal de las cuentas anuales y las cuentas consolidadas. La Directiva sobre contabilidad simplifica los requisitos de información financiera para las microempresas a fin de reforzar su competitividad y también introduce la obligación, para las sociedades cotizadas en la Unión, de incluir una declaración sobre gobernanza empresarial en su informe anual.

    Por otra parte, el Reglamento (CE) n., armoniza la información financiera que deben presentar las sociedades con cotización oficial para garantizar la protección de los inversores. El Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia, basado en el artículo 81 del TFUE para la cooperación judicial en asuntos civiles, contribuye a resolver los conflictos de competencia y legislativos y garantiza el reconocimiento de sentencias en toda la Unión. No armoniza las normas sustantivas en materia de insolvencia de los Estados miembros, sino que se limita a establecer normas comunes sobre la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia, la legislación aplicable y el reconocimiento de las decisiones judiciales. El objetivo principal es evitar la transferencia de bienes o litigios de un Estado miembro a otro. La Directiva (UE) 2019/1023, sobre la reestructuración, la insolvencia y la exoneración de deudas, tiene por objeto ofrecer una «segunda oportunidad a los empresarios».Esta Directiva aborda las preocupaciones planteadas por un gran número de inversores respecto al riesgo de unos procedimientos de insolvencia prolongados o complejos en el extranjero, a los que señalan como principal razón para no invertir fuera de su propio país.

    5. Ejercicio transfronterizo de los derechos de los accionistas

    La Directiva 2007/36/CE sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, modificada por la Directiva por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y la Directiva relativa al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, suprime los principales obstáculos para el voto transfronterizo en aquellas sociedades cotizadas que tengan su domicilio social en un Estado miembro mediante la introducción de unos requisitos específicos referentes al ejercicio de determinados derechos de los accionistas en las juntas generales. Esta Directiva también establece determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, entre ellos, el acceso oportuno a la información pertinente sobre las juntas generales y la simplificación del voto mediante representación. En la Directiva (UE) 2017/828 se fomenta la implicación de los accionistas y se introducen requisitos en relación con la identificación de los accionistas, la transmisión de información, la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, la transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto, la remuneración de los administradores y la identificación, aprobación y notificación de las operaciones con partes vinculadas, a fin de proteger a los accionistas minoritarios y evitar operaciones abusivas.

    6. Información de las sociedades

    La Unión establece normas sobre la información financiera que deben comunicar las sociedades y las auditorías a fin de mejorar la integridad de los estados financieros.

    a. Información financiera

    Todas las sociedades de capital deben elaborar estados financieros a fin de hacer un seguimiento de la solidez de sus actividades y ofrecer una imagen fiel de su situación financiera. En la Directiva sobre contabilidad, la Unión introdujo normas para garantizar la coherencia y comparabilidad de la información financiera en toda la Unión.

    b. Información corporativa en materia de sostenibilidad

    Las normas de la Unión también exigen que determinadas sociedades informen anualmente sobre los impactos y riesgos sociales y ambientales relacionados con sus actividades. Esto ayuda a los inversores, las organizaciones de la sociedad civil, los consumidores, los responsables políticos y otras partes interesadas a evaluar los resultados no financieros de las grandes sociedades y anima a las sociedades a desarrollar un enfoque responsable con respecto a sus actividades.

    La Directiva 2014/95/UE sobre la divulgación de información no financiera establece las normas relativas a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas. Estas normas abarcan ámbitos como el medio ambiente, los asuntos sociales y el trato de los trabajadores, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, y la diversidad en los consejos de administración de las empresas (por ejemplo, edad, género, formación y experiencia profesional). La Directiva se aplica a las grandes empresas de interés público con más de 500 trabajadores.

    El 5 de enero de 2023 entró en vigor la Directiva (UE) 2022/2464 relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, que moderniza las normas relativas a la información social y medioambiental que las empresas están obligadas a comunicar y en virtud de la cual se exige a un conjunto más amplio de grandes empresas, así como a las pymes que cotizan en bolsa, que informen sobre la sostenibilidad. Esta Directiva también garantiza el acceso a la información necesaria para evaluar los riesgos de inversión derivados del cambio climático y otras cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, lo que creará una cultura de transparencia en cuanto al impacto de las empresas en las personas y el medio ambiente.

    Como parte de los esfuerzos destinados a la reducción de la carga de las obligaciones de presentación de información, la Directiva (UE) 2025/794, aprobada recientemente y conocida como «Directiva de suspensión temporal», modificó la Directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas y la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad en lo que respecta a las fechas a partir de las cuales los Estados miembros deben aplicar determinados requisitos de información corporativa en materia de sostenibilidad y diligencia debida. Al mismo tiempo, la Comisión inició una revisión destinada a facilitar la presentación de información en materia de sostenibilidad y diligencia debida en el marco de la Directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y el Reglamento sobre la taxonomía.

    B. Entidades jurídicas de la Unión

    Las diversas formas de entidades jurídicas europeas son aplicables en toda la Unión y coexisten con las nacionales. La Unión ha hecho uso de diversas técnicas legislativas, incluidas formas jurídicas autónomas a escala paneuropea establecidas en virtud de diversos reglamentos (a saber, la Sociedad Anónima Europea, la Sociedad Cooperativa Europea y la Agrupación Europea de Interés Económico) y la técnica del 28.o régimen, conforme al cual las normas armonizadas de la Unión coexisten con las nacionales, lo cual permite a las empresas elegir de forma voluntaria acogerse al marco de la Unión.

    1. La sociedad europea

    Tras un largo período de treinta años de negociaciones, el Consejo adoptó los dos instrumentos legislativos necesarios para la creación de la sociedad anónima europea, a saber, el Reglamento (CE) n. y la Directiva 2001/86/CE por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (Directiva sobre las SE). Permite que una sociedad se constituya en el territorio de la Unión en forma de sociedad anónima, utilizándose la denominación en latín, Societas Europaea (SE). Se ofrecen diversas opciones a las empresas de al menos dos Estados miembros que deseen constituirse en una SE: la fusión, la creación de una sociedad holding, la formación de una filial o la conversión en una SE. El régimen de la SE será el de una sociedad de capital por acciones. A fin de garantizar que tales sociedades sean de dimensiones razonables, el artículo 4 del Reglamento fija un capital mínimo obligatorio de 120 000 EUR.

    La Directiva 2001/86/CE tiene por objeto garantizar que la creación de una SE no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de participación de los trabajadores en las empresas involucradas en la creación de esa SE.

    2. La sociedad cooperativa europea (SCE)

    El Reglamento (CE) n. establece un auténtico estatuto jurídico propio para las SCE. Permite, asimismo, la creación de una cooperativa por particulares residentes en distintos Estados miembros o por entidades jurídicas sujetas a las legislaciones de Estados miembros distintos. Con un capital mínimo obligatorio de 30 000 EUR, estas nuevas SCE pueden operar en todo el mercado interior con una personalidad jurídica, normas y estructura únicas.

    La Directiva 2003/72/CE completa este estatuto en lo que respecta a la participación de los trabajadores en la SCE, con el fin de garantizar que la creación de una sociedad de este tipo no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de participación de los trabajadores en las empresas que participen en la creación de esa SCE.

    3. Agrupación Europea de Interés Económico

    El Reglamento (CE) n. estableció el estatuto de la AEIE. Las AEIE, dotadas de capacidad jurídica, permiten a una sociedad de un Estado miembro cooperar por un fin común con sociedades o personas físicas de otros Estados miembros a fin de facilitar o desarrollar las actividades económicas de sus miembros, en lugar de generar beneficios para sí misma. Los beneficios generados se reparten entre los miembros. Las AEIE no pueden aceptar inversiones por parte de actores públicos.

    4. El 28.o régimen: hacia un marco jurídico para las sociedades innovadoras

    El 28 de mayo de 2025, la Comisión publicó una Comunicación sobre la Estrategia de la UE para las Empresas Emergentes y en Expansión en la que se indica que propondrá un 28.o régimen europeo que proporcionaría un conjunto único de normas para las empresas, y que incluiría un marco jurídico corporativo de la UE basado en soluciones digitales por defecto. El objetivo consiste en ayudar a las empresas a superar las barreras con que se encuentren a la hora de crear, ampliar y operar empresas en todo el mercado único. Para ello, el régimen simplificaría las normas aplicables y reduciría el coste del fracaso al abordar aspectos específicos dentro de los ámbitos pertinentes del Derecho, como la legislación sobre insolvencia, laboral y fiscal. Asimismo, estudiaría la posibilidad de permitir que las empresas se establezcan en Europa con mayor rapidez, idealmente en un plazo de 48 horas.

    Las iniciativas previamente propuestas por la Comisión en relación con la Societas Privata Europaea (SPE) y la Societas Unius Personae no llegaron a buen puerto.

    Papel del Parlamento Europeo

    El Parlamento siempre ha encontrado la forma de modificar la legislación, por ejemplo a través de la defensa de la participación de los trabajadores en las sociedades o del fomento de la creación de distintas formas de sociedades europeas a fin de facilitar las actividades transfronterizas de las empresas. La propuesta de la Comisión de una Directiva relativa a las asociaciones transfronterizas europeas tiene por objeto mejorar el funcionamiento del mercado interior eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos y creando unas condiciones de competencia equitativas para las asociaciones sin ánimo de lucro de la Unión que deseen operar en más de un Estado miembro. El 13 de marzo de 2024, el Parlamento adoptó su posición en primera lectura con una serie de enmiendas que exigían una mejor protección de los intereses de los acreedores y normativa más clara en materia de fusiones entre entidades sin ánimo de lucro existentes.

    El Parlamento también defendió la creación de un marco jurídico adecuado para las fundaciones. El 8 de febrero de 2012, la Comisión propuso un Reglamento relativo al Estatuto de la Fundación Europea, Fundatio Europaea (FE), con el fin de que estas organizaciones pudieran operar más fácilmente en beneficio público en cualquier lugar de la Unión.

    En su Resolución de 2012 sobre el futuro del Derecho europeo de sociedades, el Parlamento manifestó que las formas de empresa de la Unión, que completan las formas existentes disponibles en el Derecho nacional representan un gran potencial y deberían desarrollarse en mayor medida. Asimismo, con el fin de atender a las necesidades específicas de las pymes, instó a la Comisión a intensificar sus esfuerzos con miras a la adopción del Estatuto de la Sociedad Privada Europea (SPE). A raíz de una Comunicación de la Comisión al respecto, en febrero de 2013 el Parlamento aprobó una Resolución sobre una estrategia renovada de la UE sobre la responsabilidad social de las empresas. La Resolución del Parlamento, de marzo de 2013, sobre el Estatuto de la mutualidad europea incluía recomendaciones a la Comisión relativas a tal estatuto. Por último, en numerosas ocasiones, el Parlamento ha solicitado la adopción de una Directiva sobre el traslado transfronterizo de la sede social de las sociedades, mediante diversas Resoluciones y preguntas orales en las que lamenta la actual falta de normas comunes, lo que debilita la movilidad de las sociedades y, por tanto, la libertad de establecimiento.

    En su Resolución de 2017 sobre fusiones y escisiones transfronterizas, el Parlamento llamó la atención sobre los derechos de los accionistas minoritarios, sobre las normas sobre protección de acreedores y sobre lo prolongado y complejo de los procedimientos necesarios para realizar una escisión transfronteriza. También ha solicitado repetidamente una propuesta sobre el traslado transfronterizo de las sedes sociales (Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades — hasta la fecha, no se ha adoptado ninguna propuesta).

    El Parlamento ha recibido varias peticiones relacionadas con la digitalización del Derecho de sociedades de la Unión y las operaciones transfronterizas. La Comisión de Peticiones suele pedir a la Comisión Europea que le proporcione información pertinente o que emita su opinión sobre los temas señalados por la persona peticionaria (4.1.4).

    En mayo de 2017, el Parlamento aprobó una Resolución sobre el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE en la que pedía a la Comisión que estudie nuevas maneras de impulsar sistemas digitales para facilitar los trámites a lo largo del ciclo de vida de una empresa y subrayaba la importancia de interconectar los registros de empresas. El Parlamento también cuenta desde hace tiempo con una serie de estudios que abogan por la facilitación digital en este ámbito.

    En noviembre de 2019, se adoptó la Directiva relativa a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, que introdujo normas adicionales sobre fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. El Parlamento había introducido modificaciones sustanciales a la propuesta durante el proceso legislativo.

    En julio de 2019, el Parlamento aprobó la Directiva relativa a la utilización de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades, que tiene por objeto facilitar la creación de sociedades por vía electrónica y promover operaciones en línea a lo largo del ciclo de vida de la empresa. No todos los Estados miembros han facilitado aún un conjunto completo de procedimientos de registro en línea para las sociedades, a pesar de que el registro en línea es dos veces más rápido por término medio y puede ser hasta tres veces más barato que los formatos tradicionales en papel. El 10 de enero de 2025, el Parlamento y el Consejo adoptaron una Directiva relativa a la ampliación y mejora del uso de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades.

    A raíz de la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE para las Empresas Emergentes y en Expansión, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento publicó el 30 de junio de 2025 un proyecto de informe en el que se recomienda la elaboración de una Directiva —sobre la base del artículo 50 y el artículo 114, apartado 1, del TFUE— con miras a crear un 28.o régimen que establezca un distintivo opcional, bajo el nombre de «sociedad europea emergente y en expansión» (SEEE), para las sociedades anónimas no cotizadas. Con arreglo a este proyecto de informe, la SEEE adoptaría una forma societaria nacional que armonizaría determinados elementos esenciales. Las sociedades que cumplan determinados requisitos añadirían «SEEE» a su denominación nacional (por ejemplo, «[razón social] GmbH SEEE»), lo que supondría un reconocimiento automático en todos los Estados miembros. Los Estados miembros conservarían plena libertad para permitir que las formas societarias nacionales se convirtieran en SEEE o para crear nuevas formas societarias nacionales con este fin. A diferencia de lo estipulado por los requisitos tradicionales del Derecho de sociedades, la SEEE permitiría que el domicilio social y la sede real se encuentren en diferentes Estados miembros.

    Entre las principales características propuestas figuran el registro en 48 horas a través de un registro digital a escala de la UE, instrumentos de deuda armonizados con características similares al capital (como los derechos de participación en los beneficios o las participaciones sin voto) con modelos de documentos normalizados y mecanismos opcionales de propiedad responsable (por ejemplo, la inmovilización de activos o las acciones de doble clase) acompañados de la etiqueta «propiedad responsable». El proyecto de informe también recoge restricciones a las conversiones transfronterizas mediante modificaciones de la Directiva (UE) 2017/1132 y mecanismos especializados de resolución de litigios.

    En lo que respecta al Derecho laboral, los contratos individuales de trabajo se regirían por el Reglamento Roma I, mientras que la cogestión de los trabajadores por los consejos de administración estaría determinada por la legislación del Estado miembro en el que se encuentre la sede propiamente dicha, lo que supone una divergencia con respecto a la interpretación tradicional según la cual la cogestión se rige por el Derecho de sociedades. Las salvaguardias impedirían eludir las normas de protección nacionales, en consonancia con la Directiva sobre las SE.

    En el marco del proceso preparatorio de su resolución, el Parlamento se vio respaldado por un taller sobre el 28. y una serie de estudios sobre:

    • la identificación de los obstáculos a los que se enfrentan las empresas en la Unión;
    • la armonización del Derecho de sociedades;
    • las salvaguardias contra la elusión de las normas;
    • la simplificación del registro de sociedades;
    • el campo de aplicación del 28..
    • El 5 de julio de 2024, el Parlamento y el Consejo adoptó la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Esta legislación obliga a las empresas a identificar y, en caso necesario, prevenir, eliminar o mitigar los efectos adversos de sus actividades, incluidas las de sus socios comerciales, sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Esto incluye el trabajo infantil, la esclavitud, la explotación laboral, la contaminación, la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. Más recientemente, la Directiva de suspensión temporal modificó la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad en lo que respecta a las fechas a partir de las cuales los Estados miembros deben aplicar sus diversas obligaciones.

      Además, la Directiva Ómnibus I (Directiva (UE) 2026/470), que entró en vigor el 18 de marzo de 2026, introdujo cambios sustanciales tanto en la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad como en la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, en particular un ámbito de aplicación más restringido, un marco racionalizado de diligencia debida y un calendario de aplicación revisado de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Con arreglo al calendario revisado, los Estados miembros deben transponer la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad a más tardar el 26 de julio de 2028 y la Directiva será plenamente aplicable a partir del 26 de julio de 2029. También se exigirá la presentación anual de informes de diligencia debida para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2030.

      Tras la consulta pública de la Comisión, que concluyó el 30 de septiembre de 2025, el Parlamento aprobó la Resolución sobre el 28. un nuevo marco jurídico para las empresas innovadoras el 20 de enero de 2026, en el que pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa en el primer trimestre de 2026. En consonancia con las recomendaciones del Parlamento, la forma jurídica propuesta de la Unión se denominó «Societas Europaea Unificata» (Sociedad Europea Unificada, S.EU).

      En esta Resolución, los diputados al Parlamento Europeo adoptaron una serie de recomendaciones con el objetivo de contribuir a la propuesta de la Comisión relativa a un nuevo marco jurídico de apoyo a las empresas en la Unión. Con arreglo a este marco previsto, los Estados miembros podrían crear una nueva forma societaria o incorporar las normas a escala de la Unión a una forma existente. Los diputados al Parlamento Europeo insistieron en un único conjunto armonizado de normas, conocido como el «28.o régimen», a fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las empresas en toda la Unión. Para realizar dicho trabajo, los diputados al Parlamento Europeo contaron con el apoyo de los conocimientos académicos europeos recogidos durante el taller sobre el 28.o régimen, así como de una serie de estudios especializados, mencionados anteriormente.

      El 18 de marzo de 2026, la Comisión publicó su propuesta de Reglamento sobre el marco jurídico corporativo del 28.o régimen («EU Inc.»), junto con una Comunicación titulada «Hacia un 28.o régimen para las empresas de la UE». A diferencia del proyecto de informe del Parlamento, que recomendaba una directiva por la que se creara una etiqueta añadida a las formas nacionales existentes, la Comisión optó por un reglamento por el que se estableciera una forma jurídica paneuropea plenamente autónoma. Entre sus principales características figuran:

      • un procedimiento de constitución digital en un plazo de 48 horas a través de una interfaz central de la Unión, con un coste máximo de 100 EUR;
      • la ausencia de un capital mínimo obligatorio;
      • diversas clases de acciones;
      • un régimen europeo armonizado de opciones de compra de acciones por parte de los trabajadores (EU-ESO), con tributación diferida hasta el momento de la enajenación;
      • procedimientos de insolvencia digitales y racionalizados basados en el principio de «solo una vez» para el registro.
      • Al día siguiente, el 19 de marzo de 2026, el Consejo Europeo aprobó la iniciativa «EU Inc.» como medida prioritaria en el marco del programa «Una Europa, un mercado», en la que pidió a los colegisladores (el Parlamento y el Consejo) que adoptaran el texto antes de finales de 2026.

        Esta ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. Para más información, véase el sitio web de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

         

        Christophe BEAUDOUIN / Jagoda Karolina MACIEJEWSKA / Mariusz MACIEJEWSKI